Cideci, Chiapas. Foto Santiago Navarro F
Los vientos de guerra para los pueblos originarios en México parecen ser los mismos que el de los gobiernos anteriores . Son apenas cuatro meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la imposición de proyectos de desarrollo, el despojo, la persecución, el hostigamiento, la desaparición forzada y el asesinato, siguen siendo los mismos.
Este 4 de mayo, en el sur de México, estado de Guerrero, los indígenas Nahua pertenecientes a la organización Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), realizaron una reunión para coordinar acciones ante dependencias estatales y federales para exigir sus demandas sociales y políticas que los tres niveles de gobierno les han negado. Al finalizar esta reunión, aproximadamente a las 6 de la tarde, un comando armado, en Chilapa, Guerrero, secuestraron y posteriormente asesinaron a los indígenas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI).
Más de una vez los miembros de esta organización señalaron al mandatario mexicano que han estado bajo “el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno”, denunciaron los integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).
Los indígenas son tajantes al afirmar que AMLO ha tenido la información del contexto de estas comunidades y no puede asumir “que no sabía”.
Por su parte, el CNI-CIG y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), señalaron en un comunicado conjunto que los indígenas fueron asesinados por Narco-paramilitares que cuentan el respaldo del gobierno. “Es importante señalar que nuestros compañeros asesinados y sus comunidades llevan años organizando su Policía Comunitaria para resistir la violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de la amapola por parte de dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Rojos, quienes controlan las presidencias municipales de la región, cuentan con la complicidad del Ejército Mexicano y de las Policías estatales y municipales e incluso lograron imponer, en algún momento, a uno de sus líderes como presidente del Congreso del estado de Guerrero”, asevera el comunicado.
La creación del grupo criminal Los Ardillos se remontan a los 1980, cuando el ex policía rural Celso Ortega Rosas, apodado La Ardilla, quien se dedicaba a la siembra de amapola en la región de Quechultenango, Guerrero, funda esta organización. En el 2008 fue detenido por el secuestro de una mujer y por el homicidio de dos agentes de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), en el 2011 fue liberado.
La organización criminal Los Rojos sostiene una disputa por el territorio con Los Ardillos por los municipios de Chilapa y Chilpancingo. De acuerdo con las autoridades de la región, este grupo criminal es dirigido por Zenén Nava Sánchez, quien opera el secuestro y la extorsión en la región, y es el responsable de la introducción de droga en el penal de Chilpancingo.
Los miembros del CNI-CIG y EZLN responsabilizan, por este crimen a los tres niveles de gobierno, “por ser cómplices de la represión hacia la organización de los pueblos en la defensa de sus territorios; también los responsabilizamos de la seguridad e integridad de nuestros hermanos del CIPOG-EZ”.
Por otra parte, los integrantes CIPOG-EZ tienen 67 órdenes de aprensión, incluyendo a los indígenas asesinados, pero aun así aseguran que continuaran “caminando abajo, con los pueblos indios y frente al sistema capitalista que nos despoja, explota, desprecia y asesina. Como pueblos originarios caminamos con los principios que nos heredaron las luchas de nuestros pueblos, que anduvieron con Vicente Guerrero y con Emiliano Zapata".
Continuidad
Desde el primer día de este nuevo tiempo de gobierno, bautizado por AMLO como la “4ª Transformación”, el CNI-CIG ha documentado; la agudización del hostigamiento por parte de la Marina hacia el proceso autónomo de la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán; El hostigamiento hacia la Asamblea Comunitaria de la comunidad indígena Binniza de Gui’ Xhi’ Ro’, Álvaro Obregón, Oaxaca; Persecución y órdenes de aprensión en contra de Mateo López Cruz y Juan Sánchez Torres, de la comunidad de Suclumpa, municipio de Salto de Agua, Chiapas; Amenazas de despojo de tierras recuperadas en 1994 por el Pueblo Chol de la comunidad de San José El Bascan, municipio de Salto de Agua, Chiapas; Desapariciones forzadas de 5 integrantes de la familia P´urhépecha Guzmán Cruz originaria de Tarejero, Michoacana; Desaparición y asesinato de integrantes de Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), en Oaxaca, entre otros más.
Uno de los sucesos con los que se inauguró este nuevo gobierno, ha sido el asesinato de Samir Flores Soberanes, dirigente en la comunidad de Amilcingo, Morelos; uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos.
“Denunciamos la agudización de la represión neoliberal en contra de los pueblos, naciones y tribus originarias que no estamos de acuerdo con sus proyectos de muerte en Guerrero y en todo México, ni con la violencia de la que se sirven para imponerlos y reprimir, secuestrar, desaparecer y asesinar a los que decidimos sembrar un mundo nuevo desde las geografías indígenas que somos”, arremeten los indígenas del CNI-CIG.
Los indígenas que forman parte del CNI-CIG continúan su procesos de organización en todo el país para resistir a la nuevas políticas neoliberales que se presentan con nuevos discursos, como el Corredor Transìsmico, el Tren Maya, entre otros, asegurando que desconocerán cualquier tipo de consulta y, “rechazamos cualquier forma de simulación tendiente al despojo de los territorios”, afirman.
