Entre los días 10 al 12 de Agosto, personas bajo órdenes de funcionarios municipales de Chilón, (Santiago Miranda Pérez, regidor del ayuntamiento, y Pedro Hernández Ruiz, delegado municipal) intentaron sabotear el trabajo del estudio cultural a cargo de antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encomendado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.
Dicho estudio deriva de un acuerdo general emitido por el Consejo General del IEPC el 29 de junio de 2018 como respuesta a las solicitudes presentadas desde 2017 por las comisiones del Gobierno Comunitario tseltal de los municipios de Chilón y Sitalá para exigir respeto a su derecho a la libre determinación, lo cual tiene como objetivo realizar una transición del sistema electoral de partidos políticos hacia un régimen de usos y costumbres.
Mediante dicho acuerdo del IEPC en 2018 se estableció como condición para concretar las demandas de las comunidades tseltales, la realización de un estudio cultural y de una consulta en las comunidades de los municipios de la zona norte de Chiapas.
Por ello, el IEPC solicitó la colaboración del INAH para realizar los estudios que determinarían la vigencia de un sistema normativo propio en las comunidades tseltales de los municipios en cuestión. A su vez, los presidentes municipales se comprometieron con el IEPC en garantizar las condiciones de seguridad para el trabajo del equipo de antropólogos, encabezado por Teresa Mora y Héctor Ortiz.
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Después de que los antropólogos del INAH se reunieran con el presidente municipal, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, y se realizara una primera asamblea informativa sobre el carácter de la visita con representantes de las diferentes regiones del municipio, integrantes del ayuntamiento de Chilón obstaculizaron la efectiva realización del estudio mediante agresiones, intimidaciones y amenazas.
Con las acciones recientes, personas afines al ayuntamiento bajo control del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscaron invalidar el proceso del Gobierno Comunitario impulsado por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite).
“A la entrada de la comunidad de Guadalupe Paxilá, zona norte de Chiapas, personas amenazaron al equipo de abogados representantes de las comisiones para el Gobierno Comunitario y a los antropólogos con retenerlos y privarlos de su libertad si no accedían de dirigirse a un lugar distinto al que ya se había establecido por la comunidad. El Delegado Municipal, identificado como Pedro Hernández Ruíz, agredió físicamente a una ciudadana que se acercó a la camioneta que transportaba a los abogados. En estos eventos hubo presencia pasiva e indiferente de parte de la policía municipal”, denunció el Centro de Derechos Indígenas (Cediac), organización la cual ha recibido amenazas por su acompañamiento al proceso del Gobierno Comunitario.
“Estas personas amenazaron al equipo de abogados representantes de las comisiones para Gobierno Comunitario y a los antropólogos con retenerlos y privarlos de su libertad si no accedían de dirigirse a un lugar distinto al que ya se había establecido por la comunidad” detalló el Cediac.
A su vez, Cediac responsabilizó al Presidente Municipal e integrantes del Ayuntamiento de Chilón de cualquier agresión física al equipo de abogados representantes del Gobierno Comunitario y al equipo de antropólogos del INAH y de cualquier hecho que violente la seguridad y los derechos humanos de las comunidades.
Por su parte, el Gobierno Comunitario de Chilón Chiapas denunció “La conspiración de las autoridades municipales para obstaculizar la realización del Estudio Cultural, que es un derecho reconocido por el IEPC en el mes de junio del 2018”, por lo cual mediante comunicado difundido el 13 de Agosto exige que el Gobierno Federal, Estalal y Municipal pongan las condiciones de seguridad para continuar el proceso de Consulta como parte del ejercicio a la libre determinación como pueblos originarios de Chilón.
Sabotaje y amenazas contra Gobierno Comunitario
Apenas en Julio pasado, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) solicitó una intervención urgente ante la campaña de ataques contra organizaciones defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chilón.
“El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre los actos de amenaza, intimidación y difamación contra organizaciones de derechos humanos defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chilón, en el estado de Chiapas, incluyendo la Misión Jesuita de Bachajón, en particular contra el sacerdote jesuita y coordinador del área de derechos humanos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, el Sr. José Javier Avilés Arriola, el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC A.C.), y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE)”, difundió la organización mediante comunicado.
El llamado de atención de dichas organizaciones se deben a las agresiones ocurridas el pasado 8 de Junio de 2019, en el marco de una asamblea en el ejido de San Sebastián Bachajón, donde autoridades municipales, ejidales y comunitarias del municipio de Chilón le dijeron a las comunidades que “el sacerdote jesuita Sr. José Javier Avilés Arriola, su equipo pastoral de la Misión de Bachajón y el MODEVITE se oponen al progreso y al desarrollo de los pueblos”.
Con posterioridad a estos hechos se han reportado varios hechos de vigilancia en Bachajón, Municipio de Chilón, contra el Sr. Avilés y otros integrantes del CECIAD y de la Misión de Bachajón.
“Los referidos señalamientos ocurren en un contexto de intimidación, amenazas y agresiones contra las organizaciones sociales y comunidades, que han venido manifestando su oposición a la construcción de la carretera San Cristóbal Palenque y del Tren Maya, por los impactos que ocasiona al medio ambiente y a sus territorios. Grupos políticos del municipio de Chilón, y autoridades del gobierno estatal y federal, vienen ejerciendo presión sobre las comunidades condicionando los recursos económicos y programas de gobierno y difamando públicamente a las organizaciones sociales, y defensores de derechos humanos de la tierra y el territorio, quienes también vienen siendo víctimas de vigilancias e intimidaciones constantes, particularmente en el caso de la Misión jesuita de Bachajón, CEDIAC A.C. y MODEVITE”, enfatizó la organización sobre la violencia desatada contra el proceso de gobierno Comunitario en la región norte de Chiapas.