En México se viola permanentemente el derecho humano al agua y al saneamiento. Esa fue la conclusión compartida por el Relator Especial de la ONU en la materia, Léo Heller, durante conferencia de prensa el 12 de mayo en la Ciudad de México. 102 organizaciones nacionales recibieron al funcionario y lo trasladaron a comunidades y poblaciones en el Valle de México, Veracruz y Chiapas para que atestiguara las problemáticas que enfrenta la mayoría de la población mexicana ante un sistema racista e ineficaz en la distribución y acceso al agua para consumo humano.
Las organizaciones que apoyaron la visita del relator se han conformado en una coalición que dará seguimiento a las denuncias y propuestas presentadas al relator y las que éste haga al estado mexicano el próximo septiembre cuando presentará su informe de lo presenciado en México ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Mientras tanto la pasividad e indiferencia de las autoridades respecto al tema es la regla.
Exclusión: la norma histórica
Las mediciones oficiales de acceso al agua en México ofrecen un panorama sesgado e incompatible con la realidad al referir que 94% de la población cuenta con acceso al agua segura y adecuada. Los informes oficiales miden solo las obras de infraestructura -mantenimiento, operación y gestión aparte- lo cual contrasta con el cotidiano de millones.
Paradójicamente estados como Chiapas que cuentan con vastas fuentes de agua, padecen de los estragos por la mala distribución y las pésimas condiciones salubres en que es repartida. La desigualdad en el acceso al agua es la norma mexicana, reflejado como un problema histórico de discriminación evidente en la situación de pueblos originarios y en particular de las mujeres. A su vez, Chiapas cuenta con los mayores índices de mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición y enfermedades gastrointestinales, padecimientos determinados por la falta de acceso al agua segura y confiable que convierten en situación cotidiana la emergencia sanitaria en gran parte del estado.
Especialistas en manejo integrado de cuencas y calidad del agua de San Cristóbal de las Casas presentaron al relator de la ONU el sustento científico y técnico para ampliar la información de los niveles de contaminación en la ciudad de los Altos de Chiapas ante la ausencia de datos en el monitoreamiento y la información pública sobre la calidad del agua. En dichos reportes se encontró que todas las fuentes de abasto de agua en la ciudad presentan riesgos microbiológicos responsables de enfermedades que tienen incidencias en el desarrollo de diarreas comunes, tifoidea, hepatitis e incluso cáncer de estómago. Ante los resultados el grupo de expertos solicitó el saneamiento inmediato de las aguas residuales pues el agua en San Cristóbal de las Casas, como en la gran parte de Chiapas, no es potable.
También se denunció por anticipado las consecuencias negativas que traerán los planes de recortes presupuestales destinados a obras de agua que han sufrido un recorte de 37% a nivel nacional, lo cual pone entredicho cualquier plan oficial para cumplir con el derecho a la salud. En Chiapas existen 194 plantas de tratamiento de agua de las cuales solo funcionan 12 y la ciudad de San Cristóbal de las Casas es solo una de las múltiples en el estado que carecen de tratamiento de sus aguas residuales. No solo hay una falta de inversión sino un gasto errado.
Los municipios, encargados de la prestación del servicio, tienen poco soporte de los gobiernos estatales y federal, esto deriva en servicios muy precarios y se observa en la calidad del agua y el acceso real a ella pues los sistemas tarifarios impactan al sector más pobre de la población. También alarman las múltiples escuelas, hospitales y edificios públicos que carecen de instalaciones adecuadas para el suministro de agua. Por ello las organizaciones presentes en conferencia de prensa el 15 de mayo en Chiapas apuntaron hacia la corrupción en la administración de sistemas de agua potable urbanos. No solo a la cantidad de agua que suministran sino a la revisión de cuentas en obras, la administración interna de los sistemas de gestión, la falta de transparencia en gastos y la exclusión de la población en la elaboración de políticas públicas en relación al acceso al agua de calidad crean escenarios como la crisis hídrica de ayer y hoy.
¿Agua para quién?
Las organizaciones chiapanecas que contribuyeron a reportar varios de los 19 casos de violaciones al acceso al agua en México ante el funcionario de la ONU, demandaron que para respetar su derecho al agua de manera suficiente, salubre y potable para la población se debe colocar el bienestar público por encima de cualquier uso comercial o industrial. Por ello exigieron la revisión y revocación de las concesiones de agua que la Comisión Nacional del Agua recientemente renovó a Coca Cola-FEMSA, (propiedad local de un ramal denominado Inmobiliaria del Golfo SA de CV) quien extrae 1.6 millones de litros diarios, rebasando los 500 millones de litros de agua al año desde 1994 cuando comenzaron a explotar el Cerro del Huitepec, considerado como un “volcán de agua” por sus importantes volúmenes de aguas subterráneas.
En lugar de suministrar esa agua equivalente para 200 mil habitantes, todos los habitantes de San Cristóbal de las Casas con 80 litros por persona por un año, la empresa refresquera utiliza dichas cantidades para incrementar la epidemia de caries, obesidad y diabetes provocadas por el consumo de sus productos, principalmente en las poblaciones indígenas donde es más barato comprar Coca-Cola que en las ciudades. Otro de los problemas es la dependencia del agua embotellada y el hecho de que México tenga el más alto nivel de consumo per cápita en el mundo, 480 litros al año, es evidencia de la falta de confianza de la población sobre el agua que recibe además de que hay zonas del país donde las tarifas por el servicio son muy altas, lo cual es preocupante, porque si la gente no puede pagar se viola su derecho humano al acceso a este recurso.
Uno de los puntos retomados del discurso del realtor de la Onu es el efecto de la minería pues los aprovechamientos hidroeléctricos utilizados por la industria extractiva comprometen de forma seria el acceso de agua de calidad. Chiapas es una geografía siempre vista como surtidora de materias primas para todo el país, y en la actualidad lo es sobre todo de generación energética a través del sistema de presas en los mayores caudales de México. A dicha presión al recurso hídrico por los corredores energéticos, se suma la prioridad del uso industrial y minero conforme establece la reforma energética de 2013.
Sólo el Grupo México (empresa responsable por contaminar los mantos acuíferos del río Sonora con el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y evasora de impuestos) mantiene 142 títulos de concesión de agua; y la minera canadiense Goldcorp, Inc, ocupa más de 47 millones 600 mil metros cúbicos anuales. Catorce empresas mineras han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran. Otras siete acaparan el líquido de tal forma que ponen en riesgo a las localidades que las circundan y el 38 por ciento de los proyectos mineros coinciden en zonas de acuíferos con disponibilidad hídrica precaria o que son considerados sobreexplotados.
En el caso del norte de Chiapas, la apertura de la ronda 2.2 que se va a licitar para el 14 de julio sobre 84 mil 500 hectáreas en 9 municipios ha colocado en situación de alarma a la población zoque de la región. El riesgo: la contaminación de las fuentes de suministro en 8 arroyos y ríos de la cual depende el abasto de agua para todos.
Por último, campesinos tseltales de Petalcingo, municipio de Tila, que se dieron cita para protestar al final de la conferencia de prensa, manifestaron su rechazo a proyectos para construir centrales hidroeléctrica en su territorio; compartieron la situación de persecución y represión ejecutada por el sacerdote local, José Herrera Alcalá quien promueve la división de la comunidad mediante el otorgamiento de becas y la promoción de estatutos oficiales como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares que han permitido la venta de tierras a particulares en México.
Uno de los manifestantes denunció que desde hace siete años el ayuntamiento pretende controlar la gestión del agua pero debido a la resistencia de la comunidad su intento se vio frustrado. Sin embargo en la actualidad existen expediciones con helicópteros y presencia de funcionarios estatales, militarizando la región. Sumado a ello acechan una docena de órdenes de aprehensión producto de las protestas contra la construcción de la hidroeléctrica, hasta ahora no reconocida en los proyectos estatales.
