El 17 de Diciembre del año 2019, representantes de alto rango de compañías de energía e infraestructura de EE. UU. y altos funcionarios del gobierno estadounidense se reunieron con docenas de ministros y embajadores de gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) en Washington para lanzar la iniciativa Growth in the Américas, o América Crece.
La iniciativa tiene como objetivo estimular la inversión del sector privado estadounidense en el desarrollo de infraestructuras en el continente, incluyendo principalmente proyectos en energía, transporte y tecnologías de la información y la comunicación.
“La cooperación bilateral ampliada entre los Estados Unidos y los países de la región ayudará a reducir las excesivas barreras regulatorias, legales, de compras y de mercado para la inversión. América Crece facilitará la creación de empleo y acelerará el crecimiento económico en las Américas al promover al sector privado como el principal motor de crecimiento para desarrollar infraestructura crítica de todo tipo: energía, aeropuertos, puertos, carreteras, telecomunicaciones y redes digitales, entre otros”, publicó el Departamento de Estado de EEUU en su página oficial.
La Iniciativa América Crece es responsabilidad de varias agencias y departamentos del Gobierno estadounidense, tales como el Departamento de Estado, del Tesoro, de Comercio y de Energía. Además, se encuentran vinculadas la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de los Estados Unidos para el Comercio y el Desarrollo (USTDA) y la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC), la cual cambió su nombre a Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC).
América Crece incluye a la mayoría de los países de Latinoamérica, excepto a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Nuevas regulaciones
Uno de los ejes principales de la iniciativa es el que se refiere a la creación de nuevos marcos regulatorios y sistemas de compras públicas abiertos, transparentes y de fácil consulta vía internet.
Uno de estos casos ocurre en México, donde la USAID ya ha financiado la adopción del sistema de Contratación Abierta en dicho país norteamericano.
A través de esas modificaciones legales, el gobierno estadounidense busca garantizar la estabilidad a sus principales empresas inversionistas en el continente. Para justificar esos cambios legales, argumenta que tendrán un impacto positivo “al fortalecer las democracias y el respeto a los Derechos Humanos”.
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Como lo analiza Vijay Prashad para el periódico en lengua inglesa que se pública en la India, The Hindu, ese discurso aparece como meramente retórico: la historia nos demuestra perfectamente que la “democracia” y los “derechos humanos” nunca han sido una prioridad para los EE.UU.
“Incapaz de gastar más que los chinos, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo un argumento retórico de que tiene más respeto por ‘la transparencia, los derechos humanos y los valores democráticos’ que China, quien practica la represión en su país y en el extranjero”.
“Documentos como estos son claramente retóricos. Es difícil imaginar que los Estados Unidos sean ‘transparentes’ con sus acuerdos comerciales. Es igualmente difícil imaginar que los EE.UU. puedan argumentar que no endeudarán a los países. Las bibliotecas están llenas de documentos que muestran cómo el gobierno de EE.UU. permitió una crisis masiva de la deuda del Tercer Mundo en la década de 1980, que luego fue utilizada por los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional impulsados por EE.UU. para estrangular a los países de África, Asia y América Latina. Esta historia está viva, y se burla del intento de los EE.UU. de decir que su propio enfoque es superior al de China”, argumenta Prashad.
Aunado a ello, América Crece llega en un momento políticamente oportuno: los análisis de escenarios para inversiones privadas celebran en particular la llegada de gobiernos de derecha, favorables a facilitar las inversiones.
Para Vera De Brito de Gyarfas, entrevistada por la revista financiera Financier Worldwide, “los cambios políticos en la región favorecen las legislaciones pro-inversiones, en particular en Argentina, Brazil, Perú y Chile”.
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Estados protegen inversiones privadas
Gyarfas, quien trabaja representando a compañías involucradas en todo tipo de proyectos de energía en América Latina y África, analiza más a detalle la nueva ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) en Argentina: “La Ley APP incluye disposiciones que limitan las prerrogativas del Estado en la ley pública. Por ejemplo, limitan el derecho del Estado a terminar un contrato de manera unilateral y protegen los inversionistas privados (…)”.
En el caso mexicano, el gobierno autodenominado de izquierda de Andrés Manuel López Obrador también está promoviendo el desarrollo de proyectos con inversión tanto privada como mixta. Ejemplo de ellos es que el 26 de noviembre del 2019, se presentó oficialmente el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado 2019-2024, el cual fue diseñado con la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar y del magnate Carlos Slim.
Dicho acuerdo planea en particular un primer paquete de 147 proyectos que se desarrollarán con una inversión privada total de 859,022 millones de pesos o 42,951 millones de dólares, en los sectores de transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento, energía, energía eléctrica, turismo y salud.
Cabe señalar que el acuerdo incluye un “mecanismo de participación continua” en el que se dará seguimiento y se incorporarán nuevos proyectos. El documento oficial destaca varias “Áreas de oportunidad” en las que invita al sector privado a realizar futuras inversiones: autopistas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y trenes suburbanos; desalinizadoras de agua, telecomunicaciones, generación de energía eléctrica, gasoductos, almacenamiento de combustibles, transporte urbano, infraestructura hotelera, parques industriales y vivienda.
Infraestructura: el sector clave de América Latina
El gobierno de EE.UU. sabe que América Latina es un espacio clave para las inversiones en infraestructura.
Según datos revelados en el informe “Perspectiva sobre infraestructura: América Latina”, se proyecta que el gasto en ese rubro alcanzará los 176 mil millones de dólares en 2020, con un total de 1,711 proyectos a gran escala, con un valor combinado de 829 mil millones de dólares, principalmente en Brasil, Chile, México y Perú.
Por otro lado, durante la conferencia “Infraestructura para la integración de América Latina”, que tuvo lugar en Madrid en julio de 2018, ministros de economía, finanzas y planificación, representantes del sector privado y expertos de América Latina y España analizaron e identificaron oportunidades para el desarrollo de infraestructura en América Latina en la próxima década por un valor de 4,5 trillones de dólares en sectores estratégicos como carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, energía, agua y alcantarillado.
En México, unos de los sectores claves para EE.UU. es el de los gasoductos. Sobresale en particular el caso del gasoducto submarino Sur de Texas-Tuxpan, el cual comenzó operaciones hace poco tras casi un año de retaso. Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “este gasoducto es un proyecto estratégico para el sector energético del país. Con una inversión aproximada de 2,500 millones de dólares”. Cabe señalar que dicho gasoducto fue planificado para conectar los territorios de Texas, EE. UU. y Veracruz, México, y se interconectará con una serie de otros ductos.
Ciberseguridad y Conectividad Digital
En complemento a la iniciativa América Crece, el gobierno de EEUU también anunció que expandiría el Acuerdo de Ciberseguridad y Conectividad Digital (DCCP) de la región del Indo-Pacífico a América Latina y el Caribe.
El acuerdo planea impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura de comunicaciones, así como promover reformas regulatorias que creen mercados digitales abiertos y competitivos.
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Controlar un continente en disputa
El lanzamiento de estas iniciativas se inscriben en la política de Donald Trump conocida como “America First”, una política exterior enfocada en los intereses americanos y en la seguridad nacional americana.
En el caso de América Latina y el Caribe, la estrategia de expansión de la economía estadounidense se está desarrollando en un contexto de disputa con otras potencias, en particular con China.
Según datos recopilados por Aníbal García Fernández para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en los últimos años China se ha vuelto el principal socio comercial de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay así como el segundo socio comercial de México y Colombia. Sus inversiones se centran principalmente en infraestructura, energía, manufactura, innovación tecnológica, agricultura y tecnología de la información.
“Esta expansión de la presencia comercial y de inversiones chinas, puede ser leída en el marco de una guerra con EE.UU. que va más allá de lo económico, alcanzando aspectos geopolíticos”, expresa García Fernández, también maestro en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según el académico, la disputa entre China y EE.UU. en América Latina tiene principalmente que ver con el acceso a espacios para el desarrollo de infraestructura de puertos, carreteras y aeropuertos, estratégicos para mover mercancías, así como el acceso a recursos estratégicos.
En cuanto a recursos, destaca en particular la importancia de las llamadas “tierras raras”, un grupo de 17 minerales imprescindibles en la fabricación de productos electrónicos, incluyendo teléfonos inteligentes, baterías, vehículos eléctricos, instrumentos médicos y equipamientos militares.
Hoy en día, los EE.UU. importan el 80% de las tierras raras que ocupan desde China, país que tiene las reservas mundiales más importantes.
Sin embargo, fuera de China, las mayores reservas de tierras se encuentran en Brasil. A pesar de tener la segunda reserva mundial más importante, hasta la fecha el país latinoamericano es responsable de sólo el 1% de la producción mundial.
En el caso mexicano, unos de los recursos estratégicos para el futuro parece ser el litio. Según la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas Forbes, un ranking hecho por Mining Technologyubica en Sonora el yacimiento de litio más grande del mundo, con reservas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas.
“Estamos en una transición energética en todo el mundo y en el gobierno federal estamos trabajando en eso. El litio se va a convertir en el nuevo petróleo, porque es la base de los acumuladores (para los automóviles eléctricos). El litio será estratégico”, aseguró al respeto el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo.
La empresa minera de capital Chino Ganfeng Lithium ya se reunió con el gobierno de Sonora, con la intención de establecerse en la región para invertir en esa zona. Sin embargo, distintas organizaciones ambientalistas han ponderado sobre los efectos de la extracción de litio pues son similares a los de la minería que utiliza indiscriminadamente bienes naturales como el agua hasta terminarlos.
