En portada: Movilización garífuna para exigir un alto a los asesinatos de miembros de sus comunidades. Septiembre 2020. Foto de Agencia EFE
L@s garífunas, que habitan varias regiones del Caribe Hondureño, han sufrido acoso, represión, desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias desde hace ya varios años, debido a la resistencia y a la defensa de sus territorios, los cuales, ancestralmente les pertenecen.
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“Nosotras defendemos la vida, la naturaleza, pensamos en los que vienen atrás, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que tengan dónde vivir, dónde sembrar, dónde comer”, comparte Marianela Mejía mediante testimonio en video para el medio Contracorriente.
En los últimos 10 años se han reportado 105 ataques contra sus comunidades; algun@s de sus integrantes han sido detenid@s y encarcelad@s, tal fue el caso de Jennifer Mejía Solórzano, quien el 3 de marzo del presente año fue detenida y, cuando su hermana Marianela acudió a la estación de policía para solicitar informes, también fue arrestada. Después de cuatro días, el 7 de marzo, se les dictó auto de formal prisión y, si son condenadas, podrían pasar 10 años privadas de su libertad.
Las hermanas Mejía son integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y se les acusa de usurpación de tierras en territorio ancestral.
Tierras ancestrales que en realidad les pertenecen y que el Estado no quiere reconocer, por lo que han sufrido expropiación territorial, persecución, amenazas y secuestros.
Aunado a ello, se les ha intentado desplazar de las tierras que habitan, con el fin de realizar diversos proyectos turísticos en la zona de Trujillo. Una de las empresas que quiere realizar estos proyectos es la Sociedad Responsabilidad Bienes raíces JUCA, de capital canadiense, misma que acusó a 32 miembros de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellas a las hermanas Mejía, de usurpación, daños y amenazas.
Recuento de la violencia
El 18 de julio de 2020 fueron secuestrados cuatro jóvenes garífunas en Triunfo de la Cruz, a los cuales se les hizo una fuerte campaña de desprestigio en las redes sociales, vinculándoles con el narcotráfico y, quienes, hasta la fecha, no han sido encontrados.
El 13 de febrero de 2021, dos sicarios asesinaron al joven líder garífuna Fernando Padilla, quien pertenecía a la OFRANEH.
El 16 de junio fue detenida la defensora Silvia Bonilla, integrante de la misma organización garífuna, y también acusada por supuesta “usurpación de tierras”. Por el mismo caso, aún se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de personas defensoras de los pueblos garífunas.
Ante esta serie de detenciones arbitrarias, desapariciones y desplazamientos forzados, a principios de julio, Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU, manifestó su preocupación: “El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas mas vulnerables de la sociedad”.
