"Mi hijo estaba jugando allá adentro cuando una bala cayó en una botella, caen bastantes y hacen un ruido como un ratoncito rascando la tierra; mis chamacos se espantan y salen corriendo a esconderse, ya casi no salen a jugar".
Juanita tiene cuatro hijos y es habitante de Aldama, municipio de los Altos colindante con Chenalhó. Desde hace cuarenta años inició un conflicto agrario entre ambos municipios de los Altos de Chiapas.
En los últimos tres años las diferencias se acentuaron por el control del territorio, la violencia incrementó y es constante. Organizaciones han documentado los disparos de una montaña a otra.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que durante el primer mes de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques provenientes de diferentes puntos de Chenalhó. "La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado", sostiene Frayba.
A este panorama se agrega la amenaza de un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3,499 personas. "Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan", pues en el día 3 del mes de febrero, se registraron 28 ataques más, hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.
Los habitantes de 12 comunidades más vulnerables a los disparos, en el lado de Aldama, dejaron de trabajar sus tierras y salen a buscar alimentos a escondidas con temor de ser alcanzados por una bala.
Aunque los disparos son lanzados al aire, han herido a los indígenas tzotziles. "Cuando empiezan las balas salimos corriendo a prestar casa. Mis hijos quieren que nos vayamos de aquí porque tenemos mucho miedo", relata Juanita.
El único apoyo que reciben es maíz y frijol, además de algunos víveres que les otorgan las organizaciones acompañantes.
En el reciente comunicado de Frayba, la organización cuestionó por qué el Estado mexicano, "no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea".
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Asimismo, sobre la fuente de adiestramiento y supuestos vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada.
Llamó a adoptar medidas efectivas y proteger la vida de los habitantes y desplazados forzadamente, además de dar certidumbre al resolver el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral.
