En portada: Pobladores del norte de Chiapas participaron de una movilización para manifestarse en contra de las operaciones del cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Foto de CDH Frayba
“Se requiere Guardia Nacional (GN) en ciudades o donde hay grupos paramilitares, nosotros somos un ejido y no necesitamos. El presidente quiere la GN por algo, le está sirviendo a él no a nosotros”, dijo Juana Hernández Morales, Concejala del Gobierno Comunitario en Bachajón, municipio de Chilón.
La edificación del cuartel de la Guardia Nacional en este municipio, al norte de Chiapas, comenzó como un rumor. A mediados de 2020 iniciaron la obra y con ella se levantó la resistencia de los pueblos contra una nueva militarización de sus territorios.
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El 8 de abril de este 2022, comunidades de la región se unieron en un viacrucis para exigir la libertad absoluta de los defensores comunitarios César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández y para detener las funciones del cuartel de la Guardia Nacional que se edificó sin consentimiento de los pueblos.
En el simbólico acto se expresaron las amenazas e intimidaciones de parte de la policía del Ayuntamiento que preside Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo y del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, ambos militantes de los mismos colores partidistas que el ejecutivo federal.
¡Quieren callarnos!
El 15 de octubre de 2020, la manifestación pacífica en el crucero de Temó fue violentamente reprimida por la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. Varias personas fueron lesionadas, además de daños materiales y de la violenta detención de César y José Luis, quienes fueron torturados durante su trayecto hasta la Fiscalía de Justicia indígena de Ocosingo.
A ambos les iniciaron un proceso penal, aún vigente, y les imputaron el cargo de motín, “también fuimos intimidados, nos negaron el acceso a defenderlos y sin notificarnos los trasladaron de forma expresa del penal de Ocosingo a El Amate en Cintalapa”, dijo Victorico Gálvez Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
En Cintalapa, a 272 kilómetros de Chilón, estuvieron 17 días presos y después los dejaron libres con medida cautelar, obligándolos a asistir para firmar periódicamente, cada 15 días, con la condición de no salir del perímetro de Chilón y Ocosingo.
La Fiscalía sigue imputando ese cargo. “A finales de diciembre (2021) perdimos los recursos que promovimos para defenderlos lo que dio paso a que en estas fechas puedan llevarse en la audiencia de juicio oral donde un juez de control dictará la sentencia condenatoria o absolutoria”, detalló el abogado.
La obra del cuartel continuó, así mismo la oposición pacífica de hombres y mujeres, en su mayoría tseltales, que decidieron organizarse y solicitar el acompañamiento de Frayba y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para promover una demanda de amparo en noviembre de 2020.
Desde entonces las organizaciones en conjunto siguen los dos procesos: de los defensores comunitarios y el amparo que en primer término solicitó al juez federal la suspensión de la obra. “No lo pudimos lograr porque hay muchos intereses de por medio” y el juez falló a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En la actualidad “sería para detener el despliegue de actividades de la GN en este territorio”, agregó Gálvez. Pero después de año y medio aún no se resuelve el juicio en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos de Tuxtla Gutiérrez.
En éste tribunal demandaron a la Sedena, Guardia Nacional, al presidente de México, al gobernador de Chiapas, al presidente municipal, a la Secretaría de Obras Públicas de Chiapas y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
La última dependencia fue señalada por la omisión y nula exigencia para la realización de una consulta, pese a su competencia de salvaguardar y vigilar que los pueblos originarios puedan ejercer sus derechos y estos sean respetados.
¿Seguridad para quién?
El argumento para edificar este cuartel militar es desde la lógica de la seguridad para el pueblo de Chilón y de toda la región. San Sebastián Bachajón es uno de los ejidos más grandes de Chiapas y de acuerdo a sus pobladores y al Frayba, la incidencia delictiva es baja y no es necesario establecer a la GN.
A mediados de los noventas, después del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se instaló una base de la Sedena en Chilón. Históricamente las comunidades de ese territorio son militantes de organizaciones sociales y para los pobladores estas acciones buscan frenar la resistencia y los procesos organizativos de la región.
En 1996 los militares dejaron a muchas menores de edad embarazadas y propagaron el consumo de drogas. La concejala Juana Hernández entonces tenía 16 años y vivió de cerca la lucha para sacar a los uniformados que se resguardaban en la casa ejidal.
“El juez de amparo debe tomar en cuenta esos argumentos porque se trata de un pueblo que ha vivido bajo violencia, que ha padecido y ha sufrido de estos hechos por una fuerza armada parecida o igual a la Guardia Nacional”, abonó el abogado.
Desde el 2020 cuando comenzaron a escuchar los rumores del cuartel, los pobladores de San Sebastián Bachajón, en voz de la concejala, recordaron que “los militares traen otras costumbres; hay miedo de que se queden a vivir aquí otra vez”; porque en la memoria de los pueblos las fuerzas armadas hacen lo que quieren por encima de sus derechos.
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Justo un año después, en agosto de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a Chiapas a inaugurar el décimo cuartel militar en Chiapas, con sede en San Cristóbal de Las Casas. Entonces informó que seis más estaban en proceso de construcción.
En el acto protocolario, AMLO mencionó que las fuerzas armadas en México garantizan la paz respetando los derechos humanos. Aunque para esa fecha el cuartel en San Sebastián Bachajón estaba prácticamente concluido, no fue inaugurado en la visita.
El abogado del Frayba consideró que el motivo pudo ser el amparo, pues se han promovido diferentes recursos, “para defender el territorio dentro del mismo juicio”. El pueblo sigue en resistencia, pero la resolución ha sido alargada.
En un comunicado de prensa, los pueblos originarios también alegaron que la militarización responde únicamente para dar paso y protección a las empresas nacionales y transnacionales que van tras la extracción de las riquezas naturales.
El 23 abril, en Bachajón celebraron votaciones para elegir al comisariado ejidal y fue electo Juan Carlos Jiménez Hernández, aliado del munícipe de Chilón. Ello preocupó a los ejidatarios pues temen que la designación sea para mantener las imposiciones en el territorio. Ahora esperan que la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado, se desista de la acción penal en contra de César y José Luis; y que se respete el derecho de los pueblos tseltales a defender y cuidar el territorio, “que se defienda y que se respete el derecho de la consulta”, concluyeron.
