En portada: El pueblo creyente junto al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, Comités y Promotores de Derechos Humanos de San Juan Cancuc, denunciaron la presencia de militares y de la Guardia Nacional en dicho municipio. Octubre, 2021. Foto: Frayba
Miembros del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, denunciaron la criminalización y fabricación de delitos, por parte de las autoridades municipales en colusión con la Fiscalía General del Estado (FGE), contra Manuel Sántiz Cruz, presidente del organismo perteneciente a la parroquia de dicho municipio.
En entrevista con Avispa Midia, miembros del Comité remarcaron la labor de Sántiz Cruz quien ha sumado su voz en las denuncias por la creciente militarización del municipio tzeltal. “Hemos hecho trabajo de concientizar la gente, pasamos en cada comunidad, en las ermitas”, refirieron los testimonios de sus compañeros.
El domingo (29 de mayo), Sántiz Cruz fue detenido ilegalmente por elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional en la colonia Ca'ni, cabecera municipal de San Juan Cancuc. En el lugar también fueron aprehendidos Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, habitantes del municipio tzeltal.
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Acorde a un boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), las aprehensiones sucedieron sin orden judicial y los elementos de seguridad no les informaron las razones de su detención.
Arbitrariedad
Según el abogado de Manuel Sántiz Cruz, Jorge Alberto Gómez Hernández, los policías argumentan haber realizado una “inspección personal” de la cual no se tiene ningún registro oficial, por lo que incumple con el Código Nacional de Procedimientos Penales. “Las actuaciones realizadas por dichos agentes carece de veracidad”, señala el abogado Gómez en la carpeta de investigación.
De acuerdo a la carpeta presentada ante la Fiscalía, la versión presentada por la Policía Especializada Zona Indígena de la Fiscalía General del Estado de Chiapas menciona que las tres personas fueron detenidas el lunes (30 de mayo) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas por “mostrar una actitud evasiva y de confrontación”. Manuel Sántiz fue presentado en la Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal de Las Casas acusado del delito de posesión de drogas y el martes (31) fue acusado también del delito de homicidio calificado.
La mañana de este miércoles (1) familiares de los detenidos, acompañados de organizaciones de derechos humanos, se presentaron en el Juzgado de Control del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) no.5, en San Cristóbal de las Casas, debido a que Sántiz había sido trasladado a dicho penal. En el lugar, fueron detenidas, sin órdenes de aprehensión, dos personas más: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez quienes habían testificado a favor de Manuel Sántiz.
Militarización
En entrevista, miembros del Comité San Juan Evangelista señalan que la presencia de la Guardia Nacional (GN) y elementos del Ejército han ocasionado problemas en las comunidades.
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Según los testimonios, la GN incursionó en la región desde agosto del 2021 con el pretexto de proteger a las comunidades ante un conflicto de invasión de tierras. Desde entonces los elementos de la GN han permanecido en el municipio y paulatinamente han ocupado instalaciones del ayuntamiento.
A su vez, los defensores de derechos humanos señalan que la población tzeltal no está de acuerdo con la presencia militar y denuncia que “si nosotros actuamos en contra de la GN, el presidente municipal, ahí los agentes del comité los amenazan de que ya no les dan sus apoyos de apertura de carretera, de construcción de viviendas (…) los condiciona el presidente y amenaza por eso es que la gente no se moviliza”.
Para ejemplificar el amedrentamiento a los críticos de la militarización, Carlos relata que, en diciembre del 2021, miembros de la iglesia católica se reunieron para proponer una peregrinación en contra de la presencia militar en Cancuc debido a que ninguna instancia de los tres niveles de gobierno les solicitó permiso para su ingreso.
“No necesitamos a la Guardia Nacional, porque allá solo nos intimida, por eso es que empezamos a platicar, al momento de platicar con los servidores de la palabra de Dios, pues dijeron algunos que mejor no porque si hacemos peregrinación pues puede ser que se enoje el presidente municipal”, relata el defensor.
En aquel momento, indican los testimonios, Manuel Sántiz fue una de las personas que se pronunció por un diálogo con las autoridades municipales para solicitar la salida de los militares. Su petición nunca fue atendida por el edil y al contrario comenzaron los hostigamientos.
Por su parte, ante la detención de los defensores, Frayba señala que “la criminalización a la defensa de la vida se da en un contexto de oposición al desarrollo de la Súper Carretera San Cristóbal-Palenque que forma parte del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región impuestos sin consulta previa, libre, informada y con pertinencia cultural, violando el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; los pueblos tseltales han manifestado también su desacuerdo ante la presencia del Ejército mexicano y la Guardia Nacional en su territorio”.
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Actualmente existe la presencia de mas de un centenar de elementos de la Guardia Nacional en la cabecera municipal de San Juan Cancuc, quienes ocupan edificios de gobierno como la presidencia municipal, el área de cabildo y la instancia local del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familia).
Para conseguir el avance de la militarización, señalan los miembros del Comité, las autoridades municipales recurren a engaños y chantajes contra la población local. Tal es el caso de la rehabilitación de una antigua bodega que ahora sirve como instalación de los elementos de la GN. Pese a que el síndico Juan Domínguez argumentó que las instalaciones serían rehabilitadas y utilizadas para almacenar fertilizantes, desde el pasado 20 de mayo funcionan como base para los efectivos del cuerpo de seguridad militar.
*La identidad de la persona entrevistada fue resguardada por cuestiones de seguridad.
