En portada: Efectivos militares circulan por la zona norte de San Cristóbal de las Casas horas después de transcurridos los enfrentamientos entre grupos armados.
Ante los últimos hechos de violencia, organizaciones de la sociedad civil expresaron alta preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en el territorio de Chiapas y exigieron al Estado garantizar la seguridad de la población.
“Específicamente de las acciones criminales y de impunidad que se vivió en San Cristóbal de Las Casas, bajo la clara tolerancia e inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno”, reza el comunicado Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT).
Al medio día de este martes (14), hombres encapuchados caminaron por varios minutos y libremente con armas en mano hasta llegar a la zona norte de la ciudad turística donde iniciaron detonaciones e incendios de cinco vehículos para tomar el control del Mercado Popular del Norte.
Se originó un enfrentamiento que se prolongó por más de cuatro horas. Las escuelas, comercios y viviendas cerraron sus puertas. Algunos habitantes se arriesgaron a tomar vehículos e ir a buscar a sus hijos e hijas a las escuelas.
La mayoría de instituciones resguardó a los menores de edad durante las cuatro horas de fuego cruzado. El joven identificado como Salvador Pérez fue alcanzado por una bala cuando se encontraba por la terminal de corto recorrido, en la misma zona norte.
El cuartel de la Guardia Nacional se localiza en una de las entradas de la ciudad y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a 11 kilómetros de la zona conurbada, pero los uniformados ingresaron solo cuando la tensa calma volvió.
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En redes sociales la ciudadanía pide la renuncia del alcalde Mariano Díaz Ochoa que, desde los hechos, en un comunicado de prensa, dijo que la Policía Municipal es preventiva y no cuenta con la capacidad táctica y de fuego para hacer frente a los grupos delictivos. También señaló que desde el primer momento llamó a los cuerpos de seguridad estatales y federales, pero no se presentaron.
La sociedad civil dijo que es urgente que se garantice la seguridad e integridad personal de los habitantes, pues a la par se realiza la criminalización de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Muertes de niñez por conflictos
La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) expresó preocupación por la agudización de la violencia armada y sus impactos negativos en la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes en la entidad, justo días antes del enfrentamiento que dejó menores de edad atrapados en las escuelas en medio del fuego cruzado.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2015 al 30 de abril del 2022 hubo 84 homicidios con armas de fuego hacia niñas, niños y adolescentes en Chiapas, de los cuáles 14 sucedieron el año pasado y cinco en lo que va de este año.
“En zonas como los Altos de Chiapas, la violencia armada lacera la vida comunitaria y ha trastocado la cotidianeidad de las comunidades”, mencionó la Red. De enero a abril del 2022, se han contabilizado un total de 1,113 agresiones armadas a comunidades de Aldama, por mencionar tan sólo un municipio.
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Es así que se han vuelto comunes las lesiones de balas en población infantil y adolescente. Como en febrero de este 2022 cuando un adolescente de 16 años fue asesinado con un arma de fuego desde una motocicleta en San Cristóbal; dos días después, el 28 de febrero una niña de 8 años murió víctima de un fuego cruzado en Ocozocuautla.
Además, existe el caso de una niña de 9 años herida en la cabeza durante los ataques armados hacia las comunidades de Aldama el 26 de marzo. El 22 de mayo ocurrió el homicidio de un adolescente de 14 años en Marqués de Comillas y no se tienen datos sobre los otros dos casos ocurridos a lo largo de este año.
La Redias hace hincapié en que Chiapas no tiene condiciones para garantizar la vida de las infancias en las comunidades, pues lo que se propaga son las armas de fuego, “aumentan las balaceras y actividades criminales en las distintas regiones”.
Además, está la situación de orfandad en la que quedan niñas, niños y adolescentes cuando sus madres, padres o cuidadores pierden la vida por heridas de arma de fuego.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades estatales para implementar una estrategia integral que garantice la integridad y seguridad de la población infantil y adolescente desde un enfoque de derechos”, manifestó Redias.
Sobre la mesa aún se encuentra la exigencia de más organizaciones para el cumplimiento inmediato de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resolución No. 102/21 dirigida al Estado mexicano para garantizar la integridad de las y los habitantes de Aldama, especialmente, niñas, niños y adolescentes.