La Administración de Joe Biden solicitó al Congreso de los Estados Unidos que se aprobaran más de 116 millones de dólares del año fiscal 2022 para continuar con la Iniciativa Mérida en México. Al final, le fue aprobado por la Ley de Asignaciones de Ayuda Exterior un total de 158.9 millones, la misma cantidad asignada para el año fiscal 2021. Desde 2019 hasta el año 2022 se estarían suministrando poco más de 800 millones de dólares para el gobierno mexicano, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para atender temas de drogas, crimen organizado y migración.
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Desde 2008 que inició este programa, hasta el año 2021, el gobierno estadounidense ha asignado más de 3,300 millones de dólares para México. Según el Departamento de Estado, la Iniciativa Mérida ha dado lugar a: (1) Intercambio de inteligencia y cooperación policial que ha permitido la captura y extradición de delincuentes de alto perfil; (2) la creación de estándares nacionales de capacitación para policías, fiscales y jueces mexicanos; y (3) la acreditación internacional de las cárceles, laboratorios e institutos de formación policial de México.
Este programa se implementó desde que el gobierno de Felipe Calderón declaro la supuesta “guerra contra el narco” en México, la cual terminó en un baño de sangre y con resultados casi nulos. “En marzo de 2007, el entonces presidente mexicano Felipe Calderón pidió más cooperación de Estados Unidos (EEUU) para combatir a las organizaciones criminales y sus operaciones de tráfico transfronterizo. En respuesta, comenzó la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia antidrogas y del estado de derecho de Estados Unidos para México (y Centroamérica)”, puntualiza el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés).
Este programa, en un primer momento, se llamó “Plan México”, el cual espejeaba el “Plan Colombia”, pero posteriormente cambió de nombre a Iniciativa Mérida debido a las críticas y presión de la opinión publica. De la misma forma, para América Central, se lleva acabo la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés), iniciada en 2008 y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), iniciada en 2009.
Según el informe del parlamento estadounidense, a partir de 2020 y derivado de la pandemia, la cooperación bilateral se vio estancada. Además, asevera que las tensiones se agudizaron con el arresto del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ocurrido en octubre del 2020. Estados Unidos lo detuvo por cargos relacionados con tráfico de drogas y esta medida “enfureció al gobierno mexicano y limitó aún más la cooperación en materia de seguridad. Después de que Estados Unidos abandonó el caso y permitió que Cienfuegos regresara a México, el presidente López Obrador lo exoneró y desestimó las pruebas estadounidenses como fabricaciones”.
De acuerdo con un documento, presentado el 21 de septiembre al Congreso Estadounidense, llamado “Evolución de la Iniciativa Mérida”, además de seguir abordando los temas relacionados con el crimen organizado y el flujo de drogas con el gobierno de AMLO, también señaló que aceptarán algunas prioridades del gobierno de AMLO, como “el tráfico de armas” proveniente de este país hacia territorio mexicano.
Pero, en este documento, se crítica que el gobierno de AMLO, en lugar de reforzar a la policía federal, que había recibió equipo y entrenamiento de Estados Unidos, formó una “nueva Guardia Nacional compuesta en su mayoría por oficiales militares”.
Al mismo tiempo, el gobierno de EEUU, reconoce que la Guardia Nacional ha logrado asegurar los oleoductos, reafirmar el control territorial en áreas de alta criminalidad y asegurar las fronteras de México.
El muro migratorio
A raíz de las conversaciones bilaterales entre ambos mandatarios, celebradas en agosto de 2021 y a pesar de las tensiones, han acordado sostener la cooperación en materia de seguridad y materia de migración. Un diálogo de seguridad a nivel de gabinete está programado para el próximo mes de noviembre de este año en curso.
El pasado 18 de septiembre, en una reunión que sostuvo el embajador de EEUU, Kenneth Salazar, con autoridades federales y del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tabasco, reconoció la labor que realizan los Agentes Federales de Migración para atender el flujo migratorio en esta región fronteriza, donde cada día aumenta el flujo de personas, principalmente provenientes de Haití, quienes han salido de su país por la crisis política y económica. Pero, además, por los estragos que han provocados los últimos terremotos que han rebasado los 7 grados Richter.
El terremoto de magnitud 7,2, suscitado el pasado 14 de agosto, es uno de los últimos golpes hacia Haití que ha dejado como saldo al menos 2, 200 muertos y más de 300 desaparecidos, además de mas de 100 mil viviendas destruidas. Se estima que alrededor de 700 mil personas necesitan ayuda humanitaria urgente.
Por su parte, López Obrador arremetió y culpabilizó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su falta de respuesta en la crisis económica y política que se vive en Haití. “Hay que hacer algo y aquí la ONU se está tardando (…) hay muchísima violencia”, puntualizó el mandatario mexicano.
En el informe del Congreso de EEUU se afirma que ambos mandatarios continuarán con la cooperación “en temas migratorios, en la respuesta a la COVID-19 y la recuperación económica”, como parte de la Iniciativa Mérida.
Los fondos de esta Iniciativa, además de la compra de equipo, como aviones y helicópteros para las fuerzas de seguridad federal de México, también se ha invertido para apoyar los esfuerzos de control de inmigración y seguridad fronteriza de México. “Los fondos han permitido la provisión de equipos de inspección no intrusivos, quioscos móviles, equipos caninos y vehículos, así como la capacitación de más de 1,000 funcionarios”, según el documento del Congreso estadounidense.
La Casa Blanca afirma que los fondos de la Iniciativa Mérida también han ayudado a las agencias mexicanas a construir una red de comunicaciones segura en el área de la frontera sur, pero que también son usados para, “la recopilación de información biométrica que interactúa con las bases de datos de los EEUU y los esfuerzos para contrarrestar el tráfico y la trata de personas”. Actualmente, cientos de migrantes sufren la violación de derechos humanos por funcionarios del gobierno de México al intentar cruzar por territorio mexicanos. Otros cientos más están varados en la frontera con México y EEUU, esperando la oportunidad para cruzar. El objetivo de los EEUU es fortalecer su frontera con México, “mientras se mejora la aplicación de la ley de inmigración en México”, remarca el Congreso estadounidense.
