La familia de Mariano Abarca Robledo solicitó investigar a la Embajada de Canadá en México por la presión que ejerció sobre el Gobierno de Chiapas para detener las protestas contra las operaciones de la minera Blackfire Exploration en el municipio de Chicomuselo.
A sus 52 años de edad, Mariano Abarca fue asesinado el 27 de noviembre de 2009, pero dos años antes la Embajada de Canadá comenzó a monitorear la resistencia que él encabezó contra la minera canadiense.
Las autoridades mexicanas nunca investigaron y liberaron a las personas que en su momento fueron detenidas. Esta falta de acceso a la justicia llevó a la familia de Mariano a iniciar una indagación independiente sobre los hechos.
Con asesoría legal en México y Canadá encontraron intercambios de correos electrónicos entre la Embajada de Canadá y el Gobierno de Chiapas; así como 1,400 mensajes electrónicos y cartas que recibieron los canadienses sobre la preocupación por la seguridad de los ambientalistas; también accedieron a los pagos que hizo la empresa al alcalde de Chicomuselo.
Búsqueda de justicia
Las pruebas mencionadas fueron presentadas en un informe realizado por el abogado Shin Imai en febrero de 2018 para solicitar al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, investigar a la Embajada. Pero éste se negó.
Tras la negativa, acudieron al Poder Judicial donde tampoco obtuvieron respuesta favorable. Este año, la Corte Federal de Apelación confirmó la decisión del Comisionado y se basó, en gran medida, en mero tecnicismos. Los jueces alegaron que el Comisionado no tenía obligación de leer las pruebas como fueron entregadas.
Ahora, en el cuarto intento, la familia espera la respuesta del Tribunal Supremo de Canadá. De conceder la apelación, será la primera vez que el sistema de denuncias en torno al sector público de Canadá se someta al escrutinio del más alto tribunal.
La queja es contra los oficiales de la embajada canadiense que hicieron algo fuera de la política de su propio país, “hay figura para investigar esos casos y el Comisionado se negó a hacerlo”, explica Shin Imai, abogado del caso y catedrático de la Universidad de York en entrevista con Avispa Midia.
Existen políticas del gobierno de Canadá que hablan de la importancia de que las embajadas no tomen partida en conflictos entre empresas y comunidades en México, pues su rol debe facilitar conversaciones.
Pero la sede diplomática nunca investigó la causa de la situación en Chicomuselo, ni realizó una evaluación del riesgo de violencia relacionada, “lo ignoró o minimizó”. Tampoco constató que Blackfire haya hecho lo propio, agrega Shin Imai.
Contrario a ello, tras el homicidio de Mariano Abarca, el personal de la embajada sugirió que las declaraciones públicas no mencionaran la conexión de los tres detenidos por el asesinato y su asociación con Blackfire.
En una reunión de agosto de 2009, entre Horacio Culebro Borrayas, abogado de Blackfire durante tres meses; Artemio Ávila Cervera, director general de la compañía, y Nemesio Ponce Sánchez, subsecretario del estado de Chiapas, éste último exigió un pago de 65,000 dólares para algunos ejidatarios “y supuestamente dijo que el señor Abarca podía ser eliminado”.
Aunque existen testimonios y pruebas que confirman este hecho, Shin Imai dice que nadie del gobierno de Chiapas resultó acusado ni es investigado por el asesinato.
En el informe presentado al Comisionado, también se agregaron las “transferencias secretas” a la cuenta bancaria personal del alcalde de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón, que tenían la intención de silenciar las protestas de la comunidad contra la empresa canadiense.
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La información solicitada por acceso a la información reveló un escrito de queja presentado al Congreso Estatal de Chiapas y firmado por Artemio Ávila Cervera, gerente general de Responsabilidad Social de la Blackfire en México, con recibos de 14 pagos que se efectuaron mensualmente, desde marzo de 2008 hasta mayo de 2009.
De la misma manera constataron 30 interacciones entre Blackfire y la embajada entre 2007 y 2010, “sabemos también que la Blackfire se acercaba a la embajada cada vez que enfrentaba algún problema”, dice la investigación de Shin Imai.
Por estas graves omisiones, persistentes durante más de 10 años después del crimen del defensor de los derechos humanos, se inició la queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano.
Shin Imai dice que no es el único caso que vincula a la sede diplomática, existe otro de la mina de Goldcorp en Guatemala que fue presentado ante la CIDH por daños ambientales. Entonces la Embajada de Canadá intervino, incluso con presión ante la CIDH pero no hubo ninguna suspensión, “no sabemos qué pasó”.
Un estudio realizado por el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, con sede en Washington, y la Asociación Internacional de Abogados, en el Reino Unido, clasificó a Canadá como el peor de 62 países en cuanto a la protección de quienes denuncian abusos en el sector público.
Candado mal cerrado
“Mi padre decía que a él le tocó iniciar la lucha, pero alguien tiene que terminarla y aquí estamos buscando justicia”, recuerda José Luis Abarca Montejo, uno de los cuatro hijos del defensor de los derechos humanos.
A pesar del largo y riesgoso proceso, la familia Abarca Montejo sigue en la búsqueda de justicia fuera de México donde la omisión, el hostigamiento y las amenazas aún afectan a los dos hijos y las dos hijas del defensor.
José Luis tenía 27 años cuando su padre fue asesinado. Más de 11 años pasaron “y nos sigue doliendo como desde el principio: es impotencia, coraje de que el gobierno no hizo nada”.
José Luis dice que exigir no devolverá la vida a su padre, pero es una forma de honrar su lucha. En esta búsqueda de la verdad, pidieron al Ministerio Público seguir con las investigaciones, pero no fueron escuchados y las personas detenidas fueron liberadas poco después “¿si no son ellos quiénes son?”, cuestiona.
“Sabemos el riesgo que conlleva defender el medio ambiente, la vida y el agua, sabemos lo peligroso que es aquí en México como en Honduras, Guatemala y en todo América, donde mucho tiene que ver la corrupción”.
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Mariano Abarca enseñó a sus hijos a realizar oficios sin distinción de género; ayudaba en el restaurante, hacía labores del hogar y albañilería. Además de atender un albergue que pertenecía a un grupo de Alcohólicos Anónimos.
Ahora, sus hijos hacen camino en la lucha por evitar que la mina vuelva a operar y para encontrar castigo para los responsables de su muerte. Para ello, la Fundación Ambientalista Mariano Abarca lleva a cabo el procedimiento legal con el acompañamiento de la organización Otros Mundos y del abogado Shin Imai.
“Si no han entrado es porque la lucha sigue, pero sí lo han intentado”, cuenta José Luis. Después de ‘eliminar’ a Mariano, hubo retenes y dos años más adelante edificaron un cuartel militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chicomuselo, “esto explica mucho sobre los intereses y proyectos en la región”.
La inseguridad creció con la entrada de los militares, así como la drogadicción, el alcoholismo y la presencia del crimen organizado al ser una zona de paso a la plaza de Frontera Comalapa. “No existe ese desarrollo, mi pueblo sigue en el olvido con gobiernos que roban y que permiten la entrada a esas empresas que llegan a intimidar y a matar a nuestra gente”.
Dice que la suspensión que tiene Blackfire es meramente trámite y eso significa que con pagar la sanción puede volver a operar, “por eso digo que es un candado mal cerrado”, insiste José Luis.
Pero las comunidades y la iglesia que tiene mayor presencia en los ejidos, se han involucrado para evitar la reapertura de Blackfire Exploration.
La relevancia de este caso para la política de relaciones exteriores canadiense es innegable para Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos Chiapas, quien trabajaba con Mariano antes de que fuera asesinado y que sigue apoyando a la familia.
“Una investigación en este caso abriría las puertas a un serio ajuste de cuentas sobre cómo los cuerpos diplomáticos canadienses proporcionan un apoyo irrestricto a las corporaciones canadienses a costa de la gente y el medio ambiente en México y otras partes del mundo. Creemos que esta es la razón por la que se ha rechazado una investigación hasta ahora y esperamos de verdad que la Corte Suprema de Canadá vea su tremenda importancia y brinde la oportunidad de hacerla avanzar”.
11 años de impunidad
El gobierno mexicano otorgó una concesión de 50 años a Blackfire Exploration en Chicomuselo para explotar la mina de barita. Para obtener la licencia solicitó ayuda a la embajada de Canadá que, en diciembre de 2007, se reunió con el ex gobernador, Juan Sabines Guerrero para acordar el uso de la tierra ejidal.
Los pobladores de Chicomuselo y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) se manifestaron desde entonces. En diferentes acciones pidieron la salida de Blackfire y bloquearon la entrada de la mina.
En agosto de 2008, tres hombres llegaron a la casa de Mariano, que entonces era considerado el portavoz de la lucha. Él, su esposa y uno de sus cuatro hijos fueron golpeados.
Las agresiones contra los integrantes de la resistencia en Chicomuselo siguieron. Un año más tarde Mariano fue arraigado por una denuncia de Blackfire y liberado nueve días después por falta de pruebas.
La única ocasión que la embajada dialogó con Mariano Abarca y otros integrantes de la lucha, fue el 22 de julio de 2009 cuando acudieron a la Ciudad de México para protestar frente a la sede diplomática canadiense.
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La embajada contactó al gobierno de Chiapas por la detención de Abarca y expresó preocupación sobre “los retos que enfrentaba Blackfire”. El 5 de octubre otra representación de la embajada fue enviada a Chiapas para visitar la mina de la Blackfire y reunirse con el secretario general del estado, Noé Castañón León.
El hostigamiento y las amenazas no cesaron, pues en el marco de la reunión, Mariano Abarca presentó una denuncia ante la policía por las amenazas de muerte que recibió de dos empleados de Blackfire. Cuatro días después Mariano fue asesinado de tres tiros frente al restaurante que atendía con su familia.
20 días después del crimen, Blackfire fue suspendida por daños ambientales, pero el siguiente año la empresa canadiense demandó al gobierno de Chiapas -con la asesoría de la embajada- por 800 millones de dólares en compensación por el cierre y para ello se basó en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En marzo de 2009, el gobierno de Canadá informó sobre su política Construyendo la ventaja canadiense: una estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC) para el sector extractivo canadiense internacional, que plantea acciones contrarias a los hechos ocurridos en Chicomuselo.
Una década después del asesinato de Mariano Abarca, la situación para los defensores se agudizó y en tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 58 defensores han sido asesinados y sus casos son ignorados, incluso por las autoridades encargadas de garantizar la legalidad.
A partir de 2019, en cada aniversario luctuoso, la familia hace entrega del Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas ‘Mariano Abarca’. El primero fue otorgado al Movimiento en defensa de la vida y el territorio (Modevite), en 2020 al Frente Popular en Defensa del Soconusco (que enfrentan más de 20 concesiones mineras) y en 2021 a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
