En portada: Integrantes de cooperativas campesinas que reivindican la recuperación de tierras en el Bajo Aguán realizan manifestaciones para exigir la desarticulación de grupos armados que operan en la región.
Cooperativas agrícolas del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, se movilizaron la mañana de este lunes (6) para bloquear la Carretera Centroamericana (CA-13) que atraviesa el país hacia Guatemala, con el fin de exigir a las autoridades el desarme de grupos criminales a quienes señalan como responsables por asesinatos y desplazamiento forzado de familias campesinas. En esta región, desde los años 70s se destinaron las tierras para un reparto agrario, pero fueron despojadas para dar paso a monocultivos de palma aceitera.
Esta movilización es la más reciente en una serie de protestas derivadas por las últimas agresiones violentas. La noche del pasado 24 de diciembre del 2024, hombres armados atacaron a los integrantes de la Cooperativa Camarones quienes se vieron forzados a abandonar las 656 hectáreas de tierras recuperadas que habitaban y cultivaban para el sostenimiento de 150 familias campesinas.
El pasado jueves (2), Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, organización campesina que mantiene una recuperación de tierras desde hace dos años, fue asesinado. “Cuatro hombres armados que se conducían en motocicletas interceptaron el vehículo y lo bajaron por la fuerza, expresándole que querían hablar con él, posteriormente ordenaron al conductor del vehículo a seguir su marcha, minutos después fue ejecutado”, detalla en comunicado el movimiento campesino articulado en la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Durante los últimos meses, la Cooperativa Brisas del Aguán ha recibido amenazas y hostigamientos por parte de grupos crimininales e, incluso, el 18 de octubre del 2024 fue asesinado Selvin Noe García, también miembro de la asociación campesina. Ambos homidicios permanecen en impunidad al igual que las mas recientes agresiones violentas.
Por su parte, y acorde a denuncias de la Plataforma y COPA, las familias de la Cooperativa Agropecuaria Camarones han sido objeto de ataques armados por parte de un grupo criminal denominado Los cachos, “quien es coordinado por Juan Carlos Lizama y que mantiene una estrecha relación con la empresa agroindustrial Dinant”, sostienen las organizaciones en un comunicado difundido el pasado viernes (3).
Según los testimonios del movimiento campesino, dicho grupo criminal opera en la comunidad Quebrada de Arena, ubicada a solo 15 km de distancia de la ciudad de Tocoa, y dentro de la misma región donde se encuentran otras cooperativas campesinas, tales como “El Chile” y “Tranvío”, quienes también han recibido agresiones por reivindicar la recuperación de estas tierras, arrebatadas hace tres décadas por la agroindustria de la palma aceitera.
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La Plataforma Agraria asevera que, pese a la identificación de los agresores, estos operan en la región con total impunidad. Entre otros responsables señalan a “Filemón Escobar (alias Cola), Pedro Flores (alias Cucaracha), Dilcia Mileny Lizama y otros líderes de los grupos criminales y supuestos ganaderos”, denuncia.
Por lo menos desde hace siete meses el movimiento campesino del Bajo Aguán ha denunciado el actuar violento de este grupo criminal, el cual trabaja para realizar desalojos violentos contra las recuperaciones campesinas, señala el movimiento.
En entrevista a Avispa Mídia, Yoni Rivas, integrante de la Plataforma Agraria, asevera que ya presentaron denuncias ante el Ministerio Público por amenazas, desplazamiento forzado y robo. Las acusaciones actuales contra la estructura criminal se suman a las realizadas por el movimiento campesino desde el 11 de enero de 2023, cuya cantidad suman cinco querellas que no han presentado avances por parte de las autoridades.
El desplazamiento forzado contra la Cooperativa Camarones sucede a casi tres años de la firma de un convenio entre el movimiento campesino del Bajo Aguán y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En éste, el Estado de Honduras se compromete a ejercer las acciones necesarias y urgentes para que se respete la posesión, uso y goce de las tierras de Reforma Agraria para las familias quienes recientemente fueron desalojadas mediante ataques armados.
“Las bases campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria y COPA firmamos un convenio el 22 de febrero del 2022 en el cual los acuerdos han sido incumplidos”, remarcaron las organizaciones el pasado sábado (4) durante una toma pacífica de la carretera CA-13.
Por su parte, en entrevista con Wendy Castro, también integrante de la Plataforma, señala que actualmente las familias desplazadas de la Cooperativa Camarones se encuentran refugiadas en un área de tierra otorgada por la Cooperativa Tranvío, asociación campesina que desde hace tres años mantiene una recuperación de tierras campesinas en las inmediaciones.
Desalojos ilegales
En el caso de la Cooperativa Camarones, integrantes de la Plataforma Agraria indican que el impacto de la tormenta tropical Sara, sucedida a mediados de noviembre pasado, inundó y afectó severamente las tierras y equipamento de la asociación campesina, provocando el desplazamiento de varias familias. Debido a ello, los grupos criminales aprovecharon el contexto de devastación para consumar el desalojo violento de toda la comunidad el pasado 24 de diciembre.
Las denuncias recabadas por la Plataforma Agraria indican que la operación extrajudicial contó con la participación de más grupos criminales, quienes realizaron emboscadas y utilizaron armas de grueso calibre como rifles AK47 y fusiles R15 contra los campesinos.
“Esta situación pone en un alto riesgo la vida de las familias, pero también representa un claro mensaje hacia las autoridades quedando evidenciado que los grupos criminales en esta región están sobre las autoridades policiales y de Xatruch”, señala la Plataforma en referencia a la operación criminal impune, a pesar de la presencia en la región de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch (formación militar de las Fuerzas Armadas de Honduras).
En los últimos días del 2024, el movimiento campesino expresó su indignación debido a la versión oficial difundida por el Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, de que la situación en el Bajo Aguán se debe a un conflicto entre dos grupos sociales. “Así pareciera que las autoridades policiales están parcializadas a favor de los grupos delictivos que atacaron a la cooperativa Camarones”, acusó la Plataforma Agraria en comunicado difundido el 30 de diciembre del 2024.
“La caracterización de estos crímenes como conflicto entre grupos sociales que hace el Ministro de Seguridad replica discursos falsos promovidos en medios sociales de Tocoa que son conocidos por ser pagados por la Familia Facussé y Lenir Pérez, el grupo económico impulsor de pobreza que intenta mantener control total sobre el Bajo Aguán mediante corrupción y alianzas con el crimen organizado”, sostiene el movimiento campesino.
Castro detalla que las familias de la Cooperativa Camarones son firmantes de los acuerdos del 22 de febrero del 2022. Además, recalca que de la misma manera son parte de la investigación realizada en la Comisión Agraria (derivada del acuerdo) y también son parte de un equipo técnico junto al Instituto Nacional Agrario que supervisa la administración de la cooperativa. Aunado a ello, 25 miembros de la asociación campesina son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, lo que significa que el Estado reconoce que la cooperativa es defensora de derechos humanos.
Rivas complementa que las familias de la Cooperativa Camarones son parte de una demanda en proceso contra el Estado de Honduras, la cual se encuentra en el proceso de transición de la Comisión Interamericana hacia la Corte Interamericana de Derechos humanos. “Es un desplazamiento forzado lo que ha ocurrido contra la Cooperativa Camarones por parte de un grupo criminal armado que trabaja al servicio de los agroindustriales, en este caso, al servicio de Corporación Dinant”, sostiene.
Agroindustria de la palma aceitera involucrada
Durante las protestas del pasado sábado (4), la Plataforma Agraria y COPA reiteraron que existen vínculos entre quienes lideran los grupos criminales y la Corporación Dinant, una de las mayores productoras de aceite de palma en Honduras. “Sin embargo, las autoridades han sido inoperantes en poner en marcha acciones efectivas que conlleven a una verdadera investigación, captura y castigo para los responsables de los asesinatos, persecución, violencia y el desplazamiento forzado contra los defensores de la tierra”, acusaron.
Acorde a Rivas, desde abril del año 2022, el jefe de seguridad de la Corporación Dinant negoció con Juan Carlos Lizama (líder del grupo criminal Los cachos) para cederle una parte del terreno que corresponde a la Cooperativa El Chile. La maniobra tenía como objetivo que el grupo criminal evitara que los miembros de la asociación campesina, que estaban en proceso de documentación, recuperaran las tierras.
No obstante, en enero del 2023, más de 200 familias campesinas retomaron las casi 500 hectáreas que le corresponden de acuerdo su Título Definitivo de Propiedad. Según los testimonios, el 9 de enero del 2023, miembros de la seguridad privada de la Corporación Dinant atacaron a las familias campesinas, en coordinación con el crupo criminal de Los cachos.
Actualmente, enfatiza Rivas, la seguridad de Dinant realiza sobrevuelos con drones para vigilar a las familias de las cooperativas Tranvío y El Chile. “Pero no sobrevuelan drones donde está el grupo criminal que lidera Juan Carlos Lizama en el área de Cooperativa Camarones”, sostiene.
El miembro de la Plataforma relata que son diversos los motivos por los que han identificado la confabulación de la empresa Dinant con los grupos criminales, con el objetivo de “hacer desplazamiento forzado a quienes estamos haciendo luchas pacíficas y luchas legales para recuperar tierras de Reforma Agraria”.
Mientras que continúan las protestas campesinas, Wendy Castro señala que la estructura criminal está realizando amenazas de muerte a los miembros de la junta directiva de la Cooperativa Camarones, así como a integrantes de las otras asociaciones campesinas que apoyan la recuperación de tierras campesinas.
Por ello, la Plataforma y COPA exigen que instituciones del Estado como la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia “realicen un trabajo efectivo para desarticular los grupos criminales que colocan en un alto riesgo la vida de los y las defensoras de la tierra en la región”.
Al cierre de esta edición, la movilización de campesinos reportaba al menos 25 heridos por parte de supuestos miembros de la comunidad Quebrada de Arena, quienes atacaron de forma violenta con piedras, palos y arma blanca a los miembros de la Plataforma Agraria que protestaban pacíficamente.
