En portada: Personas en movilidad convocan a organizarse para salir en un éxodo desde el Parque Bicentenario de Tapachula rumbo al centro de México.
Las personas migrantes varadas en Tapachula, estado de Chiapas, sur de México, anunciaron la salida de una “caravana” el próximo lunes 4 de de agosto, rumbo al centro del país, ante la desesperación provocada por la nula atención y la corrupción de las autoridades migratorias de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Se trata de personas originarias de Cuba, Centroamérica y África, principalmente, que buscan llegar a las oficinas de la Ciudad de México, pues, en Chiapas, justifican ellas, los trámites son improcedentes. En los trabajos que no piden documentos de estatus migratorio pagan 80 pesos al día. No cuentan con acceso a servicios de salud ni educación y no pueden salir del municipio.
El defensor de los derechos humanos Luis García Villagrán explicó a Avispa Mídia que la contención migratoria y las detenciones en los retenes continúan, incluso si los solicitantes de asilo pagan por los documentos para transitar libremente por el país; y sin importar si viajan vía aérea o terrestre.
“Si no les pagan 10 mil pesos no les permiten abordar los vuelos, lo mismo sucede en las carreteras. Buscan hartar a la gente y que el mensaje quede claro, ‘o pagas o no avanzas’. Y los regresan a Tapachula. Pero ya lo hemos denunciado, lo hemos dicho, lo hemos exhibido”, dice Villagrán.
Por ejemplo, también en la Comar, “todo se vende: las citas, constancias de solicitudes, hasta las entrevistas grabadas”, denuncia Villagrán, que ha tramitado amparos ante jueces federales para que puedan acceder al derecho de protección internacional.
Así mismo, han emitido cartas, testimonios, evidencias y mensajes públicos al gobierno federal y directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que este año respondió con el cambio de comisionados, encargados y delegados de ambas instituciones.
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Sin embargo, Carmen Yadira de los Santos, ahora encargada de la Comar en Chiapas, “tiene un negro historial como representante del INM en Tapachula (de 2019 a 2022), y regresa para que siga la corrupción en la Comisión Mexicana”, hace hincapié.
En el periodo de De los Santos, la estación migratoria Siglo 21 en Tapachula y los agentes a su disposición fueron señalados en innumerables ocasiones por la comunidad migrante, organizaciones de los derechos humanos, activistas y abogados, por violaciones a los derechos humanos. En 2022 fue transferida a Yucatán, donde fue acusada públicamente de corrupción y acoso laboral por sus subordinados.
La funcionaria es conocida por participar en la persecución migratoria en coordinación con la Guardia Nacional en 2019, también por acuerdos de México con Estados Unidos bajo mandato de Donald Trump.
Tapachula, el muro en Chiapas
Este contexto obligó a las personas solicitantes de asilo, entre ellas varias víctimas de persecución política en sus países de origen, además de deportadas desde Estados Unidos y con trámites improcedentes, a convocar y organizarse para salir en un éxodo desde el Parque Bicentenario de la llamada ‘Perla del Soconusco’.
En estas circunstancias la población contenida en el sur de México incrementa, también, por las deportaciones bajo la política de Trump. Son enviados a Panamá, principalmente haitianos, que luego viajan a México para solicitar el asilo, según la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula.
“Tapachula es una ciudad que no cuenta con una infraestructura y con una economía sólida, fuerte. Los empleos donde los aceptan son sólo bares y cantinas, y en otros trabajos están siendo explotados, laboralmente”, alega Villagrán.
Para integrar el éxodo, las personas deberán anotarse en una lista para evitar infiltrados que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad que se alista para caminar de Chiapas a Oaxaca, como primer tramo. Hasta ahora se han apuntado más de 1500 migrantes.
“¡Renuncien!”
A propósito del Día Mundial Contra la Trata de Personas, 30 de julio, Luis García Villagrán y solicitantes de asilo protestaron en una actividad realizada por las autoridades migratorias y el Ayuntamiento de Tapachula dirigido por Yamil Melgar Bravo.
“¡Ya basta, dejen de robar!, ¡renuncien!”, se escuchó decir Villagrán frente a los funcionarios. Mientras, los migrantes, en su mayoría mujeres, dieron a conocer la corrupción de la Comar y el INM, donde les exigen amparos, denuncian, para acceder al trámite y, de esa manera, los obligan a pagar o contratar abogados coludidos con este sistema que ha permanecido impune por años.
“En migración te cobran las visas humanitarias, a mí no me han dado papeles en estos momentos. Me bloquearon porque estoy quejándome y haciendo protesta por esta injusticia que están cometiendo”, dijo una de las denunciantes.
El Ejército mexicano acudió a retirar a las y los manifestantes del evento institucional contra la trata de personas.
Según la Unidad de Política Migratoria, de enero a mayo de 2025, el INM emitió 3350 tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias. En el mismo periodo, la Comar aceptó 8155 solicitudes de condición de refugiado, en su mayoría de originarios de Honduras, Cuba y Haití. Sin embargo la estadística ya no incluye el número de solicitudes por oficina a nivel nacional.
La misma base de datos muestra la detención de personas bajo el estatus de migrante irregular, con un total de 113,612 eventos, de los cuales 25,271 fueron en Chiapas y 69,107 en Tabasco; del total, 11,306 eran menores a 17 años de edad a pesar de que la legislación lo prohíbe.
