Organizaciones no gubernamentales ven con preocupación la respuesta del Estado mexicano sobre los derechos de mujeres y niñas, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW).
La comparecencia celebrada el 17 y 18 de junio dio seguimiento a las observaciones de la novena revisión, con recomendaciones específicas para el Estado mexicano sobre mujeres y niñas con necesidades de protección internacional.
La delegación mexicana fue encabezada por la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, para sustentar el décimo informe periódico en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.
La sociedad civil, desde sus diversas voces, coincidió que el gobierno no pudo demostrar avances reales en materia de justicia, autonomía económica y política, y en la eliminación de la discriminación hacia las mujeres. La exposición del informe estuvo marcada por ausencias, información inexacta, evasiones y carencia de respuestas concretas a los cuestionamientos.
“La delegación mexicana evitó responder preguntas clave del Comité, entre ellas, el cumplimiento de los artículos 8 al 16 de la Convención, que abarcan temas como salud, trabajo, educación, justicia y condiciones jurídicas en el ámbito familiar”, señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
Previo a la comparecencia del Estado mexicano, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C., Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Las Vanders presentaron el Informe Sombra o ‘Informe alternativo al Estado mexicano sobre la situaciones en movilidad humana’.
A partir de la documentación en un periodo de siete años, las defensoras hicieron observaciones generales respecto a la situación de mujeres migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, jornaleras agrícolas, entre otras en movilidad, para incidir en las próximas recomendaciones.
“Decidimos nuevamente hacer un llamado al Comité CEDAW para hacer notar que la deuda sigue pendiente, realmente no hay un avance sustantivo en los derechos de la población de mujeres en contexto de movilidad humana”, específica Dinorah Arceta, coordinadora de Incidencia en el IMUMI, en entrevista con Avispa Mídia.
Da cuenta que, entre 2017 y 2018, las mujeres representaron el 21% de las personas en situación migratoria irregular, pero la cifra aumentó 31% entre 2019 y 2024. Sólo en 2023, más de 24 mil mujeres fueron atendidas en albergues de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM).
En 2024, las mujeres constituyeron el 49% de la población extranjera residente en México y representan el 44% de las nuevas solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). El 51.3% huyó de la violencia generalizada, el 18.5% buscó acceso a servicios básicos y un 8.9% escapó de violencia doméstica.
Militarización y abusos
El endurecimiento de las políticas migratorias, marcadas por la creciente militarización y la contención impuesta por Estados Unidos, desde el primer mandato de Donald Trump en 2019, restringe de manera significativa el acceso a derechos, dificulta el tránsito seguro y el acceso a mecanismos de protección internacional.
En este punto, la falta de respuesta institucional y la detención migratoria siguen como práctica común. Según el Informe Sombra, entre 2018 y 2024, más de 1 millón de personas, 30% de mujeres, fueron detenidas en estaciones migratorias. “Hemos documentado la práctica que llamamos de ‘desgaste’”, explica Arceta, es decir, detienen a las mujeres, las trasladan a las estaciones migratorias, a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíbe la detención migratoria por más de 36 horas.
Luego de permanecer privadas de su libertad en condiciones deplorables, son trasladadas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) al sur del país para dificultar el tránsito o arribo a la frontera norte con Estados Unidos.
Esto facilita las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del INM contra niñas y mujeres en movilidad. Arceta explica que muchas mujeres son víctimas de violencia sexual a manos de agentes del Estado, “del INM, Guardia Nacional o de la comunidad de acogida”.
En la décima evaluación de México por el Comité CEDAW, el Estado mexicano no respondió al cuestionamiento sobre la violencia que padecen las mujeres en movilidad.
En el periodo de 2016 a 2020, el Informe Sombra refleja un registró de 5964 delitos contra personas migrantes, en el 33% la víctima fue una mujer. “Pero si hacemos un análisis riguroso, por ejemplo, en delitos de violencia sexual, el 83% de la violencia sexual contra personas en movilidad fue cometido contra mujeres”, precisa Arceta.
En el caso del delito de trata, el 71% fue contra mujeres migrantes. “La presencia de grupos del crimen organizado en las rutas migratorias dificulta el panorama para las mujeres en movilidad”.
De 2018 a 2024 se abrieron más de 10 mil carpetas de investigación pero ninguna fue judicializada. “Ninguna llegó a una sentencia condenatoria. Es preocupante. Algunos de los delitos de estas carpetas de investigación incluyen el feminicidio contra mujeres migrantes, abuso sexual y secuestro”, lamenta Arceta.
Un factor determinante para el acceso a la justicia es el “desfinanciamiento” que enfrenta la Unidad de Delitos contra Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), con poco presupuesto, muy poca capacidad y muchas veces no hace investigación con perspectiva de género, que también fue visibilizado por las organizaciones de derechos humanos.
Las personas migrantes, sobre todo las mujeres, “no ven al sistema de justicia como un medio para hacer valer sus derechos”. Arceta describe que muchas mujeres han transitado hasta por 10 países antes de llegar a México. En el camino han padecido abusos por parte de diferentes autoridades, “y al llegar aquí la autoridad mexicana no les genera confianza y no ven a la denuncia como un mecanismo efectivo”.
Incapacidad institucional y presupuestal
En la evaluación, también cuestionaron a México sobre la reducción de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias para mujeres. “Realmente evitaron la pregunta”, señala Dinorah Arceta y que esto constituye una barrera más para que las mujeres puedan acceder a su derecho a la salud sexual y reproductiva.
En 2024, hubo una reducción de 97% en la emisión de las tarjetas y permisos que son requeridos a la mujeres en movilidad humana para acceder a sus derechos en territorio mexicano, como atención médica, seguimientos prenatales o algún tipo de servicio especializado, incluso educación para sus hijas e hijos o buscar trabajo.
“Para acceder al aborto, a productos de gestación menstrual, hay esas barreras. Además de las dificultades lingüísticas y de documentación impiden que mujeres, sobre todo en situación irregular, puedan acceder a su derecho a la salud”, precisa.
En Chiapas, la entidad con mayor población migrante contenida por los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, las mujeres en movilidad son obligadas a permanecer hasta un año en espera de una respuesta de la COMAR.
“La COMAR está en una precariedad total en términos presupuestarios, de personal y de recursos materiales. Esto provoca que la comisión se abstenga de realizar determinaciones individualizadas, conforme a los estándares internacionales y con perspectiva de género, en las resoluciones de las personas que solicitan la condición de refugiada”, explica Arceta.
En estas circunstancias se agudizó el retraso de las resoluciones de solicitudes para la condición de persona refugiada que, en teoría, debería tener respuesta en el término de 45 días. “Alrededor de 700 personas están solicitando asilo al día”, agrega Dinorah Arceta.
Dinorah Arceta considera que, en específico, la población varada en México que se quedó sin alternativas para avanzar o retroceder, no ha sido atendida y es invisibilizada, “está desprotegida”, a pesar de que ya “constituyen más del 1% de la población en este país”.
La situación no es más alentadora para las personas deportadas desde Estados Unidos. IMUMI ha acompañado a mujeres que a pesar de sus graves condiciones de salud son sacadas del vecino país, son discriminadas en los aeropuertos, llegan a México sin documentación y, hasta con identidad mexicana, enfrentan obstáculos para acceder a los servicios.
“Les piden la apostilla, un sello muy costoso que impide que puedan acceder a educación, salud, trabajo, etcétera. Es una deuda pendiente del Estado mexicano. Falta mucho por hacer, no ha sido suficiente esa estrategia ‘México te abraza’ porque tiene necesidades de documentación de identidad”, explica Arceta.
La migración interna también fue puesta sobre la mesa del Comité CEDAW con el Informe Sombra, que hace hincapié en la precarización de trabajadoras agrícolas, en su mayoría de pueblos originarios, que son llevadas a otra entidad en contexto de explotación y desprotección.
Las obligan a cumplir jornadas laborales más extensas de las permitidas por ley, perciben salarios bajos, sin contratos, ni protocolos de seguridad, es decir, en condiciones en las que exponen la salud e integridad.
Luego de la sustentación de México ante las expertas, el Comité CEDAW hará público el informe de observaciones y recomendaciones al Estado Mexicano sobre aspectos que más preocupan y han sido desatendidos por México.
“Ese informe nos va a dar mucha luz de esta ruta que, nosotros como sociedad civil, esperamos que el gobierno pueda implementar en el corto y largo plazo, con participación de la sociedad civil”, enfatiza la representante de IMUMI.
