Foto por Jeny Pascacio
Desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones forzadas, despojo de tierras, asesinatos, tortura, espionaje y criminalización de la protesta social, son solo algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en distintas localidades de Chiapas.
Así lo evidencia un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) titulado Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado.
El documento, que abarca un análisis de situaciones registradas entre 2020 y 2022, destaca el incremento de la violencia debido a la existencia de grupos que utilizan las armas para el control social, político, económico y territorial en distintas geografías del Estado al sureste mexicano.
A la operación de grupos criminales y paramilitares, como continuidad de una estrategia contrainsurgente, se suma la impunidad fomentada por actores estatales, la remilitarización de los territorios y un comprobado espionaje realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas.
En este contexto, la organización de derechos humanos externa su preocupación sobre el papel del Ejército mexicano como principal perpetrador de crímenes de lesa humanidad, así como por integrar actualmente “un suprapoder con la posibilidad de controlar todas las esferas de la vida y dejando abiertas las puertas para el ejercicio de un gobierno neodesarrollista y autoritario”.
Acorde al CDH Frayba, este escenario acontece a la par de la promoción de una política económica gubernamental que impulsa la actual administración, mediante la cual se busca que el Estado mexicano promueva la reconfiguración de los territorios a través de megaproyectos para la explotación de recursos naturales.
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El informe sostiene que el Estado mexicano se encuentra atravesado por intereses geopolíticos que buscan imponer la infraestructura para el desarrollo de proyectos que buscan el aprovechamiento geoestratégico de bienes naturales. Por esto, entre las estrategias de la violencia se encuentran la creación y administración de tensiones y conflictos a partir del derroche económico y la imposición de nuevas formas de organización comunitarias, a través de programas sociales que implican paradigmas organizativos en las comunidades propuestos desde personas externas.
Contrainsurgencia
El CDH Frayba enfatiza que, durante el periodo que abarca el informe, se registró un incremento en las agresiones contra las comunidades y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) debido a una disputa abierta por el control de la tierra recuperada por dicha organización desde 1994.
Según la organización de derechos humanos esto “ejemplifica cómo está operando la contrainsurgencia hacia el proyecto zapatista; son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones corporativistas alineadas con el Estado; así como por una reconfiguración territorial a partir del proyecto, columna vertebral de la actual administración federal, Sembrando Vida”.
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De acuerdo al análisis, Sembrando Vida genera nuevamente conflictos y tensiones al confrontar a los pueblos y comunidades entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación, sin intervención del Estado, y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir de los apoyos monetarios del gobierno.
“Resulta una acción irresponsable por parte del gobierno federal el introducir un programa que exige el requisito de la propiedad legal de tierras en una región tan fragmentada y dividida políticamente como el estado de Chiapas”, advierte el informe.
El documento establece que el objetivo de Sembrando Vida es la imposición de un nuevo paradigma para la reorganización de los territorios y el control de la tierra y los individuos a través de los registros, la imposición de técnicos externos y las dinámicas impuestas a las comunidades que no corresponden a sus necesidades. Además, preocupa la creación de una estructura paralela, para quitar poder a las autoridades locales; “es una amenaza considerable contra todas las organizaciones en resistencia que se oponen a los programas de gobierno, por ser autosuficientes, independientes y, justamente, no controladas”.
Desplazamiento
El informe destaca que, entre los fenómenos con mayor agudización en el Estado, se encuentra el desplazamiento forzado interno. “Sus dinámicas muestran formas particulares de violencia que involucran patrones de acción local y cotidiana vinculados al control territorial, en buena medida ejercido desde las estructuras comunitarias, por parte de grupos armados y sectores de la política regional que los dirigen y respaldan”, detalla el documento.
En el periodo del 2010 al mes de octubre del 2022, el CDH Frayba registró el desplazamiento forzado de al menos 16,755 personas. Resalta que, del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2,000 personas, integrantes de 400 familias, que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial de grupos criminales.
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El documento destaca que la problemática se relaciona con los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán los cuales son usados como rutas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro de personas; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. “Es de transcendencia internacional las cuantiosas ganancias que se generan en la frontera sur, siendo de las más importantes para el país, por lo que, la guerra entre grupos criminales por ocupar estos municipios estratégicos no da tregua”.
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