El defensor de los derechos humanos de la comunidad migrante en Chiapas, Luis García Villagrán, fue detenido el martes (5) y trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Tapachula, un día antes de la salida del éxodo de personas con necesidades de protección internacional. A las 7h de este miércoles (6) se confirmó la salida de la nueva caravana desde Tapachula hacia el centro del país.
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Según las primeras versiones, este martes (5) Villagrán asistió a una asamblea para ultimar detalles del inicio del “Éxodo de la justicia”, desde el parque Bicentenario, en Tapachula. El grupo busca acceder a los trámites para el refugio y visas humanitarias en México.
Posteriormente, nadie tuvo contacto con él hasta que se comunicó con su familia para confirmar la detención por presunto tráfico de personas. “Esto fue repentino”, señalaron familiares en entrevista con Avispa Mídia.
Las autoridades continúan sin informar sobre los fundamentos legales del arresto de García Villagrán, pese al despliegue de un operativo militar que permaneció vigilante en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal, por la posibilidad de protestas por parte de la comunidad en movilidad humana.
La familia solo recibió un boletín informativo del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), donde se lee que el defensor fue detenido cerca del parque Bicentenario.
“Pero no hemos tenido más información. Solo sabemos que es obra del gobierno traidor; el gobierno sigue fabricando delitos y se está ensañando con él”, dijeron los familiares y recordaron que no es la primera vez que García Villagrán es acusado de delitos que no cometió.
Hace meses, un juez lo absolvió de señalamientos similares tras brindar acompañamiento a una caravana migrante. “No hubo fundamentos y la autoridad determinó que no había nada por lo cual condenarlo”, añadieron.
En junio de este año, el defensor avisó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sobre las amenazas, el hostigamiento y el espionaje que padece por su labor en los derechos humanos de las personas en movilidad humana.
“Ayer había mucha gente de civil afuera de la Comar [Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados] tomando foto y grabando. Habían unas camionetas que cuando yo llegué estaban estacionadas y estaban grabando y tomando foto del lugar. Estaban tomando foto y grabando toda la actividad de don Luis”, dijo una migrante venezolana.
Posicionamiento político
Para Irineo Mujica Arzate de ‘Pueblo sin fronteras’, Omar García Harfuch, secretario de la SSyPC, coordinó la detención. “Se ha dedicado a encubrir la corrupción del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comar”.
“Esto es altamente político para callar la caravana, para que no salgan y es para encubrir la corrupción. Tenemos décadas denunciando cómo el INM está extorsionando a los migrantes y los está llevando en trailers, cómo sigue la Comar cobrando por todos los trámites, ¡dejense de criminalizarnos, de amedrentarnos para detener la caravana migrante!, ¡exigimos la liberación de Luis García Villagrán!”, enfatizó Mujica Arzate.
El padre Hayman Vázquez acudió al Centro de Justicia Penal Federal y lamentó que el Estado utilice las fuerzas federales para la detención de un defensor de los derechos humanos mientras políticos coludidos con la delincuencia organizada siguen sin ser juzgados.
“El gobierno mexicano es especialista en fabricar delitos, seguramente a Luis lo van a acusar… lo que ellos hacen, pero es el gobierno el que trafica con los migrantes y que se enriquece con los migrantes. Luis Villagrán ha presentado denuncias en la fiscalía con pruebas y no pasa nada porque el gobierno tiene metidas las manos en el tráfico de migrantes”, dijo el párroco.
Durante mucho tiempo, el defensor ha denunciado violencia, amenazas y hostigamiento. También fue privado de la libertad por un cártel, que recibió tres millones de pesos del Estado para matarlo, según denunció él mismo.
Las amenazas aumentaron por las constantes señalamientos de las irregularidades del gobierno federal en materia migratoria. Al no encontrar respaldo en las instituciones, anunció su salida de Chiapas con apoyo de organizaciones de protección a defensores y periodistas.
Aunque intentó mantenerse al margen por las amenazas, la crisis migratoria se intensificó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Según las personas en movilidad, esto coincidió con un aumento en la inoperancia y la corrupción dentro de la Comar y el INM.
La comunidad migrante recurrió a Villagrán para promover amparos ante jueces federales, forzados por el sistema de “cobro por trámite” en el INM y la Comar, en contubernio con abogados que tramitan los casos y cobran miles de pesos.
