Comunidad zapatista sigue defendiendo la vida pese años de agresiones

Portada: Aldo Santiago

Organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona presentaron un informe para denunciar la continuidad de las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por el grupo de “Los 40 invasores” en contra de la comunidad autónoma zapatista Nuevo San Gregorio, perteneciente al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Junta de Buen Gobierno: Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El informe es fruto de la tercera caravana de solidaridad y documentación que las organizaciones emprendieron en los días 8 y 9 de enero.

“Denunciamos que el constante accionar criminal del grupo de los ‘40 invasores’ está en invadir, cercar, secuestrar y matar la tierra y territorio con alambrados, lo que representa violentar el derecho al uso y disfrute de la tierra y el territorio que de manera legítima y en pleno ejercicio de derecho tienen las familias zapatistas a la formas de organización autónoma”, denuncian las organizaciones.

Un día después de concluida la caravana, el grupo de ‘los 40’ retomaron las agresiones, “destruyeron el tuvo de pvc que llevaba el agua al ganado colectivo, destruyeron la cerca de alambre y avanzaron una hectárea más del terreno del ganado colectivo”, señalan.

Hostigamiento

La comunidad autónoma Nuevo San Gregorio comprende 155 hectáreas de tierra recuperada. Desde noviembre de 2019 el grupo de los ‘40 invasores’ comenzaron con la intimidación y provocación cercando los trabajaderos y la escuela secundaria autónoma con los árboles frutales y plantas medicinales que ahí se encuentran.

Según las organizaciones, el 27 de febrero del 2020, tanto la comunidad de Nuevo San Gregorio, como la Junta de Buen Gobierno, intentaron establecer un diálogo con los invasores haciéndoles tres propuestas concretas: que la tierra se trabajara de forma colectiva, “ya que para nosotros la tierra se trabaja en común”, afirma un miembro de la comunidad zapatista; o darles una hectárea por persona; o dividir por la mitad las 155 hectáreas.

Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por parte de los invasores. Y de ahí en adelante lo único que ha habido por parte de dicho grupo han sido provocaciones, agresiones y amenazas contra las bases zapatistas. “Hecho concreto que demuestra claramente que la tierra no la quieren porque la necesitan para vivir, si no como negocio, (e ir contra de la organización del EZLN) ya que todos los invasores cuentan con sus propias tierras en las cuatro comunidades a las que pertenecen”, detallan en el informe.

Durante los años de 2020 y 2021, los invasores comenzaron con el cercamiento del tanque de almacenamiento del agua que distribuye al pueblo, el poste de electrificación donde sale la línea para el bombeo de agua y el tractor de la región, impidiendo su movimiento. El robo de hortalizas, plantas medicinales y frutales; amenazas a las mujeres zapatistas y el hostigamiento a los hombres a quienes circundan los invasores portando palos, machetes, macanas y resorteras. Además de vigilarlos e intimidarlos a distancia, tomando fotos y video en dirección a las personas zapatistas para acosar-asediar a las familias en sus propias tierras.

A la fecha, enero del 2022, de las 155 hectáreas de tierra recuperada, los invasores han reducido el espacio y forma de vida, tránsito y producción de las familias zapatistas a tres hectáreas y media. Quedando el centro de población en media hectárea, dejando tres hectáreas dispersas y fragmentadas.

De acuerdo con las organizaciones, “las familias, actualmente se encuentran cercadas y secuestradas en sus propias tierras. Se han cercado y secuestrado los caminos, bosques, manantiales y ríos. En todo este tiempo, los invasores han saqueado las cosechas y robado animales de los trabajos colectivos; siguen destruyendo los bosques, matan a los animales y ejecutan el uso mercantil de la tierra”.

A pesar de la violencia, integrantes de la comunidad reafirman su permanencia en el territorio. “Nosotras, nosotros aquí vivimos, aquí nacimos, aquí crecimos y aquí vamos a seguir”, sostiene un integrante de la comunidad.No somos dueños de estas tierras, somos guardianes y guardianas. Estas tierras son de miles de zapatistas”.

Los responsables

Las organizaciones denuncian en el informe la negligencia y omisión de los tres niveles de gobierno frente a los hechos criminales. “Mantienen en la impunidad total al grupo delincuencial señalado como “los 40 invasores”, cuyos líderes principales son Nicolás Pérez Pérez (ex regidor del ayuntamiento de Huixtán), sus hijos Roberto Pérez Huet y Alejandro Pérez Huet, Nicolás Mosan Huet, Alonso Bolom Ara y Nicolás Gómez Pérez”, señalan.

“(Existen) denuncias y pruebas contundentes de las acciones criminales encausadas por estas personas. Quedando claro que dichos grupos trabajan con el consentimiento y aprobación del Estado”, afirman.

Seguimiento de observación

El 28 de octubre de 2020, se realizó la Primera Caravana de Solidaridad y Documentación a la comunidad de Nuevo San Gregorio y región Moisés y Gandhi. El 8 de diciembre del 2020, diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos llevaron a cabo una Misión Civil de Observación desde la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (RTDT). El 12 de enero del 2021, se realizó una segunda Caravana de Solidaridad y Documentación. Y a partir de marzo del 2021 a la fecha se realizan las Brigadas Civiles de Observación (BRICOS) del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas.

Contrainsurgencia

En sus informes, las organizaciones han insistido que, a partir del levantamiento del EZLN, en 1994 - donde miles de hectáreas de tierras usurpadas por hacendados fueron recuperadas por los pueblos originarios - el gobierno ha ejecutado una guerra para volver a despojar y controlar la tierra y territorio donde los pueblos zapatistas construyen una forma de vida colectiva y autónoma.

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“Reiteramos que el camino del EZLN no ha sido fácil. La Guerra de 1994, y su continuidad desde la contrainsurgencia, se empezó a diseñar e implementar por diferentes vías para que la guerra fuera integral y así poder desgastar y desarticular a las familias, comunidades y pueblos zapatistas”, dicen las organizaciones.

Sin embargo, “a partir del ejemplo de la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, constatamos que la apuesta política es por la vida y desde las autonomías. Donde las familias se organizan para crear y sostener el trabajo colectivo de la milpa, el frijolar, el trigo, así como los colectivos de alfarería de las mujeres, la cooperativa de artesanías, la tienda colectiva y la carpintería (iniciativas de resistencia). Sosteniendo las áreas de salud y educación autónoma con sus promotores y promotoras. Todo desde su propio sistema de autogobierno”.

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