Los defensores del medio ambiente del municipio de Tocoa, en el norte de Honduras, conocidos como los 'ocho de Guapinol', son integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
Fueron juzgados desde el 1 de diciembre de 2021 por los cargos de privación ilegal de la libertad e incendio agravado presuntamente cometidos contra un contratista de la empresa minera Inversiones Los Pinares (ILP). Siete de ellos están en prisión preventiva desde agosto de 2019, y uno desde noviembre de 2018.
Seis de los ocho detenidos fueron declarados culpables por el tribunal de sentencia de Trujillo, este 9 de febrero. Se trata José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández.
Las penas serán individualizadas el próximo 21 de febrero. Mientras Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz fueron absueltos de todos los cargos.
Al respecto, Amnistía Internacional envió una carta dirigida al Fiscal General de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, en la que expresa preocupación por el uso indebido del sistema de justicia penal hondureño para detener y procesar injustamente a los defensores de los derechos humanos.
Amnistía estudió el expediente judicial, los vídeos y las entrevistas con testigos, representantes de organizaciones locales y autoridades de derechos humanos. En dicha carta la organización explica en cinco puntos los graves fallos en la investigación que van desde la falta de pruebas por la parte acusatoria, así como contradicciones; además los fiscales ignoraron las pruebas presentadas por la defensa.
Después de revisar lo concerniente, incluido el proceso penal, la organización internacional reconoció a los ocho defensores como presos de conciencia.
Defensa
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos es una organización que ha encabezado movilizaciones desde 2015 para impugnar pacíficamente la legalidad de las concesiones mineras de hierro otorgadas a Inversiones Los Pinares (ILP).
"Estamos en una comunidad sana que habitamos hace 30 años, no nos hemos movido porque nos sentimos muy bien aquí pero ahora con ese proyecto minero nos sentimos mal", dice Juana Hernández, familiar de un preso.
En el 2013 el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández aprobó la reducción de 217.34 hectáreas de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botadero Carlos Escaleras, que son usadas para la explotación minera a través de concesiones ASP1 y ASP3 que fueron otorgadas a la empresa, perteneciente a Leonor Pérez y Ana Facusse.
Cada concesión refiere a 100 hectáreas de la zona núcleo del Parque Nacional donde el permiso quebrantó el derecho a la consulta.
Los pobladores argumentan que estas actividades afectan la calidad de las aguas de los ríos Guapinol y San Pedro. "Toda el agua que nosotros usamos en el valle se produce en la zona alta de la montaña donde está ubicado el proyecto minero", lamenta Juana.
En un documental realizado por las organizaciones acompañantes del caso, los pobladores relatan su preocupación por tener un río contaminado, pues de ahí depende la vida y la cultura de la región.
Los efectos de las actividades mineras ya tienen impactos en la población que consume el agua de los ríos. Enferman de diarrea, vómito, problemas en la piel, entre otros. "Ni los animales quieren beber el agua", dice Juana.
Esta forma de 'despojo obligatorio' ha provocado la migración de familias enteras y la división de los pueblos, sobre todo después de que los defensores fueron encarcelados por oponerse a la violación de los derechos humanos.
Veredicto Escandaloso
Tras la condena de este miércoles, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos se pronunció contra las irregularidades en el proceso. Asimismo denunciaron, previo a la resolución del Tribunal, el hostigamiento contra las comunidades de Guapinol por parte la Policía Nacional.
"Hacemos nuestra la rabia e indignación de las compañeras luchadoras por la libertad de sus compañeros y de los ríos. Denunciamos a este sistema judicial que defiende empresas y castiga a las comunidades".
Para Amnistía Internacional el veredicto es escandaloso y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar el derecho a defender derechos humanos. "Debe anularse de forma inmediata", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización.
Consideró que los ocho presos de conciencia fueron detenidos únicamente por sus actividades en defensa del derecho al agua limpia y a un medio ambiente sano, y que las acusaciones penales en su contra, así como su prolongada prisión preventiva, son injustificadas y constituyen un uso indebido del sistema de justicia.
Guevara Rosas agregó que no habrá cese a las demandas de libertad para los seis presos hasta que sean liberados inmediata e incondicionalmente. "Los defensores son víctimas de una detención arbitraria y de una persecución penal infundada ".
En 2019, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos publicó un informe sobre la criminalización de defensores en Honduras que se oponían a las minas de ILP cerca de Tocoa, y manifestaba preocupación por el uso inadecuado del sistema de justicia penal por parte de fiscales y jueces, incluido el delito de usurpación.
En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emitió su Opinión 85/2020 sobre el caso de los defensores de Guapinol, en el que concluía que su detención violaba la obligación legal de Honduras en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pedía a las autoridades que garantizaran su liberación inmediata y que recibieran una indemnización por las injusticias sufridas.
Un año después, expertos de la ONU reiteraron este llamamiento a las autoridades hondureñas para que garanticen la liberación inmediata de los ocho defensores, destacando la obligación particular de Honduras, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
