COP26: Mercado de carbono y expolio territorial se consolidan en nombre del clima

En portada: Indígenas Pataxó forman barricadas en carretera de la región Monte Pascoal, Bahía, lugar donde ONGs conservacionistas promueven proyectos de compensanción de carbono mediante la plataforma REDD+. Brasil, 2014. Foto Santiago Navarro F.

En vísperas de la realización de la 26a Conferencia de las Partes (COP26), evento convocado por las Naciones Unidas para discutir estrategias contra el cambio climático, más de 80 organizaciones brasileñas alertaron sobre la falsa solución a la crisis ambiental mundial que representa el llamado mercado de créditos de carbono.

La consolidación de este mercado a escala mundial forma parte medular de las negociaciones que se realizan a partir de este domingo (31) en Glasgow, Escocia. Este mecanismo permite comercializar licencias de contaminación, es decir, con ello una empresa europea puede adquirir créditos de carbono en otro país, como Brasil, para que de esta manera dicha industria pueda registrar la transacción como sinónimo de reducción de sus emisiones contaminantes.

En contraste, organizaciones como El Grupo de la Carta de Belem y la Comisión Pastoral de la Tierra denuncian las consecuencias negativas de este mercado. “Entre los efectos de su aplicación se encuentra la expansión de las actividades destructivas en los ámbitos de la minería, el extractivismo a escala industrial y la quema de combustibles fósiles (que pueden compensarse/neutralizarse en otro lugar)”.

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Esta denuncia enfatiza que el mercado de carbono no toma en cuenta soluciones efectivas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tales como la demarcación y defensa de las tierras indígenas, quilombolas y colectivas, así como el fortalecimiento de las prácticas agroecológicas que contribuyen a la conservación de la sociobiodiversidad y a la soberanía alimentaria.

“Por ello, considerando que esta COP26 presenta las peores condiciones de participación democrática de la historia de las negociaciones climáticas, apoyamos la posición de una amplia coalición de la sociedad civil que exige su aplazamiento hasta que se presenten condiciones más equitativas de participación”, subrayan a través de un manifiesto.

Reingeniería “ambiental”

La COP26 pretende dar un paso definitivo en afianzar la reingeniería económica mediante el discurso medioambiental que se lleva negociando desde hace años. A pesar de las evidencias en el fracaso de los mecanismos de mercado propuestos durante décadas para reducir la contaminación alrededor del mundo, de estrategias como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) o la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), se siguen promoviendo como la gran apuesta estructural para hacer viable la descarbonización y la denominada neutralidad climática.

Aún a pesar que desde hace dos décadas estos mecanismos han sido criticados por organizaciones y comunidades alrededor del planeta, en Glasgow se espera concretar el Reglamento del Acuerdo de París, firmado en 2015 y desde entonces en espera de establecer un acuerdo en el famoso “Artículo 6”. Dicha reglamentación se concentra en cómo se regulará el papel de los mercados de carbono y sus transacciones encaminadas a mitigar las emisiones contaminantes que buscan detener la actual crisis ambiental.

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Esta reglamentación se sumará a otras negociaciones como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 16), que se celebrará en Kunming (China) en 2022, donde los países decidirán el Marco Global para la Biodiversidad hacia 2030, el cual contempla aumentar a 30% de la superficie terrestre y marina bajo las figuras de áreas naturales protegidas.

“En nombre del clima, una serie de agendas y mecanismos sirven a los intereses de los actores nacionales e internacionales y vienen causando impactos abrumadores en la expropiación y despojo de territorios, apropiación de recursos naturales, violencia real y simbólica contra las poblaciones y formas de vida”, recalcan las organizaciones firmantes.

Campesino de Laguna Larga observa los restos de una casa destruida por el operativo policiaco-militar del 2 de junio de 2017, justificado en nombre de la conservación de la naturaleza. 2019, Guatemala. Foto: Aldo Santiago

En este escenario, actores como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, algunos de quienes han financiado este tipo de estrategias, también promueven las propuestas de canje de deuda por clima/deuda por naturaleza, esto es, garantizar deudas privadas con presupuestos públicos, lo que profundiza las desigualdades sociales y generan transferencias masivas de ingresos de los pobres a los ya muy ricos.

“Ambos organismos se están moviendo para apoyar la nueva ingeniería financiera que se dice necesaria para hacer viable un nuevo pacto social verde, en el que los programas de recuperación y reactivación incluyen, entre otras cosas, la emisión de bonos verdes. De este modo, la tierra y otros ‘activos’ medioambientales (carbono, biodiversidad, etc.) se transforman en garantías de bonos que se negocian en el mercado financiero”, señalan con preocupación las organizaciones brasileñas.

Entre otras agendas, también acusan aquella impulsada por las empresas, sobre todo de las grandes corporaciones de la agroindustria y su influencia en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU, la cual promueve una transformación de los sistemas alimentarios mundiales.

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“En este mismo camino están las propuestas de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NbS). Entre ellos, el fomento de los monocultivos de eucalipto, los agrocombustibles y la apuesta por transformar la agricultura en una gran oportunidad de mitigación a escala asociada al mercado del carbono del suelo”, remarcan las organizaciones que se posicionan contra la transformación de la naturaleza en capital natural y de la financiarización y privatización de la naturaleza y los bienes comunes.

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