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Guatemala: Carbono, la métrica del despojo en Petén


La promulgación del decreto de Ley de Áreas Protegidas ha criminalizado a comunidades que han habitado la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) durante décadas, quienes cuentan con derechos anteriores a la creación de dicha zona. Paralelamente ONGs conversacionistas, en coordinación con el gobierno guatemalteco y Naciones Unidas han implementados diversos modelos y programas para el combate al cambio climático que refuerzan el discurso para desalojar a los campesinos que habitan las tierras del norte del Petén.


 

La destrucción de los modelos comunitarios

Resultado de la política del Estado de Guatemala para “recuperar la gobernanza” en áreas destinadas para proyectos de conservación y venta de servicios ambientales, múltiples comunidades han sido expulsadas violentamente de la región, como ilustra el caso más reciente de la población de Laguna Larga, quien permaneció casi dos décadas habitando en la Zona de Usos Múltiples de la RBM.

De esa manera, desalojos violentos de comunidades como La Florida, El Picudo, El Vergelito, Cruce Santa Amelia y Laguna Larga, han ocurrido desde el año de 2007 y, particularmente entre 2009 y 2011, la intensidad y grado de la amenaza llevó a las comunidades a denunciar la evidente política de desplazamientos forzados de la población.

Actualmente existen comunidades como Pollo Solo y La Mestiza quienes cuentan con órdenes de desalojo y procesos judiciales en andamiento, además de recibir constantes amenazas y violencia, no sólo de parte de los administradores de la RBM, como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) o la Fundación Defensores de la Naturaleza, co-administrador del Parque Nacional Sierra Lacandon (PNSL), sino también de parte de funcionarios públicos.

“Ahí están unidas la municipalidad, el ministerio de salud, el de educación; existe una estrategia bien pensada a manera de perseguir a la población”, denunciaron comunitarios del Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), para quienes el actuar gubernamental, a través de los puestos de control y la falta de servicios básicos, limita las actividades para el sustento de las poblaciones enclavadas en la región.

Leer Parte I Guatemala: Petén en el centro de los planes de desarrollo sustentable de las ONGs

Estos testimonios concuerdan con la experiencia de Laura Hurtado, directora de Action Aid Guatemala, para quien “ha habido inoperancia de parte del Estado para cumplir con sus responsabilidades; también ha habido corrupción y uso de violencia. La autoridad ambientalista, el CONAP, castiga más drásticamente al comunitario que extrae leña que a un ganadero que tala hectáreas para establecer su finca”, comparte la investigadora.

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Para la historia de los procesos organizativos comunitarios, el caso de la destrucción de la cooperativa agrícola-industrial Centro Campesino representa una de las experiencias más dolorosas guardadas en la memoria de los comunitarios del PNSL.
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Letrero que indica la ubicación al territorio de la comunidad desplazada de Santa Amelia. Foto: PBI
Campamento de la población desplazada de Centro Uno. Foto: PBI
Los cuerpos de seguridad, tanto privados como estatales, controlan los accesos y caminos a las comunidades enclavadas en la Reserva de la Biosfera Maya.

Primero, por la venta forzada de las tierras de Yaxchilán en el municipio de La Libertad, a las orillas del río Usumacinta, ocupadas desde 1976 por la cooperativa campesina, lo cual frustró el intento de los comunitarios de retornar a las tierras que abandonaron debido al conflicto armado interno; y segundo, por el asesinato de cinco campesinos de la comunidad, lo cual minó sus formas organizativas y provocó la desaparición definitiva de su población.

Acorde a un reporte del Congreso de América del Norte sobre América Latina, tras la aprobación de la Ley de AP, durante los últimos año del conflicto armado interno, la organización conservacionista más grande del mundo, The Nature Conservancy, sometió a una presión extraordinaria a los campesinos de Centro Campesino para que vendieran el área de Yaxchilán, a lo cual éstos se negaron durante años mientras reconstruían su comunidad en tierras aledañas.

Para 1998, USAID concedió 450 mil dólares a The Nature Conservacy para concretar la compra de más de 10 mil hectáreas en Yaxchilán. En dicho contrato firmaron solo 36 de 198 asociados de la cooperativa, en un contexto de amenazas e intimidación por parte de Fundación Defensores de la Naturaleza.

Según testimonios de los comunitarios, después de 10 años bajo la gestión de Fundación Defensores de la Naturaleza, dichas tierras se encontraban devastadas. Los habitantes de Centro Campesino señalaron como responsable la corrupción del CONAP, en colusión con FDN, por permitir la tala ilegal de los bosques. Por ello, en el año de 2008, los comunitarios iniciaron un proceso de reforestación al mismo tiempo que el Estado de Guatemala construyó un discurso para criminalizarlos bajo la etiqueta de invasores para justificar un desalojo.

Debido a la fuerte organización de la cooperativa, la cual incluso emprendió una lucha jurídica para cancelar la escritura de la venta de Yaxchilán, el gobierno se valió de estrategias ilegales para forzar su desplazamiento.

“Buscaron una forma de como introducir gente que trabajaba en el CONAP y en la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA). Ellos son como policías, armados y todo. Se infiltraron en la comunidad como campesinos que iban a buscar trabajo pero su objetivo era recoger información”, cuentan los testimonios recabados por Avispa Midia en los alrededores del PNSL.

“Encontraron que era fácil introducir sicarios y los enviaron el 22 de abril de 2013. Mataron a cinco personas claves en la organización comunitaria; personas que coordinaban la educación, la iglesia, el tema de tierras, y el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODES) local. En la escena del crimen dejaron un documento para inculpar a otros campesinos de la comunidad lo que provocó conflicto al interior de Centro Campesino y con ello el desplazamiento paulatino de 94 familias ante las amenazas y la violencia desatada tras los asesinatos”, denunciaron comunitarios del PNSL que solicitaron el anonimato para evitar represalias.

“Nomas salió la gente e instalaron un destacamento militar. Los pobladores de Centro Campesino contaban con un fuerte proceso organizativo mediante cooperativas, lo cual representó un obstáculo para el desarrollo de negocios en esas tierras donde pretenden construir hidroeléctricas, extraer petróleo y agua, además de promover el turismo y los monocultivos”, relataron los comunitarios del PNSL”. “Estamos claros que fue un desalojo estratégico por parte del Estado. Para nosotros nos recuerda los 36 años de guerra que vivimos pues utilizan la misma forma para masacrarnos: Quitarle el agua al pez, es la única forma que el pez se moría. Esa idea viene dando igual, nos quitan la tierra, nos están quitando el derecho de vivir”, relataron los campesinos quienes además expresaron la zozobra ante las constantes amenazas de los cuerpos de seguridad, tanto públicos y privados que patrullan la región.

Conservación: apuesta millonaria en Guatemala

Las concesiones comunitarias forestales de la Reserva de la Biosfera Maya, basadas en la producción de materias primas para la exportación, son la base organizativa desde donde se pretende construir un modelo de referencia en las tierras bajas del norte de Guatemala el cual servirá para ejecutar la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) en todo el país centroamericano.

Pese a que inicialmente las concesiones fueron financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través de ONGs conservacionistas, en los últimos años corporaciones como Ford (automóviles) y Cargill (agroindustria), dos de las principales industrias responsables por las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), han incrementado las contribuciones para mantener las operaciones de las concesiones aglutinadas en la Asociación de Comunidades Forestales del Petén (Acofop).

Leer Parte II Guatemala: La arquitectura mercantilista de la conservación en Petén

Comunidades Bribri, Boruca y Térraba mantienen una lucha contra la implementación de proyectos REDD+ en Costa Rica, otro país centroamericano con avances en la implementación del programa. Foto: Juliana Bittencourt

Los países mesoamericanos han desarrollado experimentos, desde finales de los años 90s, en la implementación de programas de pago por servicios ambientales (PSA). Entre las críticas consistentes de diversos pueblos campesinos e indígenas de la región se enumeran: la falta de instancias adecuadas de consulta libre, previa e informada para la planeación e implementación de los proyectos; el debilitamiento de las prácticas ancestrales de manejo y gobernanza de los bosques como fruto de la aplicación de los PSA; y el freno a los procesos de reconocimiento de los derechos territoriales de comunidades originarias pues gobiernos locales pretenden mantener la propiedad de la tierra para acaparar los eventuales ingresos derivados de REDD+.

De acuerdo a un boletín de Octubre 2016 elaborado por el Movimiento Mundial por los Bosques (WRM, por sus siglas en inglés), en Guatemala se ejecuta el mayor y más caro proceso de REDD+ en América Central. Inició en 2009 cuando el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial otorgó 200,000 dólares para iniciar la preparación de la Propuesta Nacional del REDD+ (R-PP, por sus siglas en inglés).

En 2011 el FCPF aprobó el documento R-PP y desembolsó 3,6 millones de dólares para el gobierno de Guatemala. A lo anterior se suman las contribuciones de USAID y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) por 5 y 44 millones de dólares respectivamente.

En abril de 2014, el gobierno de Guatemala recibió mas dinero al firmar el acuerdo de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad socia implementadora del FCPF. Con el acuerdo el país centroamericano recibió 250 millones de dólares adicionales.

El mismo boletín del WRM resalta que Guatemala fue uno de los primeros laboratorios experimentales para la ejecución de proyectos de PSA. “En 1988, la empresa de energía noteramericana Applied Energy Services firmó un contrato con la ONG CARE para ejecutar el primer proyecto forestal en el mundo financiado explícitamente para compensar las emisiones de GEI, las cuales compensarían las emisiones producto de la construcción de una central carbonífera para la generación de 183 megawattss en Connecticut, EEUU al invertir en 12 hectáreas de plantaciones de eucaliptos y pinos en el Altiplano guatemalteco. El programa fue un fracaso el cual contribuyó a aumentar las emisiones de GEI de EEUU.

Transformaciones

En Guatemala, la promulgación del decreto 4-89 representó el inicio de las modificaciones del marco jurídico local que hoy cobijan la implementación de la estrategia REDD+ en la RBM, legitimada a través de la Ley de Cambio Climático.

En dicha norma se establece que el CONAP, el Instituto Nacional de Bosques (INAB), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) serán las instituciones encargadas de velar “por la promoción de los servicios ambientales que reduzcan las emisiones de GEI y la conservación de los ecosistemas forestales”. A su vez, la ley establece que el MARN gestionará los mercados de carbono para lo cual deberá crear la unidad de Registro de Proyectos de Remoción o Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, cuya tarea será monitorear proyectos REDD+. Dicha ley es producto de años de asesoría por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Rainforest Alliance quienes identificaron y llenaron los vacíos legales para facilitar la ejecución de REDD+.

Para 2009, el Estado Guatemalteco oficializó la Unidad Técnica de Cambio Climático del MARN para liderar el desarrollo de la estrategia nacional para la reducción de la deforestación, que incluye REDD como uno de sus mecanismos. Sin embargo, el marco jurídico para la realización de los PSA se ha transformado y perfeccionando a partir de la promulgación en 1999 de la Ley Forestal mediante la cual se promovieron incentivos económicos para proyectos de reforestación y manejo de los bosques.

Plantaciones de palma aceitera de la empresa NAISA en el sur de Sayaxché. A pesar de la devastación causada por los monocultivos de palma, Rainforest Alliance y el INAB ejecutan un programa de incentivos forestales en dichos territorios.

El documento Impulsando REDD-plus elaborado por The Forest Dialogue (comité de expertos de la Universidad de Yale), destaca entre las reformas al marco legal guatemalteco el realizado en 2010 mediante la creación de la Ley del Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP) dirigido por el INAB.

Dicho programa ofreció otorgar incentivos aunque los poseedores no contaran con título de propiedad. Los recursos de aproximadamente 40 millones de dólares anuales fueron canalizados a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, cuyo origen data de la Cumbre de la Tierra de 1992, en alianza con la cooperación europea y del Banco Mundial.

A la par, el INAB gestiona el programa PINFOR el cual está disponible para las áreas protegidas y que para el año de 2017 estableció más de 1 millón de hectáreas para plantaciones forestales, bosques gestionados para la protección y producción. Actualmente PINFOR continua operando mediante trabajo de ONGs como Rainforest Alliance quien incluso certifica predios con palma aceitera en el sur del Petén.

“La experiencia en Guatemala muestra cómo interactúan los procesos nacionales con los de mercado. Puesto que los proyectos piloto implementados por la sociedad civil pueden optar por trabajar principalmente con los mercados voluntarios, existe una considerable presión sobre el Gobierno para desarrollar una estrategia nacional y establecer niveles de referencia subnacionales, para evitar la “fuga” de esa reducción de emisiones a otros países”, cita el informe elaborado por The Forest Dialogue.

Aunado a ello, el marco operativo de CONAP posibilita transferir las responsabilidades del manejo de áreas protegidas a actores privados, además de permitir mecanismos financieros como el establecido por el Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales, producto del canje de deuda por naturaleza entre los gobiernos de Guatemala y los Estados Unidos. Este acuerdo de 2006 por un monto de 4.9 millones de dólares para un periodo de 10 años fue gestionado a través de The Nature Conservacy y Conservation International, y representa financiamiento vital para la ejecución de proyectos del CONAP para cuatro regiones prioritaras de Guatemala: Reserva de la Biosfera Maya, Cadena Volcánica del Altiplano Occidental, Región Cuchumatanes, Sistema Motagua Polochic y la Costa del Caribe.

Ubicación de proyectos REDD+ en Guatemala

Actualmente Guatemala ejecuta tres proyectos piloto de REDD+. Sin embargo, Impulsando REDD-plus subraya como una desventaja el que dichos proyectos no son representativos de la situación nacional. Dichos programas elaborados y ejecutados en coordinación con ONGs son:

1) Proyecto GuateCarbon de concesiones forestales en la RBM, promovido por la Asociación de Comunidades Forestales del Petén y Rainforest Alliance

2) Proyecto del Parque Nacional Sierra del Lacandón, promovido por la Fundación Defensores de la Naturaleza, Oro Verde y Rainforest Alliance.

3) Proyecto del Parque Nacional Lachuá, promovido por la Fundación Lachuá y la UICN.

GuateCarbon: negociando con los bosques

El proyecto de “Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala” fue creada desde el año de 2006. Después de transitar por varias etapas, actualmente se promociona como GuateCarbon, el cual pretende, con la ayuda de Rainforest Alliance, Wildlife Conservation Society, Agexport y Acofop además del financiamiento de la USAID y BID, iniciar la comercialización de bonos de carbono por 30 años.

Territorio del norte del Petén destinado a la implementación de proyectos REDD+. Fuente:: Documento de diseño del proyecto GuateCarbon

Con ello se pretende comercializar los permisos de contaminación generados en 721 mil hectáreas de la zona de usos múltiples de la RBM, área donde además de las concesiones forestales comunitarias e industriales, están asentadas las comunidades de Estrella del Norte, El Reloj, El Sacrificio y El Jaguar que al igual que la desalojada Laguna Larga, son consideradas ilegales.

GuateCarbon forma parte del Plan de Acción Nacional contra el Cambio Climático redactado por Guatemala en 2015 con la asesoría de consultores del BID y ratificado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia en noviembre de 2016, mediante el cual se crean las condiciones para el aprovechamiento del carbono forestal a partir de un marco legal y técnico adecuado para acceder a mercados internacionales.

Mediante el millonario plan para reducir la contaminación, Guatemala se comprometió a reducir 12 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), de las cuales GuateCarbon “absorberá” más de la mitad a través de disponibilizar 1,2 millones de créditos de carbono.

Durante el mes de julio de 2017, un mes después de destruida la comunidad de Laguna Larga, cada crédito de carbono emitido por GuateCarbon se valuaba en poco más de 3 dólares con lo cual funcionarios del proyecto calculaban recibir 3.84 millones de dólares.“Nosotros esperamos que el cliente no sólo vea carbono, sino también vea biodiversidad, desarrollo comunitario, cobertura boscosa. El año pasado, hubo créditos que llegaron a pagarse en US$17 cada uno”, anunciaban operadores del proyecto para la prensa guatemalteca.

Para el periodo de 30 años en que se ejecutará GuateCarbon, entre el 30 de enero de 2012 hasta 29 de enero de 2042, existe un cálculo para emitir 38 millones de créditos de carbono, con lo cual se pretende obtener más de 122 millones de dólares por la venta de los permisos de contaminación a empresas de todo el mundo.

Sin embargo aún resta consensuar los derechos de tenencia relacionados con quién recibe los ingresos por la venta de carbono. “¿Qué beneficios obtendrán las comunidades si no es el dinero directo por sus acciones REDD+? Si se dan pagos por servicios ambientales, ¿Quién va a recibir la plata? ¿Es el gobierno o son las comunidades? Las concesiones forestales tienen un contrato de concesión y no son dueños. Quien recibe la plata debería ser el dueño pero las concesiones no están de acuerdo”, reflexiona Rosa María Chan, ex funcionaria gubernamental quien destaca el punto polémico entre el Estado y las concesiones forestales que aún no está resuelto.

Área conservada por habitantes de Nueva Jerusalem II en la Sierra Lacandón.

“Nos dicen que el dinero viene también de Alemania, de diferentes países viene un fondo destinado para que se cuiden y se protejan estas áreas. Pero ese dinero legalmente no llega a las comunidades donde tendría que llegar. Ese dinero no llega, eso se queda en las oficinas de estas instituciones que están encargadas y de ahí no pasan”, reclama Ignacio, campesino de la comunidad de Nueva Jerusalem II en el PNSL, quien ha denunciado la invitación por parte de la Fundación Defensores de la Naturaleza para que los comunitarios de dicha región participen en los proyectos REDD+.

“Ellos nos vinieron a proponer un incentivo y era una bonita cantidad. Nos dijeron que nos daban dinero pero teníamos que firmar un documento. Son bien astutos, nos dicen que con este dinero podemos construir una escuela, un salón. Pero el dinero, al recibirlo, nos condiciona a ya no poder tener derecho de hacer uso de este hermoso bosque que nosotros lo queremos comunitario”, comparte Ignacio quien junto a su comunidad protege el bosque y cuerpos de agua circundantes sin ningún pago de por medio.

La propuesta alternativa y la cerrazón gubernamental

Evento de presentación de la Propuesta Alternativa de las comunidades del norte del Petén para su permanencia en el territorio.

Decenas de campesinos se dieron cita el 26 de septiembre del año 2016 en el Congreso de Guatemala para presentar la Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible, enfocada en solucionar la permanencia de 40 comunidades ubicadas en el PNLT y PNSL, ambos frontera con México.

Dentro de un salón atestado con medios locales e internacionales, la pasarela de funcionarios del gobierno, entre ellos altos mandos militares, mostraron una actitud amable, muy distinta al trato habitual frente a los campesinos para quienes este momento representaba el final de un proceso iniciado desde 2008 y el comienzo de una nueva etapa en su lucha por el reconocimiento de sus comunidades en la Reserva de la Biosfera Maya.

Entre las principales demandas al Estado de Guatemala concentradas en el documento, destaca el reconocer, asegurar y garantizar la permanencia perpetua de las comunidades en Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre como Comunidades Multiculturales (basado en las parcelas actuales en posesión por las comunidades) además del compromiso de respetar todos sus derechos garantizados plenamente en leyes nacionales e internacionales.

Además, las comunidades exigen el reasentamiento y la reparación de daños a las comunidades y familias desplazadas de Centro Uno, Macabilero, Pollo Solo y Centro Campesino en Sierra del Lacandón, y de El Vergelito y 47 familias de La Mestiza en Laguna del Tigre.

La reivindicación más importante de las comunidades es que se les otorgue títulos de propiedad colectivos que les garanticen la permanencia perpetua en las áreas protegidas. Desde su perspectiva, la titularidad colectiva permitirá colocar un candado a la venta individual de las tierras para evitar el acaparamiento de grandes extensiones por actores e industrias con poder económico y político.

¿Cooperación?

En 1997, el CONAP intentó regular la presencia humana en el área de la RBM. Así, en alianza con la Fundación Defensores de la Naturaleza, crearon los Acuerdos de Intención y Cooperación los cuales las comunidades denuncian no están mediados por procesos de diálogo y se dan de manera unilateral.

“No están adaptados a la situación que viven las comunidades, ya que, tanto en su contenido como su utilización por el CONAP, niegan los derechos fundamentales y profundizan la situación de vulnerabilidad de los habitantes de las áreas protegidas. La desigualdad de condiciones de firma es clara y lleva a la instauración de un contrato unilateral impuesto por el Estado a las comunidades. Las autoridades del Estado y las municipalidades no reconocen la organización comunitaria, sus autoridades locales, manipulando y difamando a su interés a los líderes, lo cual no permite una consulta previa en caso de instalación de megaproyectos en las zonas que les afectan (empresa petrolera PERENCO, monocultivos de palma africana y proyecto turístico El Mirador, etc.)”, enfatiza una denuncia de abogados y comunitarios.

60 mil personas viven bajo la amenaza latente del desplazamiento forzado, política del Estado guatemalteco para lidiar con el conflicto agrario en el norte del Petén

En la realidad, ninguna comunidad que haya firmado un Acuerdo de Cooperación tiene asegurada su permanencia pues acorde a CONAP “no implican figura de posesión, arrendamiento o concesión”. Esta fue la situación de las comunidades de San Miguel, Centro Uno y El Limón que a pesar de tener acuerdos de cooperación y concesiones forestales fueron desplazadas de sus tierras que ahora son puestos de control del ejército y el CONAP.

Dichos acuerdos se enmarcan en la política de Asentamientos Humanos, cuyo concepto es utilizado para referirse a las comunidades por medio de una representación que las confina a vivir en condiciones precarias, o bien a ser desalojadas sin que las instituciones del Estado tengan la obligación de reubicarlas. “Yo participé en 2004 de la elaboración de las políticas de Asentamientos Humanos; tratamos de armonizar las actividades y bajo qué condiciones podrían permanecer las comunidades, pero de nada sirvió aprobar ese trabajo porque pasaron 10 años y el Estado de Guatemala permaneció omiso, por lo que actualmente vivimos una nueva crisis”, reflexiona Laura Hurtado.

“Los acuerdos del CONAP con las comunidades sólo benefician al Estado. Cualquier violación de ese tipo de acuerdos de parte de las comunidades es un riesgo de expulsión; las comunidades campesinas no pueden cultivar, no pueden tener ganado, por lo tanto se les está quitando los medios de sobrevivencia” comparte Luis Solano, investigador guatemalteco quien ha enfocado su área de estudio durante décadas en el Petén.

De acuerdo a comunicados elaborados por defensores de derechos humanos y las organizaciones comunitarias del Petén, “un acuerdo justo entre el CONAP y las comunidades tendría tres objetivos: Primero, ser legítimo para las personas involucradas; por eso será firmado después de una real consulta, con el fin de incluir las necesidades y reivindicaciones de nuestras comunidades. Segundo, el acuerdo deberá expresar un equilibrio sobre los intereses del Estado y nuestras comunidades; al contrario de la desigualdad de armas que prevalece en los Acuerdos de Cooperación, se buscarán puntos de concordancia que serán ventajosos para las dos partes. Por fin, el acuerdo llevará a una certeza jurídica sobre la tierra con el objetivo de protección y recuperación del medio ambiente, siendo nuestras comunidades aliadas en esta recuperación al contrario de ser estigmatizadas”.

El 4 de noviembre de 2016, la Comisión Presidencial de Diálogo instaló oficialmente la Mesa de Alto Nivel entre el Estado de Guatemala y las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón. Sin embargo, el gobierno ha continuado con la política para acelerar los desalojos de las comunidades mediante procesos jurídicos encauzados por el Ministerio Público y el CONAP, con lo cual contradice la postura oficial de buscar una solución pacífica al conflicto agrario.

A partir de la entrega de la propuesta alternativa se realizaron una decena de reuniones con el objeto de consensuar las reglas para regir la mesa de diálogo, las cuales quedarían consensuadas y establecidas en un acuerdo marco firmado por la parte comunitaria y la parte estatal.

Comunidades demandan la posesión colectiva de sus territorios en el norte del Petén.

Para los portavoces del movimiento campesino la propuesta alternativa era sólo un punto de inicio, el “cual fracasó porque el gobierno no tuvo la capacidad, ni la voluntad de seguir con el proceso de diálogo. En cambio, aumentó la criminalización hacia las comunidades. El gobierno continuó difundiendo sin argumentos las acusaciones que somos terroristas, narcotraficantes”, refieren voceros de las comunidades organizadas contactadas por Avispa Midia tras la protesta de comunitarios para el retorno de la comunidad de Laguna Larga.

De acuerdo a un comunicado de los comunitarios, el 21 marzo de 2017 tuvo lugar una de las últimas reuniones en la cual constataron la falta de voluntad política por parte del Estado de Guatemala. Un día después, el 22 de marzo, personal del Ejército de Guatemala, DIPRONA y CONAP ingresaron al área de trabajo de la comunidad de La Mestiza en el PNLT con la intención de capturar a los campesinos presentes. “Los agentes de seguridad manifestaron que se encontraban en ese lugar para brindarle seguridad al señor Roan Balas (director de Wildlife Conservation Society en Guatemala), de nacionalidad norteamericana, quien se encontraba en el lugar de los hechos y manifiesta ser el propietario de esas áreas”, denunciaron medios guatemaltecos.

“De ahí para adelante se vino el desalojo de Laguna Larga que el Estado ejecutó y ahí se rompió lo que llamamos la buena fe de la negociación. Ellos nos siguieron convocando pero era una estrategia para desgastarnos porque realmente los funcionarios nunca discutieron nuestras propuestas en las mesas que se dieron”, enfatizan los comunitarios.

Agresiones contra comunitarios en marzo del año 2017. Foto: Prensa Comunitaria

“Nuestra propuesta está dentro del marco legal y en exigencia de nuestros derechos; está fundamentada en el tema de derechos humanos, en el tema ambiental y en la constitución política de nuestro país y en los tratados internacionales. El silencio del gobierno para nosotros es una evidencia más para ahora sí darle seguimiento a una demanda contra el Estado guatemalteco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, denunciaron organizaciones comunitarias como respuesta a la postura oficial que ha bloqueado el diálogo con el paso de los meses.

En agosto del año 2017 la CIDH realizó una visita al campamento de desplazados de Laguna Larga y en septiembre emitió medidas cautelares sobre los derechos a la vida e integridad de la población desalojada.

No obstante las recomendaciones, el gobierno de Guatemala ha sido denunciado constantemente por evadir cumplir con sus obligaciones legales siendo que realiza visitas al campamento entre la línea fronteriza con México sin acompañamiento de personal médico, en la cual sus funcionarios asisten sin propuesta alguna. Incluso señalamientos indican que el Fondo de Tierras hace firmar a los desplazados solicitudes individuales de tierras pese a que la exigencia es el retorno colectivo.

“El Estado no está cumpliendo nada de nada de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a todos los habitantes de Laguna Larga quienes sobreviven debido al apoyo de los mismos comunitarios y organizaciones de derechos humanos de México y centroamericanas”, indicaron portavoces del movimiento campesino quienes solicitaron anonimato para evitar represalias.

No obstante el obstáculo al diálogo que representa el Estado de Guatemala, la representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala intenta realizar una intermediación en el conflicto. PNUD también financia proyectos de conservación mediante PSA en todo el país centroamericano.

“El 27 de junio de 2018, fuimos convocados para encontrarnos con la representación del PNUD en la capital. Anteriormente les hemos solicitado información y les preguntamos si ellos están financiando los proyectos de carbono en el Petén. Las naciones unidas también se sentaron con las instituciones del Estado en reunión para discutir modificaciones a los protocolos sobre los estándares internacionales a los cuales Guatemala se compromete para cumplir en el tema de los desalojos”.

Dicha estrategia forma parte de las inversiones realizadas por el PNUD para fortalecer la institucionalidad de diálogo y gestión de confictos socioambientales en América Latina, parte de las acciones para consolidar las salvaguardas (medidas para anticipar, minimizar, mitigar o tratar de otro modo los impactos adversos asociados a una actividad dada) que permitirían la ejecución de mas proyectos REDD+ en Guatemala.

“Es necesario respaldar, apoyar el funcionamiento de la institucionalidad con mecanismos de diálogo alternativos, con estrategias basadas en el monitoreo, prevención y análisis de problemas complejos de modo que las partes puedan irse poniendo de acuerdo con las demandas planeadas, con las obligaciones del estado y los compromisos que tienen que asumir las empresas”, expresó Rolando Luque, ex jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de Perú, quien participa de los talleres junto a funcionarios de diversos gobiernos centroamericanos enmarcados en las políticas para la conservación de las Naciones Unidas.

“Nosotros les hicimos una petición sencilla al PNUD, de que en la reunión con el Estado no se puede hacer nada detrás contra las comunidades. Si están armando un protocolo pedimos participación porque tienen la obligación de informarnos qué es lo que están haciendo”, reclamaron organizaciones comunitarias tras los eventos recientes.

Debido a la prohibición al ingreso de materiales de construcción, cientos de viviendas se encuentran en condiciones precarias.

“Nuestra resistencia es contra la finca, las instituciones ambientalistas y las transnacionales que despojan la vida”, recuerda Rocío palabra por palabra aquella frase escuchada durante su trabajo en el departamento de Izabal, otra región con planes de mercantilización de la naturaleza en ejecución.

“Porque para los campesinos despojan exactamente igual, los dejan sin sus medios de vida e intentan suprimir sus prácticas organizativas y de relación con la naturaleza; por ello todas estos proyectos los entienden como otra forma de despojo”, añade la antropóloga guatemalteca.

“Yo estoy de acuerdo con la conservación pero con reconocimiento de los derechos de las comunidades y la posibilidad de su desarrollo”, afirma Laura Hurtado, directora de Action Aid Guatemala, quien según estudios de su organización “las áreas más conservadas es donde hay presencia de comunidades, y sobretodo de comunidades indígenas. Aquí la vía por la cual se ha impulsado la conservación ha sido completamente equivocada e inefectiva. Y siguen en conflicto con las comunidades y sin hacer un alto a todos esos tráficos ilícitos qué son los que depredan”, reflexiona la investigadora.

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Aldo Santiago

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