En portada: Grupos armados incendiaron vehículos para bloquear vías carreteras durante enfrentamientos registrados el jueves 25 de mayo en la frontera sur de México con Guatemala.
Este jueves (25), en la zona sur de Chiapas, región fronteriza entre México y Guatemala, se registraron enfrenamientos entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante todo el día circularon audios para alertar a la población de los sucesos violentos. También se registraron la aparición de mantas y pintas que dejaron los grupos del crimen organizado. Destacan los testimonios de habitantes de la región, quienes reportan que personas armadas han entrado en las viviendas para obligar a los hombres jóvenes a participar en los enfrentamientos, bajo la amenaza de ser asesinados.
Reportan también que comunidades enteras se quedaron incomunicadas por bloqueos de carreteras y caminos, quema de vehículos, suspensión de clases y cortes de luz eléctrica.
El área de conflicto se extiende por una franja que abarca localidades como Pacayalito, salida hacia el municipio de Motozintla, así como en el ejido Tres Maravillas, más al interior de México, con dirección a Chicomuselo.
El ejido Nueva Morelia, en Chicomuselo, ya estaba controlado por hombres armados desde el sábado 20 de mayo, como reportan habitantes de la localidad, por el grupo paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Al mismo tiempo, las entradas y salidas del pueblo estaban bloqueadas por integrantes de esta agrupación.
Tanto es así que el mismo jueves, 25 de mayo, Milton Morales Zunun, del Movimiento Social por la Tierra (MST) fue desaparecido en una de las salidas de Chicomuselo por sujetos que pertenecen a MAIZ. “Lo bajaron de su camioneta, iba rumbo Tuxtla Gutiérrez para ver a su hija”, asegura el movimiento. El defensor fue encontrado con vida horas después.
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El motivo del control del grupo paramilitar es la actividad minera. El municipio de Chicomuselo está asentado sobre una gran reserva de barita. La minera canadiense Blackfire Exploration explotó una de las diez concesiones hoy vigentes en Chicomuselo, la mina La Ampliación La Revancha, hasta 2009, ubicada en el ejido Grecia, al lado del ejido Nueva Morelia.
Blackfire Exploration, según la Tarjeta Minera de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, todavía mantiene el título de concesión de esta mina. De acuerdo con el mismo documento, el título de la concesión original estaba en nombre de Tristán Canales Reyna y la cesión de derecho fue otorgada a la minera canadiense en 2007.
Blackfire, cuenta Juan José, un habitante de Nueva Morelia, que no será identificado con su nombre verdadero por cuestiones de seguridad, había pedido permiso al ejido para guardar el material que sacaba en el ejido Grecia. Este local es conocido como “La Plataforma”. Después que la minera dejó el territorio, en 2009, parte de este material permaneció clausurado.
Juan cuenta que anteriormente se han presentado trabajadores de algunas empresas con el objetivo de sacar el material. “Se iban porque les decíamos que no. La asamblea de la comunidad sacaba actas que se establecía que no se sacaría el material y se respetaba”, cuenta.
Pero esta vez fue diferente. Hombres armados se presentaron, por primera vez, el 17 de mayo, a las autoridades ejidales. “No se presentaron pidiendo permiso, como otros habían hecho antes, sino que ahora dijeron: <entramos porque entramos, si se meten con nosotros pues ya saben lo que les va a pasar>”.
Dos días después, el 19 de mayo, se convocó una asamblea de la comunidad. Ya terminada la reunión, los hombres armados se presentaron nuevamente, haciendo nuevas amenazas. “Dijeron: todo va a estar en paz; si se meten ya van a ver, ya van a saber lo que va a pasar, no queremos ningún luchador social, nadie, ni la Iglesia ni nada que se meta con nosotros”, relató Juan.
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Avisaron que iban a empezar a sacar el material a partir del sábado, 20 de mayo, y que tardarían entre 8 y 10 días. “Empezaron a saquear, a acarrear hasta de noche, vino mucha gente, con carros, tráilers, máquinas. El ejido está vulnerable, hay niños, mujeres, ancianos. No podemos hacer más nada”, señala, mientras todo el ejido estaba bloqueado.
Hace ocho meses aproximadamente, recuerda Juan, empezaron enfrentamientos en Paso Hondo, en Chamic, entre Comitán hacia Comalapa. “Ya no podía viajar la gente, empezaron a revisar los carros y empezaron a tomar comunidades. Se pusieron a cobrar como un impuesto y les ponía un logotipo. Por ejemplo, un restaurante tenía logotipo del MAIZ, porque ofrecían protección. El que no tenía logotipo, llegaban y amenazaban. Estaban pues aprovechando, saqueando todo lo que hay, aprovechando las mineras también”, cuenta José.
Agustín Ávila Romero, encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), quien ha acompañado y emitido notas de apoyo a la comunidad, reconoce que lo que está ocurriendo es el control territorial del narcotráfico. Ya lo había hecho, como describió José, “en Frontera Comalapa y se extendía hacia Chicomuselo, con la amenaza a los compañeros, sobre todo, con la utilización de un grupo paramilitar, que se mete a lo que es la explotación minera”, dijo Romero.
Ahora, con el enfrentamiento de ayer, “gira (la situación) porque entra en acción el otro cartel (Jalisco Nueva Generación) y entonces tristemente son los más vulnerables los que están ya sufriendo en estos momentos, porque están viviendo el desplazamiento de personas, toda una política de miedo y terror”, sostiene Ávila Romero.
¿El Estado?
En un oficio firmado por Romero direccionado a Daniel Nájera Piedra, Secretario Particular de la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 18 de mayo, se solicita la “inmediata intervención de las instituciones correspondientes de impartir justicia para activar protocolos de protección para las personas defensoras, así como el resguardo inmediato por parte de la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad del estado y municipio, para salvaguardar y proteger a las personas quienes están siendo directamente amenazadas, así como para quienes han sido hostigados por dicho grupo”.
En el oficio se denuncia que “las comunidades del municipio se encuentran en un contexto de conflictividad social y violencia, el cual es generado por grupos del crimen organizado, quienes además, han estado directamente vinculados a las empresas dedicadas a la extracción minera”.
La CNDH respondió que otorgaría las medidas cautelares, sin embargo, reconoce Romero, “hasta ahorita (25 de mayo por la noche) no ha llegado el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni las fuerzas de seguridad estatales a la zona”.
De acuerdo con Elisa Cruz Rodas, especialista en manejo de conflictos socioambientales, la región fronteriza de Chiapas “es tierra de nadie; estas personas llegan a la comunidad y dicen: mi empresa no tiene nombre, yo me valgo por mis propias pistolas; el papel del gobierno sería apegarse al Estado de Derecho y hacer cumplir las leyes”.
Juan señala que ya hace meses que “ellos (grupos armados) hacen lo que quieren, tienen el control del municipio; entran y sale de los pueblos, pasan enfrente al cuartel de la Sedena (Secretaria de Defensa Nacional) y no les dicen nada”.
En un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG) y el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur exigen que “el Estado mexicano y las autoridades correspondientes intervengan de manera urgente para frenar la violencia y el terror que se viven en la Región Frontera de Chiapas”.
¿Quién compra?
La actividad minera deja mayor cantidad de ganancia económica que la misma actividad de las drogas a los grupos delincuenciales, señala Romero. “Lo increíble es todo el sistema de opacidad, de corrupción que permite esto, porque no solamente es el hecho de que lleguen unos grupos armados a amenazar a una mesa directiva de un ejido y exigiéndoles el derecho de paso para hacer la explotación minera, sino es el hecho de que esa mina finalmente va a extraer un material y ¿cómo se comercializa eso en el mercado?”.
Existe, según el funcionario del gobierno federal, toda una cadena de valor alrededor de la minería que pasa por diferentes etapas que deberían tener el control del Estado. “Desde los transportes que se están utilizando hasta su llegada a la aduana, probablemente para la exportación y transformación en otros países”.
Además, desde el ejido Grecia hasta Tuxtla Gutiérrez o hasta Puerto Madero, “o donde se esté comercializando (el material), pues, hay cientos de kilómetros que atraviesan diferentes controles federales o estatales en materia de seguridad; (…) está haciéndose de manera ilegal todo el proceso de comercialización de estos minerales”, señala.
“Entonces esto es algo que se ha dejado crecer y que al final pues lo que está dando es un control territorial a los grupos delincuenciales sin una presencia importante que debería tener el Estado mexicano”.
Blackfire no se olvida
La mina conocida como Ampliación La Revancha, ubicada en el kilómetro 45 del tramo Chicomuselo-Barrio San Ramón, en el ejido Grecia, fue clausurada el 7 de diciembre de 2009 por incumplir normas ambientales del estado.
En el resolutivo del expediente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Delegación Chiapas, de junio de 2010, revisado para este reportaje, consta:
“en el lugar donde se realiza el proyecto mina Ampliación La Revancha, se encontró afectación de 3.5 hectáreas de vegetación de encino que no corresponde a la autorizada en el resolutivo de impacto ambiental, implementándose como medida de seguridad la clausura temporal total de las actividades de extracción”.
Sin embargo, la Red Mexicana de Afectados por la Minera (REMA) nombró como “simulación como política de Estado”, a los sucesos que se llevaron a cabo después de la clausura temporal.
Incluso, Blackfire Exploration amenazó con presentar una demanda contra México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por un monto de 800 millones de dólares. Sin embargo, no presentó la demanda.
Aquí hacemos un recuento de los sucesos a partir de un comunicado publicado por la REMA-Chiapas, en septiembre de 2010.
El 15 de enero de 2009, el Encargado de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Chiapas presenta denuncia popular por violaciones a la normatividad ambiental, en relación al cambio de uso del suelo de terrenos forestales dada la explotación minera de la Blackfire Exploration.
El 26 de enero de 2009, la Delegación de la Profepa, en Chiapas, admite la denuncia pública, abriendo el expediente PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09.
El mismo 26 de enero, el defensor del territorio Mariano Abarca Roblero, junto con otras personas, presentó denuncia popular contra la explotación de la mina hecha por Blackfire Exploration, dadas las irregularidades ambientales.
El 5 de febrero de 2009, la Delegación de la Profepa, en Chiapas, acepta la denuncia popular, presentada por Mariano Abarca Robledo y otros, por la contaminación al ambiente generadas por la explotación de la mina explotada por Blackfire Exploration, abriéndose el expediente PFPA/14.7/2C.28.1/0005-09.
El 6 de noviembre de 2009, se presenta denuncia popular por las comunidades Nuevo Morelia, La Lucha, San Francisco Las Palmas y otras, del Municipio de Chicomuselo, Chiapas, contra la explotación minera de la BlackFire Exploration. Fue recibida por la Delegación de la Profepa, acordando su acumulación a la denuncia presentada por la Delegación de Semarnat (expediente PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09).
REMA, en la época, hace el cuestionamiento: ¿Que hizo la delegación Profepa durante nueve meses entre el 15 de enero, primera denuncia, y el 26 de noviembre del 2009, un día antes del asesinato de Mariano Abarca? Y contesta: “Nada. Encubrió a la minera canadiense Black Fire y nunca fue a verificar las violaciones denunciadas, sino hasta después del asesinato”.
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En los primeros días de 2009, integró el expediente PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09, resultado de la denuncia de la Semarnat, y envió inspectores y dictaminó la clausura temporal total de la mina, “por las graves irregularidades encontradas”.
Pese a que los “inspectores verificaron irregularidades que constan en el expediente (PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09), lo más inaudito fue que Profepa emite un acuerdo, declarando que no existe irregularidad alguna por parte de la compañía Blackfire. Es decir, que toda la afectación encontradas y documentada por los propios Inspectores de la Profepa —a través de Actas, existentes en el expediente—, la delegación de la Profepa, las ignoró por decir lo menos”, señala REMA.
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Para que la decisión “no fuera descaradamente evidente”, la Profepa sancionó a la Blackfire Exploration. En el punto sexto del mismo Acuerdo, “impone una multa de $261,443.00 pesos por el derribamiento de árboles en el camino de colindancia entre los ejidos Grecia y Nueva Morelia, “cantidad que seguramente no representó ningún menoscabo en el patrimonio de la empresa, mucho menos le significó cambiar seriamente su política extractiva”.
“Sólo clausuraron temporalmente la mina como distracción, solapamiento e impunidad, y con el fin de hacer creer que efectivamente se atendió la denuncia popular, cuando en realidad, las resoluciones emitidas, tienen la intención de eximir de toda responsabilidad a la Compañía canadiense Blackfire”, sostiene REMA.
A la denuncia presentada por Mariano Abarca, “nunca se dio seguimiento”.
“La indignación, sigue guiando nuestra exigencia de castigo a los autores materiales e intelectuales de este asesinato, así como de los funcionarios gubernamentales que, por actuación u omisión, permitieron que, no obstante haber recibido denuncias populares por las graves violaciones a la normatividad ambiental de parte de la Compañía canadiense Blackfire, no actuaran conforme a sus atribuciones. De haberlo hecho, nuestro compañero Mariano Abarca Robledo estaría con vida”, finalizó REMA en su comunicado.
