El denominado “proceso de paz” entre el Estado colombiano encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) llevaron a la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de Noviembre de 2016.
El acuerdo final planea principalmente la transformación estructural del campo a través de una “Reforma Rural Integral”, la apertura democrática, el cese al fuego y la entrega de las armas de las FARC-EP, la lucha contra las organizaciones criminales, el fin de la producción de drogas ilícitas y la implementación de un sistema de verdad y justicia.
En la realidad, desde la firma del acuerdo la violencia se ha disparado en el país.
Aumentan asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados
Según un informe difundido por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), un total de 837 personas han sido asesinadas en Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. Entre ellas asesinaron a 702 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, además de 135 ex-guerrilleros de las FARC – EP quienes se encontraban en proceso de reincorporación.
De las 702 personas, líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, 132 han sido asesinadas en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta el 20 de Mayo del 2019.
Además, numerosos líderes sociales han emitido alertas por encontrarse bajo amenazas de muertes por grupos de sicarios, mercenarios y paramilitares.
La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció en Junio del 2019 que los líderes indígenas y afrodescendientes son quienes encabezan la lista de víctimas de violencia.
Por otro lado, sigue aumentando el número de desplazados internos, siendo Colombia uno de los países con mayores desplazados en el mundo. En los últimos meses, las regiones más afectadas han sido el sur de Chocó y el sur del departamento de Córdoba.
En Chocó, la comunidad indígena de Pichimá Quebrada quedó atrapada en medio de un enfrentamiento, generando el desplazamiento de más de 400 personas el 2 de junio pasado. En Córdoba, la Defensoría del Pueblo de Colombia reportó en mayo el desplazamiento de más de 3,000 campesinos e indígenas, de los cuales 181 son niños y adolescentes, en los municipios de Puerto Libertador y Antioquia.
Según el organismo internacional, entre el 1 de Enero y el 21 de Abril del 2019, se han registrado al menos doce eventos de desplazamientos forzados en esta región. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los desplazamientos masivos de familias campesinas se han producido por amenazas de grupos criminales en la región.
Responsabilidad del Estado
A pesar de las cifras, el actual presidente Iván Duque afirmó tras una reunión con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU del proceso de paz, que el doloroso problema del asesinato de líderes sociales ha disminuido durante su gobierno debido a las medidas tomadas para garantizar la seguridad de estas personas.
“Celebro que los estudios que ha hecho la Fiscalía, a través del doctor Daniel Mejía, muestran que en efecto hay una tendencia decreciente frente a este fenómeno, pero no obstante no podemos quedarnos tranquilos con esos hallazgos, tenemos que llevar esa cifra a cero, como debería ser con los homicidios de cualquier colombiano”, dijo.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, tiene otro punto de vista. Según ella, la respuesta del Estado colombiano a sido “exigua” respeto a la protección de los defensores de Derechos Humanos. “El gobierno de Iván Duque, pese a su retórica y las promesas, no tiene como una de sus prioridades la disminución de estos homicidios”, afirma Guevara.
En una carta intitulada “Repudio internacional ante crímenes de lesa humanidad en Colombia / Solidaridad con víctimas y llamado internacional”, numerosas personalidades defensoras de derechos humanos, entre ellas, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Madres de la Plaza de Mayo de la línea fundadora en Argentina, junto con más de setenta organizaciones sociales nacionales e internacionales han señalado:
“Denunciamos categóricamente, que en Colombia no existe Paz social, que hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del Estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios. (...) Estos crímenes de lesa humanidad involucran asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de poblaciones, torturas, violaciones y violencia sexual de mujeres, persecución por motivos políticos y raciales, desaparición forzada de personas. Es urgente que la comunidad internacional defensora de derechos humanos y democrática, reaccione con urgencia ante estos hechos”.
La guerra contra la tierra y contra el pueblo no ha terminado
Para Manuel Rozental, médico, comunicador, y analista político que ha trabajado durante casi una década desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN), el proceso de paz oculta otra guerra que se está llevando a cabo en el país: una guerra contra la tierra y contra el pueblo.
“La guerra contra las FARC puede haber terminado pero la guerra contra la madre tierra y contra la gente de Colombia no ha terminado, de hecho está aumentando”, declara en una entrevista para Real News Network.
Como lo explica Rozental, esta guerra está directamente vinculada con los grandes intereses económicos de empresas extractivistas que busca explotar los recursos naturales que se encuentran a lo largo y ancho del territorio colombiano, con el apoyo del Estado y las fuerzas armadas.
“La geografía completa de Colombia ha sido cubierta por esa violencia, específicamente líderes de movimientos sociales, de organizaciones, hombres y mujeres a lo largo y ancho del país que están defendiendo los territorios y los recursos de industrias corporativas extractivas internacionales. Ahora ¿quién tiene la capacidad de apuntarle a todo el mundo en todas partes de una manera tan especifica y tan meticulosa? Una vez que las FARC han sido removidas de la imagen, la respuesta es obvia: Sólo inteligencia colombiana y las fuerzas armadas lo pueden hacer. ¿Para qué? Específicamente porque esos recursos y esos territorios son de interés para inversionistas y corporaciones transnacionales”, explica.
Participación de EEUU
El 13 de mayo del 2019, Estados Unidos, a través del director general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Mark Green, anunció en Bogotá la entrega de 160 millones de dólares a Colombia, recursos que serán destinados a la implementación del acuerdo de paz.
Green declaró a la prensa que los recursos están dirigidos a “la implementación de la paz, para promover la reconciliación, para ayudar en las comunidades rurales, mejorar la seguridad de los ciudadanos y fortalecer la protección de los derechos humanos”.
El presidente Duque explicó por su lado que los fondos se destinarán principalmente a fortalecer la presencia del Estado en zonas rurales así como al desarrollo económico rural y a la conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos denuncian que los programas financiados por la USAID – bajo nombres como “Justicia y DDHH”, “Inclusión para la Paz en Colombia”, el programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena” – no sólo han fracasado en garantizar la paz sino que se ha observado un aumento de los crímenes y violaciones a los DDHH en las regiones en las que se han implementado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.
“En Colombia, es preocupante evidenciar el nivel de intervencionismo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, más conocida como USAID y la encubierta acción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) inyectando recursos en numerosas instituciones públicas y privadas, como fundaciones, ONGs, Corporaciones, sociedades, asociaciones, organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, con el objetivo de obtener información estratégica e identificar a personas claves. Dicha información contempla ubicar o señalar zonas de intereses para industrias extractivas y energéticas, liderazgos sociales; zonas de conflictos o resistencia social, cartografías varias, medios de comunicación, memoriales históricos, “acompañamientos” a comunidades en temas de conservación, comunicación, derechos humanos, investigación, receptando numerosos informes, registros y monitoreos sobre las realidades territoriales, intervencionismo que en nada ha contribuido a la paz ni a la protección e integridad de líderes sociales”, señalan en la carta “Repudio internacional ante crímenes de lesa humanidad en Colombia / Solidaridad con víctimas y llamado internacional”.
Cabe señalar que el actuar de EEUU a través de la USAID no es nuevo en Colombia: la agencia ya ha implementado ese tipo de estrategia durante muchos años a través del financiamiento del conocido “Plan Colombia”, el cual, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ha apoyado la militarización del país, la liberalización de su economía y el despojo de territorios para la extracción de recursos naturales.
