"La verdad es que sí ya vinieron hacernos la propuesta de compra de nuestro proyecto"..
En Plan Grande, si se hubiera construido un proyecto hidroeléctrico privado habría deteriorado lo que es la parte de arriba del pueblo, donde están los bosques, las montañas, comenta Padilla. “Se habría quitado buena parte del bosque para la construcción de una presa y hubiera utilizado todo el flujo del agua. La verdad es que sí ya vinieron hacernos la propuesta de compra de nuestro proyecto. Pero nuestra lógica es otra, es utilizar el mínimo flujo necesario del agua y adaptar nuestro consumo de energía a él. Trabajamos en el sentido de proteger el bosque de arriba, nuestra fuente de agua. Sabemos que si no hay bosque, no hay agua”, dijo Padilla.
A 6 km de Plan Grande, en la comunidad de Betulia - la misma que en un primer momento también tuvo una pequeña planta de diesel - ahora existe una hidroeléctrica comercial. “El río Betulia está destruido. En tiempos anteriores era caudaloso, la gente iba hasta agarrar camarones en el río. Ahora el río está lodoso, se inunda. El banco de pesca donde iba la gente ya no existe”, dijo Reyes.
La comunidad de Betulia es parte de la aldea de Guadalupe, ubicada en el mismo municipio de Plan Grande, Santa Fe. La comunidad mantiene de forma marcada sus prácticas culturales garífunas y desde hace años ha emprendido la defensa de su territorio contra diferentes proyectos económicos, incluso contra la hidroeléctrica.
En el informe Extractivismo y Resistencia Comunitaria en Honduras, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y Jubileo Sur denuncian que los derechos culturales y territoriales de la comunidad han sido vulnerados por el proyecto hidroeléctrico Betulia, desarrollado por la empresa General Equipment Supply, cuya inversión del proyecto fue de US$ 25,000,000.00. “No solo implican el despojo de los territorios, sino que también conllevan a la discriminación, contracultura e impacto negativo contra el hábitat”, dice el informe.
Los casos de las comunidades Río Blanco, Guadalupe (Betulia) y la finca El Tumbador forman parte de un contexto general de despojo de los bienes comunes a indígenas, negros y del campesinado con el propósito de ceder estos bienes a terceras personas, ajenas a la comunidad, para que los exploten.
El Estado ha sido juez y parte: se ubica a favor de los intereses de los inversionistas, se constituye como el primer socio de estos y su conducta, lejos de proteger a las comunidades indígenas y campesinas, propicia el modelo de despojo. Esto se evidencia en el asesinato de Berta Cáceres, pues fue el mismo Estado el que persiguió a Berta Cáceres, desoyó sus denuncias y es quien tiene exclusividad para la investigación y la búsqueda de “justicia”, como fue documentado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas.
El proyecto en el Río Betulia posee el certificado Gold Standard Premium Quality, que le confiere el sello de proyecto sustentable
La comunidad de Betulia es parte de la aldea de Guadalupe, ubicada en el mismo municipio de Plan Grande, Santa Fe. La actividad del proyecto propuesta es un proyecto de campo verde. El objetivo del proyecto es la construcción de la central hidroeléctrica de Betulia, que es una pequeña central de generación de energía hidroeléctrica en la región norte de la República de Honduras, con una capacidad instalada total de 6,8 MW, con una generación anual de 22.165 GWh y un factor de planta de 63% que tiene un contrato para vender electricidad generada a la utilidad nacional, ENEE, por un periodo de 30 años.
La Gold Standard Foundation es una organización sin fines de lucro con sede en Suiza que provee certificación de créditos de carbono de calidad premium. O sea, con el certificado se prueba que el proyecto promueve la reducción de emisión de gases contaminantes y posee el derecho a créditos de carbono para comercializarlos con países que tienen metas de reducción a cumplir.
El gobierno de Honduras ha orientado sus acciones en el desarrollo, ampliación, modernización y optimización del servicio eléctrico a través de la generación de lo que consideran energía limpia. En sus informes oficiales, presume de que la energía limpia ha alcanzado un 61% de la matriz eléctrica nacional.
“El Estado dice que trae desarrollo. Y ahora el desarrollo es manejado con el discurso de la energía limpia. Le cuestionamos su tipo de desarrollo. Viéndolo bien, dentro de su lógica, a los pobres les toca el desastre”, dijo Padilla.
“Nosotros hemos llevado nuestra experiencia a otras partes. Hemos hablado. Tuvimos un evento en San Pedro Sula, donde estaban las hidroeléctricas multimillonarias, y les compartimos el ejemplo de Plan Grande. ¿Y piensas que ellos pusieron atención? No, nos valoraron. Pero bien, en Plan Grande estamos luchando para mantener algo saludable para la comunidad y para el medio ambiente”.
Bases legales para el despojo
A partir del 2010, de acuerdo con el informe Violaciones DDHH en proyectos extractivistas en Honduras, del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), se aprobaron 40 contratos a empresas privadas para la generación de energía por hidroeléctrica. Solo en territorios de los pueblos indígenas Lencas, Pech, Tawahka, Misquito, Tolupán y Garífuna se constatan 21 proyectos hidroeléctricos.
Durante el gobierno producto del Golpe de Estado en 2009 se aprobó el Decreto 233-2010 que derogó los decretos ministeriales 001-96 y 158-2009 que prohibían los proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas posibilitando que en el siguiente gobierno (2010-2013) presidido por Porfirio Lobo Sosa se aprobaran leyes que favorecieron la concesión de los ríos, la construcción de represas, la explotación minera, la exploración de hidrocarburos y la aprobación de los Regímenes Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”.
La Ley General de Aguas, reformada también durante el 2009, promueve la concesión del agua a terceros y a partir de este marco legal se conceden, en el siguiente año, los 40 contratos a empresas privadas sin que las comunidades indígenas hayan sido consultadas previamente.
Los procesos de concesionamiento y de despojo de los bienes naturales a las comunidades, sostiene el informe, se complementan con políticas represivas y basadas en la militarización de los espacios públicos. Algunos ejemplos son la Ley Contra el Terrorismo, La ley de Control de las ONG, Ley de Asociación ilícita, y la creación de la policía militar y organismos policiales de élite.
Si tienes un río no hay que venderlo. Las comunidades precisan estar consientes para cuando lleguen las hidroeléctricas multimillonarias en sus territorios. Estos proyectos son un desastre para las comunidades. Tenemos cerca de nosotros el ejemplo de la comunidad de....."Una experiencia para compartir"
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