En portada: Familiares de los defensores comunitarios se manifestaron ante la fiscalía de Chiapas por la detención arbitraria de los indígenas tzeltales. 4 de junio, 2022.
Este miércoles (17), tras un proceso marcado por irregularidades, el Poder Judicial del Estado de Chiapas declaró culpables a cinco indígenas tzeltales del municipio de San Juan Cancuc, acusados del homicidio de un policía municipal, ocurrido en mayo del 2022.
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Entre ellos se encuentra el presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la parroquia de dicho municipio en los Altos de Chiapas, Manuel Santiz Cruz, además de Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez.
“El gobierno de Chiapas una vez más actúa con toda impunidad”, criticó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), quien asegura que esta sentencia es un caso más de criminalización de los defensores del territorio en Chiapas. Privados arbitrariamente de su libertad, ahora los cinco habitantes de San Juan Cancuc enfrentan una condena de 25 años de prisión, “por un delito que no cometieron”, sostiene la organización.
Manuel Santiz Cruz, miembro del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) ha sido reconocido como crítico de las acciones del alcalde municipal, José López López, quien durante los últimos años ha permitido el ingreso y operación de elementos de la Guardia Nacional en San Juan Cancuc.
El comité de derechos humanos San Juan Evangelista, junto al Modevite, ha participado en movilizaciones para expresar su rechazo a la construcción de la Carretera de las Culturas, un megaproyecto que data del 2009 cuando el gobierno federal impulsó la llamada “súper carretera” para conectar diversos sitios turísticos entre las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Palenque.
Actualmente, la autopista forma parte del Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque, el cual pretende conectar desde la costa pacífico hasta la estación del tramo 1 del Tren Maya, en la zona norte de Chiapas.
Irregularidades
Fue el pasado 3 de mayo cuando los cinco tzeltales rindieron su declaración en el proceso penal. Aquel día reiteraron que tres de ellos fueron detenidos arbitrariamente el 29 de mayo del 2022 en San Juan Cancuc. Ese día, un operativo conjunto con elementos de la policía municipal, la Guardia Nacional y el Ejército aprehendieron a los tres indígenas para “después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados”, detalla el CDH Frayba.
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Este testimonio contrasta con lo establecido en la carpeta de investigación, donde se asegura que los tres tzeltales fueron arrestados por posesión de mariguana el 30 de mayo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Para evidenciar la falsedad de ello, familiares de los presos han impreso y compartido una foto tomada por una cámara de seguridad, la cual muestra la detención de los tres tzeltales en la cabecera de San Juan Cancuc.
Otra de las irregularidades fue la detención arbitraria de otros dos indígenas, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada, el día 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Esto ocurrió cuando realizaban una visita a sus compañeros, lo cual interpretan como represalia por haber sido testigos del operativo y de su privación arbitraria. “Ninguno de estos elementos arbitrarios fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio”, sostiene el CDH Frayba.
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En cambio, denuncia la organización que la jueza le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, “cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte aconteció en la patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc; otro hecho notorio fue que dio valor a un acta de defunción alterada”.
Acorde al centro de derechos humanos, este caso es parte de un modelo de complicidad que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con jueces y fiscalías para generar la fábrica de culpables y mantener a personas inocentes en prisión.
“Tenemos plenamente documentado la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio”, denuncia el CDH Frayba.
