Los Caracoles Zapatistas son centros para la administración de las Juntas de Buen Gobierno. En ellas también se realizan actividades culturales, deportivas y artísticas.
Desde la toma de posesión del actual gobierno federal presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, se ha intensificado la estrategia contrainsurgente en regiones donde se ubican pueblos originarios bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de acuerdo a informes de brigadas civiles de observación desplegadas en Chiapas.
Mediante el boletín publicado el 2 de mayo del 2019, el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas destacó que sólo en el mes de abril elementos del ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron 14 incursiones en los alrededores del Caracol de La Realidad en la Selva Lacandona.
Entre las acciones avistadas se registran patrullajes militares con tanquetas artilladas. En enero, a solo unos días de que en La Realidad el EZLN hiciera una fuerte crítica al gobierno de AMLO, en cuatro ocasiones militares incursionaron en la comunidad, y en otras cuatro realizaron sobrevuelos en helicóptero.
Según el informe de las brigadas civiles de observación, durante enero y febrero personal de la Sedena, vestido de civil, ha entrado a La Realidad a preguntar por las actividades del EZLN.
Leer también ⇒ De “radicales de izquierda y conservadores”, indígenas en México ahora son catalogados por gobierno como “focos rojos”
Las denuncias se incrementan
Ya el 10 de abril de 2019, durante la conmemoración de los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, el EZLN había denunciado que con el nuevo gobierno “ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar y de espías, orejas e informantes”, además de que aparecieron los sobrevuelos de aviones y helicópteros, “así como de vehículos artillados, como en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari”.
María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno leyó el texto firmado por el Subcomandante Insurgente Moisés. “Aparecen en las comunidades diciendo que viene la guerra y que sólo están esperando órdenes de ‘mero arriba’. Y algunos se hacen pasar por lo que no son ni nunca serán, según esto para conocer los supuestos ‘planes militares’ del EZLN. Tal vez ignorando que el EZLN dice lo que hace y hace lo que dice… o tal vez porque el plan es montar una provocación y luego culpar al EZLN”.
Por ello, aseguraron que López Obrador en realidad actúa como sus antecesores, “pero cambia ahora la justificación: hoy la persecución, acoso y ataque a nuestras comunidades es ‘por el bien de todos’ y se hace bajo la bandera de la supuesta ‘IV Transformación’”.
La militarización que persiste en los nuevos gobiernos federal de Andrés Manuel López Obrador y estatal de Rutilio Escandón Cadenas, atenta contra la vida de comunidades de Pueblos Originarios que en Chiapas defienden su derecho a la autonomía, autodeterminación y territorio.
Cabe recordar que el 2 de mayo 2014, durante la misma acción donde fue ejecutado extrajudicialmente José Luis Solís López, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos- Histórica destruyeron la escuela y la clínica autónoma, así como amenazaron con desmantelar el Caracol Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños. El hecho fue un pretexto para que la Sedena intensificara la militarización, lo cual fue señalado por el Frayba como un acto de intimidación, en vez de buscar justicia y medidas de solución al conflicto de manera civil y pacifica.
También te puede interesar ⇒ Indígenas de México se preparan para resistir a las políticas neoliberales de López Obrador
Minería y megaproyectos, unas de las razones
En lo que va del año 2019 esta no es la primera vez que el organismo de derechos humanos con sede en San Cristóbal del las Casas ha denunciado acciones militares en contra de organizaciones y comunidades que defienden sus territorios en Chiapas, al sur de México.
Durante el encuentro de defensoras del territorio Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos, realizado el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, denunciaron acciones de espionaje en contra de activistas y defensores de derechos humanos presentes en el evento.
"Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro. Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo... lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo", comunicó el organismo en medios locales.
En aquella región de la Sierra Madre de Chiapas existe la organización contra la actividad minera de la empresa canadiense BlackFire quien extrae barita, titanio y magnetita en diferentes regiones del estado de Chiapas.
La Parroquia de San Pedro y San Pablo ubicadas en la cabecera municipal han cuestionado la inversión para la construcción del cuartel militar ubicado en las cercanías que ya conecta a los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Concordia. “Nos cuestiona la gran inversión del recurso público que se invierta para la construcción y mantenimiento del gran cuartel militar mientras que no hay recursos para las y los mexicanos tengamos a acceso a servicios de primera necesidad como salud,educación y agua”, han denunciado los campesinos que se oponen al proyecto actualmente suspendido.
En Chiapas existen al menos 99 concesiones mineras que abarcan al 15 por ciento del territorio estatal. Algunas de ellas se encuentran en zonas de amortiguamiento de importantes áreas naturales protegidas como la de la Reserva de El Triunfo y la Encrucijada, ambas en la región del Soconusco.
También continúan vigentes proyectos de extracción de hidrocarburos y de instalación de un parque geotérmico en la región zoque, al norte del estado y minicentrales hidroeléctricas y parques eólicos en la región costa-istmo de Chiapas.