En portada: Conferencia de prensa realizada en la capital de Chiapas para denunciar las irregularidades en el proceso penal contra las BAEZLN.
Por Sare Frabes
José Díaz Gómez, indígena ch’ol, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), ha sido privado de su libertad acusado por robo ejecutado con violencia. Ante ello, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala que Díaz, recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS 17), “El Bambú”, municipio de Catazajá, norte de Chiapas, es víctima de criminalización ante un delito que no se ha podido comprobar.
Frayba ha documentado que, en la detención de José Díaz, elementos de la policía adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas cometieron violaciones a sus derechos humanos, ejecutando una detención ilegal y arbitraria, además de incurrir en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada e incomunicación.
Por ello, exige al Estado mexicano la liberación inmediata del BAEZLN quien está por cumplir un año y nueve meses de reclusión sin contar con sentencia. Apenas el pasado 8 de julio finalizó el proceso de desahogo de pruebas, con lo cual se programó para el próximo 6 de agosto la audiencia que precederá el pronunciamiento de la sentencia.
“Las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Estos detalles evidencian una investigación deficiente y una falta de justicia en el proceso judicial”, aseveró el Frayba mediante comunicado difundido en conferencia de prensa realizada este lunes (29) en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.
Jorge Luis López, abogado del equipo regional zona norte del Frayba, detalló que las pruebas aportadas por el Ministerio Público son cuatro, “y ninguna de ellas vincula directamente la responsabilidad a José; esperaríamos que el juez dicte una sentencia de absolución”.
El abogado recalcó que, una de las pruebas, el testimonio de la supuesta víctima cayó en contradicciones durante el juicio oral. Además, el testigo presentado en la audiencia afirmó que no conoce al imputado. Las otras dos pruebras, dos informes emitidos por la Fiscalía General del Estado (una criminalística de campo y una inspección del lugar de los hechos), “ninguna de ellas vincula directamente a José”, enfatiza López.
El centro de derechos humanos sostiene que documentó la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público, la cual, asegura, “es deficiente pues no cumplió con los requerimientos de ser objetiva, ni contó con suficiente prueba para vincular al indígena”. Incluso, alerta que, dado el cúmulo de irregularidades y falta de fundamentos sólidos en su contra, tanto José Díaz como otros cuatro BAEZLN -quienes cuentan con órdenes de aprehensión- se encuentran en riesgo de ser sentenciados “injustamente”.
Frayba argumenta que la privación de libertad de José Díaz se trata de una criminalización por motivos políticos en medio de un patrón de fabricación de culpables en contra de personas defensoras indígenas y recalca que “la fiscalía no realizó una investigación legal, científica y objetiva”.
“El juez de Catazajá debe considerar no solo el delito de robo y la investigación carente de veracidad, sino también la situación de criminalización política en el caso de personas defensoras pertenecientes a pueblos originarios”, reclama el Frayba mediante boletín.
Según informó el agobado López, para la defensa del indígena, el centro de Derechos Humanos se ha reunido con funcionarios del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Ante los funcionarios solicitaron el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, pues argumentan que existe justificación para otorgar la libertad del BAEZL para llevar su proceso, pero ésta fue negada.
A su vez, han recurrido a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la cual han solicitado Medidas Cautelares pues consideran como infrahumanas las condiciones carcelarias y el hacinamiento en el CERSS 17, lo cual representa violaciones irreparables a los derechos humanos del BAEZLN.
Cárcel en Chiapas, inhumana y degradante
Como parte de su documentación, el Frayba asegura que existe un patrón de violaciones a derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) detenidas en los CERSS chiapanecos. Entre ellas registran actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones de hacinamiento, todas condiciones predominantes en los centros de detención.
Es el caso del CERRS No. 17, del municipio de Catazajá, el cual mantiene una sobrepoblación carcelaria. El lugar, con capacidad máxima de 120 personas, actualmente alberga a 478 internos y mantiene prácticas como la de recluir hasta 18 personas en espacios de nueve metros cuadrados.
“Esta situación ha hecho que aumente el riesgo de enfermedades infecciosas, situación que se agrava por un sistema inmunológico comprometido. Advertimos también la presencia de múltiples enfermedades reflejadas en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos y protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios presentados en las PPL”, denuncia el centro de derechos humanos. También enfatiza que las condiciones empeoran por la falta de seguimiento médico y nulo monitoreo de las enfermedades para intervenir y mitigar los riesgos de contagio entre la población carcelaria.
Frayba acusa que la respuesta de las autoridades es el traslado forzado e injustificado de la población a otros CERSS, “poniendo en grave peligro la vida e integridad”.
El litigante explica que, debido al enorme número de casos, los defensores públicos y jueces mantienen una sobrecarga de trabajo, la cual no les permite otorgar atención específica a cada caso. “¿Qué es lo que genera? que una persona indígena que no sabe leer, que no sabe escribir, o no sabe las condiciones de nuestro sistema penal, obviamente va a estar recluido más tiempo”, señala el abogado.
López explica que el plazo de dos años es el límite de tiempo en el cual una persona puede permanecer en prisión preventiva, por lo que, “justamente, antes de los dos años, aceleran todo el proceso para que puedan darle una sentencia lo mas pronto. La preocupación recae en que vaya a caer en una sentencia condenatoria”.
Más de 50 organizaciones de Chiapas, México y del mundo se pronunciaron por la liberación inmediata del BAEZLN y convocaron a realizar acciones en el marco de la emisión de la sentencia el próximo 6 de agosto.
