La “misión de paz” en Haití, también conocida como Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH, por sus siglas en francés) es acusada de haber provocado y permitido relaciones sexuales entre soldados y personal civil de las Naciones Unidas con centenas de mujeres haitianas, incluyendo menores de edad.
Una investigación liderada por Sabine Lee de la Universidad de Birmingham (Inglaterra) y Susan Bartels de la Universidad de Toronto (Canadá) publicada en diciembre del año 2019, registra numerosos casos de agresiones sexuales y violaciones cometidas por parte de los Cascos Azules (como se conoce popularmente a los elementos de seguridad de la ONU) que permanecen en total impunidad, así como relaciones “consentidas” a cambio de apoyos económicos.
La pesquisa también señala el gran número de bebés nacidos de esas relaciones con el personal de las Naciones Unidas.
Ocupación militar y violencia sexual
La MINUSTAH se estableció en el país caribeño el 1 de Junio del año 2004 mediante la resolución S/RES/1542 del Consejo de Seguridad de la ONU tras un golpe de Estado que envió al exilio al presidente Bertrand Aristide. Con el terremoto del 12 de enero de 2010, el cual provocó la muerte de más de 220,000 personas según datos del gobierno de Haití, la ONU aumentó la presencia de la MINUSTAH “con el fin de apoyar la labor inmediata para la recuperación, reconstrucción y estabilidad del país”.
El 15 Octubre del año 2019, las Naciones Unidas anunciaron el final de la misión militar que duró más de 15 años, para transicionar hacia una misión política con la instalación de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh).
Para el activista y profesor universitario haitiano Camille Chalmers, entrevistado por la Agencia Subversiones, la presencia de los Cascos Azules de la ONU nunca fue una “misión de paz”, sino una estrategia de control militar.
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“Un número sorprendente de personal uniformado y no uniformado de la MINUSTAH se ha relacionado con una variedad de violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo casos de explotación sexual, violaciones y asesinatos. Según se informa, a las menores se les ofreció comida y pequeñas cantidades de dinero en efectivo a cambio de sexo, y varios informes de buenas fuentes hablan de la existencia de una red de abuso sexual que opera en Haití impunemente”, señala en particular la investigación de Lee y Bartels.
De todos los testimonios que recolectaron las investigadoras, un gran número hablan de mujeres y niñas que tuvieron relaciones sexuales con el personal de la MINUSTAH a cambio de ayuda económica. Como lo señalan las académicas, aunque esas relaciones pueden ser percibidas como “consensuadas”, el contexto de gran desigualdad de poder en el que se dan las transforma en relaciones explotadoras, violentas para las mujeres y con consecuencias dramáticas sobre sus vidas.
“La MINUSTAH causó mucho caos, especialmente con las señoritas, porque les hacían promesas a las damas, decían que les iban a pagar la escuela, que les permitirían ir a la universidad, pero nada de eso se ha concretizado. La MINUSTAH creó muchas divisiones entre los padres y sus hijas, dejaron muchos problemas en el área”, denuncia un hombre soltero originario del municipio de Hinche.
Niñas y niños de la MINUSTAH
De los más de 2,500 testimonios que recopiló la investigación de Lee y Bartels, más del 10 por ciento se refirieron a la existencia de niños nacidos de relaciones con miembros del personal de las Naciones Unidas, que luego fueron abandonados por sus padres.
“Ahora, el niño tiene 4 años y nunca he recibido el apoyo de una ONG, de los brasileños, del estado haitiano. Solo soy yo quien le da de comer al niño, pero no puedo pagarle la escuela… Cuando estaba con el brasileño, tenía 14 años. Iba a la escuela, a una escuela cristiana. Cuando quedé embarazada, mi padre me echó de la casa. Y ahora trabajo para alguien que me da 25 gourdes (menos de cinco pesos mexicanos) para que yo y mi hijo podamos comer”, relata una mujer soltera de Puerto Príncipe.
“La dejó en la miseria porque cuando solía tener sexo con ella era por poco dinero, ahora él se va, y la deja en la miseria, y ella tiene que volver a hacer lo mismo para poder darle de comer a su hijo”, cuenta un hombre del barrio de Cité Soleil en Puerto Príncipe.
“La MINUSTAH impregna a nuestras chicas y luego les dan la espalda. Entonces, ¿quién cuidará a estos niños?"
pregunta otro hombre de Puerto Príncipe.
Como lo señala la investigación, esos niños no sólo son unos cuantos, son muchos nacidos de un problema que se ha vuelto sistémico en la isla.
“El hecho de que la población haitiana haya inventado un término específico para hablar de esos niños, “pitit MINUSTAH” en Kreyol haitiano, y que el idioma oficial de Haití, el francés, tenga dos términos para hablar de ellos, “bébés casques bleus” (bebés con casco azul) y “les enfants abandonnés par la MINUSTAH” (los niños abandonados por la MINUSTAH), es una indicación de que esos niños no son una rareza, sino que son un grupo considerable reconocido por la población local como teniendo un parentesco que los distingue de otros niños locales”, relata el documento.
Demandas contra Naciones Unidas
En Enero del 2018, la Oficina de los Abogados Internacionales (Bureau des Avocats Internationaux o BAI, por sus siglas en francés) interpuso una demanda ante los tribunales haitianos en nombre de 10 niños hijos de Cascos Azules, con la esperanza de poder conseguir pruebas de paternidad y pensiones alimenticias para esos niños.
Un años después, en una carta abierta para la defensora de los derechos de las víctimas de las Naciones Unidas, Jane Connors, el BAI señaló la falta de cooperación por parte de la ONU. Denunció en particular que la ONU se negó a entregar las pruebas de ADN y comunicó directamente con las víctimas sin pasar por sus abogados. “La actitud de la ONU manda un mensaje alarmante de falta de respeto para el sistema judicial haitiano y el estado de derecho”, concluía la carta.
Para Sandra Wisner, abogada canadiense aliada del BAI, “la falta de seguimiento por parte de la ONU en su compromiso con las víctimas hizo casi imposible que nuestros clientes obtuvieran justicia”.
Impunidad
En apariencia, las Naciones Unidos han tomado medidas para parar la violencia sexual en el contexto de sus “misiones de paz”. Desde el 2003, publicó un boletín llamado “Medidas especiales para la protección contra la explotación y los abusos sexuales”, el cual dio inicio a una presunta política de “tolerancia cero”.
Además, en diciembre del 2007, la ONU adoptó dos resoluciones en cuanto a responsabilidad penal (Resolution 62/63) y apoyo a las víctimas (Resolution 62/214). Sin embargo, la investigación de Lee y Bartels señala que “si bien las Naciones Unidas son radicales no sólo en su reconocimiento del problema y su deseo de parar las agresiones sexuales, sino también en la estipulación de que los soldados deben ser responsables de sus acciones, y al mismo tiempo que son pioneros en abordar el tema de los niños concebidos en el marco de relaciones entre las fuerzas de paz y las mujeres locales, los efectivos de mantenimiento de la paz siguen cometiendo crímenes con impunidad”.
En el caso haitiano, estos ejemplos son numerosos. Según revelaciones de una investigación de Associated Press, entre los años 2004 y 2007 al menos 134 soldados de la paz originarios de Sri Lanka explotaron sexualmente a nueve niños. 114 de ellos fueron repatriados a su país de origen sin recibir ningún castigo legal.
En 2011, una violación colectiva por parte de soldados uruguayos fue filmada con un celular. Sólo el jefe del batallón fue despedido.
En 2016, Radio-Canadá reveló que tres canadienses trabajando para la ONU tuvieron relaciones sexuales con varias mujeres haitianas, y que varias de ellas quedaron embarazadas. Después de haber sido repatriados, los uniformados fueron suspendidos entre cinco y nueve días.
Además, cabe señalar que legalmente, el personal de las Naciones Unidas solo puede ser demandado por los tribunales de los países de origen de las tropas, en general por tribunales militares, no por los países que hospedan las “misiones de paz”.
“Como resultado, las fuerzas de paz uniformadas no están sujetas a la jurisdicción del país anfitrión, y las víctimas no tendrán acceso a la justicia en sus países de origen, incluso en el caso de delitos graves”, denuncian Lee y Bartels en su investigación.
Un problema a nivel global
La existencia de abusos por parte del personal de las Naciones Unidas no es exclusiva de Haití, sino que ha sido documentada en un gran número de países alrededor del mundo.
Desde principios de la década de los 90s, el número de “misiones de paz” de la ONU ha aumentado considerablemente. Para agosto del año 2018, se registró más de 103,000 integrantes del personal de Naciones Unidas, con casi 90,000 elementos uniformados provenientes de 124 países, los cuales sirvieron en 14 operaciones de mantenimiento de la paz, principalmente en África, Medio Oriente y Asia, así como en Haití, según datos oficiales de las Naciones Unidas.
Las primeras denuncias de explotación y el abuso sexual por parte del personal de las “misiones de paz” salieron a la luz en 1990 en Mozambique. “Desde entonces, casi todas las operaciones de apoyo a la paz de la ONU se han asociado con conducta sexual inapropiada, con distintos niveles de magnitud y gravedad. Estas incluyen misiones en África occidental (Liberia, Sierra Leona y Guinea-Bissau), la República Democrática del Congo (RDC), Eritrea, Timor Oriental y Haití. Además, en algunas operaciones de mantenimiento de la paz, por ejemplo, en Bosnia y Kosovo, se entendió ampliamente que el personal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la ONU era un cliente importante para los servicios sexuales. La evidencia sugiere que las crecientes demandas fueron satisfechas a través del tráfico de mujeres y la esclavitud sexual”, denuncian las investigaciones de Lee y Bartels.
