El pasado domingo (1) por la noche, al menos ocho individuos armados llegaron a la casa de Zury Quintanilla, secretaria del patronato y presidenta del comité de salud de la comunidad garífuna de Rio Tinto, en el caribe hondureño.
En aquel lugar se encontraba Alonso Salgado Cabalero, dirigente de la comunidad, a quien, sin mediar palabra, los agresores le dispararon quitándole la vida. Después se dirigieron al interior de la vivienda en donde dispararon también contra Quintanilla, dejándola gravemente herida.
Mediante comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) declaró que este constituye un acto más en contra de la comunidad de Rio Tinto, donde fue asesinado el dirigente Edwin Fernandez en 2020, cuyo caso no ha tenido ninguna investigación policial por lo que se mantiene en impunidad, reclamó la organización.
Desde hace meses, la Ofraneh ha denunciado incidentes en los que personas han llegado a amenazar y causar daños a la comunidad; sin embargo, las fuerzas de seguridad hondureñas no han investigado las agresiones.
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Durante años, las comunidades garífunas ubicadas en el departamento de Atlántida, han mantenido luchas y resistencias contra inversiones extranjeras que buscan despojar de sus territorios ancestrales, además del creciente asedio por parte de grupos criminales.
“Las comunidades Garífunas desde hace años han venido siendo utilizadas como punto de desembarco de estupefacientes, dando lugar a hechos de violencia como represalia de los grupos de delincuentes que han controlado la costa norte de Honduras durante décadas, con una aparente complicad de las autoridades”, denunció la Ofraneh desde mayo del 2020.
La coordinadora de dicha organización, Miriam Miranda, ha alertado también sobre la persecución judicial y policial contra la población garífuna que habita en el municipio de Tela.
Comunidades como la de Triunfo de la Cruz se encuentran bajo asedio por parte de empresarios canadienses que buscan imponer proyectos turísticos, quienes han impulsado la criminalización de habitantes garífunas, acusándoles de usurpación de tierras, daños y amenazas.
Cabe recordar también el caso de desaparición de cuatro jóvenes garífunas de la misma comunidad, quienes aún no han sido encontrados.
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Las agresiones contra las comunidades garífunas se mantienen impunes, a pesar de que existen dos sentencias, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado de Honduras en los casos de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, las cuales no han sido cumplidas.
Organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras sumaron su reclamo para condenar las agresiones y exigieron el cese de las políticas de exterminio contra las defensoras y los defensores de la tierra.
