En portada: Niños y jóvenes, hijos de campesinos, descansan después de jugar futbol en las tierras recuperadas de la cooperativa El Chile. Foto: Santiago Navarro F
A la par de un camino de terracería yacen pequeñas estructuras de madera. Cubiertas con nylon, cuentan con techos de lámina y hojas de palma. Champitas, les llaman a estos albergues que ocupan cientos de familias campesinas para defender la recuperación de estas tierras de manos de la industria de palma aceitera, en el valle del Bajo Aguán, municipio de Tocoa, que fueron designadas en los años 70s a la reforma agraria y acaparadas durante los 90s por Corporación Dinant.
Hace ya 16 meses que aquí la resistencia es cotidiana. Pero la lucha por estas tierras es mucho mas añeja. Wendy Castro, joven de 26 años y madre soltera, quien nos muestra la recuperación, por parte de la cooperativa El Chile, aborda las razones de su presencia: “somos hijos, sobrinos, nietos de socios anteriores que fueron afectados por el despojo de las tierras de reforma agraria”, cuenta sobre la legitimidad de sus acciones.
Se refiere al despojo por parte de los agroindustriales de palma aceitera, quienes durante las últimas tres décadas arrebataron, mediante fraudes y violencia, las tierras del departamento de Colón asignadas por el estado de Honduras a la reforma agraria para la producción campesina.
Entre sus memorias de la infancia, Wendy aún se acuerda de los relatos de sus abuelos y padres cuando se opusieron al despojo. Sobre todo, de las trágicas consecuencias para su familia y miles de campesinos de la región que vieron sus sueños de labrar sus propias tierras interrumpidos.
En abril del año 1994, las tierras asignadas para la cooperativa El Chile fueron despojadas mediante una venta ilegal. Como consta en denuncias presentadas por la Plataforma Agraria del Aguán ante el Ministerio Público hondureño, esta transacción fue realizada por personas sin representación legítima de los campesinos, para traspasar el territorio a manos de la Empresa Agropecuaria Camaro, quien a su vez cedió los títulos a Exportadora del Atlántico, perteneciente a la hondureña Corporación Dinant.
Integrante de la plataforma y miembro de la cooperativa El Chile, Wendy espeta que, fue tanta la amenaza sobre los antiguos propietarios, entre ellos su abuelo que, como pasó con él, muchos murieron de la desesperación frente al acaparamiento por parte de los terratenientes de las familias Facussé, Canales y Morales.
“Las tierras son de ustedes”, rememora sobre los dichos de su padre, quien se encargó de transmitir la historia de estas tierras, las cuales hoy pasaron de dedicarse a los monocultivos de palma aceitera para la exportación, para dar espacio a la siembra de alimentos y sostener a 246 familias en una superficie disputada que cubre 486 hectáreas.
La Plataforma Agraria del Aguán contabiliza 25 cooperativas que buscan la recuperación de sus tierras en ese valle. A ellas, suman las luchas de empresas asociativas campesinas, con quienes totalizan 43 organizaciones que buscan, a través de distintas luchas, recuperar las tierras que les fueron despojadas.
Acorde a Raúl Ramírez, campesino de la empresa campesina La Lempira y miembro de la plataforma, son más de 46 mil hectáreas de tierras que buscan recuperar de los agroindustriales de la palma aceitera.
Tierras para la palma
Honduras ha conseguido consolidarse en un importante lugar entre los mayores productores de palma aceitera en Latinoamérica, pues solo se encuentra detrás de Colombia y Guatemala.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) señala que, hasta 2023, en Honduras existían 197 mil hectáreas con monocultivos de palma aceitera, las cuales entre los años 2022 y 2023 alcanzaron una producción de 600 mil toneladas métricas por año. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), esta superficie representa poco más del 18% del total de la tierra cultivable disponible en el país centroamericano.
Organización
Un grupo de jóvenes resguarda las rejas que dan acceso a la otrora finca palmera. “Viveros”, se lee en un escueto letrero frente a las puertas de metal, vestigio del uso que la Corporación Dinant - la mayor productora de aceite de palma en Honduras, quien cuenta con 13,300 hectáreas de plantaciones - destinaba a este espacio.
Es allí, en la entrada de la cooperativa El Chile, donde platicamos con Iris Lizeth Aguilar, quien hace parte de la directiva y nos detalla el uso colectivo de la tierra. El acuerdo entre las familias recuperadoras, relata, es que a cada asociada y asociado se le asigna un pedacito de tierra para la siembra de alimentos, con lo cual una misma familia puede tener múltiples espacios para sus cultivos, principalmente de autoconsumo.
Desde el interior de la recuperación se observan los monocultivos de palma africana que cercan totalmente las tierras campesinas. Solo el departamento de Colón aglutina una cuarta parte del total de cultivos existentes en Honduras. Sin dejarse abrumar por la palma, los campesinos han desocupado algunos espacios para resembrar con cultivos de maíz. Además construyeron viveros donde producen tomates, chile y hortalizas. También hay áreas con siembra de yuca, árboles frutales y platanales.
“Esta es mi casa. Es un futuro para mis hijos”, resume Aguilar las razones de su lucha, pues considera que recuperar las tierras constituye una enorme responsabilidad con las nuevas generaciones. También con las mujeres, resalta. “Las mujeres representan una buena parte de las personas que recuperan tierras, incluso quienes son madres solteras, por lo que es una urgencia brindarles acceso a un espacio para vivir y tierra para cultivar”.
María Margarita Rodríguez bromea junto a sus compañeros mientras desciende de la motocicleta con la cual alcanza nuestro recorrido. Tras un breve saludo, nos comparte que su principal motivación para participar en la recuperación son sus hijos y que las mujeres tienen un papel destacado en las labores de la cooperativa. Sobre todo, piensa que su participación cobra relevancia en la directiva para contrarrestar prácticas machistas y promover el apoyo mutuo entre las y los campesinos.
Pero no todo es celebración. Lizeth mira de reojo las champitas y nos comparte las necesidades para la cooperativa: un centro de salud, una escuela, además de infraestructura básica como agua potable. Aún con las limitantes, Rodríguez recalca sobre el cuidado para los niños y enfatiza que ellos, a diferencia de las infancias de la región, no trabajan dentro de El Chile. “Nosotros protegemos a los niños, ellos no pueden trabajar. A los jóvenes se les da permiso para que estudien pues son el futuro de la cooperativa”, sentencia.
Las mujeres comparten también el funcionamiento de la asamblea, órgano de decisión que constituyen todas y todos los asociados de la cooperativa. “Tratamos de tomar las mejores decisiones conforme sea más bien de beneficio para todos”, detalla Aguilar y añade que actualmente son 16 las organizaciones campesinas que se encuentran en procesos de recuperación de tierras, aunque “faltan más”, aclara. Según Wendy Castro, la superficie reclamada solo por éstas cooperativas alcanza las 12 mil hectáreas.
La ocupación actual no es el primer intento de los campesinos para gestionar estas tierras. Aguilar cuenta que fue hace tres décadas cuando la cooperativa El Chile fue despojada de manos campesinas. Y desde el año 2009, en el contexto de las movilizaciones contra el golpe de Estado, han buscado su recuperación agrupados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
“Tenemos toda la documentación, de todo lo que es el territorio que abarca la cooperativa El Chile”, sostiene la directiva acerca de su registro ante el Instituto Nacional Agrario (INA). “Si no tuviéramos la documentación, no estuviéramos aquí, ya hubiera habido un desalojo, pero nosotros estamos formalmente peleando algo que es nuestro”, señala en referencia a la posesión legítima de acuerdo al Título Definitivo de Propiedad, fechado en marzo de 1991, el cual alude a la propiedad de la Cooperativa Campesina El Chile sobre estas tierras.
Cumplimiento de convenio, a paso lento
Los campesinos continúan la lucha iniciada por sus familiares y desde otro frente exigen el cumplimiento del convenio firmado con el gobierno nacional en febrero del año 2022.
Sobre todo, les interesa la conformación y operación de la Comisión Tripartita (CT) cuyo trabajo será la investigación de las técnicas y métodos de despojo de los últimos 30 años cometidos por los agroindustriales. “El gobierno muestra voluntad, pero en la práctica no hay nada”, reclama Wendy Castro debido a que, a más de dos años, la CT aún no opera pues carece de la aprobación del presupuesto por parte del Estado de Honduras.
A pesar del estancamiento del trabajo de la CT, las familias campesinas han presionado al gobierno y avanzado en algunos pasos contemplados en el convenio, como la remedición de las tierras para, con ello, verificar la legalidad de los documentos de compra-venta que, de acuerdo a la plataforma, fueron obtenidos por medio de falsificaciones, intimidación y violencia. Así, personal del INA y del Instituto de la Propiedad (IP) trabajaron durante el pasado abril en las tierras de 12 recuperaciones campesinas.
La remedición, explica Raúl Ramírez, busca que las instituciones agrarias hondureñas reconozcan los Títulos Definitivos de Propiedad y a su vez entreguen documentación que certifique la asignación de las tierras campesinas a las cooperativas y empresas asociativas que reivindican como su legítima propiedad.
En este contexto, Wendy Castro asegura que la remedición ayuda a la lucha de las cooperativas, sobre todo porque, denuncia, existe una estrategia de desestabilización que Corporación Dinant realiza para inhibir las intenciones de recuperación, la cual consiste en la entrega de pequeñas parcelas a grupos criminales y paramilitares.
“Algunas de las cooperativas estaban teniendo dificultades con parceleros, de grupos criminales, que la empresa privada Corporación Dinant les ha dado área para que ellos las explotaran en cambio a que nos intimidaran”, reclama. “El mismo día de la remedición, andaba un carro de Corporación Dinant, con guardia de seguridad SEC, tomando fotos a las personas que estaban haciendo medición”, advierte la integrante de la plataforma debido que las guardias armadas contratadas por los agroindustriales han sido responsables de numerosas masacres.
Acorde a una denuncia ante el Ministerio Público, presentada en enero del 2023 por la Plataforma Agraria del Aguán, existe un trabajo coordinado entre Dinant, sus guardias de seguridad y el grupo criminal denominado “Los Cachos”.
La plataforma señala a este grupo criminal como el encargado de perseguir y asesinar a líderes campesinos. Encabezado por Juan Carlos Lizama, opera en la zona desde el mes de marzo del año 2022, “bajo la dirección y coordinación del grupo Dinant y sus empresas de seguridad en la zona”, remarcan en una denuncia penal, en la cual enfatizan que, desde abril de ese año, ocuparon 10 hectáreas de El Chile.
“Esta posesión del grupo Dinant ha sido posible únicamente con la presencia de grupos armados como Los Cachos, los cuales han ejecutado violencia para evitar la reivindicación de derechos de la cooperativa El Chile”, detalla la denuncia. También comparten que desde ese lugar han montado puntos para vigilar el paso entre las cooperativas Tranvío, Camarones, El Chile, entre otras, por medio de drones que utilizan en diferentes horas del día.
Contaminación, un peligro más
A bordo de una bicicleta, un campesino carga a su hija y herramientas para trabajar la tierra. Juntos surcan el camino que va de los cultivos de maíz y pasa por el vivero, muy cerca del comienzo de los monocultivos. Si uno alza la mirada ahí, le abruma la monotonía de la palma. Y lo que no puede ver, se puede percibir mediante otros sentidos, como el olor del humo que proviene, a menos de dos kilómetros, de la operación de una planta extractora de aceite de palma, propiedad de Exportadora del Atlántico.
Según denuncias penales presentadas por la plataforma, Exportadora del Atlántico es responsable por la adquisición ilegal de 81 propiedades que constituyen un total de 20,749 hectáreas. Por ello, una de las mayores exigencias de las familias en la recuperación de El Chile es la clausura de esta fábrica. No solo porque, acusan, la empresa usurpa 32 hectáreas de esta cooperativa, sino porque su operación y los desechos que produce contaminan las afluentes de agua, suelos y provoca enfermedades en la población.
Wendy Castro refiere que desde la recuperación se le ha exigido a Dinant que clausure la planta, pero los campesinos no han obtenido ninguna respuesta. “No se va a ir, porque son millones de lempiras que le caen (…) ahí sigue la planta extractora contaminando el medio ambiente, están terminando de destruir la flora y la fauna”, reclama.
En el tablero mundial
De acuerdo a datos del Servicio Exterior Agrícola (FAS), del Departamento de Agricultura de EEUU, Honduras, durante 2023, ocupó el noveno lugar dentro de los mayores productores de aceite de palma a nivel global.
En cuanto a mercados, registros del Observatorio de Complejidad Económica (OCE) señalan que los principales destinos y valores de las exportaciones del aceite de palma de Honduras son: Italia con 155 millones de dólares, Países Bajos con 111 millones, El Salvador 51.1 millones, Alemania 43 millones y Nicaragua con 25.9 millones. El OEC destaca que entre 2021 y 2022, se registró un fuerte incremento en la demanda por parte de Italia, Alemania y El Salvador.
Incluso, denuncian que la expulsión de desechos y la contaminación forman parte de una estrategia que ha sido utilizada para hostigar a las familias campesinas. Por ejemplo, Castro recuerda que hace un año, en mayo, trabajadores de Dinant querían cercar una hectárea de las tierras campesinas para construir mas pozos para depositar el agua contaminada.
Por su parte, Olvison Antonio Romero Mejía, secretario general de la cooperativa, denuncia que, por las noches, la planta extractora activa un mayor número de calderas lo que eleva la dispersión del humo, así como la expulsión de residuos químicos, los cuales dice que afectan especialmente a los menores de edad y adultos mayores.
“Los niños son afectados en la piel y también presentan problemas respiratorios”, cuenta enfadado y añade que también, durante la época de lluvias, la extractora realiza mayor cantidad de descargas de residuos lo que termina inundado partes de las tierras campesinas recuperadas.
Certificaciones, lavado de imagen
Como muchas de las trasnacionales del aceite de palma, Corporación Dinant es miembro de RSPO, la Mesa Redonda de Aceite Sostenible, una iniciativa que busca desarrollar estándares para la expansión de los monocultivos mediante el “aceite de palma certificado como sostenible”, (CSPO, por sus siglas en inglés).
No obstante, su reciente adherencia al selecto grupo de ONGs y trasnacionales que dominan el mercado del aceite de palma a nivel global, y que hacen parte de la RSPO, se da después de tres intentos, durante la última década, por conseguir la membresía. Una minuta del Consejo de Administración de la RSPO, fechado en junio del 2022, coloca brevemente el asunto y subraya, sin abordar a detalle, que el principal argumento por el cual se le negaba su ingreso, pese a contar con los requisitos, se debía a “cuestionables problemas del pasado”.
La misma RSPO preve en el documento que, la vinculación con una empresa con graves acusaciones como Dinant, provocará cuestionamientos por lo cual debe examinar el posible riesgo para su reputación. En ese tenor, establece que, si se producen violaciones a sus normas tras aceptarle como miembro, “existen mecanismos para sancionarlos o expulsarlos”.
La membresía es solo un primer acto, antes de que la Dinant logre la certificación que otorga este grupo, lo que le permitiría expandir la venta de sus productos a más mercados. En sus reportes del 2023 y 2024 al RSPO, Exportadora del Atlántico enlista a sus dos procesadoras, activas y en búsqueda de obtener la certificación de sustentabilidad. La primera está ubicada en el Valle de Lean. La otra es la que está en las inmediaciones de la recuperación de El Chile.
Por su parte, Wendy Castro acusa que el aceite producido por Dinant va manchado de sangre. “Es un mensaje que le mandamos a la gente internacional que consume este aceite: que miren lo que Corporación Dinant hace con nuestra familia en el Aguán para que ellos puedan consumir este aceite que tienen en sus casas, en sus hogares, con mucha sangre de nuestros compañeros que han caído por luchar por las tierras que son de nosotros”, denuncia sobre la actuación violenta de la compañía contra los campesinos.
Además, en su Comunicación anual de progreso para la RSPO del año 2022, Corporación Dinant establece que planea obtener la CSPO para sus plantaciones y extractoras en este 2024. “Como campesinos le decimos al RSPO que si certifica a Corporación Dinant, hasta ellos van a salir denunciados porque nos ha despojado, todas las tierras que tiene son de los campesinos, son de muchas familias necesitadas que habemos aquí en el Bajo Aguán”, advierte Castro.
Wendy Castro asegura que las tierras campesinas recuperadas no buscan la acumulación de capital ni son “un lujo”, sino que representan la posibilidad de que cientos de familias en extrema pobreza puedan trabajar el campo para sobrevivir.
Pese a la acentuada sequía que azota esta región del mundo desde hace ya un año, Castro prevé que la llegada de una nueva temporada de lluvias conseguirá sumar a los esfuerzos campesinos para ver brotar el maíz, frijoles, la yuca y demás alimentos que hacen posible la lucha cotidiana.
También asevera que, aún a pesar de la violencia, levantan la voz y seguirán denunciando a Corporación Dinant por actividades criminales. “Si a mí me matan, hay un montón que están frente a la lucha y van a seguir luchando por las tierras”, comparte, lacónica.
Pero esto no le amedrenta, pues refiere que continuarán la lucha. “Mientras maten uno, nacen cinco más. No le tenemos miedo, ya suficiente hemos pasado y sabemos que la tierra es de nosotros”, concluye.
