En portada: Habitante del sur de Tegucigalpa muestra la contaminación del río Choluteca
Durante los últimos dos años, habitantes de comunidades al sur de la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, se han movilizado para exigir un alto a la contaminación contra el río Choluteca causada por la operación de la empresa avícola “El Cortijo”.
Son habitantes de las aldeas Germania, Yaguacire, Mimbres, Lomas de Germania y Loarque, integrantes de Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), quienes han emprendido la lucha para exigir el cierre de la planta procesadora de desechos, la cual descarga aguas sucias al afluente del también conocido como río Grande.
De acuerdo a la documentación de ARCAH, la procesadora fue instalada en el año de 2017, pese a que la actividad avícola contabiliza más de 20 años de operación en la región.
Testimonios de los habitantes señalan que son afectados debido al mal olor de los desechos que les causa náuseas y dolores de cabeza, así como problemas con la piel y otros malestares físicos.
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En entrevista para el medio Pasos de animal grande, Michael Aguilar, miembro de una de las comunidades explicó que desde enero del 2020 obtuvieron un documento para paralizar las actividades de la planta mientras ésta no contara con un dictamen emitido por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras (MiAmbiente).
Sin embargo, señala Aguilar, “el derecho de asociación de las comunidades fue usurpado por personas que están a favor de la empresa, porque tienen familiares o laboran ahí, se hicieron pasar por representantes de patronato para desmentir la lucha y a finales de noviembre del 2020, la planta reactivó las labores”.
Simulación
Actualmente las comunidades señalan que la descarga de desechos por parte de la granja avícola continúa sin ningún tipo de sanción por parte de las autoridades ambientales hondureñas.
Y lo ejemplifican con la denuncia de que el pasado jueves (14), habitantes de la aldea Loarque avistaron el arribo de vehículos pertenecientes a Miambiente, quienes se apersonaron en el lugar para realizar una inspección en las instalaciones de la empresa avícola.
No obstante, momentos antes de la visita de los funcionarios, los habitantes se percataron de que la maquinaria de la granja fue apagada. Al final de la visita se reanudaron los trabajos de la maquinaria, cuya interrupción solo sirvió para encubrir su operación al momento de la inspección de las autoridades ambientales.
Criminalización
Al mismo tiempo, pobladores y miembros de ARCAH han sido objeto de persecución, agresiones y amenazas debido a la labor de denuncia ante la contaminación del río Choluteca.
La lucha de los ambientalistas también ha sido judicializada. Siete ambientalistas fueron acusados bajo la figura de “desplazamiento forzado”, la cual puede acarrear penas de entre tres hasta nueve años de prisión.
Fue el 29 de marzo de 2021, mientras participaban de una manifestación pacífica frente a la empresa avícola “El Cortijo”, cuando las y los defensores ambientales fueron detenidos con violencia por parte de un operativo con 90 agentes de seguridad, entre ellos elementos de la Policía Nacional de Honduras, el Comando “Tigres” y de la Dirección de Investigación Policial.
En aquel momento, organizaciones como Front Line Defenders manifiestaron preocupación por la criminalización de lxs ambientalistas bajo cargos infundados, además de considerar “que el uso excesivo de la fuerza y la criminalización son parte de una estrategia más amplia de intimidación contra las y los defensores de los derechos ambientales en Honduras para desalentar sus actividades legítimas de derechos humanos”.
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Recientemente, en abril del 2022, la Corte de Apelaciones dictó el sobreseimiento definitivo de las y los acusados, habitantes de la aldea Loarque e integrantes de ARCAH.
Christopher Castillo, miembro de ARCAH, compartió al medio Criterio que “esta victoria es un precedente de justicia porque la Corte reconoció que la protesta de ARCAH era en ejercicio del derecho humano de protesta”. También considera que la sentencia refuerza la lucha que la organización ha emprendido por la defensa de la naturaleza, el río, la vida, y los derechos de la comunidad a un medio ambiente sano.
Para el coordinador de ARCAH, ésta no es la única empresa que contamina al río Choluteca. “El río Choluteca está agonizando y ganarle la lucha a El Cortijo es ganarle la lucha sobre todas las empresas que lo contaminan, incluyendo al mismo Estado que expulsa el 98 por ciento de aguas residuales”.
“El rescate del río Choluteca va más allá de una reforestación, va más allá de recoger la basura. Tiene que ver con un plano cultural de no seguir viendo el río como un ser que no tiene vida, de seguir dándole la espalda y de creer que somos seres ajenos a la naturaleza”, afirmó Christopher Castillo.
