Crímenes impunes
El domingo 8 de Septiembre la defensora del territorio garífuna Mirna Teresa Suazo Martínez fue asesinada en el restaurante del que era propietaria en la comunidad de Masca. Suazo era la presidenta del Patronato de la Comunidad de Masca en Omoa, comunidad que forma parte de la zona de influencia de una de las “ciudades modelo” y que también ha rechazado en diversas ocasiones la construcción de dos plantas hidroeléctricas en el río del mismo nombre.
Por otra parte, el 12 de Octubre, María Digna Montero fue asesinada mientras se encontraba en el patio de su casa en la comunidad Garífuna de Cuzuna, Municipio de Iriona, Colón.
María Digna era maestra y parte del grupo de trabajo de Educación Intercultural Bilingüe de la OFRANEH. Cabe destacar que su asesinato tuvo lugar en el marco del día de la resistencia indígena y, al igual que el de otros líderes y lideresas comunitarias, supone una advertencia para quienes se atreven a cuestionar el sistema y refleja el desprecio a la vida y el racismo imperantes en el país y alimentados por las políticas gubernamentales.
“En este mar de violencia en que está sumido Honduras, el pueblo Garífuna había sido un oasis de paz; hoy se encuentra consternado por la cantidad de personas Garífunas asesinadas sólo este año. Nunca en la historia había pasado eso, sólo significa que nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio”, manifestó Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) al presentar los datos de las personas asesinadas en 2019.
Por ello, el pasado martes 5 de Noviembre la Ofraneh realizó una movilización en el parque central de la ciudad de La Ceiba, en el atlántico hondureño. La protesta exigió el cese de la violencia contra hombres y mujeres integrantes del pueblo Garífuna.
De acuerdo a una entrevista publicada por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la coordinadora de Ofraneh apela a la urgencia en generar alertas y realizar presión hacia las autoridades del gobierno de Honduras para exigir no sólo la investigación de las agresiones sino también castigo a los culpables para detener la política de exterminio desplegada contra la población garífuna.
Miriam Miranda también señala la necesidad de exigir el cumplimiento de las dos sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación a los derechos humanos de las comunidades Garífunas, Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Pese a que las sentencias fueron emitidas por la CIDH en Diciembre del año 2015, casi cuatro años después el Estado de Honduras permanece omiso ante el cumplimiento de las sentencias las cuales ordenaban la reparación contra las comunidades Garífunas, donde destaca la demarcación de las tierras de propiedad colectiva garífuna.
