Foto de portada: Elizabeth Díaz
“El gobernador Salomón Jara Cruz no ha entendido que a Eloxochitlán le corresponde el ‘fin de la criminalización’ y no la resucitación de la persecución”, fue parte de la denuncia que integrantes del colectivo Mazatecas por la Libertad expresaron en su conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles (19) en el Zócalo oaxaqueño.
Desde una mesa instalada frente al Palacio de Gobierno, Argelia Betanzos -abogada mazateca-, denunció que el gobierno de Oaxaca y los poderes del Estado han tomado un camino inverso al “fin de la criminalización judicial”, optando por ejercer racismo institucional, perpetrar el etnocidio y omitir delitos de lesa humanidad, así como por el recrudecimiento de la criminalización contra personas defensoras comunitarias de Eloxochitlán de Flores Magón.
Además de la abogada mazateca, la mesa estuvo conformada por dos mujeres integrantes del grupo Yorum desde Turquía, así como integrantes de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de Presos Políticos.
Las exigencias presentadas durante la rueda de prensa están enmarcadas en las próximas elecciones que tendrán lugar este domingo 23 de noviembre, para el cargo de presidente municipal. Un proceso electoral que aún no sucede, pero que a Eloxochitlán ya le ha valido la etiqueta de “foco rojo”, en palabras del gobernador Salomón Jara.
Estrategia para perpetuar el poder
Pese a que el cacique Manuel Zepeda Cortés y su familia han sido los encargados de perpetrar, por más de una década, el despojo, la violencia e injusticia en Eloxochitlán, su nuevo papel como candidato a la presidencia municipal no representa una sorpresa para la comunidad mazateca, pues desde la llegada de su hija, Elisa Zepeda, al poder, han sido testigos de cómo la familia ha empleado sus influencias políticas para vivir en plena impunidad.
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Muestra de lo anterior, es que Benjamín Viveros Montalvo, diputado local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), coordinador de esta bancada y ex presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), haya vivido unos meses en el municipio de Eloxochitlán, en cercanía al cacique Manuel Zepeda a partir de una estancia que le habilitó el Congreso de Oaxaca.
Mazatecas por la Libertad, a través de su boletín de prensa, denuncian que se trata de una estrategia para fortalecer políticamente al interior de la comunidad a Zepeda, en pro de la futura candidatura que ya tenían planeada.
Betanzos cuenta en entrevista que Viveros “hizo reuniones en la casa del cacique, pero no sabíamos que era para ponerlo como candidato a presidente al propio Manuel Zepeda Cortés”. Y agrega: “la comunidad no es que esté horrorizada porque Manuel sea el candidato. El Estado ha controlado políticamente a través de Zepeda los recursos públicos de toda una década. Eso no nos sorprende, pero lo que sí denunciamos es que en lugar de que el Estado muestre un compromiso con la justicia, está mostrando hacer exactamente lo contrario”.
El colectivo de mujeres señala a esta táctica como parte del empoderamiento que Salomón Jara busca darle a sus operadores políticos en la Sierra Mazateca, aliándose con el poder caciquil de Zepeda, que por años ha saqueado material pétreo del río Xabgá Ndá Ge y ha ejercido “violaciones a los derechos humanos de más de 56 familias de Eloxochitlán”.
Etiqueta gubernamental
Aunado al impulso político de Viveros hacia Zepeda, en la conferencia de prensa del gobernador Salomón Jara Cruz, realizada este pasado martes (18), el mandatario habló sobre las elecciones de autoridades municipales para el periodo 2025-2027, en los municipios que se rigen por el sistema de Usos y Costumbres (Sistemas Normativos Internos). Explicó que, al 17 de noviembre de este año, han tenido lugar 342 elecciones de 413, lo que representa un 82.81%.
Un detalle llamó la atención. Casi al finalizar su conferencia, Jara dijo: “este domingo vamos a tener focos rojos en Eloxochitlán, en la Cañada, yo espero… porque se está dialogando con todos”, refiriéndose a las elecciones de este próximo domingo (23) en la comunidad mazateca.
Desde diciembre del 2024, el Gobierno de Oaxaca etiquetó a varios municipios oaxaqueños como zonas de alto riesgo o “focos rojos” durante sus periodos de transición y electorales, con lo cual, hace referencia a aquellos municipios con antecedentes de conflicto y que pueden llegar a desencadenar episodios violentos durante las actividades electorales.
A los señalamientos de Jara, Argelia Betanzos los tachó de “criminalizantes e irresponsables” y explicó durante la entrevista que, en Eloxochitlán, “del 2014 a la fecha, han habido tres elecciones, las últimas dos muy masivas y nunca nadie dijo que la comunidad es foco rojo”.
Además explica que el gobernador morenista “se ha negado a ver el rostro de las mujeres mazatecas criminalizadas” y ante ese desprecio, ellas le han ganado la libertad al Estado “bajo formas autonómicas, pacíficas, autogestivas, pero Salomón desde su discurso del 18 de noviembre invisibiliza que existe una lucha digna que marcha pacíficamente” proyectando una imagen a la opinión pública mediática de que Eloxochitlán es “un pueblo peleonero y violento”.
El colectivo Mazatecas por la Libertad, no forma parte de este proceso electoral ni simpatizan con ningún partido, debido a que para ellas se trata de un modelo de elecciones impuesto por el Estado y, aunque respetan la decisión de la comunidad sobre el participar en esas elecciones, Betanzos menciona que uno de los motivos de la conferencia fue “la concientización, invitar a la reflexión de la comunidad por el reto grande que tenemos de reestructurar nuestra organización comunitaria a partir de nuestras formas heredadas, a partir de la herencia ancestral”.
Las mujeres mazatecas en resistencia responsabilizan a Salomón Jara de todas aquellas acciones que tenga tintes violentos durante las elecciones, porque más allá de los señalamientos, la violencia no la está pensando ni planeando la comunidad: “lo responsabilizamos porque él tiene toda una infraestructura en materia de derechos humanos que podría según desde su opinión de él, prevenir lo que él está especulando, pero no lo hace, lo deja al aire, ¿no? Entonces vemos el dolo de un gobernador, el racismo institucional” afirma la abogada.
Motivación de la Conferencia
Betanzos explica que el llamado a la conferencia se da en un contexto en el que están poniendo sobre la mesa las sentencias de libertad ganadas que conforman más de un 70% del caso, prueba con la que confronta al sistema judicial y al Estado de Oaxaca, diciéndoles: “si el caso está ya ganado en un porcentaje mayor al 70%, y los que faltan están acusados de la misma manera en la que se acusó a los que ya ganaron la libertad, entonces, ¿qué están esperando para poner fin a la criminalización?”.
Las mujeres mazatecas visualizan que los actos de injusticia en Eloxochitlán se materializan en tres acciones concretas de tortura institucional, que enmarcan la persecución, el silenciamiento y el olvido adrede por parte del Estado.
Una de estas tres acciones es la persecución, desde hace una década, hacia 14 defensores territoriales mazatecos que no han podido volver a su comunidad, debido a que el poder judicial de Oaxaca les ha negado su libertad pese a que tienen amparos ganados desde el 2013. La abogada explica que sus casos se están resolviendo desde el Tribunal de Veracruz y acusa al Juez Quinto de Distrito de “estar entreteniéndose con buscar pretextos administrativos para evadirse de atender esos juicios de amparo”.
La segunda acción está ligada a la etapa del “Fin de la Criminalización para Eloxochitlán”, un proceso que la comunidad mazateca en resistencia inició en junio del 2024 cuando la Asamblea comunitaria mazateca logró la liberación de sus últimos tres presos políticos: Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, después de permanecer nueve años y seis meses en prisión. Luego de este avance, la comunidad anunció que en el 2025 librarían la última parte de la batalla jurídica.
Aquel logro jurídico se vio opacado meses después tras la confirmación de 200 nuevas órdenes de aprehensión liberadas el 31 de marzo de este año por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Esta vez contra 56 personas de la comunidad, entre las que figuran adultos mayores, madres, padres, ex presos y perseguidos políticos.
De acuerdo con la abogada mazateca, el tema con las 56 personas de la comunidad se ha retrasado debido a que el juez de Huautla de Jiménez “no ha mandado las constancias donde se compruebe que ya le avisó de la existencia del amparo a las supuestas víctimas o la parte acusadora” y que, mientras esto no suceda, la audiencia jamás llegará.
Una tercera acción es la manipulación del proceso penal tolerada por el poder judicial de Oaxaca, al permitir supuestas pruebas de la diputada Elisa Zepeda Lagunas, en el juicio 02/2015, para alentar y alargar el proceso que hasta la fecha lleva tres años sin mostrar ningún avance.
El proceso 02/2015 mantiene a los campesinos Jaime B., Alfredo B., Fernando G., Francisco D. y Herminio M., sin sentencia, pese a que pasaron casi diez años en prisión y la persecución en su contra fue reactivada con las 200 órdenes emitidas en 2025.
La última vez que una audiencia para este proceso fue cancelada, debido a que Zepeda Lagunas no se presentó, ni tampoco sus testigos, ni sus “pruebas”, fue el pasado martes 18 de noviembre. A lo que Betanzos expresa: “estamos en el absurdo de que una víctima que es funcionaria de Estado se llega a quejar de que el juez no le atiende, que presenta quejas en contra del juez porque no le pone fechas para sus audiencias, pero le pone fechas y no llega y así va tres años. Entonces, ¿cuándo se va a cerrar este ciclo de injusticia? ¿Qué se necesita? Porque el juez no implementa la ley para obligar a Elisa a presentarse”.
Hechos más que palabras
“El bastón de mando implica la responsabilidad de hablar por los que no pueden hablar, de defender a aquellos que no se pueden defender”, expresó Hugo Aguilar Ortiz en su toma de posesión como Ministro Presidente de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 1ro de septiembre de este año y quien se ha distinguido por ser el segundo ministro indígena en la SCJN después de Benito Juárez.
Sin embargo, desde el 2018, ya como coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar coordinó consultas para megaproyectos de la Cuarta Transformación, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
Dentro de sus exigencias, las mujeres mazatecas nuevamente se dirigen al presidente de la SCJN.Lo llaman a “conocer a fondo el caso de criminalización de Eloxochitlán de Flores Magón, a reconocer que es una persecución creada y sostenida desde las estructuras de poder de Oaxaca con fines de despojo territorial y, en consecuencia, a actuar de forma definitiva a partir de la implementación de toda la infraestructura del órgano de justicia más alto del país”.
Llamado a la solidaridad
Betanzos llama a la solidaridad nacional e internacional, así como a los medios conscientes a seguir, cubrir y/o difundir de cerca su lucha hacia la libertad, e invita a no dejar de observar y denunciar la “manipulación que hace el gobierno de Salomón Jara” sobre la resistencia mazateca.
Así mismo extiende la invitación al público en general a sumarse a sus próximas actividades: la presentación del Informe de la Primera Misión de Observación Civil el 29 de noviembre en la comunidad de Eloxochitlán a partir de las 11 de la mañana.
Otra de las actividades es la “Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización”, los días tres y cuatro de diciembre en la Ciudad de México, en los que se presentarán, en algunas Embajadas y consulados, a partir de las 4 de la tarde de cada día, y donde también tendrá lugar un programa político-cultural frente a la SCJN. “Precisamente para clarificar que nuestra exigencia es el fin de la criminalización, para denunciar cómo el gobierno de Oaxaca está yendo en sentido contrario y para exigir que el nuevo sistema de justicia demuestre lo que ha predicado” explicó Betanzos.
