En portada: Una protesta contra el Ejército, en Acapulco. Bernardo Hernández (Cuartoscuro)
8 de septiembre, 2020. Agricultores protestan para exigir el cierre de la presa La Boquilla en Chihuahua. Están enfurecid@s, pues en medio de una temporada de sequia, exigen detener el flujo del agua que va del embalse en México con dirección hacia los EEUU.
Tras las manifestaciones, se retiran, pero son vigilados de cerca por elementos de la Guardia Nacional (GN). Jessica Silva viaja en camioneta con su esposo después de que ambos participaron en la manifestación. A la altura del municipio de Delicias, una camioneta de la GN les da alcance y sin previa advertencia, dispara en su contra, provocando la muerte a Silva e hiriendo a su acompañante.
Los primeros reportes de la GN divulgaron que sus elementos dispararon como respuesta a una agresión, “por lo que su personal se vio obligado a aplicar medidas de seguridad, conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la fuerza”, refiere la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en informe obtenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los elementos de la GN elaboraron una narrativa en la que ellos fueron objeto de un ataque e incluso reportaron heridos. Todo era mentira.
Más tarde, la propia SSPC confirmó que no hubo ningún elemento de la GN lesionado o fallecido. Además, en la carpeta de investigación del caso no existen elementos que acrediten que las víctimas hayan efectuado disparos de arma de fuego, por lo que no se justifica que el personal de la GN accionara sus armas, lo cual de acuerdo a la CNDH constituyó un uso excesivo de la fuerza.
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Por estos hechos, la CNDH emitió la Recomendación 52VG/2022 dirigida a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, institución responsable por la GN, aunque el control operativo cotidiano recae en el Ejército.
Mediante evidencias recabadas, testimonios de los propios elementos de la GN y de testigos que presenciaron la agresión, la Recomendación concluye que los integrantes del cuerpo de seguridad militar hicieron uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego que derivó en la ejecución arbitraria de Silva.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH, la Sedena y la Guardia Nacional contabilizan 2,169 quejas por violaciones a derechos humanos en los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A casi tres años de su creación y pese a registrar casi 5 mil reportes de violencia en su unidad de control interno, hasta junio del 2021, ésta es la primera recomendación emitida por la CNDH que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional.
Investigarse a sí mismo
El artículo 22 de la Ley de la Guardia Nacional dispone que el cuerpo de seguridad militar contará con áreas especializadas como la Unidad de Asuntos Internos.
Según el Reglamento de dicha ley, le corresponde a esta unidad la realización de actividades de supervisión e inspección generales, tales como la recepción e investigación de quejas, y en su caso, la presentación de casos ante el presidente del Consejo de Carrera o a los Consejos de Disciplina. Estos últimos,conforme a los artículos 70 y 71, están compuestos por los propios mandos de la Guardia Nacional, en quienes recae la facultad de resolución definitiva de las denuncias.
Voces que han cuestionado el proceso de militarización en México por más de dos sexenios, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), critican que esta normatividad excluye la posibilidad de contar con mecanismos independientes y externos de supervisión para atender las quejas por abuso y violencia de los elementos de la GN.
Además, en el informe “Poder Militar”, el Centro Prodh detalla que “la Unidad de Asuntos Internos la encabeza un General de Brigada retirado, con antecedentes de haber sido parte de un cuerpo especialmente opaco y propenso a la vulneración de derechos humanos como lo es la Policía Judicial Militar. No es claro, además, que en efecto el nombramiento haya sido realizado desde la Presidencia”.
Esta es una referencia a David Enrique Velarde Sigüenza, titular de la Unidad desde enero de 2021 y sobre quien pesan acusaciones de tortura, retención arbitraria y detención ilegal. Acorde a la norma, el titular “contará con autonomía de gestión y conocerá de las quejas y denuncias, incluso anónimas, para llevar a cabo actividades de vigilancia, inspección, supervisión e investigación y las demás que determine el Reglamento”.
El Centro Prodh lamenta que, aún cuando la ley buscaba que quien ocupara esta posición fuera un civil que sirviera de contrapeso independiente de las Fuerzas Armadas, esto no ocurriera así. “El caso de la Unidad de Asuntos Internos es especialmente delicado pues la Ley de la Guardia Nacional dispone que ésta sea prácticamente el único control interno relevante”, advierte la organización de derechos humanos.
La reflexión cobra sentido ante el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional, como fue prometido en el momento de su creación en 2019, pues prácticamente el 75% de los elementos que la integran son de extracción castrense.
Para febrero del 2022, la misma Guardia Nacional reporta que cuenta con más de 113 mil elementos, de los cuales el 88 por ciento está desplegado en todo el territorio nacional.
Miles de denuncias
Un análisis realizado por el Centro Prodh del periodo comprendido del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021 arroja que se han iniciado 4,867 expedientes de investigación en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, órgano de control interno del cuerpo de seguridad militar.
De estas carpetas, 3,483 se encontraban en trámite hasta junio del año pasado y de las 1,370 concluidas, solo 39 fueron declaradas procedentes para iniciar los procedimientos administrativos ante la Dirección General de Consejos Superiores.
Entre las conductas que registran los expedientes procedentes se encuentran: Incumplimiento a los requisitos de permanencia (no aprobar las evaluaciones de permanencia); vínculos con delincuencia organizada; conductas que desacreditan la imagen de la institución; toxicológico positivo en evaluación de control de confianza y delitos contra la salud.
“El que un cuerpo colegiado de oficiales de la propia Guardia Nacional, que actualmente –hay que insistir– sería de extracción predominantemente castrense, resuelva en definitiva sobre estas conductas tampoco asegura ni debido proceso para los acusados ni exhaustividad en el análisis”, argumenta el informe del Centro Prodh.
Aunado a ello, el Centro también resalta que, de acuerdo con la información brindada por la propia Guardia Nacional a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, los Consejos son incipientes, pues o no cuentan con información de sus actividades o han sesionado en pocas ocasiones.
Por otro lado, la ley de la GN obliga a dicho organismo a registrar los eventos en que se hizo uso de la fuerza. En respuesta a solicitud de información, la Guardia Nacional refiere que de 2019 a 2021 registró 161 eventos con uso de fuerza y armas de fuego, mientras que señala la inexistencia de casos con determinación de exceso de la fuerza.
“Que no se reporten casos con determinación de exceso de uso de la fuerza en un contexto en el que es la propia Guardia Nacional la que realiza la investigación y en un entorno en el que se reportan 161 eventos de uso de la fuerza no resulta convincente. Máxime cuando la propia Guardia Nacional reportó que cuenta al menos con 33 registros de denuncias o quejas por uso excesivo de la fuerza”, cuestiona el Centro Prodh, a quien se le negó el acceso a los reportes pormenorizados pues la GN reservó la información por cinco años.
Para el Centro Prodh, la composición castrense de la Unidad de Asuntos Internos incide en la repetición de conductas de las instituciones militares, quienes al indagar denuncias relacionadas con militares no realizan su labor con exhaustividad.
“Resulta especialmente grave que la Guardia Nacional reporte que entre las conductas analizadas en estas instancias se encuentran algunas que, por ser delitos, deberían ser indagadas por el Ministerio Público de la Federación y no por la Guardia, a efecto de que no se construya una suerte de fuero fáctico para sus integrantes”, alerta el Centro, en referencia a que la GN indague conductas como los vínculos con delincuencia organizada.
Abuso de la fuerza
Intersecta es una organización feminista que ha documentado “cómo la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, ha derivado en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”.
Un reporte de esta organización señala que desde 2019 existen indicadores que muestran un crecimiento en el abuso de la fuerza en los “enfrentamientos” del ejército mexicano.
En 2020, se registraron 260 enfrentamientos con involucramiento de elementos de la SEDENA con un saldo de 237 civiles muertos y apenas 6 militares fallecidos. “Por sí solo, el 2020 da suficientes motivos para sonar las alarmas. Cuando se contrasta el 2020 con años previos, la preocupación solo aumenta”, señala el informe De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la SEDENA crece.
De acuerdo al Centro Prodh, en estos casos han sido las propias Fuerzas Armadas quienes reportan los eventos, sin que ninguna de las instituciones externas de control, como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos realicen investigaciones al respecto de los casos y denuncias.
“El silencio de la CNDH es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios, práctica que sí mantiene respecto de otras autoridades y violaciones a derechos humanos. Esto, desde luego, impactará previsiblemente en una disminución de emisión de recomendaciones”, señala el documento del Centro Prodh.
Según los registros de la GN, hasta mediados de 2021, sus elementos han privado de la vida a 94 personas, de las cuales sólo cinco son reconocidas como civiles, mientras 89 son catalogadas como “agresores”, una identificación en que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han reportado los ‘saldos’ de sus operaciones.
“Es relevante analizar en cada uno de estos casos si en efecto la fuerza letal se empleó como último recurso y si en realidad la Guardia Nacional fue objeto de la agresión a la que se refiere su registro”, destaca el informe “Poder Militar”. Para el Centro Prodh, resulta previsible que sigan ocurriendo las violaciones a derechos humanos “considerando la forma en que las inercias relacionadas con el abuso de la fuerza arraigaron en las instituciones de seguridad desde el inicio de la ‘Guerra contra el Narcotráfico’. Por otro lado, frente a la comisión de éstas no se están activando los controles externos, sino que –como en el pasado– se continúa dejando a las propias Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional el procesamiento de tales casos, aun cuando en nuestra historia reciente ese proceder ha desembocado siempre en la impunidad.
