En los primeros días de noviembre, las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán, determinaron mantener la suspensión de las operaciones de una mega-granja porcícola con capacidad para más de 49, 000 cerdos ubicada en el municipio maya de Homún, Yucatán.
Esta mega-granja, propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), asociada del Grupo Porcícola Mexicano, S.A de C.V., más conocido como Kekén (“cerdo”, en maya), había iniciado su construcción a finales de 2016, violando el derecho a la libre determinación del pueblo de Homún.
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Las y los habitantes empezaron a organizarse en contra de la empresa y de las autoridades municipales, estatales y federales, quienes autorizaron el megaproyecto. Cabe señalar que en este caso, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán (SDS) fue quien autorizó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) firmada por una Cirujana Dentista, la cual negaba el impacto sobre el pueblo maya de Homún.
En septiembre de 2018, la justicia federal decidió finalmente suspender las operaciones de la granja, al resolver un amparo interpuesto por un colectivo de niñas y niños de la zona.
El pasado 6 de noviembre se volvió a confirmar esa suspensión, la cual será válida hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el recurso de revisión.
La suspensión, un buen precedente en la lucha contra mega-granjas
Según la organización de Derechos Humanos y apoyo legal conocida como Equipo Indignación A.C., la SCJN está en la obligación de confirmar la decisión de manera definitiva, no sólo por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también por varios tratados internacionales que deben aplicarse en este caso, cómo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el Convenio RAMSAR y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
“Es importante mencionar que la propia SCJN en México, a través de su Primera Sala, reconoce en el Amparo en Revisión 307/2016 que “una vez identificado el riesgo, la falta de pruebas científicas o técnicas no es motivo para no tomar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente”, argumenta también la organización defensora de derechos humanos.
Para el Equipo Indignación, la decisón mas reciente del tribunal representa una victoria importante para los pueblos de la península de Yucatán.
“Dicha resolución marca un precedente para las comunidades y personas que continúan luchando en contra de las granjas porcícolas industriales en toda la Península de Yucatán y en el país, porque es una muestra de que es posible ganar una batalla a favor de los recursos naturales, la tierra, el territorio y la libre determinación de los pueblos. Que se mantenga esta suspensión, nos permite continuar con la batalla a favor de la protección medioambiental y del derecho de los pueblos y las comunidades mayas. Pues este solo es un caso de los muchos que existen en la Península de Yucatán”, afirma la organización.
La Península de Yucatán, nuevo epicentro para la expansión porcícola
Recientemente, la península de Yucatán, la cual está conformada por los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, se ha convertido en un epicentro de expansión de la industria porcícola en México, principalmente por su ubicación estratégica de salida hacia Estados Unidos y Asia, además de la abundancia en recursos como el agua y la soya transgénica.
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Según datos compilados en el informe La carne que está consumiendo el planeta, entre los años de 2006 y 2018, la producción porcina de la península aumentó un 36%.
Por su parte, el reporte ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán? establece que la región acoge 257 granjas porcinas registradas, de las cuales 222 se localizan en Yucatán, 21 en Quintana Roo y 14 en Campeche.
Así, el 14.2% de las granjas porcícolas del país se encuentran en esta región, y el estado de Yucatán provee el 9% de la producción nacional, siendo ahora el cuarto productor de carne de cerdo del país, después de Jalisco, Sonora y Puebla.
La producción está siendo controlada por cuatro principales grupos industriales: el Grupo Porcícola Mexicano, S.A de C.V., (Kekén); el Grupo Granjas Carroll de México, S.A de C.V.; la promotora comercial Alpro, S. De R.L. de C.V. también identificada con el nombre de Agroindustrial del Noroeste y KowiFoods, S.A.deC.V.
Una región de suma importancia ecológica en peligro
La península de Yucatán alberga la reserva de agua dulce más importante del país, llamada “Reserva Geohidrológica del Anillo de los Cenotes”, la cual ha sido decretada “sito Ramsar”. Los sitios Ramsar o Humedales de Importancia Internacional, son áreas que han sido reconocidas internacionalmente según los criterios establecidos por la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” (Convención Ramsar), tratado internacional del que México es parte, como le recuerda la página del Gobierno de México.
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“La selva maya de la península de Yucatán es un reservorio de biodiversidad asombroso”, explica con detalle el informe intitulado La carne que está consumiendo el planeta. No obstante, con la actual expansión de la crianza porcina industrializada, la compleja naturaleza peninsular está bajo riesgo.
Como lo señala el informe, las granjas porcícolas contaminan el agua de cenotes y pozos, el aire, emiten gases de efecto invernadero responsables del aumento de la temperatura planetaria y amenazan la salud de la población local además de haber ya ocasionado la deforestación de más de 10 mil hectáreas de selva para la construcción de las fábricas.
Aunado a ello, las medidas tomadas por el gobierno para, supuestamente, proteger el medioambiente, no parecen representar una barrera para las inversiones en el sector de la industria porcícola. Así, dentro de la península de Yucatán existen 43 granjas porcícolas ubicadas en cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales son definidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) como porciones de territorio “consagradas a la conservación de la biodiversidad representativa de los ecosistemas para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos”.
Además, se identificaron 122 granjas porcinas, las cuales representan el 47% de las granjas de la zona en sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad.
Por otro lado, las mega-granjas están provocado la desaparición progresiva de los porcicultores familiares tradicionales en las comunidades de la región, poniendo en peligro una variedad de conocimientos ancestrales. “Antes había pequeñas granjas para autoconsumo y producción familiar. Todo ese se desmanteló, porque llegaron las granjas con miles de cerdos y desplazaron a los pequeños productores, se convirtieron en mano de obra para las plantas industriales”, explica Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura y Cambio Climático de Greenpeace México.
A pesar de todo, la investigación La carne que está consumiendo el planeta señala la ausencia generalizada de consultas indígenas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas antes de la construcción de las granjas y la falta de permisos ambientales, como las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), en el 90 % de los casos.
“Sorprende el bajo número de MIAs existentes para las granjas porcinas, su nulo reporte de emisiones y transferencia de contaminantes ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la inconsistencia en el debido trámite y gestión de los permisos de aprovechamiento de agua y descarga, lo cual significa que muchas de ellas operan fuera de la ley, circunstancia que el gobierno ha sido omiso en combatir”, detalla el informe.
Tratados de Libre Comercio y la expansión de la producción de carne en México
Las granjas porcícolas de Yucatán se inscriben en un modelo agroalimentario más amplio. “El actual modelo agroalimentario, como lo ejemplifican estas granjas industriales de cerdos en la Península de Yucatán, tiene su origen en un modelo agroindustrial que se sustenta en la producción intensiva de ganado, alimentado a través de monocultivos, plaguicidas, transgénicos y grandes cantidades de antibióticos”, detalla el Equipo Indignación.
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La firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México posibilitó la implementación de este modelo y el crecimiento de la producción industrial de proteína animal en este último país.
“El TLCAN facilitó la transformación de la dieta mexicana, al fomentar el incremento del consumo de alimentos procesados, la siembra de insumos para esa producción y de proteína animal proveniente de granjas industriales. Desde 2014, la ingesta de carne porcina ha aumentado, al pasar de 14.1 kilos por persona en 2010 a 18.2 en 2019”, comenta al respecto el periodista de investigación Emilio Godoy.
Por otro lado, el informe también disponible en lengua maya indica que la producción de carne tiene múltiples efectos negativos en el medioambiente, resaltando por ejemplo que para producir un sólo kilo de carne de cerdo, se requieren cerca de 6, 000 litros de agua y 3.5 kilos de grano.
“A pesar de que la producción y consumo de carne tienen un enorme impacto negativo en nuestro planeta, su demanda mundial experimenta hoy un rápido aumento”, señala el documento, antes de precisar que en México, la carne de cerdo es la que ha registrado el mayo aumento de consumo en los últimos años.
Además del aumento del consumo doméstico, las exportaciones de carne de cerdo se han duplicado en los últimos años, al incrementar de 97,000 toneladas en 2015 a 176,000 en 2019, según cifras de la Confederacón de Porcicultores Mexicanos Porcimex.
Según la misma agrupación, México es hoy el noveno productor mundial de cerdo, el tercer importador y el quinto exportador.
El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el cual entró en vigor en julio del 2020 para reemplazar el TLCAN, sigue con la misma lógica. De hecho, la expansión de la producción de carne, en particular la de cerdo, se ve acelerada por el actual crecimiento del mercado chino. Además, el país asiático recientemente incrementó sus importaciones después de haber sufrido una epidemia de peste porcina que dañó su producción doméstica, crisis profundizada por la actual pandemia de Covid-19.
La necesidad de resistir en tiempos de pandemia
Los tiempos actuales, marcados por la terrible pandemia de Covid-19, alertan sobre la necesidad de cuestionar y transformar este modelo, el cual representa un verdadero peligro para todas y todos.
Como lo explica la organización de derechos humanos Equipo Indignación, “las prácticas en estas operaciones industriales con miles de cerdos, confinados en espacios reducidos, con exposición respiratoria a altas concentraciones de contaminantes como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, etc. provenientes de los desechos que ellos mismos generan, no solo tornan a los animales más susceptibles a las infecciones virales, sino que pueden propiciar las condiciones por las cuales los patógenos pueden evolucionar a tipos más infecciosos y peligrosos. Estos virus en constante cambio dan lugar a pandemias humanas, debido a que el ganado a menudo sirve como un puente epidemiológico entre la vida silvestre y los humanos, como en el caso de la gripe aviar y la porcina por ejemplo”.
“La diversidad genética produce un efecto barrera de resistencia natural a las enfermedades entre las poblaciones animales. Contrario a esto, la deforestación y pérdida de biodiversidad inherente a la producción industrial de alimentos y otros proyectos extractivistas, ha producido condiciones que favorecen a ciertos vectores y/o patógenos”.
“Por lo anterior, es fundamental que la industria porcícola en la Península de Yucatán se considere como un problema regional, valorando los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos ocasionados por esta industria y otros megaproyectos en la zona. Es inconcebible que, con estas características, la industria porcícola pueda considerarse como un objetivo de desarrollo para el Estado de Yucatán y para el país”.
“Las empresas porcícolas, a pesar de las normas ambientales y el supuesto cambio de régimen de gobierno, siguen contaminando el ambiente y la salud en Yucatán. La pandemia puso en evidencia lo dañino de la alimentación industrial que se produce en México y el mundo, y aunque genera hipertensión, diabetes y obesidad, el gobierno lo sigue solapando”, denuncia por su lado el Consejo Maya del Poniente Chik´in-já.
Actualmente, además de la victoria legal de noviembre pasado en Homún, existen otras demandas que han sido interpuestas por comunidades de la región, como es el caso de un grupo de habitantes de Kinchil, quienes sostienen una demanda colectiva interpuesta en febrero del 2019 en contra del Grupo Kekén, dueño de una granja de 12 000 cerdos que opera en su territorio. Sin embargo, en Kinchil, no tuvieron la misma suerte que en Homún pues hasta la fecha siguen sin respuesta.
“Las demandas están atoradas. Hemos denunciado y protestado y creímos que las autoridades iban a actuar, pero no ha sido así. A quienes hemos levantado la voz, nos han amenazado”, denunció Alberto Rodríguez, campesino y pescador originario de Kinchil y presidente del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chikin-já.
También existe una denuncia popular regional, sostenida por 52 ciudadanas y ciudadanos de 21 pueblos mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con el acompañamiento de varias organizaciones civiles. Con esta denuncia, se espera que la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua ordenen una revisión minuciosa de la situación en todas las instalaciones de fabricas de cerdos.
Cabe señalar también que las comunidades de la región se enfrentan actualmente a otras amenazas, como la construcción del mal llamado “Tren Maya”, promovido por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para el periodista de investigación Emilio Godoy, el desarrollo de este megaproyecto podría agudizar el problema de las granjas porcícolas ya que “supone un puntal para la agroindustria, pues facilitará la salida de carne porcina y la entrada de insumos, como soja transgénica y sorgo, a las granjas”.
