Reconocimiento del Estado palestino, una discusión entre ataques virtuales y el hambre en Gaza

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4 agosto, 2025

^{En portada: Las tasas de desnutrición están aumentando en Gaza. Foto: Mohammed Nateel}

Durante la última semana de julio de este año 15 países occidentales llamaron a reconocer un Estado de Palestina, situación que desató una discusión entre ministros a través de plataformas virtuales, mientras la población gazatí es amenazada mortalmente por el hambre.

Actualmente el Estado de Palestina tiene un estatus de “Estado Observador” no miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo anterior significa que puede participar en la mayoría de los procedimientos de la ONU, pero no puede votar en la Asamblea General ni presentarse a órganos de esta asociación.

Al finalizar una conferencia ministerial para la solución de dos estados (palestino e israelí), realizada el pasado 28 de julio en la ONU con sede New York, cancilleres de 15 países firmaron un comunicado titulado “Llamado de New York”, en el que expresan su voluntad de reconocer el Estado de Palestina e invitan al resto de países a sumarse.

Cuatro días antes, Emmanuel Macron, presidente en Francia, compartió a través de redes sociales su intención por reconocer oficialmente al Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU, a realizarse en septiembre de este año.

*^{Población de Gaza en riesgo de desnutrición grave.}*

Le siguieron Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido y posteriormente Mark Carney, primer ministro de Canadá. De acuerdo con Starmer, cumplirá su decisiva si Israel no cumple las condiciones de alto al fuego sobre Gaza. Carney, por su parte, basa su decisión en la empatía emocional que le surge ante el impedimento que Israel ejerce, en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza y visualiza como posible solución al conflicto, que el Estado palestino independiente viva en paz junto al de Israel.

Respuestas en plataformas digitales

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reaccionó ante las declaraciones del ministro canadiense al expresar -a través de Truth Social- su dispocisión por frenar las negociaciones comerciales con Canadá.

Mediante una publicación en X, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también desaprobó la decisión de Carney señalándola de ser una recompensa para Hamas que complica la posibilidad de frenar el fuego en Gaza.

Iddo Moed, el embajador de Israel en Canadá, es otro más que a través de X expresó su rechazó contra la declaración de Carney, afirmando que Israel no cederá a lo que llama “campaña de presión internacional” en su contra.

Guerra del hambre

Mientras el reconocimiento del Estado palestino se vuelve un torneo de ataques en plataformas virtuales, tras los 21 meses de conflicto, el hambre como arma de guerra es una estrategia que Israel ha ido perfeccionando cerrando los cruces fronterizos.

Decenas de fotografias bajo autoría de periodistas gazatíes, semanalmente dan la vuelta al mundo mostrando uno de los últimos rostros del genocidio en Gaza: la muerte por inanición.

Todos los niños menores de 5 años o más de 320,000 están en riego de quedar gravemente desnutridos, mientras que toda la población de la Franja de Gaza es “insegura alimentaria”, comunicó a través de un informe el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el pasado 28 de julio.

Los promedios de diagnósticos por desnutrición aguda en niños apuntan que, entre enero y mayo de este año hubo un promedio de 112 niños al día. En junio más de 6,500 y en las primeras semanas de julio hubo 5,000 diagnósticados, de acuerdo con el Unicef.

*^{Medición de brazos en infancias para registrar desnutrición.}*

Más de 20,000 niños han sido ingresados para recibir tratamiento por desnutrición aguda entre abril y mediados de julio, con más de 3,000 desnutridos gravemente, informa el Integrated Food Security Phase Classification (IPC).

Aunque desde el 19 de mayo permitieron la entrada de cantidades limitadas de articulos de ayuda selectos a la Franja de Gaza, el ingreso de asistencia humanitaria ha sido mínimo. Hasta mediados de julio casi 900 gazatíes habrían muerto en su intento por obtener alimentos, de acuerdo con la ONU, mientras que el 80% de todas las muertes denunciadas por hambre son niños.

Existen centros de ayuda privados que al estar gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, exponen y vulneran a la población de Gaza que se encuentra en busca de alimentos. Al 13 de julio, 674 personas murieron en inmediaciones de estos centros, al ser baleados o bombardeados por el Ejército israelí, informan las Naciones Unidas a través de Noticias ONU.

El Unicef comunica que el deterioro entre los niños aumenta cada hora y solicita medidas urgentes para frenarlo.

Aranceles de EE.UU. hunden a productores de café latinoamericanos

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Sare Frabes

1 agosto, 2025

^{En portada: Donald Trump, presidente de EEUU, durante el anuncio de la implementación de tarifas arancelarias a nivel global.}

“Negocios injustos”, un informe reciente elaborado por la organización Coffe Watch aborda cómo las políticas arancelarias, la evasión fiscal y la estructura desigual del comercio internacional del café perpetúan un ciclo de pobreza en los países productores.

México, como un caso emblemático, refleja cómo la dependencia de mercados desiguales expone a millones de caficultores a vulnerabilidades económicas y sociales, condenados a la pobreza por sistemas arancelarios que premian las exportaciones de materia prima y castigan el procesamiento local.

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Ahora, con la escalada de la guerra arancelaria de Estados Unidos -mediante la cual pretende imponer aranceles que van del 10% hasta el 50 % para países como Brasil, México y Nicaragua- se agravan las políticas estructurales que explotan y perjudican a los caficultores, sostiene el análisis.

Con las tarifas implementados por los EEUU, se avizoran afectaciones graves a países altamente dependientes, entre los que destacan México, quien exporta el 39% de su producción a EEUU, y Nicaragua, con 50% de exportación a Norteamérica, así como el mayor productor de café a nivel goblal, Brasil. “Los nuevos aranceles de Trump amenazan con hundir las economías de regiones cafeteras enteras, como Chiapas, en México”, subraya el documento.

El pasado 12 de julio de 2025, el presidente Trump amenazó con imponer un arancel del 30% a las importaciones procedentes de México, con efecto a partir del 1 de agosto de 2025. Por su parte, la aplicación de tarifas a Nicaragua fue anunciada desde abril y actualmente se sitúa en 18%. “Estos dos países pueden tener dificultades para encontrar rápidamente mercados alternativos, lo que podría tener consecuencias nefastas para sus ya empobrecidos caficultores”, analiza el informe sobre los países que cataloga como “los grandes perdedores” en la guerra arancelaria del café.

Injusticia estructural

La organización asevera que la forma en que el comercio mundial empobrece a los países productores de café es y ha sido uno de los principales problemas del sector cafetero. “La Unión Europea, el Reino Unido y Japón se han destacado durante mucho tiempo como los peores actores en materia de aranceles cafeteros, y Suiza también es algo problemática”, puntualiza en el informe.

Esto se debe a que los sistemas arancelarios, que califica de injustos, tienen el efecto de reducir los ingresos a los países productores de café al penalizar el valor añadido y, al mismo tiempo, beneficiar a los países ricos del Norte Global. “Dos dinámicas interrelacionadas —el procesamiento con escaso valor añadido en los países productores y los precios de exportación sistemáticamente más bajos para los mismos productos— refuerzan conjuntamente un sistema comercial mundial que atrapa a los países productores de café en un ciclo de bajos rendimientos y oportunidades perdidas”, detalla Coffe Watch.

Un dato ejemplifica este contraste: casi todas las exportaciones de café, aproximadamente el 99% de los países productores son sin procesar; mientras tanto, el café tostado se exporta a más del doble del valor de los granos sin tostar. “En consecuencia, aunque los países productores de café son responsables del 74% del volumen de las exportaciones mundiales de café, solo reciben el 57% del valor de las exportaciones. Los países no productores obtienen precios significativamente más altos por sus exportaciones en todos los tipos de café”.

Ello ocurre mientras los países productores de café siguen asumiendo los costes de apoyar a los agricultores en crisis causadas por sequías, inundaciones, plagas y otras eventualidades. “Es como si los países productores estuvieran escalando el Everest de la reducción de la pobreza mientras cargan con una mochila llena de piedras en forma de aranceles y comercio injustos”, ilustra el documento.

Pobreza persistente entre Caficultores

El informe sostiene que la mayoría de los pequeños caficultores y trabajadores agrícolas de todo el mundo vive por debajo del umbral internacional de pobreza, es decir, 5,5 millones cuentan con ingresos de apenas 3,20 dólares al día. Incluso, detalla, muchos viven por debajo del umbral de pobreza extrema que se encuentra en el valor de 2,15 dólares diarios.

Por otra parte, estudios muestran que los caficultores latinoamericanos reciben menos del 60% del valor de exportación del café, y el resto se destina al transporte dentro del país, el almacenamiento, la molienda y otros gastos no agrícolas.

Aún más llamativa es la estimación de que los agricultores reciben solo el 11,5% del precio que los consumidores pagan por una taza de café, y cuando se deducen los costos de los insumos y la mano de obra de la producción, solo el 5,5% de ese precio queda como margen bruto para los caficultores.

Los diez principales países productores, cada uno de los cuales es responsable de al menos el 2% de la producción mundial, contaban con unos 7,37 millones de pequeños productores de café en 2019. De ellos, el 39% (2,86 millones) vivía en condiciones de pobreza y otro 21% (1,57 millones) vivía en condiciones de pobreza extrema.

Chiapas: anuncian nueva caravana migrante tras incapacidad de atención institucional

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Jeny Pascacio

31 julio, 2025

^{En portada: Personas en movilidad convocan a organizarse para salir en un éxodo desde el Parque Bicentenario de Tapachula rumbo al centro de México.}

Las personas migrantes varadas en Tapachula, estado de Chiapas, sur de México, anunciaron la salida de una “caravana” el próximo lunes 4 de de agosto, rumbo al centro del país, ante la desesperación provocada por la nula atención y la corrupción de las autoridades migratorias de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Se trata de personas originarias de Cuba, Centroamérica y África, principalmente, que buscan llegar a las oficinas de la Ciudad de México, pues, en Chiapas, justifican ellas, los trámites son improcedentes. En los trabajos que no piden documentos de estatus migratorio pagan 80 pesos al día. No cuentan con acceso a servicios de salud ni educación y no pueden salir del municipio.

El defensor de los derechos humanos Luis García Villagrán explicó a Avispa Mídia que la contención migratoria y las detenciones en los retenes continúan, incluso si los solicitantes de asilo pagan por los documentos para transitar libremente por el país; y sin importar si viajan vía aérea o terrestre.

“Si no les pagan 10 mil pesos no les permiten abordar los vuelos, lo mismo sucede en las carreteras. Buscan hartar a la gente y que el mensaje quede claro, ‘o pagas o no avanzas’. Y los regresan a Tapachula. Pero ya lo hemos denunciado, lo hemos dicho, lo hemos exhibido”, dice Villagrán.

Por ejemplo, también en la Comar, “todo se vende: las citas, constancias de solicitudes, hasta las entrevistas grabadas”, denuncia Villagrán, que ha tramitado amparos ante jueces federales para que puedan acceder al derecho de protección internacional.

Así mismo, han emitido cartas, testimonios, evidencias y mensajes públicos al gobierno federal y directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que este año respondió con el cambio de comisionados, encargados y delegados de ambas instituciones.

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Sin embargo, Carmen Yadira de los Santos, ahora encargada de la Comar en Chiapas, “tiene un negro historial como representante del INM en Tapachula (de 2019 a 2022), y regresa para que siga la corrupción en la Comisión Mexicana”, hace hincapié.

En el periodo de De los Santos, la estación migratoria Siglo 21 en Tapachula y los agentes a su disposición fueron señalados en innumerables ocasiones por la comunidad migrante, organizaciones de los derechos humanos, activistas y abogados, por violaciones a los derechos humanos. En 2022 fue transferida a Yucatán, donde fue acusada públicamente de corrupción y acoso laboral por sus subordinados.

La funcionaria es conocida por participar en la persecución migratoria en coordinación con la Guardia Nacional en 2019, también por acuerdos de México con Estados Unidos bajo mandato de Donald Trump.

Tapachula, el muro en Chiapas

Este contexto obligó a las personas solicitantes de asilo, entre ellas varias víctimas de persecución política en sus países de origen, además de deportadas desde Estados Unidos y con trámites improcedentes, a convocar y organizarse para salir en un éxodo desde el Parque Bicentenario de la llamada ‘Perla del Soconusco’.

*^{Personas en movilidad convocan a organizarse para salir en un éxodo desde el Parque Bicentenario de Tapachula rumbo al centro de México.}*

En estas circunstancias la población contenida en el sur de México incrementa, también, por las deportaciones bajo la política de Trump. Son enviados a Panamá, principalmente haitianos, que luego viajan a México para solicitar el asilo, según la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula.

“Tapachula es una ciudad que no cuenta con una infraestructura y con una economía sólida, fuerte. Los empleos donde los aceptan son sólo bares y cantinas, y en otros trabajos están siendo explotados, laboralmente”, alega Villagrán.

*^{Familias enteras han participado de las diferentes caravanas migrantes, desde 2018, para intentar cruzar territorio mexicano rumbo a los EEUU. Fotos: Jeny Pascacio.}*

Para integrar el éxodo, las personas deberán anotarse en una lista para evitar infiltrados que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad que se alista para caminar de Chiapas a Oaxaca, como primer tramo. Hasta ahora se han apuntado más de 1500 migrantes.

“¡Renuncien!”

A propósito del Día Mundial Contra la Trata de Personas, 30 de julio, Luis García Villagrán y solicitantes de asilo protestaron en una actividad realizada por las autoridades migratorias y el Ayuntamiento de Tapachula dirigido por Yamil Melgar Bravo.

“¡Ya basta, dejen de robar!, ¡renuncien!”, se escuchó decir Villagrán frente a los funcionarios. Mientras, los migrantes, en su mayoría mujeres, dieron a conocer la corrupción de la Comar y el INM, donde les exigen amparos, denuncian, para acceder al trámite y, de esa manera, los obligan a pagar o contratar abogados coludidos con este sistema que ha permanecido impune por años.

“En migración te cobran las visas humanitarias, a mí no me han dado papeles en estos momentos. Me bloquearon porque estoy quejándome y haciendo protesta por esta injusticia que están cometiendo”, dijo una de las denunciantes.

El Ejército mexicano acudió a retirar a las y los manifestantes del evento institucional contra la trata de personas.

Según la Unidad de Política Migratoria, de enero a mayo de 2025, el INM emitió 3350 tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias. En el mismo periodo, la Comar aceptó 8155 solicitudes de condición de refugiado, en su mayoría de originarios de Honduras, Cuba y Haití. Sin embargo la estadística ya no incluye el número de solicitudes por oficina a nivel nacional.

La misma base de datos muestra la detención de personas bajo el estatus de migrante irregular, con un total de 113,612 eventos, de los cuales 25,271 fueron en Chiapas y 69,107 en Tabasco; del total, 11,306 eran menores a 17 años de edad a pesar de que la legislación lo prohíbe.

Advierten colectivas sobre el impacto ambiental de las corporaciones tecnológicas; llaman a fortalecer alternativas

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Isabel Ortega

30 julio, 2025

_{En portada: Una trabajadora de Google laborando al interior de un centro de datos ubicado en EEUU. Cada vez más, esta infraestructura está siendo construida en otros países latinoamericanos.}

A través del informe Acciones para la justicia ambiental desde infraestructuras tecnológicas autónomas y comunitarias, organizaciones y colectivas que trabajan para construir alternativas dentro del internet denunciaron los impactos ambientales y sociales del actuar de las corporaciones tecnológicas y sus infraestructuras.

El pasado 17 de julio, se presentó este trabajo, resultado de una investigación participativa llevada a cabo por Sursiendo y Mayfirst Movement Technology, dos organizaciones que trabajan por los derechos digitales colectivos a través del acompañamiento y la provisión de servicios digitales a organizaciones y defensores del territorio y de derechos humanos.

Bajo la premisa de que “no hay centros de datos sin tierra ni agua”, el informe describe cómo las infraestructuras tecnológicas, como los centros de datos, impactan los territorios y las comunidades locales a través de la extracción de recursos y la degradación ambiental.

Estas organizaciones denuncian la manera en que estos proyectos tecnológicos están siendo construidos en territorios donde los Estados garantizan el acceso a tierra, energía y fuentes de agua, así como libertades fiscales, por lo que las organizaciones afirman que “los centros de datos son infraestructuras técnicas con implicaciones políticas que influyen en el poder, la soberanía y la jurisdicción”.

De igual manera, el informe señala que las soluciones al daño ambiental, propuestas desde las mismas corporaciones, son insuficientes y no cuestionan los problemas de fondo: el modelo económico existente que, en el caso de monopolios tecnológicos como Google, Microsoft y Amazon, toma forma a través de la minería de datos, es decir, la recopilación masiva de datos, y su procesamiento para fines principalmente de marketing y especulación financiera.

Además de la gran cantidad de desechos tecnológicos que producen, otro de los grandes problemas de este modelo es el consumo masivo de energía que tienen los centros de datos y otras infraestructuras tecnológicas centralizadas, que se ha intensificado con la masificación del uso de la llamada Inteligencia Artificial. Para sostener su funcionamiento, estas corporaciones tecnológicas pueden llegar a consumir más energía que países enteros o, dicho de otra manera, “si internet fuera un país, sería el sexto más contaminante del mundo en términos de emisiones”, como se afirma en la investigación desarrollada por Sursiendo y Mayfirst.

Frente al uso masivo de diversos servicios de Inteligencia Artificial y la necesidad de expansión de las infraestructuras de las corporaciones tecnológicas del norte global, las fronteras se abren en América Latina. Por nombrar algunos ejemplos, a principios de este año se anunció la creación de 18 nuevos centros de datos en el territorio mexicano, mientras que ya existen 33 de estos proyectos funcionando en Chile, alrededor de 30 en Brasil, y más de 20 en Colombia.

En este contexto, el informe resalta la necesidad de crear e impulsar alternativas de servicios de internet que respondan a las necesidades y demandas de justicia social de comunidades y organizaciones, y pongan al centro la sostenibilidad ambiental.

Redes digitales autónomas y comunitarias

El informe reúne las experiencias de al menos 18 iniciativas ubicadas en una docena de países de América Latina, Europa y Estados Unidos - entre plataformas, proveedores, colectivos, cooperativas y organizaciones sin fines de lucro -, dedicadas a ofrecer infraestructuras tecnológicas a colectivos, movimientos y organizaciones que trabajan alrededor de diversas causas sociales y ambientales.

Estos colectivos tienen en común algunos principios sobre el uso del internet, tales como priorizar la seguridad y privacidad de los usuarios, así como desarrollar apuestas en lo local, no expansionistas, que estén al servicio de los movimientos sociales, feministas, etcétera, mientras forman parte de las diversas comunidades que surgen alrededor delsoftware libre y otras expresiones de conocimiento compartido.

En relación a lo ambiental, por ser proyectos pequeños y medianos, tienen y procuran mantener un menor consumo energético, y priorizan la reutilización y reparación del hardware, así como la adopción de energías renovables y la utilización de recursos compartidos.

Siendo muchas veces esfuerzos aislados, los proyectos que ofrecen o impulsan la creación de infraestructuras digitales autónomas enfrentan barreras económicas, así como dificultades de difusión y alcance derivadas del dominio de las grandes corporaciones tecnológicas. Aún así, sueñan con desarrollar redes con el mínimo impacto ambiental, alimentadas por sistemas locales de energía renovable, y que utilicen hardware reparable y de un origen más ético.

De esta manera, las colectividades que desarrollan infraestructuras autónomas disputan el territorio digital y hacen frente a las narrativas dominadas por las grandes corporaciones, que promueven un uso del internet ilimitado y sin responsabilidades. Las organizaciones proponen pensar el internet no como un recurso infinito, sino como un bien común que puede ser gestionado colectiva y comunitariamente.

Chiapas: ONU exige liberación inmediata de presos políticos tzeltales

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Aldo Santiago

29 julio, 2025

^{En portada: Pobladores de San Juan Cancuc participan de una peregrinación rumbo al CERSS No 5 para exigir la liberación inmediata de los defensores tzeltales. Foto: Sipaz}

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de México en el cual confirmó la criminalización y detención arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Augustín Pérez Velasco.

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Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco presos políticos permanecen recluidos, desde hace más de tres años y dos meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) n° 5, acusados, sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades, por el asesinato de una persona, sucedido en mayo del 2022.

El organismo de las Naciones Unidas emitió su opinión acerca del caso el 4 de abril del 2025, después de un análisis derivado de una visita al estado de Chiapas realizada en septiembre del año 2023 y, tras recibir información de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos a las autoridades mexicanas durante julio del 2024.

Criminalización

Acorde a una misiva firmada por nueve organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR), la opinión del pasado abril destaca una serie de violaciones a los derechos humanos contra los cinco presos, desde su arresto como durante el desarrollo de sus procesos judiciales.

Destaca que la detención de los cinco tzeltales ocurrió sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados sobre los cargos imputados en su contra. Además, una vez arrestados no fueron presentados a un juez, incluso, en el caso de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas posteriores a su detención.

A su vez, destacan la parcialidad del juez en el desarrollo del proceso penal, esto debido a que la orden de aprehensión fue emitida posteriormente a los arrestos, pero antes de que la Fiscalía chiapaneca la solicitara. “La orden de aprehensión fue aparentemente solicitada por la Fiscalía el día 31 de mayo de 2022 a las 15h41 al juez de control. El juez otorgó la orden de aprehensión ese mismo día a las 15h40, es decir, un minuto antes de que existiera una solicitud”, destaca el documento con las opiniones aprobadas en abril por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Entre otras violaciones al proceso, y pese a que el gobierno de Chiapas sostiene lo contrario, subrayan la falta de acceso a un intérprete español-tzeltal, ni en el momento de la detención ni durante el proceso judicial.

Aunado a ello, destacan las incongruencias en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Chiapas durante los dos juicios, tales como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión de protocolos y deficiencias en la determinación de la causa de la muerte; contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales; además de la participación de peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no corresponden con el contenido del dictamen, ya que las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

También sostienen que no existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, “revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la normal”, acusan las organizaciones de derechos humanos.

Reconocidos los cinco detenidos tzeltales como defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo considera que su criminalización está motivada precisamente por su labor en la defensa de la tierra y el territorio. Dentro de su opinión, enmarca las detenciones arbitrarias en el contexto de San Juan Cancuc, municipio tzeltal “donde históricamente la población se ha opuesto a megaproyectos como la presa hidroeléctrica y la ‘supercarretera’, además de oponerse a la militarización de su territorio”.

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Acorde al organismo de Naciones Unidas, la detención de los cinco defensores obedece a una política de criminalización de la defensa del territorio. “A través de este patrón, el Estado busca generar miedo, inhibición y desmovilización de las comunidades indígenas”, enfatiza.

Una vez concluido un primer juicio, el 17 de mayo del 2023, los detenidos recibieron una condena de 25 años por homicidio calificado. Tras una apelación de la defensa legal, un nuevo enjuiciamiento fue concluido el 19 de abril del 2024, en el cual se les ratificó la sentencia. Actualmente, los cinco defensores tzeltales están a la espera de la resolución a un recurso de apelación.

La condena contra los presos políticos acontece, según el análisis jurídico del Grupo de Trabajo de la ONU, aún cuando la Fiscalía “no ha podido establecer, ni durante la vinculación a proceso ni en la sentencia del 19 de abril, la causa de la muerte de la persona fallecida. Según la fuente, el perito de la Fiscalía carece de especialización y no examinó el cadáver. Esta incertidumbre impide confirmar si hubo un delito y quién sería responsable”, sostiene.

Libertad inmediata

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) son otras de las organizaciones que se sumaron a la exigencia para la liberación inmediata e incondicional de los cinco defensores tzeltales de San Juan Cancuc.

Además, también exigen la investigación de las autoridades responsables de su criminalización, y la reparación integral de todos los daños causados a los defensores y sus familias acorde al marco de obligatoriedad al que el Estado mexicano se adhiere como miembro activo de las Naciones Unidas.

Resaltan también la preocupación por las violaciones a derechos humanos observados por SweFOR, organización que ha atestiguado y documentado el desproporcionado uso de la fuerza durante las detenciones, los tratos discriminatorios por parte del tribunal hacia los defensores durante su juicio y la sistemática obstaculización del proceso judicial, manifestado en constantes cancelaciones de audiencias o en la negación del acceso a observadoras internacionales y prensa.

“Es remarcable el impacto que SweFOR ha podido contemplar en los cinco defensores a lo largo de sus visitas al penal: la situación de criminalización y las condiciones de vida en la cárcel han derivado en afectaciones médicas cuyo abordaje no ha sido en absoluto facilitado por las autoridades carcelarias, mientras que los cambios en los protocolos de visitas han restringido enormemente las posibilidades de las familias de poder acompañarlos, con el impacto impacto psicológico que ello conlleva”, destaca la organización sobre las afectaciones a los detenidos y sus parientes.

Chiapas: en menos de 10 meses, dos allanamientos contra miembros del Frayba

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Aldo Santiago

25 julio, 2025

^{En portada: Dora Roblero, directora del CDH Frayba, tras el allanamiento de su vivienda en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Frayba}

La noche del martes (22), la vivienda de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue allanada.

De acuerdo al Frayba, quien manifiesta su preocupación mediante un boletín difundido este jueves (24), este hecho no es aislado y representa el segundo allanamiento contra miembros del centro de derechos humanos en un periodo de menos de 10 meses.

La organización destaca que esta agresión se enmarca en el contexto de un recrudecimiento en el riesgo para las personas defensoras de derechos humanos en el estado sureño mexicano.

Además, destacan que este suceso se inscribe en un escenario marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistémica que han denunciado ante los gobiernos federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que otorgó medidas cautelares a los miembros del Frayba.

Agresión directa

El allanamiento sucedió a las 19:52 horas, cuando una vecina se percató que la puerta de la vivienda de Roblero se encontraba abierta y, tras dar el aviso, advirtió ruido en la planta alta por lo que procedió a retirarse del lugar.

A las 20:30, integrantes del equipo del Frayba arribaron al lugar para dar acompañamiento y, a su llegada, percibieron diversos signos de irrupción: “las lámparas de la calle no funcionaban, pese a estar activadas por sensores de movimiento, la chapa de la puerta principal estaba forzada, una silla había sido desplazada hacia la cocina, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta de par en par, un frasco de champú estaba tirado en la regadera”, relata el boletín.

El Frayba destaca que, para las 21:30 horas, activaron el protocolo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, no obstante, “la respuesta institucional fue negligente y evasiva”, pues relatan que un agente estatal se comunicó y se limitó a recomendar que llamaran al teléfono de emergencias del 911.

Entre las 22:02 horas y las 23:00 horas, elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar pero se limitaron a levantar una entrevista. Además, cuatro agentes de la Guardia Estatal arribaron al sitio, pero no activaron ningún protocolo de portección, retirandose del lugar.

“Ante estos hechos realizamos la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo”, sostiene el CDH Frayba.

Desprotección institucional

El Frayba enfatiza que este hecho forma parte de una serie de agresiones “que evidencian el grave deterioro en la garantía de derechos humanos en México, especialmente para quienes luchan por la justicia desde los territorios”.

*^{Integrantes del CDH Frayba han denunciado el incremento en las agresiones contra defensores de derechos humanos en Chiapas. Foto: Frayba}*

El centro subraya que la omisión, descoordinación y falta de voluntad institucional son parte de una “política sistemática de desprotección”, la cual pone en riesgo a las personas que defienden la vida y el territorio, en contradicción con la postura oficial del gobierno de Chiapas, “que prioriza la propaganda y el control poblacional por encima de la garantía de derechos, vaciando de contenido conceptos de paz y justicia, utilizándolos de una manera publicitaria y trivial”.

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Para el CDH Frayba, el allanamiento a la vivienda de Roblero representa una agresión directa contra el centro de derechos humanos y quienes les integran, en lo que perciben como una clara represalia por su labor de defensa y denuncia frente a las violencias que se ejercen contra los pueblos y comunidades en Chiapas. Cabe destacar que, el pasado 4 de julio, Dora Roblero fue ratificada como Directora del Frayba por su Consejo Directivo.

El centro de derechos humanos convoca a personas, organizaciones y colectivas solidarias a manifestarse frente la violencia directa y estructural “promovida por los gobiernos federal y estatal; en estos momentos obscuros es vital defender y proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, de la tierra y el territorio en Chiapas”, finaliza su comunicación.

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