Los incendios forestales en la Amazonía superaron en el año 2024 los máximos registros históricos, concentrándose en Bolivia y Brasil, puntualmente en áreas de expansión del monocultivo de soya y la ganadería.
En total, el fuego y la deforestación destruyeron 4,5 millones de hectáreas de bosques primarios, según las observaciones satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El impacto sin precedentes en el territorio amazónico supera alarmantemente las 3,4 millones de hectáreas perdidas en 2016, la mayor cantidad hasta entonces.
De las 2,8 millones de hectáreas arrasadas solamente por incendios el año pasado en toda la Amazonía, el 95% se localiza solo en Brasil y Bolivia.
“El acontecimiento político dominante del 2024 fue la temporada de incendios que batió récords en toda la Amazonía. Los registros son especialmente significativos dado que la Amazonía ha experimentado varios años de incendios intensos en las últimas dos décadas. El más notable se produjo en 2016, tras el fenómeno de El Niño Godzilla. Sin embargo, las condiciones extremas de sequía de 2023 y 2024, asociadas a El Niño, superaron esos puntos de referencia anteriores, creando condiciones extremas”, señala el MAAP.
En la mayoría de áreasde pérdida intensa de bosques se detectaron incendios, focalizados principalmente en las fronteras de la soya y el ganado de las selvas amazónicas brasileña y boliviana.
En Brasil, el primer productor mundial de soya, la superficie cultivada del grano superará este año las 47 millones de hectáreas, según proyecciones de la industria. Por su parte, la ganadería es la principal responsable de la deforestación de la Amazonía: el 90% del área deforestada fue ocupada por pastos, de acuerdo a datos de MapBiomas de 2024.
Así como Brasil y Bolivia, el Perú, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa establecieron sus máximos niveles anuales de quema de bosques amazónicos.
Frontera soyera se expande en Bolivia
En Bolivia, los incendios afectaron directamente 779.960 hectáreas de bosques primarios, concentradas en la frontera soyera ubicada en el sudeste del departamento de Santa Cruz. La cifra es tres veces superior al máximo registro anterior, en 2023.
En este punto se detecta una expansión de las plantaciones de soya hacia el norte. Santa Cruz es parte del corredor del monocultivo transgénico conformado por Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, que hasta 2020 sumaban un área cultivada de 94 millones de hectáreas, según cifras del Atlas del Agronegocio transgénico en el Cono Sur, de Acción por la Biodiversidad.
En la frontera entre los departamentos de Beni y Pando, y más cerca de la Cordillera de los Andes, en La Paz y Beni, también se localizó una considerable cantidad de quema de vegetación.
Mientras que los focos de deforestación sin incendios se centraron en la frontera soyera del sureste, en el Chaco. En 2024, la Amazonia boliviana perdió 476.030 hectáreas de bosques debido al extractivismo forestal, superando en casi el doble el máximo contabilizado de 245.177 hectáreas, en 2022.
Aunque la deforestación suele preceder a los incendios, en Bolivia es usual que se produzca una segunda ronda de fuego. “Esto sugiere que pueden ser necesarias intervenciones políticas adicionales o distintas, como la regulación del uso de la tierra, incentivos para el desbroce de tierras sin incendios, o educación y aplicación de la ley específicas en las fronteras agrícolas”, indica el MAAP.
Incendios siguen trazos de carreteras en Brasil
En Brasil todos los focos de pérdida de bosques se caracterizaron por incendios intensos: el fuego destruyó 1.9 millones de hectáreas de tierras ancestrales.
Se detecta una concentración en el sureste de la Amazonía brasileña, a lo largo de la carretera que conecta de norte a sur el estado de Pará y alrededores de la vía. También se encontró una expansión hacia la frontera de la soya del estado de Mato Grosso.
En el estado norteño de Roraima y siguiendo otras grandes redes de caminos, como la Carretera Transamazónica (estados de Pará y Amazonas) y la carretera BR-364 (Acre), se hallan otros puntos de incendios.
De acuerdo a reportes del MAAP, más del 70% de los grandes incendios de la Amazonía brasileña queman zonas recientemente deforestadas. En 2024, Brasil perdió 954.126 hectáreas de bosques por causa de la deforestación.
“La política de incendios se está convirtiendo en un pilar central de la conservación de la Amazonía, junto con los esfuerzos de larga data para frenar la deforestación. Esta creciente importancia está directamente relacionada con el cambio climático, tanto en lo que respecta a la intensificación de las estaciones secas como al aumento previsto de la frecuencia, duración y gravedad de los fenómenos de El Niño”, explica el MAAP.
Agroindustria y oro
Desde el año 2002 se estiman en 33,7 millones las hectáreas de bosques amazónicos deforestados; mientras que 10,6 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios, muchos de los cuales se extienden desde zonas recientemente taladas y desmontadas. Las condiciones de sequía prolongada favorecen a la propagación.
El fuego es indicador de una degradación forestal, observan los especialistas, a diferencia de los impactos más permanentes de la deforestación, cuyos epicentros en la Amazonía sin grandes incendios asociados se debieron en 2024, en gran medida, a la agricultura y la minería aurífera, especialmente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
El año pasado, la deforestación fue la quinta más alta registrada desde 2002, con 1,7 millones de hectáreas de vegetación amazónica destruida, entre Brasil (54,7%), Bolivia (27,3%), Perú (8,1%) y Colombia (4,7%).
En Colombia se detecta actividad muy alta alrededor del parque nacional de Chiribiquete, y en los parques nacionales de Tinigua y la Macarena, vinculada a las organizaciones armadas. Los motivos principales son el cultivo de coca, la realización de carreteras y el acaparamiento de tierras y pastos para ganado.
En los últimos años, el aumento de la extracción de oro en el norte de Ecuador y el sur de Perú, así como la expansión de colonias menonitas en la Amazonía central peruana, son otras causas de deforestación masiva.
Ejidatarios de los municipios de Jiménez de Teúl y Sombrerete en el estado de Zacatecas denunciaron a autoridades federales, estatales y municipales por realizar una reunión a sus espaldas, donde trataron el tema de la presaMilpillas,que pretende desviar 47 millones de metros cúbicos de agua anuales para abastecer la zona urbana industrial del Estado.
Presa Milpilllas es uno de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico, que pretende entrar en acción bajo una inversión greenfield, es decir, una forma de inversión foránea directa en el país, que se refiere a la creación o instalación de un proyecto desde cero, que no depende de infraestructura existente. Tiene una inversión estimada en $9,117,230,000 (MXN), según la plataforma oficial “Proyectos México”, que vincula proyectos de infraestructura y energía con inversionistas nacionales y extranjeros.
El motivo oficial para construir la presa es llevar agua, durante los próximos 50 años, al corredor Fresnillo-Zacatecas para un mayor consumo de agua en beneficio de 514 mil habitantes, así como disminuir la sobreexplotación de acuíferos por parte del sector público-urbano. La situación actual del proyecto se encuentra en la etapa de “pre-inversión” y en sub-etapa de “preparación”. Los inicios de operatividad están previstos para el 2028.
Aunque presa Milpillas es un proyecto anunciado desde 2015 por el ex gobernador priista en Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, fue hasta abril de este año que el tema volvió a cobrar vida. En abril de este año (2025), por acuerdo del gobernador actual, David Monreal, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la presa está incluida en el Plan México.
Descontentos
Al ser construida sobre el río Milpillas o Atenco - como se conoce en la comunidad -, la presa afectaría a comunidades de los municipios Jiménez del Teúl, Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas capital.
Para los habitantes de estas zonas, los objetivos de la presa están basados en criterios de desigualdad pues las autoridades no están tomando en cuenta la opinión del sector agrícola, sino únicamente las necesidades de los centros urbanos y las industrias.
Los comuneros y ejidatarios que se verían afectados con la construcción de la presa llevan casi una década luchando contra el proyecto, pues consideran que no resuelve la problemática de escasez de agua que se plantea para la zona conurbada del estado de Zacatecas. Además, destruirá los ecosistemas que hay en la cuenca, de acuerdo al comunicado de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), difundido el jueves (17).
El 15 de julio en el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Jiménez del Teúl, tuvo lugar una reunión que contó con la presencia del presidente municipal de ese ayuntamiento, personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente y de la Procuraduría Agraria de Zacatecas, para tratar temas relacionados a la presa.
“Estas reuniones tienen como objetivo avanzar en la imposición del proyecto presa Milpillas, coordinando estrategias para lograr que la gente lo acepte, pese al rechazo expresado por las comunidades afectadas”, expresa en su comunicado la red de organizaciones.
Con la intención de fortalecer su lucha, ahora que el proyecto fue reactivado, los ejidatarios se dirigen a la población en general: “Les pedimos que se solidaricen con nuestra lucha y que se respete la decisión que como Núcleos Agrarios hemos tomado”.
Mientras en la tarde del último domingo (20) el presidente municipal de Oaxaca, Raymundo Chagoya, recorría el centro histórico para supervisar las obras de las calles Aldama y Las Casas, que hacen parte de la “revitalización” del centro histórico, a unas pocas cuadras de allí, en el Zócalo de la ciudad, se daba el mitin de cierre del Encuentro Nacional contra la Gentrificación, iniciado el miércoles, 16 de julio, cuya finalización de las actividades, que se extenderían hasta el lunes (21), fue adelantada por cuestiones de seguridad.
La integrante del Observatorio Memoria y Libertad, Karen Castillo, una de las organizaciones convocantes de este encuentro, señaló que documentaron la “presencia y el acoso policial durante todo el encuentro; varios de nosotros fuimos perseguidos por patrullas pues intentando salir del encuentro y dirigirnos a nuestros hogares”. De igual manera, durante el encuentro en el Zócalo, dos policías estatales se metieron en el mitin e hicieron captura de imágenes de los participantes.
Las obras de embellecimiento urbano que supervisaba Chagoya fueron inauguradas la misma tarde del domingo, seguido de un acto festivo al tono del megaevento de la Guelaguetza, que se lleva a cabo durante todo el mes de julio en la ciudad, con la presencia masiva de turistas nacionales e internacionales en el centro histórico de esta ciudad. En la inauguración de las obras estuvieron el gobernador Salomón Jara y la indígena oaxaqueña elegida en el contexto de la Guelaguetza como la Diosa Centéotl, la mazateca Patricia Casiano Zaragoza.
Persona de en medio, de camisa blanca, Raymundo Chagoya presidente municipal del centro de Oaxaca inaugurando obras.
Nuevas luminarias, árboles, banquetas y mobiliario urbano “embellecen nuestra ciudad y mejoran la movilidad en esta zona emblemática”, se lee en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Estado. La intervención fue realizada en cuatro cuadras en total y costaron 12.3 millones de pesos, dentro del programa nombrado Oaxaca Camina. Chagoya en sus redes sociales dijo que este programa “transforma el corazón del centro histórico”.
Los comerciantes informales que tenían sus puestos en la zona, alrededor de 60, fueron “reubicados”, de acuerdo con declaraciones de Noé Jara Cruz, secretario de gobierno del municipio de Oaxaca. Durante el inicio de las obras, en mayo de 2025, fueron tendidas mantas de protesta en la zona en las cuales se reclamaban que dichas obras solamente beneficiarían a los turistas y comerciantes.
“Mucho del ‘desarrollo urbano’ se concentra en el centro histórico y las cosas no bellas, no bonitas, lo que el centro no quiere están siendo desplazadas a las periferias. También las personas que no son deseables para la ciudad como los migrantes, las personas en situación de calle, se hace constantemente una limpieza del centro. Y así sucede con todo aquello que no alimenta la imagen ideal de la ciudad de Oaxaca”, dijo a Avispa Mídia una de las organizadoras del encuentro contra la gentrificación, Donají, integrante del colectivo Radical Oaxaca, señalando que este fue uno de los temas recurrentes mencionados por participantes de distintas latitudes durante el encuentro.
No es espontáneo
El foro contra la gentrificación fue un esfuerzo de autogestión que reunió colectividades, disidencias sexogénericas e individualidades que, con sus propios recursos, viajaron hasta Oaxaca, desde de Ciudad de México, Baja California Sur, Morelia, Estado de México, Turín Italia, Sevilla España, Inglaterra, Bolivia, Colombia.
“Sentimos que necesitábamos profundizar las informaciones sobre estos temas, conversar entre todas y todos, que necesitábamos un momento de diálogo, de reflexión, de sentarnos a pensar cuáles son las problemáticas en nuestros lugares, quiénes están propiciando estas situaciones y también buscar posibles soluciones colectivas”, sostuvo Donají refiriéndose a lo qué motivó alrededor de 40 colectivos convocar a dicho encuentro.
Conferencia de prensa de los resultados del Encuentro Nacional Contra la Gentrificación. Foto por Renata Bessi
Uno de los puntos álgidos del debate fue acerca del significado de los términos gentrificación y turistificación. “Nos dimos cuenta que estos conceptos pueden no expresar estrictamente lo que vivimos en nuestros territorios porque son muy diversos, pero en este momento ese concepto nos está ayudando a nombrar lo que vivimos y entonces me parece que es útil (…), nos esta ayudando a nombrar las diversas formas de despojo”, puntualizó la activista.
Estos procesos no son homogéneos, argumentan, y adquieren formas específicas en cada territorio. En el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, se entrelazan con megaproyectos federales como el Corredor Interoceánico. En Ciudad de México, con la financiarización de la vivienda y el avance de plataformas como Airbnb. En Oaxaca, con la apropiación del centro histórico y la reducción del patrimonio cultural a mercancía turística. En Baja California, con el extractivismo inmobiliario que amenaza la costa y los vínculos comunitarios.
Lo cierto, advierten, es que estos procesos que atraviesan las ciudades, barrios y territorios no son fenómenos aislados ni espontáneos. Son estrategias de despojo estructuradas desde el capital y el Estado que, bajo el disfraz del desarrollo, la modernización o la revitalización, reconfiguran violentamente los espacios de vida para ponerlos al servicio del mercado y de las élites. Estos procesos, sostienen los activistas, se alimentan del desarraigo, la especulación, la privatización y la exclusión, y son sostenidos por políticas públicas, discursos institucionales y actores corporativos que operan en red.
Foto por Renata Bessi
Desde las mujeres y disidencias sexogénericas
El derecho a la ciudad pensado desde las mujeres, desde las disidencias sexogénericas que, según sus propios relatos, son desplazadxs de los espacios, también fueron puntos nodales del debate durante estos días de encuentro. Cómo construir una ciudad que no sea patriarcal, que no sea centrada en el pensamiento masculino, “que está muy de la mano con el pensamiento actual, el que genera la simplificación de la visión sobre el espacio, que piensa antes de todo en las ganancias”, dijo Donají y añade que, de los grupos de trabajo que emanaron del encuentro, “me parece que ese va a ser uno de los más interesantes”.
Invitación
En el pronunciamiento final del encuentro, las diversas colectividades enfatizaron que su lucha “es colectiva, autónoma y creativa; no buscamos solo frenar estos procesos, sino construir nuevas formas de habitar, de organizar la vida, de defender el derecho al territorio”.
Así, la propuesta es que los colectivos se mantengan coordinados. Del mismo modo invitan a todas las personas que sientan que viven los efectos de alguna desigualdad, que quieran pensar la ciudad, que quieran pensar su comunidad, que se sumen a los nodos de trabajo que se conformaron a partir del encuentro. O que conformen sus propios nodos de trabajo, que documenten, investiguen, se organicen, y se sumen a los nodos ya propuestos “para fortalecer la lucha contra la gentrificación y la turistificación”.
Donají adelanta que brevemente se harán públicos los medios a través de los cuales se podrá conocer el seguimiento que se dará a los nodos de trabajo.
Es el caso de la modificación a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que aumenta el control indebido a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de restringir la acción ante problemáticas desatendidas o generadas por los gobiernos.
Las condiciones ambientales y de salud pública son críticas, con el 31,5 % de la población nacional expuesta a niveles peligrosos de metales tóxicos. El cambio en la norma permite al Estado bloquear el financiamiento proveniente de otros países a colectivos organizados para acceder a justicia.
“Estamos siendo perseguidos, despojados de nuestros territorios, donde nuestras abuelas y abuelos nos dejaron nuestra cultura, las semillas, las reservas para los que vienen. Hoy somos sacrificados, saqueados, los recursos que tenemos están siendo manchados de sangre. Nuestra sangre está con metales pesados, nuestros hermanos campesinos originarios están luchando las 24 horas porque conviven con la naturaleza, con la madre tierra”, expresó Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, en resistencia contra la contaminación minera en la provincia de Espinar (región Cusco).
Entre 2019 y 2024, fueron asesinados 57 defensores ambientales en el Perú, de acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el mismo período, las vidas de más de 650 activistas se encontraban en riesgo.
Foto por Red Muqui
Cerco a la organización de defensores
El nuevo marco legal sobre la cooperación internacional es una herramienta para imponer sanciones económicas y penales a organizaciones de defensores de territorios. Ante esta posibilidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Gobierno peruano, en resolución emitida el 2 de julio, abstenerse de multar a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y EarthRights International por sus acciones en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento mashco piro, yora y amahuaca.
La Fenamad representa a estas comunidades en el proceso de la Corte IDH contra el Estado del Perú por violaciones a los derechos de las etnias amazónicas. La ley APCI es una amenaza para los colectivos ambientalistas, con mayores riesgos para los situados en los territorios.
“Estamos exigiendo que se deroguen las leyes que atentan a nuestros territorios, como la ley antiforestal, la ley APCI. No podemos defendernos porque esta ley APCI está maniatándonos. La ley antiforestal está incitando a que todos los territorios peruanos estén despojándose. Va a haber conflictos, nosotros vamos a ser más perseguidos, más amenazados. Exigimos que todas las leyes que atenten contra la vida, la integridad, la salud y el medio ambiente sean derogadas, antes de que entren en colapso”, observó la lideresa amazónica Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo Nación Chapra (región Loreto).
Entre estas, la ley que amplía el plazo de registro de formalización para la minería pequeña y artesanal, además del dictamen que permite que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales con fines de vivienda, en casos que no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en contiendas judiciales de reivindicación.
Por ello, se resaltó la necesidad de que el Estado reconozca a todas las comunidades campesinas, para que ejerzan la autodeterminación sobre sus territorios, amenazados por la minería, agroindustria y megaproyectos de infraestructura.
El 15.51% del territorio nacional está ocupado por concesiones mineras, según el monitoreo de CooperAcción actualizado en mayo. Sin contar las tierras entregadas para explotación de hidrocarburos, tala legal y monocultivos, estos en expansión en la Amazonía.
Foto por Red Muqui
Gobiernos autónomos frente a complicidad estatal
La mayoría de procesos judiciales, señalan las defensoras y los defensores, proviene de las instituciones estatales. Se han normalizado las acusaciones de delitos ambientales a los propios guardianes de territorios, como método de intimidación y desgaste.
El defensor de la comunidad campesina muchik Santa Catalina de Chongoyape (región Lambayeque), Javier Ruiz Gutiérrez, relató que el Ministerio Público denunció por maltrato animal a los guardabosques del área de conservación Chaparrí, donde se protege al oso andino y aves en peligro de extinción en la costa norte peruana.
Entre las conclusiones de las defensoras y defensores se resaltó la necesidad de reforzar las formas ancestrales de autogobierno.
“Demandamos la titulación, demarcación y georreferanciación integral de todos los territorios indígenas y campesinos. El Estado debe reconocer y fortalecer nuestros sistemas de autogobierno, como las Guardias Indígenas y Gobiernos Territoriales Autónomos. Exigimos que se respete de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante en todos los casos”, destacan las y los defensores en un pronunciamiento.
El día en que concluía el encuentro, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís decidió hacerse cargo de la expulsión de los mineros ilegales del río Santiago, en márgenes de las regiones Amazonas y Loreto, ante la inacción del Estado.
“El gobierno peruano nos abandonó al cancelar una operación conjunta (contra la minería ilegal) a último minuto, demostrando su falta de voluntad para proteger la Amazonía y a sus pueblos originarios. Años de promesas vacías han permitido que la devastación avance. No esperaremos más”, manifestó la organización en un comunicado.
La Nación Wampís demandó al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) que garanticen que este proceso se realice en paz.
Sin embargo, el Ejército no autorizó la estadía de un puesto de control del Gobierno Territorial Wampís en el área donde, el 12 de julio, una comitiva de guardianes indígenas fue atacada con armas de fuego y explosivos por mineros informales, durante un recorrido pacífico de control y defensa de su territorio.
Del mismo modo, el 14 de julio la comunidad nativa Flor de Ucayali denunció que la Región Policial Ucayali optó por no acompañar el patrullaje comunitario contra el narcotráfico, a pesar de compromisos acordados con autoridades regionales.
Indígenas Otomí pertenecientes al Concejo Autónomo Santiago Mexquititlán Amealco, Querétaro, presentaron este martes (15) una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos de esta ciudad, por graves violaciones de derechos humanos ejercidas contra miembros de su comunidad, la cual ha sido catalogada como “zona de riesgo” por defender el agua.
La comunidad de Santiago Mexquititlán es una población otomí (‘ñañho’) que se ubica al sur del estado de Querétaro, sobre la orilla del río Lerma. El Consejo puntualiza que es adrede el que las autoridades municipales y federales señalen a Mexquititlán como una zona de “factor de riego social”, asociándolo a la categoría de “comunidades indígenas” que se oponen a la privatización del agua.
Los habitantes del municipio organizados por la defensa del agua, denuncian que la violencia es sistémica en su contra y que es parte de una estrategia contra los procesos organizativos que oculta bajo el discurso de “alteración al orden público”.
La tortura y hostigamiento
Por tanto, la comunidad denuncia de manera específica una redada ilegal efectuada por la Policía Estatal de Querétaro (POES), la tarde del pasado 4 de junio, donde la indígena Estela Hernández Jiménez fue detenida y torturada. Además de 5 personas más que también fueron arbitrariamente arrestadas y torturadas en diferentes barrios de dicho municipio, jóvenes otomís que estuvieron “incomunicados y sin la posibilidad de ser asistidos por un abogado ni un intérprete, sin la presentación previa de una orden de aprensión” detallan miembros del Consejo en su denuncia pública.
Señalan como responsable al secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Carlos Alberto Alcaraz, quien ordenó la intervención policial como respuesta a supuestos “reportes ciudadanos sobre alteración del orden público” y “daños al DIF”, denunció la comunidad en su denuncia pública.
La detención de la indigena Otomí se dio en el momento en que ella trató de impedir que la POES detuviera a Sergio Chávez -su esposo- sin ningún motivo. Casi cinco horas después y debido a la presión social, la consejera y su esposo fueron liberados.
La consejera Jiménez, es una mujer altamente comprometida en la lucha por la defensa del agua en Querétaro. Es originaria de Santiago, doctora en pedagogía y actualmente da clases en educación indígena.
Dentro de su papel como defensora, es delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI), participa en la Red en Defensa del Agua y la Vida en Querétaro (REDAVI), integra la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI), y forma parte del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán.
En entrevista para Avispa Mídia, Jiménez comparte que después de la redada el proceso de recuperación ha sido difícil, “ ha constado en 3 etapas: el tratamiento médico, los tratamientos tradicionales y el tratamiento emocional [que] será el más largo y difícil. Ahora sé que mi vida (así como la de todos los que luchamos) no interesa al estado capital, es muy fácil desaparecer o matar cuando lo deseen” compartió.
“Las afectaciones de la tortura es lo que quedó bien marcado en nosotros como pareja ya que los golpes en una primera vez lo hicieron frente a los detenidos y luego escuchar como me golpeaban en otro cuarto, yo gritando, es inadmisible, inhumano”, menciona la profesora.
Aunque la violencia hacia la indígena ha afectado distintos ámbitos de su vida, un hecho que le ha dado fuerza, es la existencia de más organizaciones que al igual que el Consejo, defienden sus recursos naturales. “Sabemos de la hermandad de muchas organizaciones que también luchan por la vida, el agua y el territorio. Eso nos mantiene de pie”, afirma la consejera Otomí.
El hostigamiento hacia la activista es un ejemplo claro de la capacidad que tiene el Estado para desgastar a los defensores territoriales, con el objetivo de infundirles terror para que desistan de sus luchas. “La criminalización y estigmatizacion en la comunidad ha afectado mi trabajo como maestra. A través del delegado de la comunidad ha hecho reuniones para mal informar, juntar firmas y que me corran de la comunidad donde trabajo. El discurso es que soy mal ejemplo para sus hijos”, denuncia la profesora Jiménez.
Foto por Santiago Navarro F
La autonomía frente a la “justicia” oficial
El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán es una forma de gobierno autónomo, un espacio de decisión colectiva no partidista, establecido en febrero del 2020 para enfrentar la desviación de agua, la tala ilegal, el despojo de recursos y la imposición de proyectos turísticos que dañan su patrimonio cultural.
El Consejo, se formó “como un espacio de dignidad, como una herramienta jurídica, social, política no partidista para la emancipación comunitaria desde la búsqueda y el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación” mencionaron en los resolutivos de la Asamblea realizada el 13 de julio pasado.
El proceso por la defensa del Agua en Santiago ha sido largo y se ha dado a partir de comprender otras formas de lucha y de pensamiento. “Tras el llamado a colectivos que coincidiéramos en la ideología zapatista para evitar la privatización del agua en Querétaro se crearon las redes locales de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI)” .
La consejera Jiménez explica que en 2020 se dieron cuenta de que el gobierno se protege así mismo con su aparato de Estado, por ello, la seguridad para ellos ha sido emprender “mecanismos de seguridad social y colectiva: en la comunidad a través de cohetes y la vigilancia del respeto a todos y todas”.
“No hay leyes, ordenamientos municipales, estatales y federales que detengan el despojo del agua, tampoco que garanticen la justicia social, en la defensa de los derechos, la respuesta del Estado es y será de extrema violencia por ello” afirman integrantes del Consejo.
En el caso de la indígena Jiménez y su esposo no emitieron una demanda en la fiscalía sino que, se limitaron a “levantar solo una queja ante la defensoría de Querétaro, sólo para que queden los antecedentes porque no esperamos nada de esta comisión” señala la activista Otomí.
La profesora explica las omisiones y la violencia institucional en el ámbito jurídico, “la fiscalía en ocasiones anteriores es quien me ha citado a manera de intimidación”, primero por una orden de restricción que además enviaron a su mamá y a otra compañera suya, en otra ocasión fue para notificarle que debía pagar al ayuntamiento 26 mil pesos mexicanos (MXN), por un daño. Nuevamente, 4 años después de que en 2020 interpusiera una demanda por las amenazas, por la persecución y agresiones en su contra, sólo le dijeron que “acudiera a psicología y que su demanda no procedió”.
Al mantener un posicionamiento crítico frente a las instancias de seguridad estatales, ponen a la organización comunitaria al centro, argumentando que “la justicia no vendrá de arriba, de aquellos que nos despojan el agua para entregárselo a la industria, para contaminarla y sobre explotarla, vendrá del pueblo organizado que convierte la digna rabia en digna rebeldía hecha acción” expresó la comunidad.
“No confiamos en los mecanismos de protección del Estado” afirmó la concejera y, además, dejó claro cómo su perspectiva de justicia está completamente distante de los oficialismos del Estado: “Si confiamos en la protección de Dios, en la hermandad humana y la justicia social” puntualizó.
Foto por Santiago Navarro F
Continuidad de la lucha
También la comunidad Otomí denuncia que entre los actos de violencia se encuentran: represión ante la defensa de su tianguis, el daño a su templo a partir de la construcción de una obra turística gestionada por el ex alcalde Rosendo Anaya. Junto a la escasez de agua potable debido al saqueo realizado por pipas de agua en los pozos de las comunidades, permitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), “instancia coludida con operadores privados”, señala la denuncia.
También han atestiguado el mal manejo de recursos públicos en el muncipio, hostigamiento a mujeres artesanas en Querétaro y criminalización a miembros del Consejo por defender el vital líquido.
Consideran que el objetivo de las autoridades es “ir enfocando a la comunidad como un territorio en el cual será necesario poner orden, colocarles como posibles criminales para justificar futuros operativos, acciones, despojos y colocar a la opinión pública en su contra. Es decir, que se justifica la violencia estatal con el racismo estructural” denunció la comunidad.
La consejera Jiménez menciona que su lucha por la defensa del agua continuará en lo jurídico a través de los amparos vigentes y además se encuentran peleando la concesión del pozo de agua potable en el municipio.
Es a través de sus Asambleas desde el CNI y el ANAVI, donde expanden sus estrategias de seguridad y defensa. Por parte del consejo, su determinación no tiene marcha atrás, “no se va a permitir la privatización del agua. El despojo del agua a través de pipas ya no es posible, se dejó bien en claro al Estado que ‘ninguna pipa más’” declaró la profesora.
La existencia de los pueblos originarios, pese a la colonización, es para la consejera un símbolo de resistencia que en Santiago los alienta a no rendirse frente al hostigamiento de las autoridades. “Más de 500 años de resistencia y no desaparecernos es de gran valentía”, sostiene Jiménez.
El mensaje que la profesora emite para otros pueblos y personas que luchan, es que no están solos y agrega: “La justicia no se dará de arriba, la tenemos que arrancar desde abajo y a la izquierda. La dignidad, la organización, la rebeldía, la hermandad y el amor a la vida es lo que nos permitirá seguir respirando. No nos vendemos, no, nos rendimos y no claudicamos. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”
Elsa sueña con tener un vivero de árboles endémicos. Eso la llevó a estudiar ingeniería forestal y, con ello, a conocer alternativas para cuidar y restablecer el suelo. Sabía que quería hacer algo para inclinar un poco la balanza del daño ambiental en el territorio donde habita, y necesitaba sustrato para producir árboles. Había que empezar por un lugar: hacer composta.
En Magdalena Apaxco, aproximadamente a una hora del centro de la ciudad de Oaxaca, México, está el terreno del proyecto Hagamos Composta, del cual hace parte Elsa, un espacio que llama la atención entre el paisaje de cerros partidos en esta parte del Valle de Etla, una zona históricamente dedicada a la extracción de cantera amarilla para construcción.
Al llegar a sus instalaciones, lo primero que se observa es la ausencia de olores distintos a los de la vegetación de la zona, solo al acercarnos un poco a alguna de las compostas, se puede percibir un poco el calor y los olores que emanan del proceso. Tampoco hay muchas moscas, ni se perciben lixiviados en el terreno, los únicos residuos visibles se encuentran en un par de decenas de cubetas al centro del terreno, recolectados el día anterior. Este espacio es, a todas luces, algo muy distinto a un basurero.
Hagamos Composta Oaxacaes un proyecto de mujeres surgido en 2021 dentro de una red nacional que ofrece un servicio de pago para la recolección de residuos orgánicos domésticos y su correspondiente transformación en composta. Un año después de su creación, incorporó el compostaje de heces fecales de perros y gatos, un servicio que, por la normatividad sanitaria, no puede ser cumplido por el sistema de recolección de residuos sólidos de los municipios.
Foto: Isabel Ortega
En 2022, estalló la crisis de la basura en Oaxaca, cuando el relleno sanitario de Zaachila Oriente fue clausurado por la población cercana, ante los múltiples problemas que desencadenaba este lugar, convertido en un tiradero a cielo abierto que llevaba más de una década de haber alcanzado el límite de su capacidad. Por esta razón, el servicio de recolección fue suspendido en la ciudad, la basura se empezó a acumular en la vía pública y proliferaron los tiraderos irregulares. En este contexto, muchas personas se acercaron a solicitar los servicios de Hagamos Composta. Tras unos meses de que iniciara la crisis de la basura, los usuarios del proyecto se multiplicaron cuatro veces.
Actualmente el proyecto tiene presencia en prácticamente toda la Zona Metropolitana de Oaxaca, a través de rutas semanales de recolección por zonas, que de lunes a sábado reciben residuos de cerca de 800 usuarios, llegando a recolectar alrededor de tres toneladas semanales de orgánicos y heces fecales de perros y gatos. La mayoría de los lugares donde recolectan son casas-habitación y, en menor medida, hoteles, restaurantes y oficinas. Por su parte, la red Hagamos Composta tiene presencia en alrededor de 30 ciudades del país, así como en Honduras y Costa Rica.
Este proyecto, iniciado por Yann y Elsa, tiene dos grandes áreas de trabajo: recolección y trabajo en terreno, donde alrededor de siete personas, mayoritariamente mujeres, llevan a cabo el proceso de compostaje a través de distintos sistemas de manejo de los residuos que han ido aprendiendo y optimizando con los años.
La composta y poposta que surgen del proceso son analizadas periódicamente mediante pruebas de laboratorio y tienen dos destinos. La composta de orgánicos es regresada, periódicamente, a los usuarios para uso en plantas de ornato, de manera proporcional a su producción de residuos, mientras que el abono producido por heces fecales, por sus características, es donado para campañas de reforestación. De esta manera, crear sustrato para árboles y procurar el cuidado del suelo son dos de los principios ambientales del proyecto.
Para Elsa y Yann, en el trabajo que realizan es tan importante el cuidado de los aspectos técnicos como la relación que se establece entre personas. Consideran que el diálogo constante con los usuarios, lo que ellas nombran como educación ambiental, es una parte esencial para poder recibir los residuos libres de inorgánicos y que el proceso de compostaje pueda realizarse de la mejor manera. Aun así, cotidianamente lidian con la presencia de plásticos y materiales de todo tipo en los residuos que recolectan y procesan.
Para las coordinadoras de esta sede de compostaje, es importante cuidar la relación entre la cantidad de los residuos que reciben, y las posibilidades del terreno donde trabajan y el equipo que colabora en él, por lo que Elsa afirma que “mejorar los procesos ayuda a reducir más rápido los residuos y de esta manera evitar la acumulación. Una escala adecuada es lo que permite monitorear parámetros adecuadamente y controlar mejor los procesos”.
Fotos: Isabel Ortega
De esta manera, están conscientes de los límites y desafíos que enfrentan, sobre todo considerando que el trabajo que ofrecen es un servicio de paga, que puede ser costeado solo por una parte de la población, y que es un modelo que funciona en ámbitos urbanos a una escala específica. Sin embargo, tienen presente que hay otros alcances sobre la gestión de residuos a través de la organización comunitaria, donde existen otras posibilidades para trabajar la educación ambiental y crear reglamentos internos y espacios de trabajo colectivo.
Por ahora, desde su trinchera comparten las herramientas que tienen a la mano. “Nuestra intención es que el terreno se convierta en un espacio de aprendizaje no solo para nosotras, un espacio abierto a que las personas conozcan los procesos y valoren el trabajo que hacemos. Nos gusta conectar con personas que les interese el proyecto por el cuidado del ambiente, más allá de la intención de deshacerse de sus residuos”, comenta Elsa, sobre su intención de abrir el espacio a que los usuarios participen en el trabajo en terreno.
Como este proyecto de mujeres, existen otras alternativas en Oaxaca que parten de afrontar en pequeña escala la gestión de residuos orgánicos urbanos, tanto orgánicos como inorgánicos, mientras se cuida el territorio y se establecen formas de corresponsabilidad entre personas.
Foto: Isabel Ortega
Mientras tanto, el gobierno del Estado opta por impulsar una solución a gran escala y centralizada que no cuestiona las raíces del problema ni contempla trabajar alrededor de la corresponsabilidad de la población y las empresas productoras de residuos: el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos.
La mirada del Estado
Desde hace una década, cuando fue evidente que el relleno sanitario de Zaachila había alcanzado su límite, el gobierno estatal intenta construir un proyecto de gran escala que dé solución al problema de los residuos sólidos de la ciudad. En la actual administración, este proyectó tomó forma y nombre como el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) y el inicio de su construcción fue anunciado el 11 de febrero de este año a través de la conferencia de prensa matutina del gobernador Salomón Jara.
En dicha conferencia, Diego Humberto Ramos, conciliador de proyectos estratégicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado, describió al CIRRSU como “la solución integral, autosustentable y definitiva a la problemática de los residuos urbanos en la Zona Metropolitana de Oaxaca”.
El CIRSSU, que se presenta como una opción de desarrollo económico a través de la industrialización de residuos, comprende tres obras principales: una planta de separación y clasificación, una planta de biofertilizantes para procesar residuos orgánicos y, por último, una celda de disposición final para almacenar los residuos que no puedan ser eliminados a través del reciclaje.
De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental 20/MP-0179/02/25, emitida por la consultora ambiental Biogemática S.C., el proyecto abarca 22.64 hectáreas y tendrá la capacidad de recibir 850 toneladas de residuos por día, provenientes de los más de 20 municipios que integran el área metropolitana.
A la par, la solución gubernamental al problema de los residuos urbanos en Oaxaca incluye habilitar una estación de transferencia en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, donde los residuos recolectados por los camiones del servicio público serán compactados y posteriormente trasladados al CIRSUU. De acuerdo a la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca 2025, los municipios tendrán que pagar 430 pesos por cada tonelada de residuos que depositen.
Este centro de transferencia ya ha enfrentado resistencia entre la población cercana al lugar de instalación. En el contexto de este proyecto, en enero de este año, vecinos de la zona bloquearon la avenida Símbolos Patrios y fueron desalojados con violencia.
Solo existen datos públicos muy generales sobre el funcionamiento de las tres plantas del CIRRSU, que no incluyen la capacidad de la celda de disposición final. Según la MIA, el tiempo de vida útil del proyecto es inicialmente de 20 años, con intenciones de extenderse de forma permanente.
Dentro de la planeación del Centro, también destaca el uso de servicios privados de disposición de aguas residuales durante la construcción y la posterior instalación de una planta de tratamiento, así como la compra de agua en pipas, dado que no hay fuentes de agua cercanas al predio de instalación del proyecto.
Finalmente, la MIA señala que la construcción del proyecto tendrá impactos negativos moderados, principalmente supondrá la pérdida de suelo, el desplazamiento de fauna local, la disminución de la cobertura vegetal y la pérdida de calidad en el agua.
El Centro de Revalorización, que tiene un costo de construcción mayor a los 500 millones de pesos, fue rechazado anteriormente por pobladores y asambleas comunitarias del valle de Ocotlán, así como otras comunidades como San Lorenzo Albarradas y Asunción Nochixtlán.
Actualmente, el CIRRSU está siendo construido en San Pedro Totolápam, en el distrito de Tlacolula y, según el portal de comunicación social del gobierno del Estado, la construcción tiene un avance del 80%, mientras que la estación de transferencia ya recibe, desde abril de este año, 500 toneladas diarias de desechos sólidos, provenientes de los tres municipios con mayor generación de residuos en la Zona Metropolitana de Oaxaca: Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán. Es utilizada también para reubicar los residuos almacenados en el Playón de la Central de Abastos.
Escalas, límites y responsabilidades
La experiencia de alternativas colectivas y comunitarias sobre el manejo de residuos sólidos nos pueden ayudar a ver los límites de este proyecto centralizado. Sobre este tema conversamos con Javier García, agrónomo oaxaqueño que ha colaborado en iniciativas de la sociedad civil sobre la gestión de residuos.
Javier afirma que, aunque se puede pensar que los residuos orgánicos son el menor de los problemas alrededor de la basura, su mal manejo representa una fuente importante de contaminación, así como puede desencadenar serios problemas para la salud de las personas, como ha sucedido en poblaciones cercanas a tiraderos a cielo abierto. “Es prácticamente imposible generar un único sistema de compostaje para toda la ciudad, por la cantidad de residuos que se genera, y porque es muy difícil controlar que los residuos que se recolectan a gran escala no contengan grandes cantidades de plástico”, afirma.
De manera similar, Javier señala que la eliminación de una gran cantidad de residuos inorgánicos a través del reciclaje resulta muy complicada, principalmente porque la industria de transformación de estos materiales tiene una capacidad limitada en el país. Incluso, aunque se logre una separación adecuada, que es complicado en gran escala, no hay hacia dónde transferirlos, especialmente materiales como vidrio y tetrapack.
Foto: Isabel Ortega
Un riesgo importante de la acumulación de residuos en gran escala son las celdas de confinamiento, donde se almacenan los residuos que por su composición no pueden ser transformados, como es el caso de los productos higiénicos y diversos tipos de plástico. Estas celdas deben estar impermeabilizadas cuidadosamente y deben de tener un sistema de drenaje adecuado, así como salidas de gases, ya que los lixiviados que salen de un relleno sanitario son altamente contaminantes. Pero, sobre todo, son un riesgo para la salud porque en muchos rellenos sanitarios no se prevé la cantidad de toneladas que salen de los municipios, por lo que estos se ven rebasadas al poco tiempo.
Volviendo a las soluciones sobre residuos orgánicos, tanto Elsa, integrante de Hagamos Composta, como Javier García coinciden en que el proceso de compostaje, más que ser una solución mágica al problema de los residuos orgánicos, implica, para su correcto manejo, el involucramiento cercano con la población que genera los residuos y, sobre todo, enfatizan que cualquier proyecto que proponga la gestión de cualquier tipo de residuo debe poner el énfasis en reducir la producción de estos. “Hacer consciencia, llevar a la gente hasta el relleno sanitario, pararse ahí, caminar sobre la basura que se genera todos los días, genera un impacto. Hacer tu composta en casa, genera un impacto, te das cuenta de cuántos residuos estás generando”, sugiere Javier.
Como se expresa en la experiencia de Hagamos Composta, la factibilidad de procesos de compostaje para residuos urbanos depende fundamentalmente de procesos de educación ambiental y un diálogo constante con la población generadora, además de una gestión adecuada de zonas de cobertura, optimización de procesos y trabajar a una escala que pueda evitar la acumulación. Es decir, implica replantear los principios de la recolección de residuos como un servicio público y asumir la eliminación de residuos como una tarea colectiva.
