Desaparición del INAI, un paso más hacia la opacidad en México

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28 agosto, 2024

^{En portada: Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante la 119 Acción Global para exigir verdad y justicia en el caso de los normalistas desaparecidos. A un mes de cumplir una década del crimen, Fuerzas Armadas niegan compartirles información que podría llevar a conocer su paradero.}

En días recientes, congresistas mexicanos están dando pasos para concretar un paquete de 18 reformas constitucionales presentado desde febrero de este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado jueves (22), mediante sesión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor (del partido Morena y aliados), 17 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la extinción de 7organismos autónomos.

Con ello avanza la propuesta de eliminación de órganos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras. Destaca entre estos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),órganismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad e institución del Estado mexicano.

El partido en el poder, Morena, argumenta que, con la eliminación de los organismos autónomos, se obtendrán recursos económicos para ser redireccionados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Mientras tanto, son diversas las voces que han levantado críticas contra esta medida.

Una de ellas es del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, el cual destaca que, desde su creación en el año 2014, el INAI ha sido esencial para garantizar el derecho a la información pública pues recibe hasta 300 mil solicitudes anualmente, a nivel federal. Hasta dos tercios de la información de estas solicitudes no se encontraban en fuentes públicas y, además, éstas pasan a formar parte de un repositorio en línea que cualquier persona puede consultar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Más importante aún, remarca el Programa, es el papel del INAI para atender quejas de inconformidad con las respuestas de las instituciones e impugnar la falta de acceso a la información de los sujetos obligados, por lo que “su desaparición sería un retroceso grave, de al menos 20 años en la garantía de la información pública”, asevera en su análisis. Esto se debe a que, si una institución niega contar con la información, o alega que está reservada, el INAI cumple con la función de impugnar la respuesta y, en su caso, ordenar la publicación de la información a favor del solicitante.

La preocupación del Programa es que, con la desaparición del INAI, cada dependencia del gobierno sería responsable de recibir y gestionar las solicitudes de información. En este punto coincide con el análisis de la organización Data Cívica, quien alega que “desaparecer el INAI implica que las mismas instituciones opacas que niegan la información decidan sus procesos de transparencia”, enfatiza en pronunciamiento difundido en redes sociales.

La propuesta de Morena pretende incorporar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública, órgano con funciones de contraloría dependiente del poder ejecutivo como parte del gabinete presidencial.

Con la reciente aprobación de la Comisión, ahora se espera que el pleno del Congreso mexicano discuta la iniciativa a partir del inicio del periodo ordinario de sesiones legislativas que comienza el próximo 1 de septiembre.

Temas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la institución más consultada. Le siguen el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Acorde al Programa, los temas más consultados ante el sistema de transparencia son las actividades de las instituciones y la información que generan; salud, compras públicas y contratos; así como peticiones de información sobre funcionarios públicos.

El análisis del Programa de la Universidad Iberoamericana, especializado en seguridad pública y militarización, indica que, para el año 2023, las resoluciones del INAI han dado como resultado la publicación de información relevante sobre temas como infancias y adolescentes en condición de orfandad por feminicio; detención migratoria e indemnizaciones otorgadas en casos de migrantes fallecidos durante su tránsito por México; el uso de dinero público para comprar insumos a sobreprecio; el desmantelamiento de laboratorios de producción de drogas sintéticas como el fentanilo, así como la citotoxicidad de las copas mentruales, entre muchos otros casos.

En tanto, Data Cívica, organización feminista que utiliza datos y tecnología para la defensa de derechos humanos, destaca que mediante la intervención del INAI han podido contar con información para desarrollar la Plataforma Ciudadana de FosasClandestinas lo que ayudó a identificar que la Fiscalía General de la República reporta menos fosas que las fiscalías de los Estados.

En ese mismo rubro, aseguran que el acceso a la información les permitió identificar evidencia de que el Banco Nacional de Datos Forenses no estaba operando, así como para conocer las coordenadas exactas de las fosas. Ante esta situación, para Data Cívica es un hecho que las Fuerzas Armadas han ocultado información relevante a la sociedad.

“Gracias al INAI pudimos saber que algunas instituciones de seguridad en México, como la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), han negado que cuentan con el registro de una base de datos sobre ‘homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada’, a pesar de que dicho registro sí existe y se sigue realizando, como hemos explicado en el proyecto Con Copia Oculta”, un repositorio con información de la guerra en el país que las Fuerzas Armadas han mantenido en secreto durante 15 años.

Opacidad, en tiempos de militarización

Por su parte, Data Cívica considera particularmente grave la extinción del INAI dentro de un contexto de profunda opacidad sobre las violaciones a derechos humanos en México.

La organización asevera que, de acuerdo a datos del INAI, la opacidad en el sexenio actual ha aumentado el doble en comparación con los últimos tres años del sexenio pasado. “Es decir, pasamos de 9,758 mil recursos de revisión por año de 2015 a 2018, a casi 20 mil anuales entre 2019 y 2022”, comparte sobre el aumento en las impugnaciones de las respuestas ante las solicitudes. Cabe destacar que, durante el primer año de este sexenio, también se observó un incremento en las respuestas que, bajo el argumento de “inexistencia” de los datos, no entregaron la información.

Además, resalta la polémica generada por López Obrador cuando, en noviembre del 2021, y mediante decreto presidencial, pretendió reservar la información respecto a megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec por considerarlos como “seguridad nacional”. Ante ello, el INAI presentó una controversia de constitucionalidad ante la SCJN, quien en mayo del 2023 invalidó la orden presidencial, solo para que Obrador volviera a blindar las obras con la publicación de otro decreto, emitido el mismo día de la resolución de la Corte. Resalta el involucramiento en las obras de los megaproyectos tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina (Semar).

Para el Programa de la Universidad Iberoamericana, es particularmente preocupante que esta reforma se proponga en un contexto de militarización y militarismo “sin precedentes en la historia contemporánea del país”, pues argumenta que las exigencias por transparencia y acceso a la información pública surgieron, precisamente, como una demanda para esclarecer delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano.

El análisis de la institución educativa sostiene que las Fuerzas Armadas “engañan respecto a la existencia de la información que debe ser disponible públicamente” y lo ejemplifica con el hecho de que la Sedena negaba tener registros sobre el uso de la fuerza letal contra civiles después del 5 de abril de 2014. “Sin embargo, una resolución del INAI, impulsada por un grupo de activistas y académicos, determinó que la Sedena estaba obligada a llevar estos registros y que existían pruebas de que aún lo realizaba. Si la responsabilidad de ejercer la transparencia hubiera recaído en la contraloría interna de la Sedena, esta información vital no habría sido divulgada”, detalla sobre la evidencia queconfirmó análisis independientes sobre participación de militares en ejecuciones.

Para Data Cívica, sin el INAI no habrá garante para el acceso a la información.

A casi 10 años del caso Ayotzinapa, el engaño se impone como única voz oficial

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Sare Frabes

27 agosto, 2024

Este martes 27 de agosto se llevó acabo la última reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre del año 2014. Tras este encuentro los padres y madres decidieron romper el diálogo y han resumido que la búsqueda de sus hijos ha sido un “total fracaso”. “La posición de los padres es que ésta ya es la última reunión, no vemos condiciones de una próxima reunión”, puntualizó el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.

A pesar de la desilusión y el cansancio, los familiares de los estudiantes no dejarán de luchar. Este 26 de septiembre están llamado a una protesta masiva en la ciudad de México, para recordar que, a pesar del paso del tiempo, la exigencia de justicia sigue viva. Mario César González, padre de uno de los estudiantes, invita a la sociedad a unirse en esta marcha, enfatizando la necesidad de mantener la sensibilidad hacia el caso de Ayotzinapa.

"Esperemos que la marcha sea grande, para que vean que todavía hay sensibilidad hacia el caso”, concluye Mario César, con la esperanza de que, algún día, puedan conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.

¿Dónde se quedó el caso?

Era el invierno del año 2018 cuando AMLO se había reunido con los familiares de los 43 estudiantes, también participaron organizaciones de derechos humanos de México y extranjeros. En ese momento el mandatario informaba que, mediante un decreto, se había creado la Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa). “Les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, afirmó con toda seguridad el presidente de México, a quien le resta casi un mes para concluir su mandato.

Lo que reflejan los familiares es una total frustración, ya que lo que AMLO llamó de “justicia”, solo se convirtió en una falsa promesa. César González, con una mezcla de dolor y amargura, expresa que, aunque se abrieron varias líneas de investigación, todo se estancó al momento en que las investigaciones se inclinaron hacia la participación del Ejército.

"El caso iba caminando, pero cuando se llegó al Ejército, ahí se estancó todo. El presidente de la República lo que hizo fue darle todo el apoyo al Ejército”, remarca el padre del estudiante.

Incluso, menciona Mario César al equipo de Avispa Mídia, el presidente les pidió pruebas “y eso no nos corresponde, son ellos quienes tiene que investigar”, agrega, aún así, “le presentábamos las pruebas, pero él solo las descalificó," comenta.

Las familias de los estudiantes no solo están frustradas, sino enojadas, porque el compromiso del presidente se ha desvanecido. Además de ello, “se han convertido en cómplices al defender a quienes participaron en los hechos y al desacreditar a los equipos de investigación independientes”, menciona el padre de Gonzáles Fernández.

Es así que, más de una decena de militares relacionados con el caso, ya han sido puestos en libertad, como el general José Rodríguez Pérez, acusado en informes de la CoVAJ-Ayotzinapa de haber dado la orden de desaparición de los estudiantes y de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Hoy goza de libertad condicional. Esta orden fue dada en julio pasado por la jueza Raquel Duarte Cedillo, del distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México.

Parte de la acusación sobre el general se fundamenta en las declaraciones de un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los líderes de Guerreros Unidos. El que lo hayan liberado “es una burla para todos los que hemos buscado a nuestros hijos," afirma con indignación Mario César.

El sello del gobierno del cambio

Las familias habían exigido la presentación de más de 800 expedientes, pero el gobierno nunca les dio una respuesta certera. “El presidente dice que no existen. La Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] dice que ya los entregó”.

Además, los familiares de los estudiantes han denunciado que el gobierno ha manipulado a una fracción de los padres y ha intentado dividir su organización. “Hay un líder que antes andaba con nosotros que ha manipulado a cuatro padres, luego los presentan en la mesa de la comisión de búsqueda. A ellos nosotros los desconocemos. Para nosotros esta es una estrategia de divisionismo por parte del gobierno para debilitarnos y que dejemos de buscar a nuestros hijos”, dice Mario Cesar.

Así, el sello de aquel gobierno que prometió justicia para el caso Ayotzinapa, hoy concluye como un “gran fracaso y, peor aun, termina diciendo mentiras porque no tiene la forma de cerrar el caso de los 43 estudiantes”.

Mario Cesar concluye diciendo, “nosotros vamos a seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos, por ello seguimos llamando a la solidaridad; este gobierno ha sido igual que el anterior”.

Presos políticos tzeltales interponen amparo para exigir su libertad inmediata

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Aldo Santiago

26 agosto, 2024

CANCUC020523OB5 — Esposas de los 5 presos de Cancuc se manifiestan frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas

^{En portada: Familiares de los cinco presos de San Juan Cancuc se manifiestan frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Mayo, 2023. Foto de Orsetta Bellani.}

Familiares, defensores y organizaciones de derechos humanos, así como la representación legal de cinco presos políticos tzeltales, originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, anunciaron la interposición de una demanda de amparo para anular la sentencia condenatoria que les mantiene en reclusión, desde hace más de dos años y cuatro meses.

Acusados por el asesinato de un policía municipal, en el año 2022, los cinco tzeltales, así como las organizaciones acompañantes, exigen su liberación inmediata debido a que, argumentan, no existen pruebas contundentes para mantenerles en prisión.

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Se trata de los indígenas tzeltales Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Manuel Sántiz Cruz. Aunque en una primera sentencia fueron condenados a 25 años de prisión, mediante recurso de apelación, el Poder Judicial de Chiapas redujo la condena a 18 años. Sin embargo, para la defensa legal de los tzeltales, la exigencia es su libertad inmediata.

Así lo anunció el abogado Adrián Reyes, quien mediante conferencia de prensa realizada el pasado jueves (22) informó que, desde los primeros días de agosto, presentó ante el Poder Judicial Federal una demanda de amparo directo -un recurso legal para proceder contra sentencias o resoluciones que ponen fin a un juicio- mediante la cual se busca obtener la liberación inmediata de los cinco presos políticos tzeltales.

*^{Conferencia de prensa para anunciar la presentación de la demanda de amparo que busca la libertad inmediata de los cinco defensores tzeltales.}*

Reyes explicó que, actualmente, la demanda se encuentra en su etapa de notificación a terceros, entre ellos a la Fiscalía de Chiapas para que se manifieste con respecto al recurso legal presentado el pasado 6 de agosto.

“Será la instancia federal -en referencia a la Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia- quien deberá resolver y deberá analizar cada una de las situaciones esgrimidas en el amparo directo, pero además tendrá que vigilar que, las investigaciones y cada uno de los elementos de convicción, por los cuales fueron sentenciados, y que a criterio de nosotros no son suficientes para demostrar la responsabilidad de las personas detenidas, puedan ser liberados”, detalló el litigante mediante rueda de prensa realizada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

El abogado Reyes enfatizó que el castigo no es solamente la privación de libertad de los cinco tzeltales, sino también las penurias de sus familiares durante las labores para exigir justicia, así como por el riesgo de la integridad física de los presos, quienes en meses pasados denunciaron una serie de abusos dentro del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) no. 5, en el cual se encuentran recluidos.

Para el defensor legal, el uso de la demanda de amparo a nivel federal se sostiene debido a la actuación del Poder Judicial de Chiapas. El abogado señala que, desde un principio, la Fiscalía presupuso la culpabilidad de los acusados, por lo que no realizó una investigación adecuada para demostrar su participación en los hechos, ni aportó elementos para sentenciar a los presos.

Acorde a Reyes, existe una gran desconfianza hacia el actuar de las instituciones del Estado pues señala que está sancionando de forma equivocada y sostiene que “se ha fabricado una serie de conductas delictivas que lejos de abonar a la justicia, violenta a los más necesitados”.

Criminalización a defensores

En la rueda de prensa también participaron defensores de derechos humanos integrantes de la Parroquia de San Juan Cancuc, así como Petrona Hernández Pérez, esposa de Agustín Pérez Domínguez, quien leyó un comunicado firmado por los presos políticos en los que subrayan que el delito por el que se les acusa ha sido fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas.

“Les fabricaron delitos por defender la tierra”, acusaron los defensores y explicaron que entre los diversos proyectos que amenazan a las comunidades tzeltales de los Altos de Chiapas se encuentra el proyecto de la Carretera de las Culturas, el cual está siendo impulsado desde hace una década por los gobiernos estatales y actualmente pretende conectar a la costa chiapaneca con el Tren Maya en Palenque.

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“Por eso fueron encarcelados, y a veces como promotores, pues también como que nos quieren amenazar, encarcelarnos pues somos defensores de la tierra y del territorio”, sostuvieron los promotores de derechos humanos tzeltales.

El párroco de San Juan Cancuc, José Luis Vargas, quien ha acompañado las acciones para la libertad de los cinco presos políticos, aseguró que “las cárceles están llenas de gente inocente por este sistema corrupto que tenemos en México y no hay justicia”. Aunque también indicó que mantendrán la lucha junto a las familias y organizaciones para alcanzar la libertad de los indígenas tzeltales.

Héctor Llaitul: “no es una apología de la violencia, es un choque de mundos”

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Avispa

26 agosto, 2024

^{En portada: Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, preso desde 2022.}

Por Josefa Sánchez Contreras ^[*]

En 1984 se estrenó la película “Donde sueñan las hormigas verdes” dirigida por el legendario Werner Herzog. El filme no está lejos de nuestra realidad, ahí se muestra un conflicto contemporáneo, se trata de una compañía minera que pretende extraer uranio en el desierto australiano y es precisamente en un territorio sagrado para los pueblos Worora y Riratjingus.

Las diferencias entre la compañía minera y los pueblos se muestran a lo largo de toda la trama, pero hay una escena que exhibe el choque de mundos: transcurre en el Tribunal Supremo de Australia, ahí están los pueblos originarios argumentando la defensa de sus tierras frente a un jurado de hombres blancos, se trata de un diálogo asimétrico, lleno de equívocos y sorderas. En un acto desesperado se levanta un integrante de la delegación originaria y una vez frente al jurado expone el sentido onírico del territorio en cuestión, la sala se queda en silencio ante una lengua desconocida, el tribunal pide la traducción, pero no hay traductor, es el único hablante de esa lengua, todo su pueblo ha muerto.

La ficción distópica se ve rebasada por la realidad, la escena exhibe la condición colonial en la que los marcos estatales nacionales mantienen a los pueblos indígenas no solo en la Australia de la década de 1980, sino también representa la actualidad de todos los países latinoamericanos independizados desde el siglo XIX. Los litigios en los tribunales son una cotidianidad con la que tenemos que lidiar los pueblos, ya sea para argumentar que son nuestras tierras ancestrales las que habitamos o ya sea para defender la libertad de los presos políticos o para exigir justicia en los casos de desaparición y asesinato.

Los tribunales padecen la sordera, a ellos no les interesa hablar las lenguas de los pueblos y éstas se extinguen a un ritmo vertiginoso, como dijo la escritora mixe Yásnaya Aguilar Gil, “nuestras lenguas no mueren solas, a nuestras lenguas las matan”.

Como un guión que no caduca, la misma escena de la lejana Australia se sigue repitiendo en diversas latitudes. Es la situación de Héctor Llaitul, el vocero de la organización mapuche llamada Coordinadora Arauco Malleco (CAM), él es un weychafe que durante muchos años ha luchado por la recuperación de las tierras ancestrales del Wallmapu que el Estado chileno se niega a reconocer.

El vocero de la CAM se encuentra preso desde agosto de 2022. En este 2024 fue sentenciado a 23 años de prisión por la autoría que le atribuyen en los delitos de usurpación violenta de predio, de hurto simple y de atentado contra la autoridad, todos estos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, misma ley que fue reformada y utilizada por la dictadura de Augusto Pinochet para reprimir toda protesta y oposición.

*^{Detención de Héctor Llaitul durante agosto del 2022.}*

Desde el 3 de junio Héctor Llaitul inició una huelga de hambre para exigir su traslado al Módulo de Comuneros de la cárcel de Temuco, también exige la nulidad del juicio que lo condenó y además la liberación de los comuneros presos mapuches.

Como una escena de cualquier pueblo indígena reclamando sus tierras ancestrales en los tribunales, en un juicio Héctor Llaitul argumentó que su lucha “no es una apología de la violencia, es un choque de mundos”. El vocero de la CAM arguyó: “Esa tierra está reconocida por el título de merced que es una forma oprobiosa de reconocer nuestra tierra una vez que somos derrotados y que nos quitan todo, incluso el título de merced dice que esa tierra pertenece a la comunidad, y sin embargo aún está en manos de una forestal que planta pinos al lado de las casas de las comunidades. Existen todos los antecedentes y cuando existen todos los antecedentes y no se logra, por la vía judicial o por la vía política o de cualquier tipo, la recuperación de las tierras para esa comunidad, procede la recuperación de hecho”.

Cuando los pueblos recuperan sus territorios la respuesta es una violencia de origen colonial. El colonialismo no concluyó con la formación de los Estados Chileno y Argentino, el despojo tampoco ha concluido con el mandato de Gabriel Boric tal como denuncia la CAM. La violencia colonial se agudiza en la medida que la emergencia climática y la crisis de los combustibles fósiles incrementan. Una nueva geopolítica por la disputa de los recursos energéticos se configura. Los Estados y las corporaciones están promoviendo la descarbonización de la economía para reducir el 1.5 ºC de la temperatura del planeta, no obstante, ello está significando una demanda exponencial de minerales estratégicos para una tercera revolución industrial que promete cero emisiones. En este escenario el litio es el mineral clave para esta nueva geopolítica del colonialismo energético. Donde precisamente Chile es parte del codiciado triángulo de litio, que abarca Bolivia y Argentina.

A la luz de estos conflictos se vuelve mucho más difícil el cumplimiento de la libre determinación de los pueblos originarios. La demanda de minerales en el Norte global aumenta al tiempo que una nueva ola de gobiernos latinoamericanos erigidos como las izquierdas de este siglo allanan el camino a las compañías mineras y protegen los intereses económicos de las empresas forestales que mantienen ocupado el Wallmapu, cuyos monocultivos de eucalipto no son más que la continuidad del extractivismo.

*^{Héctor Llaitul durante el velatorio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por un policía miembro de unidades especiales en 2018. Foto: Dragomir Yankovic}*

A contrapelo Héctor Llaitul vuelve a la insurrección de su cuerpo y después de dos meses en huelga de hambre líquida, el 21 de agosto comenzó la huelga de hambre seca. Su estado de salud es delicado y sus demandas siguen sin respuestas.

No es sólo una persona mapuche la que sortea la muerte en prisión, son muchas vidas las que se debaten en el choque de mundos. No son pocos los sitios sagrados amenazados por el extractivismo minero y forestal, ni son pocos los pueblos que sueñan otro mundo posible y en ello no hay violencia sino una apuesta por la vida ante la devastación de la Tierra. Entonces pregunto. ¿No es acaso la renovada narrativa del colonialismo una apología de la violencia en tanto legitima el exterminio de nuestros pueblos?

^{[*] Originaria del pueblo zoque y doctora en Sociología.}

Reviven proyecto fallido en Oaxaca para atender la crisis hídrica

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Sare Frabes

23 agosto, 2024

^{En portada:}^{Vecina de San Juan Chapultepec, Oaxaca, mostrando el agua que recibe de la red pública. Foto por Santiago Navarro F}

Las lluvias que han abarcado los Valles Centrales de Oaxaca, al sur de México, durante los últimos dos meses, han sido capaces de borrar temporalmente la experiencia de las intensas olas de calor, la sequía y la falta de agua que ha padecido esta entidad. Pero la realidad “no es así”, alerta Juan José Consejo del Instituto Naturaleza y Sociedad de Oaxaca (Inso).

“Tenemos más de 8 mil años en los Valles. (…) Ahora vivimos una crisis de agua que pone en riesgo la viabilidad de la ocupación humana en este territorio”, señala el director del Inso, una de las 28 organizaciones que forman parte del Observatorio Ciudadano/comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA).

La discusión pública sobre la crisis hídrica en Oaxaca se reavivó en las últimas semanas tras la declaración del gobernador de este Estado, Salomón Jara Cruz, quien presentó ante la presidenta electa Dra. Claudia Sheinbaum, la propuesta de reanudar la construcción de la Presa Paso Ancho para “dotar” de agua a la zona metropolitana de Oaxaca, que incluye 22 municipios.

Hace 12 años, en 2012, las obras para la construcción de esta presa fueron iniciadas en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega - en la zona suroeste del estado, en la transición de los valles centrales de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur - con el entonces gobernador Gabino Cué. En 2014 las obras fueron suspendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Además de Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) resolvió desechar la autorización que implicaba la afectación de una superficie de 1.0251 hectáreas, porque “no presentó información técnica y documentación legal”. En su momento esta acción fue emprendida contra la empresa que llevaba la obra, Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. Las autoridades documentaron en su momento que ya se había afectado una superficie de 2.0174 hectáreas de vegetación de selva baja caducifolia y de encino.

Este proyecto fue retomado desde el pasado mes de enero de 2024, en el Congreso de Oaxaca, donde el ingeniero Nezahualcóyotl Salvatierra López, secretario de infraestructuras, detalló que esta obra debería ser considerada como uno de los “proyectos que proponemos obtenga la categoría de proyectos estratégicos” ya que, según, “pudiese ser la solución para atender de manera definitiva en el largo plazo el agua en la zona metropolitana (de Oaxaca)”.

Para Consejo una crisis tan compleja no puede ser resuelta por una obra, un decreto, aunque así lo suelen hacer los políticos. “Requiere de un conjunto muy bien elaborado de medidas de carácter legal, técnico, administrativo, económico. Alguna vez nos referimos a estos proyectos fracasados que tratan de revivir como regreso de los zombis. Se trata de cosas ya muertas que quieren volver a caminar”, sostiene.

Las organizaciones reunidas en el Observatorio exigen que se hagan públicas las informaciones sobre el proyecto y que se respete el derecho de las comunidades de ser informadas y consultadas. “No hay la información siquiera de dónde va a estar ubicada, cuántos municipios tiene que cruzar el acueducto [alrededor de 90 km] y lo que implica para estos municipios. Además, no sabemos qué va a pasar con las comunidades que están río abajo de la presa, porque el agua se va a retener por medio de la obra”, señala Mauricio del Villar Zamacona, del Foro Oaxaqueño del Agua.

“Tenemos que conocer el proyecto”, dice Consejo, pero hay elementos característicos de proyectos cómo estos que “seguimos viendo como elementos insalvables”. Por ejemplo, son obras muy caras y suelen tener un tiempo de vida corto en relación con lo que cuesta construirlas, “no rebasa 20-25 años, después se vuelven inútiles”.

Inequidad agrava la crisis

La posible reactivación del proyecto se da en una coyuntura a nivel nacional en donde hay diversos movimientos sociales que están pugnando, “sobretodo por el papel que está jugando la Comisión Nacional del Agua al impulsar este tipo de proyectos que son proyectos cuya viabilidad está en tela de juicio”, sostiene Nadir Hernández, de la organización Flor y Canto. “Sobretodo porque siguen generando esquemas de inequidad en el acceso al agua. Es decir, se le sigue dotando de agua a las empresas, a las grandes urbes, y quienes siguen sufriendo el despojo de agua en sus propios territorios son las comunidades y pueblos indígenas. Ellos son los menos beneficiados en estos tipos de proyectos”.

Otra demanda es la revisión del sistema de concesiones de agua. “Es un sistema que está diseñado para el despojo de agua. Otorga a grandes concesionarios, grandes empresas, a particulares, el acceso y libre aprovechamiento de las aguas del subsuelo. Esto ha generado la mala distribución”, agrega Hernández.

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Otras opciones existen

Los políticos, principalmente, utilizan el argumento de que “no hay de otra, hay que traer agua de otro lado”, ironiza Consejo, para justificar las grandes obras. “Quisiera enfatizar que, sí, tenemos de otra, yo mas bien diría, de otras. En realidad, desde hace mucho tiempo se ha propuesto un conjunto de medidas para atender de manera adecuada el problema del agua que son mas baratas, en muchas ocasiones mas rápidas que esta obra, y sin dudas son más sensatas desde el punto de vista social y ecológico”, explica.

Enmarca algunas de ellas. Conservar las esponjas, las zonas de captación de agua que todavía existen en los Valles Centrales; activar proyectos y programas de cosecha de lluvia; reparar las redes de agua potable; asegurar que el agua se limpie y se evite ensuciar; establecer sistemas de ahorro de uso y reciclamiento del agua. “Lo que quiero enfatizar es que, sí, tenemos propuestas concretas a presentar en una discusión que debe ser pública y abierta para enfrentar un problema que nos toca a todos”.

¿Dónde está?

Villar Zamacona sostuvo que el Observatorio tuvo acceso al valor del presupuesto que se está ejerciendo en 2024 para el tema del agua en Oaxaca. “Hay una bolsa importante de dinero relacionada con el agua. Alrededor de 8 mil millones de pesos. No sabemos exactamente en qué se está ejecutando este recurso”.

Te puede interesar – Fracaso Millonario: La historia oculta del agua potable en OaxacaTambién sostuvo que al final de febrero de este año hubo una conferencia por parte del gobierno del Estado, donde se dijo que a principios del año que entra, 2025, debe iniciar la obra de Paso Ancho.

Criminales impiden clausura de extracción irregular de materiales destinados al Corredor Interoceánico

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Aldo Santiago

22 agosto, 2024

^{En portada: Habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo registran actividades ilegales en dos bancos de materiales dentro de tierras de uso común. En la imagen, elementos de la Guardia Nacional atestiguan la reanudación de operaciones del sitio “El Barrancón”, sin intervenir. Esto ocurrió el 8 de agosto del 2024, una semana antes de la inspección frustrada de Propaeo.}

En el marco de las obras ejecutadas en el estado de Oaxaca para rehabilitar la Línea K, uno de los tres tramos que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, por donde atraviesan las vías férreas, han señalado la operación irregular, en dos sitios dentro de sus tierras comunales, cuyo objetivo es extraer materiales pétreos para la construcción del megaproyecto.

Aunque miembros de la comunidad zapoteca presentaron denuncias, desde octubre del 2023, ante autoridades ambientales de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo), no fue hasta marzo del 2024 cuando, por medio de la demanda de amparo 54/2024 interpuesta por habitantes de la comunidad zapoteca, un juez de distrito resolvió suspender la operación del banco denominado “El Barrancón” debido a que no se acreditó vigencia en su permiso de impacto ambiental.

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Acorde a las visitas de vigilancia realizadas por habitantes de Unión Hidalgo tras la resolución, para el mes de abril las obras en el banco de materiales cesaron. Sin embargo, en registros recientes, durante los primeros días de agosto, pobladores atestiguaron la reanudación de las labores de extracción en dicho sitio.

*^{Labores de extracción de material pétreo durante enero del 2024.}*

Según testimonios de la comunidad zapoteca, ante las recientes denuncias públicas de la población, debido a la reanudación del saqueo y explotación de materiales pétreos, fue que la Propaeo envió a dos inspectores para verificar el sitio.

Así, el pasado jueves (15), funcionarios adscritos a la Propaeo visitaron la comunidad de Unión Hidalgo para realizar una inspección cuyo objetivo, establecido en el expediente PROPAEO/CPA/DQDA/0109/2023, tendría que verificar si Gustavo Manzo Denes, quien se ostenta como propietario del lugar, cuenta con la autorización vigente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo la extracción de materiales.

Los inspectores, quienes cuentan con facultades para clausurar el sitio en caso de encontrar daños al ambiente, arribaron al lugar denominado “El Barrancón” acompañados de habitantes de la comunidad zapoteca, quienes atestiguaron en ese momento la presencia de maquinaria pesada para la extracción de materiales.

*^{Transporte de la Propaeo utilizada por los inspectores durante su visita al banco de materiales "El Barrancón" el pasado 15 de agosto del 2024.}*

Testigos de los hechos aseguran que en el lugar se apersonó el dueño del predio, junto a personas armadas, quienes amedrentaron a los presentes impidiendo con ello la labor de las autoridades ambientales. Ante el incremento en las agresiones, e incluso amenazas de muerte proferidas, los funcionarios interrumpieron la inspección y huyeron del lugar.

Debido a la violencia de integrantes del crimen organizado, quienes retuvieron a una persona de la comunidad en el lugar de los hechos, amenazando con quemarla, fue que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La institución integró la carpeta de investigación 25329/FIST/JUCHITAN/2024 contra Gustavo Manzo Denes - quien de acuerdo al expediente 0174/2018 de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Estado de Oaxaca se reconoce como propietario del banco -, y otros que resulten responsables por las agresiones.

Según cálculos de los habitantes de Unión Hidalgo, hubo la extracción diaria de 200 metros cúbicos de materiales procedentes de “El Barrancón”. Aunado a ello, destacan la irregularidad en la supuesta propiedad del banco de materiales, pues argumentan que existe una resolución presidencial de 1964 para reconocer y titular 68,11254 hectáreas como bienes comunales de Juchitán y sus anexos -al cual pertenece la comunidad de Unión Hidalgo-, un territorio donde no puede existir propiedad privada.

*^{Imagen satelital del banco de materiales "El Barrancón" ubicado en Loma Lope, Oaxaca.}*

Sin embargo, señalan que, pese a haber informado de esta situación a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quien coordina las obras del CIIT, los militares firmaron un contrato para la extracción de los materiales mediante un particular. “El problema es que el particular compró protección del crimen organizado”, sostienen testigos de los hechos.

Acorde a los testimonios, pese a las llamadas de auxilio que los presentes emitieron, ningún cuerpo de seguridad se hizo presente. Al contrario, testigos sostienen que elementos de la Guardia Nacional, quienes se ubican a menos de una hora de distancia, mantienen comunicación cercana con los miembros del crimen organizado involucrados en la extracción de materiales en los dos sitios donde operan.

Funcionarios de la Propaeo, contactados por este reportaje, se rehusaron a compartir información sobre los hechos registrados durante la visita de inspección realizada el pasado 15 de agosto.

Reclamos

Para exigir el cumplimiento de la suspensión en la extracción de materiales pétreos, durante agosto, habitantes de Unión Hidalgo presentaron ante el Poder Judicial Federal un Incidente de incumplimiento a la suspensión -un recurso legal en el que incluyeron evidencias de la operación ilegal de actividades extractivas en dos bancos de materiales ubicados en tierras comunales zapotecas.

En el documento, consultado por este reportaje, señalan como responsable a la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste S.A. de C.V. (GFS) quien, en colaboración con Semar y el CIIT, realiza las labores para rehabilitar las vías férreas. En total, éstas atravesarán 472 kilómetros desde el Istmo de Tehuantepec rumbo a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, donde de acuerdo al Quinto Informe del Gobierno de Rutlio Escandón, se ubicará el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en Chiapas -el onceavo del CIIT-, con una superficie de 523 hectáreas.

La empresa GFS también es señalada por el ecocidio producto de la tala de más de 11 mil árboles nativos, entre ellos, especies protegidas por la NOM 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Además de las extracciones en “El Barrancón”, se registra también el caso del banco de materiales ubicado en la Loma del Estero Guié, también dentro de tierras comunales en los límites de los municipios de Juchitán y de Unión Hidalgo, Oaxaca.

*^{Loma del Estero Guié se localiza al suroeste de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.}*

Acorde al recurso de incidente, presentado ante el Poder Judicial, en el Registro Agrario Nacional no existe ningúna inscripción de acta de asamblea que destinara a la Loma del Estero Guié para asentamiento humano o para parcelar, por lo que ésta se considera como tierra de uso común.

En dicho sitio, el pasado 15 de junio habitantes detectaron la extracción de material pétreo con la operación de cuatro máquinas pesadas y haciendo uso diario de convoys integrados por hasta 50 transportes de carga.

En el lugar, también se registró el uso de explosivos, según argumentan las pruebas incluidas en el recurso legal. “Al extraer, diariamente y durante un periodo prolongado, grandes rocas en convoys de volteos de gran capacidad, empleando dinamita indiscriminadamente, se está despojando a la comunidad de la propiedad, posesión y disfrute de la Loma del Estero Guié. Y se está causando un daño de imposible reparación”, refiere el documento presentado ante el Poder Judicial Federal.

Según pobladores, otra demanda de amparo, con expediente 126/2024-IV-B promovida en marzo de este año 2024 por las comunidadades agrarias de Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, ya había frenado la operación del banco ubicado en la Loma del Estero Guié. Esto debido a que las comunidades obtuvieron una resolución en abril para que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente de las comunidades agrarias zapotecas.

Sin embargo, después de mes y medio sin registrar extracciones, el banco de materiales en el Estero Guié volvió a operar de manera irregular. Habitantes de Unión Hidalgo refieren que, tal como sucede con “El Barrancón”, la Semar reconoce a un particular como propietario del sitio, a pesar de ser tierras comunales, con lo que facilitó un contrato para la extracción de material pétreo.

Habitantes de Unión Hidalgo denuncian que, el gobierno, en su afán por avanzar en las obras del CIIT, está comprando materiales robados procedentes de dos sitios dentro de sus tierras comunales. “Se están robando el material de esos bancos y el gobierno federal los está comprando para utilizarlos en la Línea K”, comparten testigos para Avispa Mídia.

*^{Acceso al Banco Pétreo Irregular justo antes de subir el Puente Estero Guié.}*

Acorde a los testimonios, los materiales extraídos del banco “El Barrancón” están siendo utilizados para los trabajos de rehabilitación de la Línea K, específicamente, para las labores comprendidas entre los kilómetros 47 al 52, donde se emplean para crear el espacio que une los terraplenes con los puentes por donde recorrerá el tren con destino hacia la frontera con Guatemala.

^{*La identidad de todos los entrevistados se resguarda por cuestiones de seguridad.}

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