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México: TC Energía acelera gasoducto “Puerta al Sureste” para funcionar en 2025

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La transnacional canadiense TC Energía (antes Transcanada) ha anunciado a sus inversionistas que ha avanzado significativamente en la instalación del gasoducto denominado "Puerta al Sureste" en México, un ambicioso complejo para el mercado del gas proveniente de Canadá y Estados Unidos, el cual suministrará a los polos de desarrollo del llamado Tren Maya y Corredor Interoceánico. El objetivo es acelerar las obras para entrar en funcionamiento a mediados de 2025, declaró François Poirier, CEO de la empresa.

A través del gasoducto "Puerta al Sureste", la transnacional venderá a México 1 mil 300 millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d) de gas para los proyectos del sur sureste del país. Consta de un ducto submarino de 715 kilómetros, que también conecta con otro de 800 km, llamado Sur de Texas-Tuxpan, también submarino y de propiedad de la canadiense junto con la estadounidense Sempra Energy, a través de su filial mexicana Sempra Infraestructura.

En un video-informe presentado en la habitual conferencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el pasado mes de julio, remarcó que “adicionalmente se desarrolla el gasoducto “Puerta al Sureste”, que permitirá el transporte de gas conectando Texas con los estados de Veracruz y Tabasco, duplicando la capacidad en el transporte de este combustible”.

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Además del ducto submarino, “Puerta al Sureste” también tendrá un tramo terrestre. Según los informes de la empresa, de este mes de agosto, ya se ha avanzado “más del 98% del tendido” de este tramo. Además, esperan “finalizar los últimos 3 kilómetros (faltantes) en aguas someras durante el presente trimestre”.

El presidente de la empresa destacó la importancia de las importaciones de gas de México, las cuales han aumentado considerablemente durante los últimos meses. Por ello anunció a sus inversionistas que también está en conversaciones iniciales con Comisión Federal de Electricidad (CFE) para “adelantar la entrada en servicio del proyecto” para responder a la demanda interna, pero también, la transnacional busca continuar sus exportaciones de gas desde el territorio mexicano principalmente con destino a Europa y Asia. 

De acuerdo con los datos de este año 2024 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el consumo de gas interanual de México creció un 5%, lo que equivale a 3 mil millones de metros cúbicos. Son datos que fueron reflejados entre octubre de 2023 y marzo de 2024.

La dependencia de este insumo es principalmente para generación de electricidad en el país. Es por ello que, según la IEA, las importaciones mexicanas diarias son de alrededor de 5 mil 894 millones de pies cúbicos. Mientras tanto, la producción interna va en picada. En abril de 2024, la producción se desplomó un 14.6% en comparación con el año 2023, alcanzando un mínimo de 3 mil 756 millones de pies cúbicos diarios, el nivel más bajo desde abril de 2021, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

En entrevista para Avispa Mídia, el investigador Luis Pérez, del colectivo Geocomunes, puntualiza que “el gas es el energético que sostiene la matriz energética del país”, por tanto, el discurso de que México va exportar gas no tiene sustento, en todo caso se trata de una “re-exportación” de las empresas como TC Energy y Sempra Energy, puntualiza el investigador.  

Pérez alerta que el entramado de gasoductos que se va edificando en todo el territorio mexicano, los cuales abastecen a las centrales eléctricas, así como al sector minero y la industrial en general, “ahora tiene un papel a escala global, por el interés de comerciar el gas proveniente de la costa este de los Estados Unidos”, explica.

El integrante de Geocomunes advierte que han identificado al menos “ocho proyectos de plantas de exportación sin contar sus ampliaciones. En su conjunto, estos proyectos tienen capacidad de exportación de 11 mil 500 millones de pies cúbicos diarios. El consumo diario de México es de entre 8 mil 500 y 9 mil millones de pies cúbicos”.

El investigador asevera que este mercado del gas, extraído mediante el método conocido como fracking (fractura hidráulica) en los Estados Unidos y Canadá, “es gigantesco, se está intentando exportar más de lo que consume México. Entonces es una re-exportación” donde las empresas transnacionales están usando la infraestructura en México para poder llevar el gas a otros continentes, como Europa Y Asia. 

El CEO de TC Energy no duda en avisar a sus inversionistas las oportunidades que ven venir con el aumento del consumo de gas en México, presionado por la demanda de las nuevas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las inversiones en el llamado nearshoring y para la exportación.

“Somos muy optimistas sobre el papel que México va a desempeñar en el mercado de gas de Norteamérica, tanto por su creciente demanda interna como por su potencial de exportación”, puntualizó Poirier.

Detrás de cada proyecto hay descontento, principalmente comunidades nativas y organizaciones civiles. El pasado mes de junio, diversos pueblos originarios de México y Canadá sumaron sus voces para remarcar a la Asamblea General de Accionistas de TC Energy, que esta empresa ha violado sus derechos más elementales, como la consulta establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para la construcción del gasoducto “Puerta al Sureste” tampoco se realizó ningún protocolo de consulta hacia los pueblos aledaños al ducto. No hubo “la participación de las comunidades indígenas locales, sobre todo de las comunidades pesqueras de la costa del sur de Veracruz que no han sido informadas por la empresa de los impactos directos e indirectos de la obra para sus medios de vida”, denunciaron en un comunicado que lanzaron el pasado mes de junio, firmado también por diversas organizaciones no gubernamentales como el Centro de los Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño; Greenpeace A.C., entre otros.

Mientras que TC Energía avanza con el ducto "Puerta al Sureste" y muestra optimismo por el crecimiento del mercado de gas en México, el gobierno mexicano lo presenta como un gran avance de lo que ha llamado como Cuarta Transformación.

En su conferencia matutina de López Obrador, del pasado mes de julio, en el video que presentó se anunciaba que CFE “despliega la mayor infraestructura energética en la historia del sureste, que tiene por objetivo suministrar, entre otros proyectos, al Tren Maya”. 

También argumenta que han creado las condiciones “para transportar el gas a las centrales generadoras, ampliando la infraestructura de gasoductos en el sureste.

Se interconectó al antiguo gasoducto Mayakán con el sistema nacional de gasoductos, lo que implicará que la disponibilidad de este combustible aumente en un 400% en la región”.

Perú-Cusco: criminalización de comuneros detenidos en protestas

Cuatro jóvenes de la comunidad campesina Cuyo Grande, en la región Cusco, Perú, fueron sentenciados a siete años de prisión por protestar contra las masacres en los andes durante el primer bimestre de Dina Boluarte en el gobierno.

Las desproporcionadas penas siguen la línea de criminalización del derecho a la protesta en el Perú, mientras que ningún mando político, militar o policial, los responsables de las matanzas, recibe sanciones. 

El 31 de enero de 2023, cuando las fuerzas militares y policiales habían asesinado a 45 manifestantes, la mayoría en territorios andinos de poblaciones quechuas y aimaras, agentes infiltrados detuvieron a Richard Camala (23 años), Ferdinán Huaccanqui (34 años), Redy Huamán (23 años) y Joel Hivallanca (22 años).

La justicia desconoció el arraigo domiciliario de los imputados, debido a que viven en tierras comunitarias. Al no reconocerles un domicilio, la justicia consideró que habría riesgo de fuga en caso de procesarlos en libertad.

Desde entonces permanecen recluidos en el penal Qenqoro, acusados en primera instancia del delito de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Los comuneros, mediante engaños, por desconocimiento, firmaron actas de intervención policial sin poder leer el contenido, aceptaron la terminación anticipada y se declararon culpables, lo que complicó su situación.   

El último 31 de julio, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco ratificó las condenas, sin reconocerles arraigo de domicilio. Los procesados, quienes se dedican a la agricultura, presentaron constancias de posesión de tierras, por lo que la medida es calificada de discriminatoria por sus familiares.  

A las sentencias, las autoridades judiciales le suman un elevado pago de reparación civil (250 mil soles, alrededor de 70 mil dólares).

El abogado de los sentenciados, Marcelino Quispe, denunció irregularidades en el proceso: detención ilegal por parte de policías encubiertos, manipulación de pruebas del representante del Ministerio Público y el dictamen de una jueza durante su periodo de vacaciones para, según señala, promover su ascenso al cargo de vocal.

El jurista apunta a la colusión entre el Ministerio del Interior, Poder Judicial y fiscalías, evidenciada en otros casos de persecución de la protesta social desde la gestión de Boluarte. La defensa de los comuneros planteará todavía recursos para anular la resolución y se propone llevar el caso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. 

Hasta el día de la detención de los jóvenes de Cuyo Grande, el gobierno había reprimido con violencia extrema las movilizaciones en Puno, Ayacucho y Apurímac, donde victimaron en total a 38 personas, entre ellas menores de edad. Otros once manifestantes fueron asesinados en Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima en los meses de convulsión, entre diciembre de 2022, mes del golpe de Boluarte, y enero de 2023.

Organismos internacionales de derechos humanos han calificado los actos de las instituciones armadas de ejecuciones extrajudiciales con sesgos raciales.  

En enero de 2023 también fueron detenidos y trasladados a Lima siete integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), sindicados de apología al terrorismo, a quienes dieron arbitrarias penas de prisión preventiva. En las últimas semanas salieron en libertad tres de los activistas que continuaban presos, luego de 18 meses. 

Aún se espera la liberación de Rocío Leandro Melgar, presidenta de la organización, para quien el Ministerio Público pide adicionar seis meses de encierro preventivo. Asimismo, la del brigadista y estudiante de derecho Vladimir Molina, procesado por disturbios durante las protestas en la capital. 

Día de Pueblos Indígenas: Ostula activa diversas acciones para defender sus tierras

Fotografía de portada: Santiago Navarro F

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad indígena de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán, se encuentra en el epicentro de una crucial batalla legal y social que podría determinar el futuro de sus tierras comunales. Este momento es decisivo, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito resolverá el amparo directo 463/2023 interpuesto por la comunidad.

La disputa legal que enfrenta la comunidad nahua de Ostula se centra en un litigio agrario histórico de más de dos décadas. En 2009, la comunidad recuperó más de 1,000 hectáreas de tierras que habían sido ocupadas por los llamados “pequeños propietarios y presuntos jefes del crimen organizado”, así lo han denunciado los comunitarios en un comunicado.

Foto: Regina López

El recurso de amparo directo 463/2023 busca revertir la sentencia del juicio 78/2004, que había otorgado las tierras a pequeños propietarios de La Placita, un grupo que, según las autoridades comunales, tiene vínculos con el crimen organizado. El Tribunal había confirmado esta sentencia, ignorando los documentos probatorios que respaldan la propiedad comunal de Ostula.

Justo en este día que el Tribunal tendrá que decidir sobre el destino de estas tierras comunales, la defensa legal presentará informes y opiniones técnicos de más de 56 expertos en antropología, historia y arqueología mediante el recurso conocido como Amicus Curiae. Estos expertos son reconocidos a nivel nacional e internacional y su participación busca aportar una perspectiva objetiva sobre la validez de las reclamaciones de la comunidad.

Simultáneamente, los habitantes de Ostula han activado diversas acciones de protesta en las calles y en las redes sociales con las etiquetas #Ostula y #ostularesiste. Una comisión viajó a la Ciudad de México para manifestarse frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, mientras que, en Morelia, Michoacán, realizaron una conferencia de prensa frente a las instalaciones del Poder Judicial Federal.

Estas acciones forman parte de una serie de protestas que incluyen bloqueos en la carretera costera número 200, una vía clave para el transporte de mineral extraído por la empresa Ternium en la región.

Este comunicado lanzado desde la Plataforma del CNI, también, hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional, subrayando que el despojo de sus tierras “no solo representa un ataque a su comunidad, sino una amenaza a su supervivencia como pueblo originario”. 

Resaltan que, como Pueblos Indígenas, por generaciones, han custodiado a la Madre Tierra, incluso, “la vida del planeta en la parte que nos tocó nacer y vivir”.

Pero la lucha por la defensa de las tierras que hoy defienden, en las cuales existe una amplia biodiversidad, ha costado el asesinato de 40 comuneros y 6 más que han sido desaparecidos. Por si fuera poco “hemos resistido a la guerra que hace el Cártel Jalisco Nueva Generación en nuestra contra y hoy, además, estamos a la expectativa de la última palabra del Estado Mexicano ante la exigencia de justicia agraria para nuestra comunidad”, puntualizan en el comunicado.

La Guardia Comunal de Ostula es un servicio voluntario a la comunidad. Se elige en cada encargatura y el servicio dura un año. Foto: Regina López,

La comunidad se encuentra en estado de alerta y ha tomado medidas drásticas para asegurar que su voz sea escuchada en esta crucial fase del proceso judicial.

En este momento crucial, los indígenas nahuas de Santa María Ostula buscan que el Estado Mexicano cumpla con sus compromisos de justicia y respeto a los derechos de los pueblos originarios. La última decisión la tiene el Segundo Tribunal Colegiado y esto, será determinante para el futuro de las tierras y la autonomía de esta comunidad ancestral o para respaldar a gente vinculada con el crimen organizado.

De última hora

Al cierre de este reportaje, el abogado de la comunidad de Ostula, Carlos Gonzáles, sostuvo que "el Magistrado Carlos Dario (Presidente del Tribunal), encargado del proyecto de sentencia, comentó que a finales de este mes (de agosto) se tenga un proyecto que se turnará a otros dos magistrados para que lo estudien y a principios de septiembre" se tenga una resolución.

Señal de la Radio Comunitaria Chontal irrumpe en medio de las montañas de Oaxaca

Foto por Santiago Navarro F

Una densa neblina se desliza lentamente entre la columna vertebral de la cordillera de la sierra sur de Oaxaca, como danzando al ritmo de una melodía suave, al tiempo que un cruce de voces resuena como un murmullo en un radio viejo, colgado en un tronco. “Es la señal de la radio chontal”, dice un campesino que pone atención a las voces. 

Pareciera ser que es un domingo como cualquier otro. Pero no. Es el día 28 de julio del 2024, un momento que ha quedado grabado en la memoria de una generación de jóvenes y adultos del pueblo Chontal, ubicado en la sierra que hace parte del Istmo y la Costa de Oaxaca, al sur de México. Es recordado porque todo mundo desempolvó sus radios y, a temprana hora, sintonizaron el 95.9 de FM. Es el día en que la señal de la radio comunitaria Jlijualay Tzomé, del pueblo Chontal, irrumpió en el espectro radioeléctrico.

Silvia Ramírez Nolasco sonríe y recuerda que la planeación de esta radio comunitaria duró aproximadamente cuatro años, periodo en el cual muchas cosas acontecieron. “Pero estamos felices. Apenas vi a unos tíos ya mayores, estuvieron en la cabina dando consejos. Ellos están emocionados de poder escucharse y que su voz llegue tan lejos”, comparte Silvia.

Los recuerdos de Silvia se van viajando al momento de responder a la pregunta: ¿De dónde nace la iniciativa? 

Con firmeza responde, “fue una necesidad; cuando supimos que en nuestro territorio existía una concesión minera, nos organizamos e informamos a la gente, pero no fue fácil, pues teníamos que ir de comunidad en comunidad, de asamblea tras asamblea. Ahora con la radio la información puede llegar más rápido y a todas las comunidades y más allá de ellas”.

La concesión a la que hace referencia esta mujer Chontal abarca más de 5 mil hectáreas pertenecientes a Minera Zalamera S.A. de C.V., una filial de la canadiense Minaurum Gold Inc., quien pretendía explotar oro, plata, cobre, zinc y plomo. "Desde entonces, toda la comunidad se puso en alerta, creamos la asamblea del pueblo Chontal. Nos organizamos como mujeres y ahí fue donde pensamos que necesitábamos nuestro propio medio de comunicación", agrega Silvia.

Fue así que, el año 2020, la Asamblea del Pueblo Chontal acordó con todas las comunidades la creación de su propia radio comunitaria. Desde entonces esta iniciativa sostiene una capacitación continua de diversos jóvenes y adultos. Hoy la radio ya es una realidad. Construida de forma colectiva en el cerro de Santa Lucía Mecaltepec, desde donde se puede divisar el horizonte de la cordillera. 

Foto por Santiago Navarro F

"Es emocionante ver cómo nuestra radio está dando voz a lo que antes no se escuchaba," comenta Silvia. "Los jóvenes y adultos están comprometidos con la radio, y eso es un reflejo del deseo de nuestras comunidades de estar conectadas y de defender nuestro territorio”, complementa.

Para llegar al cerro donde está la radio hay jóvenes y adultos que tienen que caminar hasta dos horas, para poder cumplir con su cargo, pues cada comunidad tiene que nombrar a una mujer y a un hombre que preste su servicio para mantener viva la radio, son quienes forman el llamado Equipo Semillero. “El que hayamos creado nuestra propia radio no ha sido fácil. El primer inconveniente que nos topamos es que, los jóvenes que se capacitaban durante un año, luego se iban y había que capacitar un nuevo equipo. Así que decidimos que el equipo anterior capacite al nuevo y así se va dando continuidad”, puntualiza Silvia.

El llamado Equipo Semillero está conformado por jóvenes de entre 18 años a 30 años de edad, pero también adultos de más de 40 años han asumido este cargo que es rotativo por cada año. “Este proceso ha sido un verdadero trabajo en equipo. Los que ya han pasado por la experiencia se aseguran de que los nuevos estén preparados para continuar con el sueño", remarca Silvia.

La radio como herramienta 

Foto por Santiago Navarro F

Silvia ha notado que cada domingo las mujeres en la cocina o en las labores cotidianas encienden su radio para sintonizar la transmisión del día. Por el momento funciona de forma dominical en un horario de 10 la mañana a 1 de la tarde. “Para nosotras es una herramienta que permitirá a las comunidades compartir noticias y eventos locales, pero también servirá para preservar la lengua Chontal, que se encuentra en peligro de extinción”, agrega Silvia.

La Asamblea del Pueblo Chontal, en colaboración con la organización Tequio Jurídico A.C., ha lanzado un llamado a los estudiantes de bachillerato de la región Chontal con la intención de abrir las puertas de la radio a otros jóvenes. Para ello están ofertando talleres tanto presenciales como en línea, además de prácticas en cabina, con un cupo limitado a 10 personas. Diversos jóvenes han optado por postularse inmediatamente, ya que la posibilidad de participar a este llamado, cierra el próximo 12 de agosto. 

Aunque la concesión minera quedó suspendida por el fruto de un largo proceso organizativo y de lucha que han mantenido las 16 comunidades chontales, el riesgo es latente. Cualquier empresa podría volver a adquirir esa concesión y provocar fuertes impactos en toda la región. “Por ello debemos estar siempre atentos. Para eso también sirve nuestra radio”, acrecienta Silvia.

La señal aún está en fase de monitoreo. Las autoridades agrarias y municipales han respaldado al Equipo Semillero, asegurando que la radio continúe operando y creciendo. 

Mientras tanto, Silvia se pierde en el horizonte y dice, "estamos viendo los frutos de años de trabajo y dedicación, estamos cumpliendo el lema de nuestra radio: llevando la voz entre los cerros y las veredas Chontales”.

Lima se moviliza por víctimas de masacres

Entre los días 26 y 29 de julio se organizaron en Lima protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.  

En las movilizaciones participaron delegaciones de las regiones andinas donde hubo el asesinato de 49 personas, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, tras concretarse el golpe de Estado contra Pedro Castillo direccionado desde el Parlamento por la ultraderecha, en alianza con la oligarquía empresarial y las fuerzas militares-policiales.  

Una consigna relevante fue la sanción penal para los responsables de las masacres en Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín. Desde los barrios populares de la capital se organizaron marchas hacia el centro de la ciudad, vigiladas por cientos de policías. Fueron detenidas cuatro personas.

Por un lado, se archivó la imputación de genocidio contra Boluarte, mientras que el 30 de julio la Fiscalía de la Nación denunció a la mandataria de homicidio calificado y lesiones graves contra las víctimas.  

Las voces en defensa de los territorios, la agricultura y los guardianes de la Amazonía se escucharon en las marchas por la capital, en un contexto de arremetida de la megaminería en comunidades campesinas y de emergencia en los pueblos originarios por la violencia del crimen organizado y la desprotección del Estado.   

En la capital hizo eco el rechazo a maniobras legislativas para controlar los órganos electorales. En los siguientes meses, el Congreso decidirá las contrarreformas constitucionales promovidas para dominar los órganos judiciales y el próximo proceso electoral, programado para 2026.  

Las bancadas autoritarias, con el fujimorismo a la cabeza, impulsan la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de nombrar a jueces, fiscales y la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, pretenden modificar la elección de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE, y someter a procesos de antejuicio y juicio políticos a las autoridades electorales, lo que amenaza su autonomía. 

En mayo la aprobación de Boluarte era del 5% y del Parlamento del 6%, de acuerdo a sondeos del Instituto de Estudios Peruanos.

Fotos: Fran Florián

Gas natural, una “energía limpia” para la minería

Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de "Atizando el Avispero", el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.

En el episodio anterior, exploramos cómo la matriz energética de México ha estado en constante transformación, con un énfasis creciente en el gas natural proveniente de Estados Unidos, extraído mediante el controvertido fracking. Este recurso, que algunos consideran un puente hacia una transición energética más limpia, ha sido objeto de un análisis profundo debido a sus impactos ambientales y su papel en la configuración del panorama energético mexicano.

En el episodio de hoy, el número 5 de la serie, continuaremos profundizando en este tema y examinaremos la realidad detrás del mito del gas natural como una fuente de energía para la explotación minera. 

Para ello seguiremos debatiendo con Isabel Velásquez y Luis Pérez, del colectivo geocomunes.

Así que, sino quieres saber que papel juega el gas y la minería en México, no sigas las siguientes plataformas.