La selva de los Chimalapas se quema y ante un escenario electoral no hay oídos que escuchen las luchas de los pueblos quienes siguen apostando por la vida, por los bosques, los ríos, las montañas y los animales, aun cuando sentimos que la Tierra arde.
Las olas de calor, los incendios, los ríos secos y las inundaciones no son más que expresiones de un fenómeno que en los últimos años se ha nombrado emergencia climática, pero sus causas son de mucho más tiempo y están asociadas a largos siglos de colonialismos, genocidios, ecocidios y despojos.
Desde hace décadas los pueblos indígenas vienen advirtiendo de la catástrofe ambiental a la que nos dirige el extractivismo minero muy vinculado al régimen de combustibles fósiles. Es innegable que ambas actividades productivas están acelerando el aumento de la temperatura en el planeta; nos están llevando a alcanzar el incremento de 1,5ºC que advirtió en el 2019 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) cuyos efectos serían irreversibles para la agricultura y para la vida humana sobre la Tierra.
No obstante, este sector energético fósil y extractivista fueron pilares en los programas políticos y económicos de las candidaturas presidenciales de este 2024. La emergencia climática y los derechos de los pueblos indígenas, cuyos territorios albergan entre el 70 y el 80% de la riqueza biodiversa, según datos del Registro Agrario Nacional, no caben en las urnas electorales.
Es así como el pueblo zoque de Santa María Chimalapa está ahora mismo combatiendo una serie de incendios que atestan a una de las regiones más biodiversas de Mesoamérica: la selva de los Chimalapas. Llevan más de una semana en llamas y las instituciones estatales no han dado una respuesta efectiva para mitigar el fuego. Son las brigadas de comuneros encabezadas por sus comisariados de bienes comunales las que están combatiendo la emergencia climática.
Al mismo tiempo la asamblea comunal de San Miguel Chimalapa está exigiendo al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al gobernador estatal de Oaxaca, Salomón Jara, a que cumplan con un trámite de peritaje que les corresponde realizar para que el Tribunal Unitario Agrario emita un resolutivo sobre los juicios de nulidad que ha interpuesto San Miguel Chimalapa para delimitar sus tierras comunales.
La demanda de la asamblea de San Miguel Chimalapa tiene lógica cuando constatamos que los incendios en toda Chimalapas se ven alimentados por los conflictos agrarios que sostienen con los ejidos colindantes. Son 26.000 hectáreas las que se encuentran en litigio en la colindancia entre San Miguel Chimalapa con Niltepec y Zanatepec, y son 160.000 hectáreas de tierras comunales las que están en disputa entre Chimalapa, Oaxaca, con Cintalapa, Chiapas. Pese a que la Suprema Corte de Justicia emitió un resolutivo a favor de Oaxaca en el año 2023, no ha logrado ejecutarse y, por el contrario, el saqueo de los bosques continúa al igual que los incendios suscitados desde el mes pasado.
Al calor de estos problemas el gobierno de la cuarta transformación parece más ocupado en promover a la sucesora, antes que atender las demandas de los siempre despojados de sus tierras, los pueblos indígenas y campesinos.
Los conflictos agrarios en todo México no son menores, por el contrario, existen alrededor de 500 conflictos agrarios a nivel nacional. La existencia de los conflictos agrarios exhibe el racismo con el que históricamente la procuraduría agraria ha tratado a los pueblos indígenas y campesinos. Trámites muy lentos, arbitrariedades en los juicios, ocultamiento de información, menosprecio a las autoridades comunales y consejos de vigilancia son algunas de las características más comunes.
En Chimalapas como en otras comunidades los conflictos agrarios se agudizan en la medida que los megaproyectos extractivos, energéticos e industriales promueven el despliegue de sus infraestructuras sobre las tierras en litigio, y con esto generan la confrontación entre comunidades agrarias vecinas.
Muchas veces son mal llamados conflictos intercomunitarios soslayando con ello la responsabilidad que las corporaciones trasnacionales y la procuraduría agraria suelen tener en los desafortunados desenlaces de estos conflictos que muchas veces detonan en violencias, asesinatos y desaparición.
Los incendios, los conflictos agrarios, los megaproyectos extractivos asociados al régimen fósil, los racismos institucionales y las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas están profundamente relacionados. La apuesta para solucionarlos no está en la agenda electoral.
La lucha del pueblo zoque de Chimalapa por apagar los incendios y por resolver los conflictos agrarios es una acción concreta, urgente y necesaria en tiempos de catástrofe climática. Ante los oídos ensordecidos por el ruido electoral escuchemos los gritos de la selva y el correr del río. Ahora más que nunca se requiere de la solidaridad entre pueblos y ciudades para sofocar el fuego que nos alcanza.
Tzimalapa atzpa, bi nax atzpa, bi copaknax atzpa, dex atzpa, mix atzpa
(Chimalapa arde, la tierra arde, el planeta arde, yo ardo, tú ardés).
En portada: Niños y jóvenes, bases de apoyo del EZLN, durante su participación por el 30 aniversario del levantamiento armado. Las generaciones más jóvenes del zapatismo viven en territorios libres de violencia, en un Chiapas donde actualmente grupos criminales controlan cada vez más territorios. 31 diciembre, 2023. Foto: Aldo Santiago
En medio de toda la vorágine de violencia que se padece en Chiapas, también se vive en estos días el periodo de campañas electorales. El próximo 2 de junio, además de la Presidencia de la República, se renuevan todas las alcaldías del estado, el Congreso local, el Congreso Federal y también el Gobierno estatal.
Eduardo Ramírez Aguilar, quien militó en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por más de una década, es el candidato del partido oficialista Morena, que hoy gobierna en la entidad y que seguramente retendrá el poder. Ramírez Aguilar fue presidente municipal de Comitán de Domínguez del periodo 2008 al 2010; fue diputado federal entre 2012 y 2013, y diputado local entre 2015 y 2018. En 2015, en los mítines del PVEM, Eduardo Ramírez gritaba: “¡López Obrador es un mentiroso!”. Ya para 2018, afiliado a Morena, alcanzó una senaduría con este partido y de su fobia contra López Obrador nada quedó. El Partido Verde fue aliado del PAN en las elecciones de 2000 y de 2006; para 2012 hizo alianza con el PRI y en 2018 se alió con Morena, con los que hoy cogobierna tanto a nivel federal como estatal.
Cuando el hoy candidato al Gobierno estatal de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue alcalde de Comitán se le relacionó con Gilberto Rivera Amarillas, alias El Tío Gil. De hecho, fue durante ese periodo que Rivera Amarillas logró asentarse en ese municipio en los límites con Guatemala y en toda la zona fronteriza. Periodistas chiapanecos le cuestionaban frecuentemente su relación con el jefe de plaza de Ismael Zambada, a lo que él siempre respondió que era “completamente falso. Es un personaje visible en Chiapas, pero de eso a tener yo una relación”.
En medio de todo esto el EZLN advertía a quienes quisieran acompañarlos a su 30 aniversario que se llevaría a cabo entre el 30 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024, que la situación en la zona no era la más idónea. El subcomandante Moisés firmaba un comunicado donde aseguraba que “las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos”, y decía que las presidencias municipales están ocupadas por "sicarios legales o crimen desorganizado”.
Subcomandate Insurgente Moisés observa el despliegue de milicianos durante los festejos por el 30 aniversario del levantamiento zapatista. Caracol VIII Dolores Hidalgo, 1 enero 2024.
El líder zapatista hablaba de lo que hoy en día se ha vuelto parte de lo cotidiano en la entidad: los bloqueos, los asaltos, la ola de secuestros, el cobro de piso, el reclutamiento forzado y las balaceras. Y acusaba al Gobierno del “padrinazgo” que tenía con las organizaciones criminales, cuando se estaban ya disputando las primeras candidaturas para las elecciones de junio de 2024. El subcomandante sostenía que “no son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”.
En Chiapas, los grandes caciques siempre han tenido grupos armados a su disposición; los han usado para desplazar a los indígenas de sus comunidades y para tomar posesión de sus tierras. Aunado a esto, desde julio de 2021 y tras el asesinato de Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, pobladores de Pantelhó formaron un grupo de “autodefensas” para hacer frente a los grupos criminales de otros estados, los cárteles, y defenderse de estos grupos paramilitares que forman los caciques.
Mario Ortega, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), lo explica de la siguiente forma: “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”. De tal forma que el embate que padecen las comunidades es cada vez más letal y más difícil de poder erradicar. Fue precisamente por esto que los zapatistas anunciaron en una serie de comunicados el año pasado, que harían una reorganización de su estructura. Ya no sólo enfrentan a los grupos de siempre, sino que ahora los cárteles, mucho más peligrosos, son el enemigo más visible.
Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos, explica que “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde ahí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública” y considera que el objetivo principal de estos es apoderarse de cada territorio, controlarlo y finalmente poner a su propia gente en cada presidencia municipal.
Elecciones y crimen organizado
Los procesos electorales en México, sobre todo en los últimos tres sexenios, siempre se realizan bajo la sospecha de la intervención de la delincuencia organizada, sobre todo en el ámbito municipal, pero desgraciadamente esta influencia ha escalado en la jerarquía gubernamental y hoy no es extraño que los candidatos a gobernadores de los estados sean ligados a los diferentes cárteles en todo el país. Como ejemplo de esta connivencia entre candidatos y gobiernos con crimen organizado, basta recordar el terrible caso de Ayotzinapa y la elección federal y estatal de 2021.
En 2014 cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las primeras investigaciones llegaron hasta el entonces alcalde del municipio de Iguala —donde ocurrió la desaparición de los estudiantes—, José Luis Abarca, quien fue ligado al Cártel Beltrán Leyva y se supo que operaba para ellos desde hace años. Fue de hecho este cártel quien apoyó su proyecto político y lo llevó a la alcaldía. Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, junto con sus hermanos, eran aliados de Arturo Beltrán Leyva, líder de dicha organización criminal.
Más recientemente, en 2021, se votó para renovar el Congreso Federal (diputados y senadores), así como 15 gubernaturas estatales. En Sinaloa se renovaban alcaldías, diputados locales y Gobierno del estado. Hoy se sabe que al actual gobernador por el partido oficialista Morena lo financiaron y apoyaron en toda la campaña, hasta llevarlo a la gubernatura, las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos (hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, hoy sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos) e Ismael “El Mayo Zambada”.
Pero no son los únicos casos, son simples ejemplos. En las últimas semanas una investigación realizada por el medio digital Código Magenta, con base en fuentes de autoridades de Estados Unidos, reveló que en esa misma elección de 2021, no sólo hubo apoyo a candidatos de Morena en Sinaloa, sino que esto ocurrió por lo menos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Campeche y Tamaulipas. Es decir, las elecciones en México, en todos los niveles, no se pueden analizar el día de hoy sin tener el contexto de que siempre habrá un cártel que esté dispuesto a apoyar a candidatos de cualquier partido o incluso a todos los candidatos.
Sabiendo esto y observando la ubicación geográfica de Chiapas, clave para los negocios ilícitos de las organizaciones criminales, no es difícil deducir que los delincuentes buscarán cooptar a los candidatos de los diferentes partidos y distintos cargos en disputa en cualquier elección. Hacerlo les garantiza que podrán operar con total impunidad y sin temor alguno. ¿Cómo podría actuar una autoridad municipal o estatal contra el Cártel de Sinaloa o el CJNG si los alcaldes, diputados o hasta el gobierno del estado les recibió dinero durante las campañas y con ese dinero llegaron al cargo que aspiraban? Los 124 municipios del estado de Chiapas, pero sobre todo los que hacen frontera con Guatemala, son codiciados por los delincuentes, porque son la puerta de entrada de las sustancias ilegales, como precursores químicos o drogas ya elaboradas, pero también es por ellos por donde ingresan los miles de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos. El tráfico de personas y el tráfico de drogas son negocios multimillonarios que no pueden permitirse desperdiciar.
Familias desplazadas debido a los enfrentamientos entre grupos armados en la región fronteriza con Guatemala.
Los zapatistas saben de esto, lo conocen de primera mano y en la efervescencia de las recientes campañas intuían que la situación podía salirse de control, tal y como ha ocurrido. Muchos de los territorios son compartidos por zapatistas y gente no afín al zapatismo, por lo que la defensa de sus pueblos era apremiante ante semejantes circunstancias actuales. El control territorial del EZLN ha servido por décadas como una barrera de contención que impedía que pudieran asentarse en ellos grupos delincuenciales, pero a lo largo de los años el desgaste se ha notado y los zapatistas tuvieron que proponer una reorganización para poder seguir siendo esa barrera. Si bien hasta el momento no se han registrado ataques directos por parte de los cárteles a las comunidades zapatistas, esto no está lejos de poder suceder. El EZLN en sus comunidades tiene prohibida la siembra y venta de estupefacientes, lo que choca directamente con planes de expansión territorial de las organizaciones criminales.
Marta Durán De Huerta, socióloga, periodista y profesora universitaria, cree que las décadas de llevar a la práctica la autonomía zapatista, pueden ser la base para que su nueva autonomía tenga éxito. “Se levantaron en armas para hacer un llamado de atención y ellos mismos crearon sus instituciones para impartición de justicia, para salud, es algo muy sencillo, diría, hasta artesanal, pero lo han hecho”, dice la autora del libro Conversación en la Montaña, publicado recientemente en enero de 2024. Y aunque admite que la situación actual es nueva y muy distinta, por la crisis de violencia que se vive en todo Chiapas, resalta que la coherencia y la firmeza con que se ha manejado el zapatismo, actuaría en su beneficio en este nuevo escenario: “EZLN fue un movimiento estabilizador de algunas regiones, porque ellos nunca pactaron con el narco ni permitieron el financiamiento mediante acciones ilícitas, a pesar de estar siempre asolados por grupos paramilitares”.
Aumenta la violencia en las campañas electorales
Este 28 de mayo durante la conferencia matutina de López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los datos oficiales sobre los candidatos asesinados en este periodo electoral. Según el gobierno, las cifras registradas por las autoridades electorales, contaban 22 personas candidatas, precandidatas o que aspiraban a algún puesto de elección popular asesinadas en todo el país. Enfatizaba que “a la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Este es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial“.
Lo más chocante de esta forma de minimizar los asesinatos políticos, fue lo que dijo López Obrador durante la misma conferencia mañanera al responder a la periodista Helena Lozano, del medio NTN24, que citando a la Consultora Integralia, cuestionaba por el asesinato de 34 candidatos a cargos de elección popular. El presidente aseguró que esto se debe en gran medida a que “los medios de manipulación” difunden estas cifras que no corresponden a los datos oficiales. Y al ser cuestionado sobre si había posibilidad de que alguno de los asesinatos no haya sido registrado, López Obrador aseguró que no y que “no hay cifra negra”. “Quisieran que hubiesen muchos homicidios, parece mentira. pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras", remató.
Y es que dependiendo de la fuente y de las fechas desde que se realice este conteo, los asesinatos a aspirantes, precandidatos, candidatos o familiares de ellos, podría elevarse hasta los 70 o más. Nada menos en Chiapas, el último caso fue el de la joven candidata de 26 años del Partido Popular Chiapaneco, Lucero López, que aspiraba a la alcaldía de La Concordia. La candidata fue acribillada el pasado jueves 16 de mayo cuando se trasladaba de un acto de campaña a otro. Junto a ella fueron asesinadas otras cinco personas que le acompañaban, incluida una menor de edad. Esta es sin duda ya, la elección más violenta en la historia de México. Desde el mes de abril se rebasaron las cifras de agresiones, secuestros y asesinatos de participantes en la contienda electoral, que ya de por sí era enorme en 2021. Nosotros nos quedamos pendientes y con los ojos puestos en Chiapas, atentos para denunciar y hacer visible la violencia sin precedentes que se vive en el sur del país. Creemos que los zapatistas saldrán adelante, que podrán con esto y que nos mostrarán una vez más que “Otro mundo es posible”.
*Una versión de este texto se publicó originalmente en El Salto diario.
En portada: Pobladores de Unión Hidalgo se manifestaron pacíficamente para detener la tala masiva de árboles en tierras comunales derivado de los trabajos de rehabilitación de la Línea K del CIIT.
En la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, pobladores reclaman por las afectaciones ambientales que van dejando a su paso las obras de rehabilitación de la Línea K, una de las tres vías de transporte que integran el proyecto del Corredor Interoceánico, las cuales también conectarán a otros megaproyectos como el Tren Maya, en la Península de Yucatán y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
De gran relevancia para el transporte de mercancías, las vías férreas erigidas desde inicios del siglo XX y cuyo trayecto fue interrumpido en 2005 por los daños del huracán Stan, actualmente son rehabilitadas por el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar).
Los trabajos de la Línea K corren a cargo, desde febrero del 2023, de la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS), encargada de las obras a lo largo de 472 kilómetros de vías que conectan Ixtepec, en el Istmo oaxaqueño, a Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
Mapa elaborado por colectivo GeoComunes.
Pobladores de Unión Hidalgo perciben estas obras como una reconstrucción de gran magnitud pues implican la sustitución de todos los materiales que componen las vías, así como de locomotoras, estaciones y otras instalaciones asociadas.
En conversación con Avispa Mídia, Édgar Martín, defensor de derechos humanos en asuntos ambientales y habitante de la comunidad binizaá, relata que los trabajos incluso proponen la edificación de destacamentos militares a cargo de la Secretaría de Marina, cuyos detalles apenas retoman a cuentagotas pues las autoridades no han informado a la población local.
Por esta situación, Martín cuenta que integrantes de la comunidad han solicitado información para conocer los alcances y posibles afectaciones de las obras, sobre todo, los detalles de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento indispensable para autorizar los permisos ambientales y dar luz verde a las obras. El defensor recuerda que, en primera instancia, recurrieron al CIIT, pero nunca recibieron respuesta.
Por su parte, Óscar Marín, comunero y representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, detalla que fue durante una reunión, a principios del 2024 con mandos de la Semar, que los militares se negaron a compartir la MIA y argumentaron que la solicitud debía ser dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los pobladores así lo hicieron. Martín describe que fue una sorpresa la respuesta de las autoridades ambientales pues argumentaron que exentaron a la Semar de presentar la MIA. Para el defensor esta situación es alarmante debido a que este ramal es la línea más larga del Corredor y se extiende sobre una llanura costera, donde existe la amenaza de afectación a ecosistemas como manglares, esteros y ríos.
Respuesta de la Semarnat a la petición de la MIA por parte de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
“Descubrimos que no existe la MIA, algo ilegal, porque la única excepción posible es cuando hubo una manifestación de impacto ambiental previa, en este caso no lo hay. Legalmente no era posible que se exentara”, reclama el defensor.
El gobierno mexicano ha anunciado que se pretende terminar los trabajos en junio próximo, para con ello realizar pruebas en agosto y poder cumplir con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea inaugurar la primera fase de las obras con una visita al Istmo durante septiembre, a menos de un mes de finalizar su cargo.
Afectaciones
El paso de la Línea K por la comunidad de Unión Hidalgo atraviesa a lo largo 26 kilómetros por tierras comunales. Según Edgar Martín esto representa el 6% del total de las vías férreas en una sola población donde los impactos pueden afectar a cuerpos de agua, que en su caso albergan dos esteros, un río y más de 20 arroyos.
Además de que no existen estudios sobre las afectaciones y las acciones para remediarlas, para el comunero Óscar Marín, las labores cotidianas como la soldadura para los puentes está dejando una cantidad de residuos de metales, aceite usado y otros desechos los cuales, asegura, la Semar se niega a sanear tras la conclusión de sus labores.
El comunero resalta también los impactos de deforestación con las labores de la Semar y GFS. “Desde el principio de las obras arrasaron con todos los arbolitos alrededor del derecho de vía”, relata.
Edgar Martín complementa que, de acuerdo al registro de la comunidad, contabilizan más de 10 mil árboles talados y resalta que, fue en enero del 2024, cuando habitantes de Unión Hidalgo se percataron del retiro de cientos de árboles en el Bosque Comunal El Palmar -tierras de uso común de gran importancia para la comunidad indígena-, lo que provocó su indignación y los llevó a bloquear el campamento de trabajadores para detener la deforestación masiva.
Defensores ambientales bloquean el paso de trabajadores que rehabilitan la Línea K debido a la tala indiscriminada en tierras comunales de Unión Hidalgo.
Debido a la protesta es que, en abril, la Semar se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca para la producción y reforestación con 16 mil árboles. Mediante un oficio, la Semar solicita la intervención de la autoridad estatal para “mitigar el impacto ambiental por la renovación de la Línea K en la comunidad Unión Hidalgo”. Los pobladores aún esperan la finalización de los trabajos para concretar la reforestación con especies nativas.
Aunado a la deforestación, para el defensor Martín las mayores afectaciones ocurrieron en los cerros al sur de la comunidad. Esto debido a que la insuficiencia de materiales pétreos para cambiar la totalidad del terraplén llevó a la Semar a extraer material pétreo del banco “El Barrancón”, el cual estaba dañando sitios dentro de las tierras comunales de la comunidad zapoteca.
Habitantes de Unión Hidalgo realizan recorridos territoriales para vigilar que la Semar no explote un banco de materiales pétreos que operaba irregularmente. Fotos: Diana Manzo.
“Hubo un momento en que estaban operando con 400 volteos (transportes de carga) de doble capacidad. Estaban atacando dos cerros al mismo tiempo y eso era un impacto de imposible reparación”, sostiene.Ante ello, en octubre del 2023, después de descubrir que las autorizaciones en materia de impacto ambiental del banco no estaban vigentes, habitantes denunciaron la extracción ilegal de material para las obras.
Tras los reclamos de la población binizaá fue que la Semar y el CIIT convocaron a una reunión para entablar diálogo y contener la protesta, pero al no llegar a ningún acuerdo fue en febrero del 2024 cuando el defensor Martín recurrió a una demanda de amparo.
El recurso legal solicitó la suspensión de las obras de la Línea K, pues argumenta que la exención de autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat al CIIT, en Unión Hidalgo, viola los derechos para un ambiente sano, así como al de la consulta previa a la comunidad indígena para autorizar las obras. En el mismo amparo se reclama a la Semar por la deforestación y daños al ecosistema, así como “el saqueo y la explotación del Banco Pétreo ‘El Barrancón’, ambos sin contar con los permisos en materia ambiental que requiere la ley”.
El pasado 5 de marzo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Oaxaca reconoció la operación irregular del banco de materiales. Pero en lo que respecta a la suspensión de las obras de la Línea K, fue rechazada por la juez Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien sostuvo que, por encima del perjuicio a la población indígena se encuentra el interés de la sociedad en general e hizo referencia al decreto presidencial de mayo del 2023 que cataloga como seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya, así como del CIIT.
“Al autorizar actos de diseño, planeación, implementación, construcción y operación del proyecto denominado ‘Línea K del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec’, entre otras cosas, va unir a Chiapas con Oaxaca a través de 472 kilómetros de vías férreas fortaleciendo la actividad industrial y una alternativa moderna y eficiente para el comercio nacional e internacional”, sostiene la resolución enfatizando la relevancia del megaproyecto para el gobierno federal.
Pese a que la suspensión de la extracción de materiales pétreos detuvo algunos días las obras de la Línea K, para Edgar Martín la devastación aún acecha a su comunidad debido a que existe una “usurpación de facto” en la superficie que la Semar ha intervenido pues, originalmente, el derecho de vía contempla el uso de 15 metros de ambos lados, tomando el centro de la línea férrea como referencia. No obstante, alega que autoridades de la Semar contemplan el uso de 50 metros, “y en la práctica, en un recorrido territorial, vemos que son entre 50 o 100 metros”, denuncia el defensor sobre la continuación de las irregularidades en los trabajos.
Esto lo confirma el comunero Marín, quien alude que las obras no están respetando el uso del derecho de vía pues los trabajadores continúan ocupando tierras fuera de los límites establecidos.
Persecución y militarización
El defensor Edgar Martín se encuentra incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a que en el año 2022 fue víctima de un atentado con arma de fuego durante la resistencia contra la trasnacional Eléctricité de France (EDF), la cual pretendía instalar un parque eólico en tierras comunales de Unión Hidalgo.
Escombros arrojados en las inmediaciones de la vivienda del defensor ambiental Édgar Martín. Foto: Istmopress
El defensor resalta también que, durante el bloqueo de abril contra la deforestación en el bosque comunal de Unión Hidalgo, elementos de la Policía Municipal agredieron a los habitantes que se manifestaban pacíficamente. Ante estas situaciones, destaca que, a diferencia de la época en la lucha contra el parque eólico, elementos de seguridad mantenían comunicación y vigilancia para su protección, cosa que ya no sucede.
“Cuando me puse contra el gobierno federal dejaron de venir a mi casa y dejaron de hablarme, entonces me dejaron al descubierto”, señala ante el riesgo de protestar por las obras actuales del megaproyecto del Corredor Interoceánico.
En ese contexto, para el defensor también es preocupante la intención de las autoridades federales, en coadyuvancia con la municipalidad de Juchitán, para instalar destacamentos de la Semar en la región. Esto en referencia que, en octubre del 2023, el alcalde Miguel Sánchez Altamirano entregó un acta de donación de un predio, ubicado en Pozo Peralta, a menos de 20 kilómetros de Unión Hidalgo, para la construcción de un destacamento de la Semar.
En un evento con la presencia del Vicealmirante, Juan Carlos Vera Minjares, jefe de la Unidad Coordinadora Semar CIIT, el edil afirmó que las instalaciones militares serán “para brindar seguridad a la Línea K del tren del Istmo de Tehuantepec y contribuir a la salvaguarda de las y los juchitecos”.
Presidente municipal de Juchitán durante la entrega del predio a la Semar para la instalación de un destacamento militar en la región.
Un informe de labores de la Semar publicado un mes antes, en septiembre del 2023, enlista como obras en proceso a las Estaciones Navales en Ixtepec, así como Destacamentos militares en Matías Romero y Tehuantepec.
En cuanto al armamento de los marinos, el informe asegura que provee a las unidades de infantería y establecimientos navales comisionados al CIIT, y en particular a la Línea K, de equipo como drones, videocámaras, trajes de seguridad antimotín, placas balísticas, paneles balísticos y cascos balísticos.
Para diciembre del 2023, durante conferencia de prensa de la presidencia, el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del CIIT, aseguró que contabilizan 3 mil elementos de la Semar para vigilar el megaproyecto. Además, reportó el avance en la construcción de las instalaciones en Oaxaca y Veracruz, asegurando que “vamos a establecer estaciones navales en todo el corredor”.
“No puedes construir instalaciones militares en un territorio indígena tan fácilmente”, reclama Martín, quien defiende que en el caso de que se pretenda establecer cuarteles en tierras de Unión Hidalgo, primero tendría que pasar por la aprobación de sus habitantes.
En medio de diversos escenarios catastróficos que vive Brasil, donde se encuentra el pulmón más importante del mundo, se han presentado datos donde la deforestación alcanzó un pico inédito el año 2023. Este país sudamericano perdió la exorbitante cantidad de 1 millón 829 mil 597 hectáreas de vegetación nativa en 2023, según el último Informe Anual sobre la Deforestación en Brasil (RAD), de MapBiomas, una red de colaboración entre ONGs, universidades y nuevas empresas tecnológicas.
Más de la mitad de toda la superficie deforestada se concentró en una sola región, conocida como el Cerrado, una de las más ricas del mundo, ya que, según Conservación Internacional, alberga más de 10 mil especies de plantas, de las cuales el 45% son exclusivas de esta sabana. En este bioma habita el 5% de las especies de plantas y animales del planeta, más de 11 mil especies de plantas.
La superficie media deforestada por día, en 2023, marca el record de 5 mil 013 hectáreas, es decir, 228 hectáreas por hora. Más de la mitad de esta cifra se registró en el Cerrado, según el documento. Mientras que en la Amazonia se perdieron 1 mil 245 hectáreas al día, lo que equivale a unos ocho árboles por segundo.
“El día con mayor área deforestada en 2023 fue el 15 de febrero, cuando en sólo 24 horas se estima se deforestó una superficie equivalente a casi seis mil campos de fútbol”, puntualiza MapBiomas.
Se señala en el informe que la acelerada deforestación tiene que ver con el avance de la agricultura industrial, especialmente la producción de soya y la ganadería para la venta de carne de res.
En el caso del Cerrado, en la década de 1950 aproximadamente el 50% de esta vegetación ya había sido destruida, y las proyecciones son aún peor. En el documento MapBiomas se advierte que esta tendencia devastadora continuará en la próxima década.
La región de Matopiba, que abarca los estados de Bahía, Piauí, Tocantins y Maranhão, se ha convertido en el epicentro de la destrucción ambiental. Maranhão, en particular, emerge como el líder entre los Estados que más deforestaron en 2023, con cifras alarmantes que superan cualquier precedente. En esta región se han declarado 30 municipios en estado de emergencia y uno en estado de calamidad, por las recientes inundaciones. En esta región se cultivan más de 10 mil hectáreas de soja, según los propios datos del gobierno de Brasil.
El Cerrado y la Amazonia representan más del 85% de la superficie total deforestada del país, siendo que el Cerrado ahora representa el 61% de la superficie deforestada en todo el país, mientras que la Amazonia ocupa el 25%.
Guatemala, rejón del Estor. Foto por Santiago Navarro F
El Colectivo Semillas de América Latina, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (RedSag), autoridades ancestrales y la Mesa por la Soberanía Alimentaria de El Salvador realizaron acciones simultáneas en las sedes del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en El Salvador, y en la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en Guatemala, para que dejen sin efecto el Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para usos Agropecuarios.
La normativa, conocida como “reglamento transgénico”, permite el transporte, movimiento transfronterizo, investigación, experimentación, manejo y producción de semillas transgénicas. Está en vigencia en Guatemala y Honduras desde 2019 y, en El Salvador, desde 2023.
De acuerdo con David Paredes, de la RedSag, el reglamento se ha realizado con varias violaciones a los derechos de los pueblos entre ellos la ausencia de una consulta libre, previa e informado. “Representa un peligro a los sistemas alimentarios ancestrales. Guatemala es reconocidamente centro de origen del maíz. La semilla nativa lleva mas de 10 mil años de evolución, procesos llevados a cabo por los pueblos que aquí vivieron siempre”, sostiene.
Hay muchos estudios científicos que comprueban los impactos negativos de los transgénicos en los territorios indígenas y campesinos, señala Paredes. Entre ellos está la “contaminación genética” de las semillas nativas. “Solo por el simple hecho de estar contaminadas, pasarían a ser propiedad de las empresas que poseen las patentes de las semillas modificadas”.
Además, las semillas modificadas están vinculados al uso de los paquetes tecnológicos, que incluyen los agrotóxicos. “El objetivo es privilegiar a las empresas transnacionales, en este caso las empresas más grandes de semillas”, como Bayer-Monsanto y Syngenta.
Las organizaciones denunciaron que a través de este tipo de reglamentos se permite experimentos con los tipos de maíz amarillo, mostaza y petunia, según datos que fueron incluidos en un informe de la Embajada de Estados Unidas en Guatemala en 2022 y que fue enviado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
El expediente realizado en el año 2022 también señala que se han importado de Estados Unidos 1.3 millones toneladas métricas de semillas de maíz genéticamente modificado. Una de las justificaciones es que este tipo de cultivo es más resistente a las plagas, según una publicación del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la biotecnología.
De acuerdo con el informe, ya se han implementado tres experimentos transgénicos en Guatemala. Y hay otras solicitudes que están en proceso. Organizaciones de la RedSag han solicitado al gobierno de Guatemala nombres de empresas y lugares dónde se han hecho los experimentos. “Pero no hay respuesta”, afirma Paredes.
Las organizaciones han logrado, con el apoyo de la Universidad de California, algunas pruebas para determinar la presencia, o no, de transgénicos en territorios indígenas y campesinos en Guatemala. “Detectaron en el departamento de Petén [norte del país]. Eso nos tiene sobre alerta”.
Seguimiento
Desde El Salvador, las organizaciones que comparecieron a la sede de SICA, para entregar a las autoridades una carta donde exponen los motivos que sostienen su demanda, lamentaron el trato que recibieron de los funcionarios del Sistema de Integración Centroamericano.
“Tuvimos que hacer toda una lucha para que dejaran entrar una delegación. Solicitamos el seguimiento del contenido de la carta. Queremos una audiencia para que podamos expresar nuestros argumentos. Pero [hay que haber] un mejor trato a los pueblos. Es de suma importancia que nos tomen en cuenta”, dijo la mujer maya q'eqchi' Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, de Guatemala.
Generar dependencia
Una de las formas de fomentar el uso de las semillas transgénicas en las comunidades es a través de acciones de dependencia, dijo Luz Emilia Ulario, exalcaldesa indígena de Santa Lucía Ututlán. “El año pasado regalaron 25 libras de semillas mejoradas y junto con esto va el paquete de todos los agrotóxicos, que si no se aplican no dan resultado. Aplicándolo va a dar resultado. Eso crea dependencia para agricultor, y lo que uno después compra ya no va a dar el mismo resultado, mientras tanto uno va contaminando su semilla y su territorio”, señaló la exalcaldesa indígena.
A inicios de mayo, el Consejo Indígena Maya Chortí y la Comunidad Indígena de Quetzaltepeque también alertaron sobre la entrega de semillas híbridas en el territorio del pueblo Chortí, sin la realización de una consulta libre, previa e informada. Las semillas fueron entregadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).
El Consejo promueve la defensa y el rescate de la semilla nativa y criolla. “El uso de semillas mejoradas representa una amenaza para las semillas ancestrales”, alerta en un comunicado.
Las organizaciones que hacen parte de la RedSag manifestaron su oposición a la distribución de variedades de semillas, que son generadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola de Guatemala. “Creemos firmemente en la importancia de preservar y promover el uso de semillas nativas y criollas, como ha sido desde hace miles de años, pedimos el fomento de prácticas agroecológicas y el fortalecimiento de la agricultura a pequeña escala y familiar campesino (…), que privilegie la diversidad de cultivos, el respeto por los ciclos naturales, la conservación de los recursos naturales y la justicia social en el campo”.
Antecedentes
En Guatemala, en 2014, se aprobó la llamada Ley Monsanto. “Con la presión popular se derogó la ley. Pero se volvió a revivir en 2023 y de nuevo pone en peligro nuestras semillas nativas. Esta amenaza todavía está latente”, recuerda Paredes.Con informaciones de Prensa Comunitaria
Este es el 1er episodio de 10 del podcast “Atizando el Avispero” con el tema: Crisis climática, falsas soluciones y alternativas
Un espacio de reflexión sobre las respuestas que se proponen desde diferentes entes, como las promovidas por Estados y corporaciones. Destrabamos discursos como la transición energética, desentrañando sus verdaderos alcances y efectividad. Pero también, y quizás más importante aún, hacemos eco de la voz de comunidades y organizaciones que luchan incansablemente desde sus territorios por la preservación de los bienes comunes como: el agua, tierra y bosques. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y la reflexión colectiva, buscando alternativas que no solo provengan de entidades gubernamentales, sino que broten desde lo más profundo de nuestras comunidades y relaciones cotidianas.
Puedes escuchar este episodio en cualquiera de las siguientes plataformas 👇👇👇👇👇
