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Exigen libertad a Saúl Rosales, autoridad tradicional en Tlaxcala preso por defender el bosque

En portada: Acción de protesta para exigir la libertad de Saúl Rosales

Una de las principales exigencias de la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, la cual aconteció a finales de marzo, fue la libertad plena e inmediata de Raymundo Cahuantzi y Saúl Rosales, ambos acusados por el homicidio de una persona en la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, Municipio de Santa Ana Chiautempan, estado de Tlaxcala.

Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi han sido líderes en la defensa de la Matlalcueyetl, también conocida como “La Malinche”, organizando asambleas comunitarias, sumándose a la labor de restauración forestal del área y denunciando actividades extractivas en la zona como la tala ilegal de árboles.

Los defensores del territorio fueron detenidos el 14 de julio del 2022. Después de un año y siete meses de encarcelamiento, Raymundo Cahuantzi ganó su libertad definitiva el pasado 1 de marzo. Sin embargo, en la misma audiencia, Saúl Rosales fue sentenciado a 20 años de prisión.

Los sucesos por los cuales acusan a Saúl Rosales acontecieron el 15 de abril del 2022, cuando un hombre fue linchado en la comunidad después de ser acusado de haber intentado robar en una vivienda. 

Saúl era el presidente comunitario de la comunidad. Su esposa ha declarado en entrevistas que Saúl intentó detener el linchamiento sin éxito, ya que las personas que participaban en los hechos lo encerraron en la presidencia municipal.

Raymundo, por su parte, es mayordomo de la comunidad y tiaxca -una posición de respeto dentro de la comunidad-. Pese a que no participó en los hechos, fue detenido al acudir a la Procuraduría de Tlaxcala para abogar por la libertad de Saúl.

El 1 de marzo, las juezas a cargo del proceso dictaron la libertad inmediata de Raymundo al haber pruebas de su inocencia que demostraban que el participaba en las actividades religiosas del pueblo en el momento del linchamiento. 

En la misma audiencia, las juezas encontraron culpable a Saúl Rosales por, supuestamente, no resguardar a la víctima y no evitar el homicidio.

Los pueblos y organizaciones que integran la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, así como Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala (Coditet), que estuvieron a cargo de la organización y logística de la cuarta asamblea, y organizaciones de derechos humanos, como Frontline Defenders, han exigido la libertad de Saúl Rosales, argumentando que el proceso es un acto de criminalización en contra de Saúl y Raymundo por su labor en defensa de la zona de la Matlalcueyetl.

Esta zona está declarada como Área Natural Protegida, ya que aún resguarda gran variedad de plantas y animales y microorganismos endémicos del Eje Volcánico Transmexicano. La Malinche tiene también un alto valor en las cosmovisiones de las poblaciones tlaxcaltecas que viven en su cercanía, además de proveer recursos como carbón, leña, plantas medicinales, musgos, y hongos comestibles. La zona es también de alta importancia para mantener el ciclo del agua y regular la temperatura.

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En entrevistas con el equipo que acudió a la cuarta asamblea, integrantes de la Coditet denunciaron que la zona de la Matlacueyetl se encuentra amenazada por la tala ilegal de árboles, por la creciente urbanización tanto en Tlaxcala y Puebla, así como por la contaminación y plagas, en especial, la plaga del gusano “descortezador”.

La labor de defensa de este territorio ha conllevado también a conflictos con las autoridades de gobiernos municipales y del Estado que no respetan la decisión de comunidades nahuas de detener las actividades de explotación de recursos en la zona. 

La sentencia de Saúl se da dentro del contexto de defensa del territorio, así lo declara Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales, en entrevista durante la 4ta Asamblea del Agua y la Vida.

A continuación, incluimos segmentos de las entrevistas con Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales.


Avispa Mídia (AM): Raymundo, nos alegra que estés aquí con nosotros en libertad. Podrías platicarnos, ¿cómo es qué eres detenido? ¿por qué se denuncia que los delitos de los cuales se te acusaba están relacionados a la defensa del territorio?

Raymundo Cahuantzi (RC): Fue fabricado el delito del cual nos acusaron. El día del homicidio yo no estuve en el lugar donde se dan los hechos, yo estuve todo el día participando y organizando la procesión ya que era viernes santo. 

Nosotros trabajamos mucho tiempo en defensa de la Malintzin luchando contra la plaga del escarabajo descortezador, y haciendo trabajo de restauración, cuando inicia la plaga es cuando inicia la labor. Esto ha causado también roces con el gobierno, porque nos han intentado meter empresas del gobierno. 

Nosotros creemos que nuestro encarcelamiento es un castigo por esta labor, por ser muy activos en la defensa de este territorio, por participar, por organizarnos. 

Fuimos detenidos el 14 de julio para amanecer el 15 de julio. Fue cuando empezó todo este tormento o persecución política en contra de nosotros. 

Fue muy duro todo esto, la verdad lo que sufrimos más es no estar con nuestras familias, con nuestros amigos, eso se siente muy duro.

AM: Raymundo, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes en este proceso para obtener su libertad?

RC: Haber estado en prisión desde el 15 de julio del 2022, hasta el 8 de marzo del 2024, fue muy duro y estresante físicamente, psicológicamente y económicamente.

Estar en la cárcel te cambia la vida, no sólo a ti sino a todos a tu alrededor. De un día para otro todo cambia.

Nosotros vamos al día porque somos campesinos, no tenemos la solvencia económica, tuvimos que aprender a sobrellevar el caso. De lo más difícil fue que las audiencias se posponían y se posponían, también nos engañaron algunos abogados, todo fue muy difícil.

Agradezco a mi familia directa que es mi esposa, mis hijos, mi madrecita que ahí está con 88 años de edad, mis hermanos. Nunca me dejaron solos. Siempre, cada visita, ahí estaban.

Agradezco también a mi comunidad porque de verdad que hay mucho cariño. Siempre he sido muy querido, estoy catalogado como un tiaxca en mi comunidad, muy respetado, también el compañero Saúl Rosales, esperamos que pronto se compruebe también que es inocente.

AM: Entendemos que todo fue muy difícil, y menciona el apoyo de su familia y comunidad, ¿cómo fue que se logró obtener su libertad? 

RC: Hoy se nos da la oportunidad de que nuestro colectivo Coditet se ha extendido más con todo el apoyo. Hoy en esta Asamblea Nacional del Agua yo vengo a agradecer a todas las comunidades, colectivos que se sumaron a esta causa. Gracias a todo eso estoy disfrutando de esta libertad.

A toda esa gente, que apoyó en marchas, la invitación a que sigamos unidos para que pronto esté con nosotros nuestro compañero Saúl Rosales. Todos, Dios y hasta el gobierno, saben que somos inocentes.

Quiero creer en la justicia divina y en las leyes de nuestro país para que se sepa la verdad. Nosotros no hicimos nada, somos personas que siempre hemos estado defendiendo el cerro, el agua, todo, ayudamos a la comunidad. La verdad tiene que salir a la luz.


A la exigencia de Raymundo se suma la palabra de Jacob Rosales, hermano del preso Saúl Rosales. En entrevista, Jacob platica las dificultades que el encarcelamiento de su hermano ha generado en el núcleo familiar.

Avispa Mídia (AM): Jacob, ¿cómo se encuentra Saúl Rosales? ¿Podrías platicarnos más sobre su labor en la comunidad previo a que le encarcelaran?

Jacob Rosales (JR): Mi hermano a pesar de estar dentro, se ha mantenido fuerte. Mi hermano Saúl siempre ha sido muy trabajador, muy luchador, y es muy querido en la comunidad.

En el momento que surge la plaga en el monte, [mi hermano] comienza, junto con el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, a hacer la restauración de la zona, a raíz de esto surge esta problemática que termina con la situación de su encarcelamiento. Simplemente siento que se quieren agarrar de esto.

AM: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante las denuncias de que Saúl es inocente?

JR: Mi hermano lleva 1 año 8 meses privado de su libertad, la Procuradora de Tlaxcala sabe que no hay pruebas en su contra. Igual que en el caso del compañero Raymundo, que fue liberado, no hay nada en contra de Saúl.

Las juezas que llevan el caso, su excusa es que, por ser autoridad tradicional, es culpable. Por ayudar a la comunidad, por cuidar el bosque, le dan una sentencia de 20 años de prisión.

Lo único que exigimos y pedimos es que realmente se sepa la verdad, hoy en día nos hemos dado cuenta que Tlaxcala es de los estados más corruptos, no existe la justicia, no existe la ley.

AM: Después de 1 año y 8 meses en prisión, ¿qué ha sido lo más difícil para Saúl y toda la familia?

JR: El caso es complicado, para la familia y amigos que nos rodean. Yo puedo decir que yo conozco a mi hermano, le gusta apoyar, siempre le gusta participar y por eso creo que nos tocó vivir esto.

AM: Qué sigue en el caso de Saúl después de la sentencia ¿qué pasos seguirán?

JR: Nosotros seguiremos luchando hasta demostrar que el Estado está haciendo algo injusto. Como dijo Raymundo, sabemos que siempre hay personajes detrás presionando.

Ahorita nos vamos con el proceso de apelación. Esperemos todo salga bien y que en este tiempo que estemos luchando se haga justicia, se lleve sobre ley toda esta situación, y que prontamente lo tengamos libre.

AM: Para finalizar la entrevista, ¿cómo se puede sumar otra gente a la exigencia de libertad de Saúl?

JR: Nos pueden encontrar en Facebook como Justicia Tlalcuapan, se transmiten las manifestaciones cuando hay audiencias. Pedimos también divulgar esta información, que por el simple hecho de defender la tierra pagan personas inocentes.

Agradecemos a toda la comunidad y colectivos que siempre han estado con nosotros, se ha visto la amistad. Mi hermano me ha dicho, cuando lo voy a visitar, que te das cuente quienes son tus amigos, quienes están contigo. Les invitamos a seguir exigiendo la libertad de Saúl.

Los minerales ocultos detrás de la Inteligencia Artificial

En portada: Amina Mohammed, vicesecretaria general de la ONU, conversa con Sophia, la primera robot inteligente producida por Hanson Robotics para fungir como embajadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Como parte del equipo de Avispa Mídia hemos tenido la oportunidad de aproximarnos hacia realidades que no solo quedan distantes de las geografías urbanas, sino también de la imaginación de la mayoría de las personas que no se cuestionan de dónde proviene el agua que consumen, los alimentos, la energía y algo que esta muy de moda, la Inteligencia Artificial (IA). Casi nadie se cuestiona cuáles son los costos de la IA y quién paga.

En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial se ha perfilado como una herramienta que podrá ayudar a resolver una gran diversidad de problemas. Incluso, entre los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, la IA se propone como un factor determinante para avanzar con el nuevo orden global.

En 2023, Shangai fue considerada la ciudad más inteligente del mundo.

Al referirme a este “nuevo” y no tan nuevo “orden” global, es en torno a la reconfiguración de las geografías del capital y, principalmente las zonas urbanas. El objetivo #11 de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene como objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, advirtiendo que rumbo al año 2030, al menos 5 mil millones de personas vivirán en las llamadas “Ciudades Inteligentes”.

También conocidas como ciudades digitales o ciudades del futuro, basadas principalmente en el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), que prometen mejorar la calidad de vida de las personas urbanas. Pero, además, prometen una mejor eficiencia en el uso de recursos que requieren estas ciudades.

Estos complejos urbanos están encaminados hacia la digitalización, el uso de sensores y chips, a través de los cuales funcionará la IA. Recopilando y administrando datos en tiempo real sobre diversos aspectos como el tráfico, la calidad del aire, el consumo de energía, la gestión de residuos y la seguridad pública. Estos datos se utilizan luego para tomar decisiones informadas y optimizar la prestación de servicios urbanos.

Sector minero ha adoptado tecnologías de inteligencia artificial para el desarrollo de su sector.

Sin embargo, detrás del telón de la magia de la IA se esconde una realidad de la que casi no se habla: la dependencia de los minerales que están demandando estas ciudades inteligentes para poder ofertar los servicios prometidos.  En ese sentido, la carrera científica, productiva y militar de los países más desarrollados ha comenzado y, con ello, la reconfiguración de este nuevo orden mundial. 

Los minerales en la IA son determinantes para los componentes más básicos como circuitos integrados, baterías, pantallas y los servidores en la nube. Figuran minerales como el cobalto, el litio, el coltán, el tungsteno, aluminio, cobre, plata, oro, platino, silicio, entre otros.

China, es el principal productor y exportador de minerales considerados críticos por su escasez, como el indio, el antimonio, las tierras raras entre muchos otros metales.

Los Estados Unidos no corren con la misma suerte en cuanto al dominio de los llamados minerales críticos. De acuerdo con el estudio llamado “Recursos minerales críticos de Estados Unidos: geología económica y medioambiental y perspectivas de suministro futuro”, esté país importa 50 tipos de minerales que son catalogados como parte de su seguridad nacional. 

Australia es uno de los principales productores mundiales de una variedad de minerales críticos, incluidos el litio, el cobalto, el níquel y el vanadio. Le sigue Rusia y su contexto de guerra que también tiene que ver con minerales críticos. Es un país que posee importantes reservas y producción, como el paladio, el platino, el niobio y el vanadio. Su papel en el suministro mundial de estos minerales es significativo.

El lado obscuro

La disputa mundial de estos minerales ha provocado un avasallamiento de un neocolonialismo que va detrás de estos recursos en países como la República Democrática del Congo, donde se encuentra aproximadamente el 60% de las reservas mundiales de cobalto. El interés de Estados Unidos en tener presencia en el llamado “Triangulo del Litio”, la zona conformada por Argentina, Bolivia y Chile que posee el 80% de este mineral a nivel mundial, entre otros ejemplos.

Antes de esta disputa su explotación ya era desmedida y de forma irresponsable, provocando consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades, principalmente indígenas. 

Mina de cobalto en Congo.

En los diversos recorridos que ha realizado el equipo de Avispa Mídia, ha podido testificar los impactos: desde el desplazamiento masivo de poblaciones, contaminación de mantos acuíferos, deforestación, asesinato y persecución. 

Si bien la inteligencia artificial promete un futuro lleno de posibilidades, es menester reconocer que detrás de cada hilo de cobre, batería de litio, una pantalla de silicio, con certeza hay un racismo ambiental que, mucha de las veces, se traduce en muerte y destrucción. Lo que resta, y no como cierre de este tema, sino a manera de cuestionamiento es, ¿las alternativas que nos vienen presentando para enfrentar las crisis que vivimos son las indicadas?  ¿Existen otras salidas? ¿Cuáles podemos asumir?.

Oaxaca: indígenas Chontales desesperan, 15 mil hectáreas son arrasadas por el Fuego

Terrible incendio devora sin piedad la riqueza natural de la región del pueblo Chontal, en Oaxaca, al sur de México. El pasado 11 de abril, el fuego comenzó a incinerar todo a su paso. Hasta el momento ha devastado más de 15 mil hectáreas de bosque, dejando a su paso un rastro de desolación y desesperación por parte de las comunidades ante la incapacidad de respuesta para apagar el fuego. Llaman urgentemente a que intervengan las autoridades estatales y federales.

La Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y la organización Tequio Jurídico A.C., han hecho un llamado urgente de auxilio y exigencia de acción inmediata a nivel federal y estatal.

También a los titulares de las comisiones forestales a nivel nacional y estatal, a quienes exigen su intervención sin demora para enviar apoyo aéreo y terrestre a combatir y sofocar el devastador incendio que avanza rápidamente en la sierra sur de esta entidad.

El abogado chontal Abel Sánchez Martínez, con angustia comparte en entrevista que, tras la falta de atención de las autoridades competentes, “el fuego ha avanzado implacablemente desde el pasado 11 de abril”. Destacó que, pese haber reportado el incendio desde sus primeros indicios, “la respuesta inicial fue insuficiente, y el fuego se propagó sin control”.

Al menos ocho comunidades chontales se encuentran en medio del incendio, pertenecientes a los municipios de San Carlos Yautepec; San Miguel del Puerto y Santa María Ecatepec. Hombres y mujeres comuneras, junto a ciudadanos de estas comunidades han estado luchando incansablemente durante cuatro días contra el avance del fuego. Sin embargo, sus esfuerzos se ven eclipsados por la magnitud del desastre, que amenaza con consumir no solo tierras y bosques, sino también la vida misma de estas comunidades.

El abogado Sánchez, agrega que, “el domingo pasado, miembros de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coespo) llegaron a la zona afectada en un intento por contener la catástrofe. Sin embargo, la magnitud del incendio ya era inmanejable. A pesar de los esfuerzos de aproximadamente 30 o 40 personas, el fuego seguía avanzando, poniendo en riesgo a poblaciones enteras como San José Chiltepec, San Pedro Sosoltepec y Santa María Zapotitlán”.

Los informes revelan la magnitud de la devastación. En San Pedro Sosoltepec, se estima que más de 7 mil hectáreas, casi la totalidad de su territorio, han sido devastadas por las llamas. Mientras tanto, en San Pedro Tepalcatepec, se han perdido más de 2 mil hectáreas; en San Pablo Topiltepec, más de 3 mil hectáreas; y en San José Chiltepec, se reportan aproximadamente tres hectáreas absorbidas por el fuego. Las cifras, aunque alarmantes, apenas comienzan a capturar la magnitud del desastre.

Con más de 3 mil 500 habitantes en alto riesgo, la situación es urgente y desesperada. Sin embargo, las autoridades competentes han permanecido inexplicablemente inactivas, haciendo caso omiso de los repetidos llamados de auxilio de las autoridades de Bienes Comunales de las comunidades afectadas.

En este panorama, las demandas de estas comunidades son contundentes. Ante el “flagrante” desprecio de las autoridades por su omisión, exigen una respuesta inmediata y coordinada, por vías aéreas y terrestres, para combatir el incendio y brindar asistencia a las poblaciones chontales.

“Demandamos un compromiso firme y sostenido de las autoridades para abordar los daños irreparables causados a estas comunidades, su territorio y su patrimonio natural y cultural”, sostuvieron.

Mientras el reloj sigue avanzando, cada minuto es implacable con el aumento en el riesgo del costo humano y ambiental de esta tragedia. La respuesta de las autoridades no puede esperar. “La situación es crítica. Las comunidades en riesgo, como San Miguel Suchiltepec, Santa María Candelaria y Guadalupe Victoria, están en alerta máxima, coordinando esfuerzos para protegerse del avance de las llamas. En San Pedro Sosoltepec, casi la totalidad del territorio ha sido consumida por el fuego, mientras que, en otras áreas, como San José Chiltepec, la situación es igualmente alarmante. No podemos esperar más”, alerta el abogado.

En Perú, el río Marañón es declarado un ser vivo con derechos

En portada: Mariluz Canaquiri, Emilsen Flores y otras dirigentas de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, las mujeres que protegen el río Marañon, en la Amazonía peruana. Foto: Miguel Araoz Cartagena

El 15 de marzo, después de dos años y medio, el Juzgado Mixto de Nauta, Loreto, en la Amazonía Norte del Perú, declaró fundada la demanda puesta por la Federación de Mujeres Indígenas Kukama contra Petroperú y diversas instituciones del estado peruano para declarar el río Marañón como sujeto de derecho.

Esta sentencia, que reconoce por primera vez en el Perú derechos fundamentales a la naturaleza, es muy importante porque tiene consecuencias prácticas en la protección del río ya que incorpora nuevos derechos al ordenamiento constitucional y esos derechos son límites a la actuación del estado que en la práctica ha permitido la contaminación del río.

Este logro, nace además del reconocimiento a la cultura y la cosmovisión indígenas, a los pueblos que saben y sienten los espíritus que habitan en la naturaleza, con quienes se comunican para existir y compartir el tiempo, y que son finalmente la garantía de la vida futura de los por venir.

Esta sabiduría, frente a los retos del cambio climático y la contaminación, encuentra hoy su fundamento científico, su explicación racional y legal, en el valor intrínseco de la naturaleza y sus elementos para el resto de los seres vivos y ecosistemas con los que se comparte la tierra, al margen e independientemente del valor o la utilidad para el ser humano.

Los derrames de petróleo son la principal amenaza a la vida del río marañón, uno de los más afectados por los siniestros ocurridos en el Oleoducto Nor- Peruano.

¿Qué implica que el río Marañón sea reconocido como sujeto de derecho?

El abogado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), uno de los aliados más importantes de las mujeres kukama para alcanzar esta sentencia, nos explica: “Esta sentencia recoge el mensaje que las mujeres kukama hace tiempo vienen levantando: el río está vivó, el río es un ser vivo y esta sentencia hace audible esa voz”.

Esta sentencia no es una cosa simbólica porque reconoce que el río tiene derechos. La consecuencia práctica es que ahora todo acto administrativo, toda medida de particulares o del estado que afecte los derechos del río, tiene un vicio de nulidad. O sea, estos derechos se convierten en un criterio de validez material de cualquier decisión del Estado.

La sentencia ordena que se cumpla la ley de recursos hídricos. Ordena que se creen comités de cuenca y subcuencas. Misteriosamente donde hay actividad minera o petrolera nunca hay comités de cuencas y son importantes porque permiten la participación de la sociedad civil y/o de los pueblos indígenas en la gestión integral de estas cuencas.

La sentencia también ordena que se actualice el instrumento de gestión ambiental de Petroperú. Por ley cada 5 años debe actualizarse el Estudio de Impacto Ambiental.  El actual es del año 95, o sea de casi treinta años. La sentencia ordena a Petroperú que inicie ese proceso. Tiene que actualizarse.

Además ordena la consulta previa sobre esa actualización del instrumento de gestión ambiental. Esa consulta es un espacio para que puedan participar los pueblos indígenas y puedan expresar sus preocupaciones. Hay 4 derrames cada año y cada derrame es devastador para los pueblos indígenas porque significa que tomen agua contaminada, que coman peces contaminados, siendo que los peces constituyen el 85% de la proteínas para los pueblos indígenas. Es la principal actividad económica.

La sentencia nombra y reconoce a las mujeres kukama, y a los pueblos indígenas en general, como defensores y guardianes del medio ambiente y del río. En un contexto donde cada vez hay más preocupación por los defensores ambientales indígenas.

No es algo retórico. Significa que cada vez que el estado va a tomar una decisión tiene que consultarles, tiene que llamarlos. El río ya no va a estar indefenso. Los pueblos indígenas serían los representantes legales del río. El río va a tener a alguien que saque la cara por él.

Finalmente, está el mantenimiento del oleoducto, que ha sido rechazado por la jueza. Discrepamos con la jueza, porque si bien se están haciendo acciones de mantenimiento, no es integral como se comprometió Petroperú. Eso lo hemos apelado.”

Marcha en Nauta rumbo al Juzgado Mixto donde se presentó la demanda de amparo. Foto: Stephanie Boyd

Huaynakana Kamatahuara Kana (Mujeres trabajadoras, en idioma kukama) es la Federación de Mujeres Indígenas Kukama que lleva décadas buscando maneras de defender su territorio y con él, la cultura y la vida de los pueblos indígenas y otros seres que habitan y dependen del río Marañón .

Crearon la federación porque a pesar de participar en espacios de consulta previa, diálogos y reuniones con entidades estatales, así como dentro de la misma organización comunitaria, no las querían escuchar y eran rechazadas.

Sus preocupaciones y actividades, sin embargo, no están centradas en el tema de género. Llevaron, por ejemplo, un proceso judicial sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la hidrovía que aún se pretende construir en el río Marañón, o sobre la distribución del canon petrolero para la atención a las necesidades de las comunidades. También han trabajado por el acceso de los jóvenes indígenas a mejor educación y la atención de las mujeres gestantes usando la medicina ancestral.

Mariluz Canaquiri, presidenta de la Federación de Mujeres Kukama, relata: “Hemos venido conversando puras mujeres. Nacimos por los derrames petroleros, porque el río Marañón se llenaba de petróleo con cada derrame. No había celulares ni medios de comunicación, así que nos enfrentábamos solas con los petroleros a discutir, a debatir; pero realmente en más de 50 años no hemos sido atendidas.

Sólo hemos logrado el sufrimiento que nos han dejado las empresas petroleras: ya no tenemos peces para comer, hay muchos enfermos de enfermedades desconocidas y no tenemos una atención médica adecuada, la educación es pésima para nuestra población.

Queremos que nuestra población tenga agua potable, los servicios básicos en nuestras comunidades y también en los asentamientos humanos de los poblados, donde están igual que nosotras.

Queremos tener un ambiente limpio y sano, sin contaminación, y que las empresas grandes respeten la naturaleza porque desde muy antes, desde nuestros ancestros, hemos venido respetando. Llevamos el ejemplo de nuestros ancestros que decían: para que saques una sola corteza, una sola planta, tienes que pedir permiso al dueño que es el espíritu de la planta. Igual a todos los seres vivos, a los seres que viven debajo del agua, hay que pedir permiso; para ir a una cocha a pescar hay que pedir permiso.

Pero la gente de fuera, que no nos entiende nuestra cosmovisión, nos ven mal, ven que no significa nada pero para nosotros, los pueblos originarios, tiene un sentido fundamental, un significado muy bueno, por eso lo llamamos que el río Marañón es muy sagrado, nuestra fuente de vida, que da vida a todos los seres humanos y a todos los seres que existen en nuestra madre naturaleza”.


¿Qué ha reconocido la sentencia?

La jueza, en el primer punto de la parte resolutiva, resuelve “DECLARAR AL RÍO MARAÑÓN Y SUS AFLUENCIAS COMO TITULAR DE DERECHOS”.

Inmediatamente después, reconoce los siguientes derechos al río Marañón en su sentencia:

i. Derecho a fluir para garantizar un ecosistema saludable;
ii. el derecho a brindar un ecosistema sano;
iii. el derecho fluir libremente de toda contaminación;
iv. el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes;
v. el derecho a la biodiversidad;
vi. el derecho a que se la restaure;
vii. derecho a la regeneración de sus ciclos naturales;
viii. derecho a la conservación de su estructura y funciones ecológicas;
ix. derecho a la protección, preservación y recuperación;
x. derechos que se encuentren representados y que el Estado debe proteger legalmente, por ser parte importante en los derechos fundamentales de todo

Una versión de este texto se publicó originalmente en Lucha Indígena

Derrame de crudo no reportado, razón de explosión de plataforma de Pemex en Campeche

En portada: El 6 de abril se registró un incendio y posterior explosión en una de las plataformas del Centro de Proceso Akal-B, propiedad de Pemex.

Organizaciones ambientalistas señalan que, derivado de una explosión ocurrida el 6 de abril en la plataforma Akal-B, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ubicada en las aguas del Golfo de México, en las cercanías de Campeche, se ha detectado la existencia de un derrame de hidrocarburos que se mantiene en curso.

Mediante pruebas obtenidas con imágenes satelitales, organizaciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking, CartoCrítica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) indican que, a pesar que el derrame inició el 22 de marzo, no fue reportado a las autoridades competentes.

“Una vez más, es a partir de una explosión en una plataforma de Pemex, que se detecta un derrame no reportado por las autoridades”, sostienen las orgaizaciones, quienes indican que, tras acumular 18 días de fuga ininterrumpida, hasta el pasado 9 de abril, el derrame de crudo abarca una superficie de 390 kilómetros cuadrados. 

Esto significa que el área afectada por el reciente derrame ocupa una dimensión similar al ocurrido en julio del año 2023, cuando se vertió petróleo en las aguas del Golfo de México tras el incendio de otra plataforma de Pemex. En aquella ocasión, el derrame abarcó una superficie de 400 kilómetros, dimensión que representa más del doble de la ciudad de Guadalajara.

Las organizaciones ambientales y sociales enfatizan que el aumento en la frecuencia de accidentes de Pemex, con 152% de incremento en los últimos dos años, “evidencian que en Pemex se han tomado decisiones administrativas que anteponen la extracción acelerada de combustibles fósiles a la inversión en seguridad y mantenimiento de la infraestructura existente”.

Señalan que esta situación se agrava debido a que, a la par, existe una disminución del 49% en el presupuesto destinado al mantenimiento de instalaciones, lo que se traduce en “irreparables pérdidas humanas de trabajadores y las afectaciones a la salud de las comunidades humanas y los ecosistemas impactados por los desastres fósiles”. 

Versión oficial minimiza accidente

Mientras Pemex comunicó el mismo día el incidente y lo minimizó como un “conato de incendio”, las organizaciones sostienen que dos trabajadores perdieron la vida, hay un desaparecido y nueve más resultaron heridos. “Los dos trabajadores se suman a la lista de más de 360 personas que han fallecido en siniestros de Pemex desde 2009”, aseveran mediante comunicado.

Ante ello, exigen una respuesta y accionar de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la preservación ambiental en el sector petrolero, en particular la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA). 

Entre sus responsabilidades, a la ASEA le corresponde regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos en terminos de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente.

No obstante, las organizaciones indican que, “a pesar de ser directamente responsable de regular y sancionar a Pemex, [ASEA] demuestra reiteradamente su incapacidad para abordar las causas de estos siniestros y prevenir estos desastres”. 

Por esta situación, demandan que las autoridades informen con claridad sobre lo ocurrido en la plataforma Akal-B, así como los impactos y medidas que adoptarán para prevenir la repetición de estos incidentes. 

Aumento de inversión China en América Latina preocupa al Comando Sur de EEUU

El pasado mes de marzo, la general del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom, por sus siglas en inglés), Laura J. Richardson, declaró ante el 118º Congreso Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de este país que, entre sus diversas preocupaciones, figura el aumento de las inversiones de China en la región latinoamericana. Por ello, buscan endurecer su estrategia para tener mayor presencia, por ejemplo, en los ejercicios militares conjuntos.

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No es para menos ya que, según Richardson, el aumento del comercio de la República Popular China (RPC) en América Latina y el Caribe ha tenido una expansión inédita. En 2002, experimentó un crecimiento exponencial pasando de 18 millones de dólares a 450 mil millones en 2022. Además, las proyecciones de la comandante es que alcancen “los 700 mil millones en 2035”.

Desde que China lanzó, en 2013, la Iniciativa Cinturón y Ruta (BRI) ha expandido rápidamente su conectividad global a través de un flujo comercial de importaciones y exportaciones, así como su red de telecomunicaciones y tecnología.

Según el alto mando del Southcom, este aumento del mercado asiático en su área de influencia, considerado en términos militares como teatro de operaciones, representa una oportunidad para China ya que, le permite “expandir su influencia económica y política en la región, lo que ha llevado a Estados Unidos a reafirmar su compromiso de ser el socio más confiable en términos de defensa y de seguridad” en los países de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con las declaraciones de Richardson, las preocupantes inversiones de China incluyen infraestructura estratégica, como puertos en aguas profundas, instalaciones cibernéticas e instalaciones espaciales. Por ejemplo, “en Panamá, las empresas de China siguen licitando proyectos relacionados con el Canal de Panamá, un punto de estrangulamiento estratégico mundial”, señala la militar.

Otro ejemplo, en Argentina, dice Richardson, “otra empresa estatal de China está tratando de obtener los derechos para construir instalaciones marítimas de doble uso, que apoyarían el mantenimiento y la proyección de poder en las proximidades del Estrecho de Magallanes, el Pasaje de Drake y la Antártida”.

Por tanto, en aras de fortalecer relaciones con los países socios, en días pasados Richardson viajó a Buenos Aires, “para fomentar el diálogo y la cooperación con el nuevo gobierno y los líderes de defensa del país”, anunció el pasado 3 de abril la embajada estadounidense establecida en Argentina.

Ver también: La nueva estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos en Latinoamérica

La delegación del Comando Sur a este país sudamericano sostuvo que “la agenda de Richardson en Buenos Aires incluye reuniones con el ministro de Defensa, Luis Petri, y el General de Brigada Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, entre otros líderes del gobierno argentino. Estas conversaciones abordarán el refuerzo de la colaboración militar de larga data entre nuestras naciones, destinada a reforzar la seguridad regional y promover intereses compartidos.”

Al final del viaje, Richardson entregó un avión de transporte Hércules C-130H a la Fuerza Aérea Argentina, valuado en aproximadamente 30 millones de dólares como parte de una donación de asistencia de seguridad financiada por Estados Unidos. 

Los fondos de defensa de Estados Unidos para la cooperación en seguridad con Argentina superan los 625 millones de dólares este año fiscal, centrados en áreas clave como el desarrollo de capacidades y la ciberdefensa. 

Antes de este viaje, la comandante del Comando Sur, junto a una delegación estadounidense encabezada por el Asesor Presidencial Especial para las Américas Christopher Dodd, visitó Ecuador del 22 al 25 de enero. Durante la visita, detalló la embajada, “se llevaron a cabo reuniones con el presidente Daniel Noboa y otros altos líderes ecuatorianos, centrándose en fortalecer la cooperación y la asistencia estadounidenses para combatir organizaciones delictivas transnacionales”.

Además, Richardson se reunió con representantes del sistema judicial, así como con representantes de la sociedad civil. Este fue el segundo viaje del Comando Sur a este país. Tiempo después, el 5 de abril se violó la soberanía de México, cuando militares ecuatorianos tomaron por asalto sus embajadas en este país. Más de una decena de mandatarios expresaron su solidaridad con el gobierno mexicano. EEUU se mantuvo en silencio.

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó que, “el asalto a nuestra embajada, eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la corte de justicia internacional ¡A México se le respeta!”

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EEUU financia a Ecuador con los fondos destinados a la cooperación en materia de seguridad proporcionados por el Congreso estadounidense, una inversión considerada fundamental para suministrar equipos y capacidades militares “Ejemplos clave de ello son los contratos adjudicados a Ecuador y Perú para la adquisición de aviones de patrulla marítima King Air. Estas aeronaves mejorarán significativamente la capacidad de Conocimiento del Dominio Marítimo”, puntualizó Richardson previo al asalto a la embajada mexicana.

Relaciones frágiles

A pesar de que EEUU endurece su estrategia para retomar y fortalecer sus alianzas en el continente americano, de los 31 países que comprenden el área de influencia del Comando Sur, 22 de ellos ya son ahora signatarios de la iniciativa BRI de China. “La República Popular China ha superado a Estados Unidos como primer socio comercial de Sudamérica y es el segundo socio comercial de Centroamérica”, detalló Richardson ante el Comité de Servicios Armados.

Desde que EEUU lanzó su Estrategia de Seguridad Nacional 2022, ha enfatizado la importancia de ampliar alianzas para contrarrestar la creciente presencia de China. Para ello, ha adoptado una estrategia de “disuasión integrada”, que significa aprovechar todos los instrumentos del poder nacional que van desde el uso de la diplomacia, intercambio de información, ejercicios militares y proyectos económicos. “Hacerlo de forma concertada con los aliados, los socios, las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y el sector privado; es lo que yo llamo democracia en equipo”, enfatiza el alto mando del Comando Sur.

Uno de los principales desafíos de esta estrategia es intentar contener las inversiones de China en infraestructura, ya que “estas inversiones, aunque presentadas como pacíficas, en realidad sirven como puntos de acceso para el Ejército Popular de Liberación [ de China] y puntos de estrangulamiento naval estratégicos” para EEUU, según Richardson.

Otra de las preocupaciones del Comando Sur es el avance de China en el espacio digital y le preocupa especialmente la instalación de redes de telecomunicaciones 5G de empresas como Huawei, porque, según las fuerzas armadas de EEUU, “podrían contener puertas traseras que permitan el acceso del gobierno chino a información sensible y la capacidad de atacar redes de comunicaciones y servicios públicos”.

Para contrarrestar estas amenazas, Estados Unidos ha intensificado su estrategia de cooperación en materia de seguridad con países de la región, proporcionando capacitación, equipamiento y ejercicios conjuntos. “Los Programas de Desarrollo de Capacidades de los países socios son la principal palanca para el compromiso de los aliados y proporcionan oportunidades significativas para fortalecer las asociaciones y desarrollar las capacidades militares”, ha puntualizado Richardson.

La comandante del Comando Sur detalló que solo en este año 2024, tienen planificado más de mil actividades con sus aliados regionales. “Agradecemos el apoyo del Congreso a este programa y seguiremos maximizando todos los recursos para desarrollar la capacidad de nuestros socios voluntarios”.

Entre estas actividades militares figura la participación de más de 13 mil 500 militares de 36 naciones en diversos ejercicios conjuntos.