Después de 20 años en prisión, el 6 de diciembre liberaron a dos de los seis presos de la región Loxicha Oaxaca acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Los indígenas que fueron liberados son Fortino Enríquez Hernández y Agustín Luna Valencia.
El día 29 de agosto del año de 1996 un grupo rebelde, el EPR, sorprendió en Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, atacando las instalaciones de la Infantería de Marina, de la Policía Preventiva del Estado, la Policía Judicial estatal, Federal y de la Policía Municipal. De este ataque resultaron muertas 9 personas: tres marinos, dos policías preventivos del estado, un policía municipal y dos civiles, además de un marino fuera de la zona de combate.
A raíz de este ataque comenzó una ola de represión en toda la región Loxicha, región indígena zapoteca localizada en el distrito de Pochutla, al sur del estado de Oaxaca. Se instalaron tres bases militares de operaciones mixtas e invadieron la vida comunitaria de la región. Tras la instalación de dichas bases, se ejecutaron una serie de detenciones extrajudiciales masivas, cateos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, delitos sexuales, hostigamiento y amenazas de muerte. Decenas de personas fueron a prisión, junto con los dos recién liberados. En total, fueron 6 los presos políticos que han cumplido casi dos décadas en prisión.
El colectivo La Voz de los Zapotecos Xiches en Prisión, adherentes a las Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes han dado acompañamiento a los presos Loxichas y realizado diversas acciones, argumentan que aun faltan cuatro presos que tienen que ser puestos en libertad: Álvaro Sebastián Ramírez, Zacarías Pascual García López, Justino Hernández José y Abraham García Ramírez . “Nos faltan cuatro compañeros más, nos falta nuestro querido Álvaro Sebastián Ramírez. Que su libertad nos dé fuerza para continuar la lucha y lograr así la liberación de nuestros compas Loxichas, y de nuestros compañeros, nuestras compañeras encarceladas por el delito de luchar y mantener su dignidad ante el poder que intenta someterlos y callarlos”.
Así mismo aseguran que la “libertad –de los dos presos- se ha ganado con constancia, organización, nunca ha llegado el olvido y tenemos presentes a nuestros compañeros presos Loxichas”.
Álvaro Moreno
El 15 de diciembre del año 1997 el profesor Álvaro Sebastián Ramírez fue detenido por el grupo especial de la Policía Judicial del Estado y llevado a una cárcel clandestina, donde fue torturado física y psicológicamente durante 11 días y obligado a firmar su supuesta declaración.
Homicidio Calificado, Lesiones Calificadas, Tentativa de Homicidio, Privación Ilegal de la Libertad, Robo de Uso, Robo, Daño en Propiedad Ajena, Acopio de Armas, Terrorismo, Conspiración y Asociación Delictuosa. Estos son los delitos bajo los cuales el día 5 de enero de 1998 se le dictó auto de formal prisión a Álvaro por su presunta participación en el ataque del 29 de agosto en Santa Cruz, Huatulco.
Desde esta sentencia, la defensa de Álvaro presentó una serie de apelaciones y peticiones de juicios de amparo y que terminaron el 10 de octubre de 2012 con la sentencia definitiva del primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, que absuelve a Álvaro por los delitos de Terrorismo y Conspiración y lo condena a 27 años de prisión por los delitos de Homicidio Calificado y Tentativa de Homicidio.
Contrariamente a lo que determina el articulo 137 del Código Penal Federal de México, que “Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate, pero de los que causen fuera del mismo, serán responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten.”
Según la ley mexicana, los participantes de un acto considerado rebelde no pueden ser acusados por homicidio o lesiones que resulten de un combate, por lo cual los actos que le imputan a Álvaro no son constitutivos de delito alguno en el contexto de los hechos. Álvaro entonces esta en prisión injustamente. Y en un Estado donde las estructuras legales encargadas de impartir justicia no las obedecen, es un Estado Fallido.
Desde la prisión, Álvaro Sebastián se adhirió y se reivindico como parte de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. Desde entonces, familiares, amigos y adherentes de dicha declaración a nivel nacional e internacional, han exigido la liberación de los cuatros presos políticos.
Escuchar la tierra es una producción radiofónica comunitaria que invita a escuchar la tierra, desde la geografía del estado de Oaxaca, México. Cuatro radios comunitarias reunieron en un único disco piezas radiofónicas relacionadas con el cuidado del territorio. Son ellas: Bue Xhidza Radio (Radio Aire Zapoteco), Colectivo Guel Nabani, Radio comunitaria ñuu Kaan y Radio comunitaria Tsae Xigiae – La Voz de Teotitlán.
La iniciativa surgió de la organización Ojo de Agua Comunicación, que reconociendo el gran potencial y tradición de las radios comunitarias en Oaxaca y la lucha de los pueblos por defender sus territorios, promovió una convocatoria para motivar a los comunicadores comunitarios a presentar propuestas de producción relacionadas con el tema. Las cuatro radios fueron las seleccionadas.
Guardianas del Agua: Voces y sonidos de comunidades que preservamos las pozas, los ríos y las lagunas en la Costa Chica de Oaxaca – Radio Comunitaria ñuu Kaan
Una acción de resistencia se instaló en el oriente de Guatemala, cuando dos plantones pacíficos fueron puestos en la finca Argelia, de la aldea La Pava, por habitantes del municipio de Quezada, Jutiapa, al ingreso de un área de explotación de biomasa.
Los pobladores decidieron plantarse porque están preocupados por la destrucción del volcán Amayo, el cerro más visible en el municipio. Según cuentan los vecinos que en las entrañas del montículo se albergan las principales fuente de agua, que abastecen a miles de habitantes de la región oriental, “No quisiera que este vendito cerro se destruyera porque es la que nos ha dado la vida y el agua y ahora vienen otros señores de otros países a querer destruir”. Reclama una de las originarias del lugar.
Afirman que el proyecto consiste en la instalación de una planta de biomasa, que en funcionamiento libraría gases altamente tóxicos y destructivos para el medio ambiente, reiteran que el sitio podría funcionar en un centro de abastecimiento de electricidad a empresas mineras. Fuentes oficiales atestiguan que entre los principales inversionistas está el empresario Jack Irving Cohen, Cohen, que hoy se encuentra en prisión preventiva por el caso cooptación del Estado.
Se quejan que a estas alturas su consulta comunitaria, realizada el pasado mes de mayo, no es respetada por el Ministerio de Energía y Minas, pese a que cerca del cien por ciento de los consultados emitieron un rotundo No a la explotación de los recursos naturales. Lo consideran un abuso del Estado, que va en detrimento a la vida colectiva de los habitantes Xincas y mestizos que conviven en aquel territorio.
Llevan más de una semana instalados y la solidaridad entre vecinos ha sido notoria, “aquí la gente duerme y amanece, aquí vamos a seguir adelante, hasta que miremos el bien, hasta que miremos algo bueno para nuestras comunidades”, enfatiza una de las mujeres en resistencia.
Represar enormes ríos, domesticarlos a través de grandes obras de ingeniería, es la expresión de una forma de entender el “desarrollo”, el “progreso” y la gestión de recursos hídricos, por parte de diferentes gobiernos de derecha, izquierda, “progresistas” o “socialistas”, y empresas ya sean estatales o privadas, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad.
La producción de energía hidroeléctrica es parte fundamental de políticas estatales que impulsan la edificación de represas y megarepresas, habiendo sido considerada como “energía limpia”. No obstante, en todos estos años, las miles de represas y mega represas construidas a nivel mundial, no solo han dejado millones de desplazados debido a los embalses, sino contaminación producida por éstas, contribuyendo de forma muy significativa a los gases de efecto invernadero en el planeta, con consecuencias irreversibles en ecosistemas acuáticos y ciclos de vida enteros.
Las represas multipropósito y las que son parte de centrales hidroeléctricas, fueron construidas desde los años 30 del siglo XX, teniendo su auge en los 60, 70 y 80 de este mismo siglo. Bolivia se une “algo” tarde a la construcción de mega represas y proyectos hidroeléctricos en la cuenca amazónica, en el marco de una política energética que pretende instaurar como un pilar de su economía la energía hidroeléctrica.
El proyecto múltiple Río Grande – Rositas, viejo anhelo de gobiernos departamentales y nacionales
El proyecto hidroeléctrico Rositas, surgió hace casi 45 años, como parte del Proyecto Múltiple Río Grande – Rositas, que incluye la construcción de una Central Hidroeléctrica, la provisión de agua para consumo y riego, la provisión de energía y control de inundaciones.
Es un anhelo de autoridades departamentales de Santa Cruz y prioridad para el neoliberal gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, (MNR), en 1987, y para el gobierno del Movimiento Al Socialismo. La postura del partido oficialista, así como la del gobernador Rubén Costas, quien considera a Rositas como proyecto “icónico", coinciden en la visión de la hidroeléctrica Rositas como camino al “progreso”.
La ley No 940 del 5 de octubre de 1987, firmada por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, declaró prioridad nacional la construcción del Proyecto Múltiple Río Grande – Rositas. El proyecto fue retomado desde 2008 por autoridades departamentales de Santa Cruz, y efectivizado por el gobierno nacional el 2012.
La central hidroeléctrica, se prevé actualmente, estaría emplazada en la provincia Cordillera, (Santa Cruz), sobre el Río Grande y su confluencia con el río Rositas, en el municipio de Abapó. Generaría de 400 a 600 MW, siendo la más grande de su tipo en el país. Su construcción ha sido defendida por personeros de gobierno, con el argumento de que sería un cambio beneficioso de la matriz energética basada hasta ahora en combustibles fósiles, hacia “energías limpias”.[1]
Infografía del Proyecto Hidroeléctrico Rositas (Elaborado por El Deber, 2014)
El “desembarco chino” en Bolivia: empresas y créditos chinos en el proyecto Rositas
Las empresas chinas en estos últimos años han sentado presencia en Bolivia, como parte de la política propiciada por el estado chino, de expansión hacia Sudamérica.
Se han tornado muy importantes en el país, los créditos ofrecidos por la República Popular de China y su presencia, primero, mediante acuerdos comerciales en materia agrícola, de energía, minería y otros, con los que llegaron diversas empresas estatales o privadas en rubros de construcción, energía, exploración y explotación minera y petrolera. Luego, a fines de 2015, mediante el otorgamiento de un crédito de 7.500 millones de dólares, negociado entre el gobierno chino y el gobierno boliviano,destinado aproyectos de infraestructura y energía.
En julio de 2012, el gobierno boliviano firmó con Hydrochina, empresa estatal de China: “un Memorándum de Entendimiento dividido en dos fases consecutivas y dependientes; la primera, establece la elaboración de un estudio de factibilidad bajo la responsabilidad de Hydrochina la cual entregará en un plazo de 90 días a título gratuito el mencionado estudio[…] La segunda fase consiste en el diseño final, financiamiento, construcción y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas”.
EPTISA, ya ha sido denunciada este 2016, por haber afectado el Área Protegida Departamental de Manejo Integrado (ANMI), Río Grande Valles Cruceños, ypredios agrícolas privados, aunque ENDEnegó esta situación.
Sin esperar que el estudio de EPTISA esté concluido, el gobierno lanzó la primera convocatoria de la licitación para la construcción y puesta en marcha de Rositas, el 9 de diciembre de 2015,la cual se declaró desierta,al igual que lasegunda licitación.Después de latercera convocatoria en junio de 2016, el 15 de septiembre de este año, ENDE adjudicó la construcción de la hidroeléctrica Rositas a la empresa china Asociación Accidental Rositas, (AAR), con la modalidad llave en mano[2].
La AAR entonces, deberá esperar dicho informe y así incorporar adendas al contrato, que resulten de la entrega del estudio de EPTISA a principios de 2017.
DATOS: En la Asociación Accidental Rositas participan tres empresas, China Three Gorges Corporation, China International Water & Electric Corp. y Ritko que trabajarán la construcción bajo la modalidad Llave en Mano “Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha” de Rositas. La China Three Gorges Corporation construyó y opera “Tres gargantas”, la represa más grande del mundo, la cual ha generado a la par, daños socioambientales también enormes.
La firma de este acuerdo con modalidad llave en mano, se da, según ENDE, de acuerdo al decreto supremo número 2574 del 31 de octubre de 2015, que permite que ENDE pueda hacer contrataciones directas bajo dicha modalidad, donde tienen exclusividad empresas chinas, porque, como hemos señalado, el financiador de la obra es el banco chino Eximbank.
El crédito chino, según los acuerdos entre los gobiernos chino y boliviano, se emitiría de manera gradual, es decir, una vez aprobados los proyectos, podrá darse paso al respectivo préstamo, lo cual también rige para el crédito destinado a Rositas.
Así, con un crédito que estaría por desembolsarse y sin estudio a diseño final, la obra ya adjudicada a AAR, tenía la previsión inicial de un costo superior al de 1.000 millones de dólares, comenzando su construcción en 2017, y operando en 2024.
El estudio de Hydrochina calculó que el área de embalse generado por la represa seria de240,9 kilómetros cuadrados, (otros datos mencionan un área de aproximadamente 41 mil hectáreas), afectando a comunidades campesinas e indígenas que viven en la provincia Cordillera y Vallegrande y a la Reserva de Biósfera y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande – Valles Cruceños. Sin embargo, no es el único proyecto hidroeléctrico.
Río Grande: reserva de biósfera y área natural invadida por proyectos hidroeléctricos
Río Grande o Guapay, en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande – Valles Cruceños, -afluente del río Mamoré y parte de la cuenca amazónica-, fue declarado Reserva de la Biósfera, por la Unesco[4], el año 2015, por su diversidad geográfica, cultural y ecológica, y que, por tanto, puede potenciar “prácticas de convivencia de la biodiversidad y su uso sostenible”.
DATOS: “El Río Grande está en la Amazonía boliviana. Es un afluente del río Mamoré, que discurre por Santa Cruz, en su mayor parte, y como frontera entre Chuquisaca, Cochabamba y Beni. Tiene una longitud de 1.438 km.” (Fuente: La Razón, “La Unesco declara Reserva de la Biosfera al Río Grande“, junio de 2015)
A pesar de todo, el presidente Morales, ha anunciado recientemente la construcción de 8 hidroeléctricas a lo largo de la cuenca del Río Grande, cinco de las cuales estarían en el departamento de Santa Cruz[5]. Aún no se sabe con exactitud cómo y cuándo se iniciarían estos otros proyectos hidroeléctricos, pero Rositas y las 7 hidroeléctricas restantes ya formaban parte del estudio hecho por Harza en 1972.
Mapa y esquema de las ocho centrales hidroeléctricas que se construirían a lo largo de la cuenca del Río Grande, que se halla en el documento llamado “Roadshow, expuesto por ENDE en Beijing a principios de 2016. (“Complejo Hidroeléctrico Río Grande – Rositas”, del 1ero de Febrero del 2016, segunda convocatoria). Sin embargo en este documento, se anunciaba que la central hidroeléctrica Jatun Pampa, no pertenecería a este proyecto.
Territorio inundado: La Resistencia
“Nadie, ni del oficialismo, ni de la oposición debe oponerse al desarrollo de este proyecto Rositas, en lo más mínimo, aquel que se oponga es un enemigo y un traidor al departamento de Santa Cruz”. (Edwin Muñoz asambleísta del MAS por Santa Cruz. Entrevista presentada por Carlos Peña)
Es harto significativo el tratamiento de “enemigos” por parte de personeros del MAS. a las organizaciones y personas que se oponen a los mega proyectos como Rositas. Es parte de un discurso, que representa la postura gubernamental respecto a la resistencia indígena popular estos últimos años.
Sin embargo, la oposición a la hidroeléctrica Rositas, no surge de “enemigos del desarrollo”, sino de comunidades indígenas y de productores, así como otras organizaciones, que no fueron consultados sobre el despojo de sus tierras y territorios, ni informados sobre la hidroeléctrica y sus consecuencias. Hechos que se reproducen cuando se ejecutan este tipo de proyectos.
Las comunidades campesinas e indígenas de las provincias Vallegrande y Cordillera, denunciaron ya a fines del 2015 las afectaciones que implicaba el proyecto hidroeléctrico Rositas, exigiendo que se trasladase a otro sitio. Las inundaciones provocadas por el embalse de la represa, dañarían zonas productivas.
El 2016, el Comité de Defensa de Masicurí, una de las comunidades afectadas, advirtió que 12 comunidades quedarán bajo agua. Masicurí ha sido uno de los poblados donde más resistencia ha generado el proyecto hidroeléctrico Rositas, por no haber realizado la consulta a los habitantes de la zona. Dejar la tierra donde han trabajado y vivido toda su vida es algo inconcebible:
“No nos moveremos de acá. Nos tendrán que sacar muertos cuando el agua inunde nuestros hogares […] Primero muertos antes que abandonar todo lo que hemos logrado en muchos años de trabajo y esfuerzo”.
Lajas Toco, Masicuri, Arenales, Peñones, Mosquera, La Junta, Vado del Yeso y Ñancahuazú, son algunos los nombresde las comunidades que serán afectadas. Algunas de ellas son poblaciones productoras de leche, y otras como Vado del Yeso y Ñancahuazú son históricas por el paso de la guerrilla comandada por Ernesto “Che” Guevara en los años 60. Éstas quedarían 50 u 80 metros bajo agua.
Mientras esta comunidad guaraní, -amenazada al punto de posiblemente desaparecer por el efecto del embalse de la central hidroeléctrica Rositas-, vive de su propia producción familiar comunitaria, hay otras formas de producción que son típicas del agronegocio soyero, que se están expandiendo por esta zona.
Uno de los argumentos fuertes esgrimidos por autoridades departamentales cruceñas y el gobierno central, para justificar la construcción de la hidroeléctrica, ha sido el que ésta servirá para dotar agua para riego a la zona del chaco, habilitando por lo menos de 200 a300 mil hectáreas de tierra para el cultivo.
(Con Rositas se) creará nuevas áreas de productividad agrícola e incorporará a la población rural e indígena al proceso productivo agrícola”.
¿Incorporarlos a cuál proceso productivo? ¿Al agroindustrial? Como si ahora las comunidades indígenas no perteneciesen a ningún proceso productivo agrícola. Lo cual habla del no reconocimiento por parte del estado de las formas en que las comunidades conciben y viven en sus territorios.
Según el investigador Marco Octavio Ribera, el riego industrial que podría producir la represa de Rositas, posibilitaría la expansión del monocultivo de la soya, así como las formas de producción de las colonias menonitas, -de las cuales, por lo menos 6 en la región, serán beneficiadas con la hidroeléctrica-. De esta forma se pondría en riesgo también la zona de influencia oeste del área protegida Kaa Iya, y, por tanto, el interior de la misma área.[3]
Este 3 de septiembre, comunidades guaraní y varias comunidades de productores han presentado ya un primer pronunciamiento de rechazo al proyecto Rositas, por no haber sido informados ni consultados, y por ser éste una amenaza para las familias que viven en la zona.
Pronunciamiento afectados por el proyecto hidroeléctrico Rositas (Fotos: Coodapma)
Los proyectos hidroeléctricos planeados y ya llevados a ejecución por el gobierno boliviano, -como El Bala – Chepete, las del Río Madera y las de Río Grande entre otras-, se suman a las por lo menos 171 hidroeléctricas en operación y 246 en proyección, en la Pan-Amazonía, contabilizadas hasta el 2012. Varias de las cuales, como el complejo Tapajós, han provocado ya consecuencias devastadoras en la biodiversidad.
La cantidad de gente que podría ser desplazada por las hidroeléctricas a construirse en Bolivia, no puede pasar como otra cifra más de entre las miles de personas en el mundo que han perdido sus territorios, sus hogares, sus maneras de vivir, por los embalses de dichos proyectos.
La Amazonía no reconoce fronteras, es un gran ecosistema que alberga miles y miles de formas de vida, que están siendo destruidas por los mega-proyectos hidroeléctricos, así como por la exploración– explotación hidrocarburífera y minera, la caza indiscriminada y la deforestación.
En un contexto de crisis climática mundial, de aguda sequía que afecta a países como Bolivia, la base extractivista que sostiene a los gobiernos sudamericanosy, diríamos, latinoamericanos, -defendida por los progresismos, paradójicamente, con una retórica pachamamista-, marca la pauta de la agudización del desequilibrio de ecosistemas, de la agonía de extensas regiones y especies enteras.
Lagos milenarios como el Poopó y Uru Uru, están desapareciendo por la contaminación y la sequía. Todo esto, sumado al manejo discrecional, y como botín partidario, de instituciones estatales encargadas supuestamente de hacer cumplir normativas legales de preservación ecológica o, por ejemplo de la previsión para la distribución del agua, como EPSAS en la ciudad de La Paz.
El gobierno anunció que socializaría el proyecto hidroeléctrico Rositas, (después de haber firmado los contratos), y negociaría a fines de este 2016 y a principios de 2017, compensaciones y las maneras de mitigación a las comunidades afectadas por la central hidroeléctrica Rositas, dando por hecho el próximo inicio de obras. Sin embargo ese principio del capitalismo verde, “la mitigación”[6], no podrá reponer los ecosistemas y la vida que crece por cientos de años en la cuenca del Río Grande.
Las agresiones continuas y sistemáticas a los ecosistemas como los de la Amazonía, -tales como interrumpir el curso natural de los grandes ríos, y la deforestación-, no se perpetran impunemente, la crisis del agua que vivimos en carne propia y el irreversible calentamiento global son una muestra de ello.
Por tanto, si las políticas estatales amplían y profundizan el despojo y la invasión neo colonial de la amazonía y otros territorios, y las empresas privadas o estatales continúan enriqueciéndose a costa de cientos y miles de desplazamientos forzados y también muertes, la lucha, las propuestas alternativas desde abajo, y el cambio de lo que se considera como “desarrollo”, son urgentes.
[1] El 2010 autoridades departamentales de Santa Cruz, afirmaban que la central hidroeléctrica produciría por lo menos 80 millones de dólares de ganancias al estado boliviano.
Por Henry Picado Cerdas, Red de Coordinación en Biodiversdad.
Irónicamente en la víspera del día de Acción Global Contra los Plaguicidas el presidente costarricense Luis Guillermo Solís firmó un nuevo reglamento para la incorporación de más agroquímicos en el país más fumigado del mundo.
Los personeros de Ministerio de Agricultura y Ganadería anunciaron el pasado que “entre los avances que contempla la nueva normativa, está el registro por incorporación de elementos activos grado técnico que ya hayan sido registrados en otros países miembros de la OCDE.”
Hay que que aclarar que según este reglamento cualquier agroquímico registrado en cualquier de los 34 países de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) será admitido en Costa Rica para su registro de forma automática. ¿Será esto un avance? ¿A quién beneficia esta medida?(1)
Cabe señalar la OCDE es un órgano multilateral de carácter privado, fuera de las organizaciones de Naciones Unidas, famoso en el mundo entero por emitir “recomendaciones” de eliminación de políticas de bienestar social (educación, economía, ambiente y salud). Forzando a los países miembros a adoptar políticas de libre comercio y de corte pro-empresarial.
El gobierno tico considera “un avance” mermar los controles y análisis técnicos nacionales para la entrada de “nuevos” plaguicidas sustituyéndolos por registros hechos en otros países con condiciones ambientales y agrícolas diferentes. Cientos de plaguicidas serán incorporados como permitidos en Costa Rica sin pasar ni una sola prueba especifica para nuestro contexto biológico, climático y productivo.
Un arsenal de contaminantes está a punto de entrar al país y las compañías de agroquímicos se frotan las manos. Las mismas manos que escribieron este reglamento, puño y letra de Cámara de Agricultura, compuesta por cualquier cosa menos por agricultores. Esta Cámara es un sindicato de empresas transnacionales del agronegocio, presidida y dirigida por Alfredo Volio, el Capitán de la Campaña del “Sí Al TLC”.
Para este “Gobierno del Cambio” no bastan los 18.2 kilogramos de agroquímicos anuales por hectárea que se consumen el país. Parece que está de acuerdo con los empresarios piensan que tenemos que comer más veneno tres veces al día.
Pero dichosamente hay esperanza. Gente que se organiza y se pone a trabajar a pesar del mal tiempo y de las malas políticas agrícolas que asolan el país hace 30 años. En el marco del día internacional de Acción Contra los Plaguicidas cientos de campesinos, campesinas, se encontraron en el Festival Cultivando Pura Vida con consumidores/as, cocineros/as músicos/as, activistas, académicos/as... personas de todo el país.
Durante dos días en el Centro Especializad en Agricultura Orgánica en Cartago se encontraron tejidos, fermentos, hortalizas, legumbres, granos, tubérculos, frutas, mieles, semillas, artesanía,chocolate, café, cosméticos y mil sorpresas más.
Iniciativa que genera vínculos, conocimiento y redes de trabajo en torno a la agroecología. Se sabe que toda esta gente valiente no se rendirá y seguirá luchando desde los surcos fértiles en muchos rincones de este país.
Nota:
(1) Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,Suecia, Suiza, Turquía.
Taliesin Gilkes-Bower
The protesters saw a temporary win on Friday after the Obama administration issued a voluntary halt on construction efforts, pending further review.
FotoTaliesin Gilkes-Bower
Por Tomás Eliaschev/ Rev. Veintitres/ Resumen Latinoamericano/ 6 de Dic. 2016.-
En Estados Unidos, los pueblos originarios acaban de ganar una batalla importante contra las corporaciones petroleras. La disputa es por un oleoducto en Dakota del Norte, la “serpiente negra” de la profecía.
El mundo está mirando a los Estados Unidos. Y no sólo porque los flashes se posan sobre la figura del nuevo presidente, Donald Trump, con sus posturas racistas y xenófobas. Un movimiento de lucha indígena y ambientalista acaba de conseguir frenar el proyecto Dakota Access Pipeline (DAPL).
Luego de meses de acampar y manifestarse en defensa de su territorio y contra el saqueo medioambiental, las organizaciones lograron una victoria contra la “serpiente negra” que profetizaron desde tiempos inmemoriales y que ahora parece hacerse realidad de la mano de las necesidades de la industria petrolera de generar infraestructura. Se trata de un oleoducto de 3.800 millones de dólares, de una extensión de 1.931 kilómetros y que podría acarrear 470.000 barriles por día de petróleo desde los yacimientos bituminosos de Dakota del Norte a una infraestructura ya existente en Illinois, desde donde el crudo se podrá distribuir al Golfo de México.
“Queremos agradecer a todos lo que jugaron un rol abogando por esta causa, a la juventud indígena que inició este movimiento. A los millones de personas alrededor del globo que expresaron su apoyo, a los miles que vinieron a los campamentos a apoyarnos, a los cientos de miles que donaron tiempo, talento y dinero para nuestros esfuerzos de pararnos contra este oleoducto, en el nombre de proteger nuestra agua. Especialmente, agradecemos a otras naciones indígenas que se pararon junto a nosotros solidariamente. Nosotros estamos listos para pararnos junto a ellos cuando su pueblo lo necesite”, dijo Dave Archambault II, presidente de la tribu sioux de Standing Rock.
A pesar de haber sido violentamente reprimidos, espiados y silenciados, consiguieron que las autoridades nacionales reconsideren el recorrido de las tuberías, evitando pasar por territorio sagrado indígena y debajo del Lago Ohae, ubicado junto al río Missouri, la fuente de agua de la Reserva Sioux de Standing Rock.
La decisión fue tomada por el Cuerpo de Ingenieros Militares, que le negó el permiso a la empresa Energy Transfer Parteners. Desde abril pasado, cientos de personas participan en distintos campamentos, como el de la Roca Sagrada y el del Oceti Sakowin, Consejo de los Siete Fuegos. Cuando se enteraron que se había frenado la construcción del oleoducto se escuchó el cantó “mni wichoni”: el agua es la vida.
Aunque en el hemisferio norte está llegando el invierno con sus bajísimas temperaturas, decidieron seguir con el acampe, ya que consideran que esta es apenas una batalla ganada. Deberán estar bien pertrechados: a la noche, las temperaturas pueden ser de menos de 15 grados bajo cero.
La compañías constructoras que están llevando adelante la obra –Energy Transfer Partners (ETP) y Sunoco Logistics Partners– emitieron un comunicando quejándose de que la decisión fue “motivada políticamente” y criticando al saliente presidente Barack Obama por buscar retrasar el asunto hasta abandonar el cargo. El dueño de ETP fue donante en la campaña de Donald Trump, quien siempre tuvo una postura de desprecio hacia los pueblos originarios y el medioambiente. Hasta el momento, el presidente electo no hizo declaraciones sobre el tema. Trump deberá confrontar con un proceso de resistencia inédito en el último siglo.
Ante el ultraje de sus sitios sagrados y las amenazas de una grave contaminación del río Missouri –el más largo de América del Norte–, no sólo se puso de pie la Gran Nación Sioux sino que se congregaron todos los pueblos originarios de los Estados Unidos, a los que se sumaron militantes ambientalistas.
No la tuvieron fácil: recurrieron a la acción directa pacífica para frenar el avance del oleoducto. Sufrieron violentas represiones. La policía local, la fuerza de carretera y la Guardia Nacional no escatimaron en brutalidad. En numerosas oportunidades, los manifestantes fueron atacados con perros, balas de goma, bombas de estruendo y gas pimienta. En medio de las bajísimas temperaturas, sufrieron el ataque de carros hidrantes que lanzaron agua helada. Además fueron espiados y hostigados por parte de personal de seguridad privada, perteneciente a la empresa TigerSwan Security, vinculada a Blackwater, la tristemente célebre empresa que proveía mercenarios para la invasión a Irak.
Hasta hace muy pocos días, la noticia de esta lucha no figuraba en la agenda de los grandes medios. Solo circulaba la información gracias a medios alternativos y a las redes sociales. En la última y más violenta de las represiones, que se produjo en la madrugada del 20 de noviembre, hubo 300 heridos, 26 de ellos hospitalizados. Un manifestante sufrió un paro cardíaco.
En ocasión de un ataque policial contra manifestantes, el pasado 13 de septiembre, el medio alternativo Unicorn Riot estaba trasmitiendo en vivo desde Facebook. Primero, dos de sus reporteros fueron detenidos. Luego el streaming se cortó. Desde Facebook alegaron un “error involuntario”.
Un hecho que logró más difusión que decenas de protestas fue cuando la ascedente actriz de Divergente, Shailene Woodley, participó de una de las protestas y fue arrestada.
It took a non-native woman’s arrest to expose the North Dakota Access Pipeline
time.com
Pese a la censura inicial, la noticia ya circuló globalmente, generando solidaridad de indígenas y ambientalistas de todo el mundo que se sintieron identificados inmediatamente. La diferencia con muchas otras luchas similares es que la del oleoducto está sucediendo en el corazón de Estados Unidos, donde no se registraban acciones coordinadas de los pueblos originarios desde hace mucho tiempo. El gran país del norte tiene una larga historia de tratados incumplidos y de discriminación, que fueron relegando a los nativos a una situación cada vez más difícil. Todavía está preso el activista indígena Leonard Peltier, detenido desde 1977 en el marco de una lucha en defensa de una reserva indígena, no muy lejos de donde ahora se desarrollan los eventos.
Durante muchos años los indígenas estadounidenses, derrotados, no se hicieron notar. Hasta que dijeron basta. Y ahora el mundo los escucha. Está claro que van a seguir con esta pelea. La duda es qué hará el futuro presidente.
