Marielle Franco fue una mujer feminista, negra, nació y creció en el Complejo da Maré, llamado así el conjunto de favelas en Rio de Janeiro, una gran activista que defendía los derechos humanos y luchaba contra el racismo. Fue la quinta concejala más votada en el años 2016 en las elecciones municipales de Río de Janeiro (Brasil), también fue relatora de la Comisión creada para fiscalizar las operaciones policíacas en el marco de la intervención militar en Rio de Janeiro, una política que le arrebató la vida en un tentando.
Dos días después de haber celebrado la fiesta del carnaval en febrero de año 2018, el presidente de Brasil, Michel Temer, decidió decretar, el 16 de febrero, una decisión que concede el control completo de la seguridad de este estado al Ejército, es decir, que pueden intervenir en cualquier situación que incumbe a la policía civil.
Franco se pronunció en contra de esta política militarista en Rio de Janeiro desde que fue aprobada, así como del incremento de la violencia en la favelas. Un día antes de su asesinato cuestionó la muerte de un joven en una operación policíaca. “Otro homicidio de un joven que puede entrar en la cuenta de la policía. Matheus Melo estaba saliendo de la iglesia. ¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe?”, decía el mensaje de Franco en sus redes sociales.
La concejal Marielle Franco tenía 38 años, regresaba del evento “Jóvenes negras moviendo la estructura”. Viajaba en la parte trasera de su automóvil, también la acompañaba su chófer y otras dos personas.
“Desde otro automóvil”, dice Fernanda Chávez, sobreviviente del atentado, “comenzaron a disparar indiscriminadamente. Después se fueron sin llevarse nada. No fue un asalto”, afirma Chávez, quien fungió como su asesora de prensa. Cuatro impactos de bala en la cabeza le arrebataron la vida a la concejal Franco y a su chófer, Anderson Pedro Gomes.
A pesar de que la propia policía ha descalificado el acto como un robo o asalto no hay un pronunciamiento sobre oficial por parte del Gobierno. Es un “atentado político” afirma el Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil.
El MST anunció en un comunicado oficial que se pronuncia por la exigencia para que se esclarezca este crimen de Estado, así mismo aseguró, “nos sumaremos a las movilizaciones para que la lucha de Marielle no quede impune”.
“Marielle era una amiga del MST, fue una militante destacada en la defensa de los derechos humanos y de la igualdad social, deja un legado de luchas a favor de la clase trabajadora”, agrega el comunicado del MST
Este jueves 15 de Marzo en diversos estados de Brasil se han sumado personas y organizaciones sociales a una jornada de protestas para exigir el esclarecimiento de este asesinato y para recordar la lucha de la concejal Franco. También las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina y miembros del parlamento europeo se han pronunciado hacia esta exigencia.
Es claro que Marielle Franco es una victima de esta política militarista implementada en Brasil y en el resto de Latinoamérica donde también se han comenzado a implementar políticas similares, como en México con la Ley de Seguridad del Interior, que también cede a las fuerzas militares las labores civiles que corresponden a otros órganos de justicia.
Mientras tanto, órganos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), han pedido al Estado brasileño que se proceda inmediatamente un una investigación rigurosa. "El Estado, a través de los diversos órganos competentes, debe garantizar una investigación inmediata y rigurosa del asesinato de la concejala de Río de Janeiro", dijo AI.
Al final del día, fueron miles los manifestantes que se se congregaron desde temprano en un acto multitudinario frente al ayuntamiento de Río de Janeiro, y marcharon acompañando al ataúd hasta la sede del Parlamento regional carioca, entre cánticos, lágrimas y duros reproches contra las autoridades. Las protestas se extendieron hasta la noche. A la medianoche del jueves, miles de personas colmaron asimismo la emblemática Avenida Paulista en la metrópoli financiera San Paulo. También hubo protestas en Porto Alegre, Salvador y Belém, entre otras ciudades.
Las regiones boscosas en México se encuentran en el centro de disputa territorial ante la expansión de la industria minera. En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país.
Jalisco es el estado con mayor injerencia de la industria minera en regiones boscosas (41 concesiones), seguido de Chihuahua (53), Durango (32), Sonora (56) y Sinaloa (78). En conjunto dichos estados ceden 8.4 millones de hectáreas de su territorio para empresas mineras tanto nacionales como trasnacionales.
Debido a su crecimiento exponencial, la industria minera en México genera conflictos socioambientales que van desde la contaminación de aguas y devastación de los territorios, hasta asesinatos y desplazamiento forzado de comunidades enteras.
No obstante los marcos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por México, los derechos de las comunidades son violentadas y se les niega el derecho a su libre determinación o se simulan procesos de consulta que permiten la legitimación y desarrollo de los proyectos mineros. Desde el año 2000 existe registro del crecimiento exponencial en el número de concesiones mineras otorgadas por el Estado mexicano quien además aprobó la Ley Minera que enfatiza el carácter preferente de la actividad minera por sobre otros usos de los bienes naturales.
En dicho marco y hasta 2017, las empresas mineras extrajeron el equivalente al doble de oro y la mitad de la plata extraídos durante los 300 años de colonia española en México. En total dicha industria genera una utilidad anual promedio mayor a 200 mil millones de dólares.
“Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en México” se titula la investigación que señala que más de 16 millones de hectáreas de bosques y selvas en el país norteamericano, 44% del total de proyectos mineros a nivel nacional, se encuentran concesionadas o asignadas para el desarrollo de actividades mineras, ya sea en fase de exploración, desarrollo o explotación.
El informe también destaca que los 11,843 núcleos agrarios forestales reconocidos en México, poco menos de la mitad, 4,997 tienen una fracción de su territorio concesionado; inclusive existen traslapes entre concesiones y Áreas Naturales Protegidas (2 mil 521 concesiones mineras en 4 millones de hectáreas); predios que reciben Pagos por Servicios Ambientales (mil 243 concesiones mineras en 434,483 ha) y/o con Aprovechamiento Forestal Maderable (3 mil 742 concesiones mineras en 12.6 millones ha).
Silvia Federici y Gladys Tzul Tzul en el Segundo Congreso de Comunalidad, realizado en Guelatao, Oaxaca, 2018. Foto de Santiago Navarro F.
Dos experiencias de cómo las mujeres habitan los entramados comunales. Una en el mundo de la ciudad compartida por la feminista italiana Silvia Federici, desde la perspectiva de la mujer urbana, produciendo el común en la ciudad. La otra desde la perspectiva de las tramas comunales indígenas, de un punto de vista de las comunidades de Oaxaca, compartida por la defensora de los derechos de las mujeres indígenas Sofía Robles, quién fue presidenta municipal de Santa María Tlahuitoltepec, en la zona mixe, entre los años 2012 y 2013. Las dos experiencias fueron compartidas el 8 de marzo en la mesa Nosotras en nuestras tramas comunitarias: desafiar las mediaciones patriarcales, coloniales y capitalistas, una de las actividades del Segundo Congreso de Comunalidad, en Guelatao.
“Las mujeres son las protagonistas del proceso de construcción del común, son las más involucradas en la defensa de los bienes comunes y en la producción de nuevos entramados comunitarios. En la historia del capitalismo las mujeres han tenido una relación muy precaria con el mundo de las relaciones monetarias, con el empleo asalariado, entonces siempre han dependido más de los bienes comunes, por eso han encabezado la lucha para defenderlos”, sostuvo Federici.
Además, el trabajo de reproducción de la vida, de lo cual históricamente se han encargado las mujeres, necesita de relación comunitaria. “El trabajo de cuidar, crear los niños, cuidar a los enfermos, a los mayores, cocinar. El trabajo de la mujer no es simplemente un trabajo físico, es un trabajo emocional, de tener junta a la comunidad, de tener junta a la familia, de encargarse de controlar y armonizar los conflictos, de dar esperanza, de dar fuerza”, dijo ella.
El aporte del movimiento feminista, evalúa Federici, ha sido cambiar el discurso principalmente de los fundadores de los movimientos socialistas, marxistas que miraban la situación de la mujer y decían: “Son las oprimidas del sistema capitalista, no producen riqueza social. La riqueza social la producen los obreros, trabajadores de la industria, los hombres. Ellos, quienes producen el capital, tienen el poder de destruir el capital”. En esta óptica, como las mujeres no producen, no pueden luchar.
“Nosotras hemos cambiado totalmente esta perspectiva. Hemos dicho que es justamente al contrario. Todo el trabajo de reproducción de la vida que las mujeres han hecho ha sido el pilar del sistema capitalista, porque sin la reproducción de la vida no es posible la reproducción del capital. Todos lo que produce y reproduce el capitalismo salen del cuerpo de una mujer”, explica.
“Hubo una expropiación de la capacidad reproductiva de la mujer. Reproducimos la vida pero en condiciones que no hemos escogido, en condiciones determinadas por el Estado, por las empresas. Sujetan nuestro trabajo a sus intereses, a su acumulación de riqueza. Hubo una apropiación del cuerpo de la mujer por el Estado, que indica como el cuerpo de la mujer debe funcionar. Quien debe reproducir, quien no, como se debe parir. Todo el terreno de la procreación ha sido un terreno de lucha muy importante. Recuperar el control de nuestros cuerpos. Poder reproducir como queremos en las condiciones que queremos, que no sea en condiciones que representan nuestra muerte, un sufrimiento continuo”.
La feminista alerta que es importante que la mujer entienda el papel que el trabajo reproductivo juega, como acumulación originaria, y por tanto, como determinante en la organización del trabajo, en la producción y reproducción del capital. “Nosotras también producimos esta riqueza. Nosotras somos las que producimos lo que va a producir todo el sistema. Esto es un trabajo. Este trabajo beneficia al Estado y toda la organización del trabajo capitalista. Es la base sobre la que se sostiene el capitalismo”, analiza Federici.
Nueva forma de hacer política
El trabajo reproductivo es necesario para la sobrevivencia, pero también puede servir para la creación de una nueva forma de hacer política, que no separa la reproducción de la vida de la organización política, defiende Federici. “Para luchar con éxito se necesita de una infraestructura reproductiva. Muchas organizaciones y movimientos se caen porque basan su modo de organización en la jerarquía y en la desigualdad. Las mujeres han comprendido que para luchar hay que cambiar la vida, hay que cambiar la forma de reproducción. Debemos juntarnos en el cotidiano, crear formas de reproducción cooperativa”, dijo.
Pienso que la lucha de la mujer tanto en la ciudad como en el campo tiene tanta potencia exactamente por esta capacidad, este forma de hacer política. Por esta capacidad de crear esta infraestructura que permite que la reproducción sea no solamente una reproducción por la vida, pero si una reproducción por la lucha, por la resistencia.
Y por eso es que la mujer ha sido el centro y el objetivo de la violencia capitalista.
“Esta violencia es una señal de que las mujeres están en movimiento, es una población en movimiento. Y este movimiento tiene un impacto muy fuerte porque cuando se cambia las formas de reproducción de la vida se cambia algo fundamental que es la organización social”, comparte.
Mujeres en América Latina
La mujer, sobretodo en América Latina, es quién trae hoy la lucha por lo comunitario sea en la ciudad o en el campo, señala Federici. A pesar del pesimismo en la política de muchos de los países de la región, es justamente ahí donde están surgiendo movimiento muy poderoso de mujeres. “Por ejemplo, en Argentina, a partir de 2016 todo el mes de octubre hay un encuentro nacional de mujeres, que reúne alrededor de 80 mil mujeres, donde hacen asambleas y debates para construir y promover una agenda en común”, relata.
Lo que es más potente, de acuerdo con Federici, es que estos movimientos se construyen a partir de una perspectiva que no fragmenta las luchas. “Todo hace parte de una misma lucha: la lucha contra el capitalismo, la lucha contra la destrucción del medio ambiente y la lucha contra el patriarcado. Además, siempre nos han obligado ha reproducir a nuestra familia, a la comunidad aislada una de la otra. Esta lucha en América Latina ha empezado a romper esta lógica”.
Los mercados de México
Algo que siempre me impacta cuando llego a México son las redes comunitarias tejidas a partir de los mercados. Existe toda una red organizativa de los mercados y las mujeres son la protagonistas de este proceso. Viven juntas horas y horas por día. Sea en los mercados cubiertos, más organizados, sea en los mercados en la calle, que cada vez más crecen, por el fracaso del trabajo asalariado. María Gallindo, una mujer feminista de Bolivia, ha dicho que la mujer atrapada en la casa es una cosa del pasado. Hoy la reproducción se ha movido de la casa para el mercado, para la calle. Las mujeres cocinan, cuidan de los niños. Todo eso implica una organización increíble entre mujeres. Organizar el espacio, vender sus productos, enfrentar la policía, defender su espacio. También es una red afectiva muy importante porque se ayudan, cada una cuida de los niños de la otra.
Los entramados de la comunalidad
El estado de Oaxaca esta compuesto por 76% de tierras comunales. De los 570 municipios, 418 son regidos por la forma tradicional de organización política de ‘usos y costumbres’. “La tenencia colectiva de la tierra es fundamental para ser posible la comunalidad. Alrededor de la tierra comunal se hace posible tejer el entramado de lo que se ha llamado comunalidad. La tierra y territorio son elementos fundamentales que los pueblos defendemos”, sostiene la indígena Robles.
Otra aspecto fundamental en que se funda la comunalidad es el trabajo comunitario, el tequio. “Las comunidades no existirían sin el trabajo comunitario. La autoridad no puede trabajar sola. Solamente con el trabajo de los demás podrá sacar adelante el trabajo que se propone hacer”.
Hay todavía el sistema de servicio comunitario. “Es el lugar ocupado por quien le toca ser cabeza de trabajo, coordinar el trabajo. Quien va a estar como autoridad ya ha pasado por todos los servicios, desde abajo, para poder ganar el respecto de los demás. La cuestión de ser autoridad, no es una cuestión de poder, es una cuestión de servicio, de servir a la comunidad, es una obligación. Todos nosotros que estamos en la comunidad tenemos la obligación del trabajo colectivo, no podemos decir que no queremos”, explica.
Otra parte importante del entramado comunitario es la asamblea. Es donde se decide quien va a ser autoridad y los aspectos importantes de la comunidad.
“La comunalidad es un sistema que existe en las comunidades y que une en todos estos aspectos de la tierra, la asamblea, la fiesta, el trabajo colectivo, el servicio comunitario”, resume Roble.
En todas estas tramas están presentes las mujeres, sostiene ella. “El trabajo reproductivo de las mujeres, que habla Silvia, y que muchas veces no es reconocido, es algo que sustenta la comunalidad. Muchas veces no se mira, no se ve. Muchas veces nosotras las mujeres somos arrinconadas, pero nuestro trabajo sostiene la comunalidad”.
Incluso para que alguien ejerza su servicio como autoridad es necesario que alguien más esté por detrás sosteniéndole, ya que no son trabajos remunerados. “Es la esposa, es la madre, la hija, las hermanas. Incluso cuando nosotras como mujeres estamos en el servicio, nos apoya las familias, las suegras, las hermanas, las hijas”.
Para los hombres
Federici en una de sus intervenciones se refirió directamente hacia los hombres.“Ustedes tienen una responsabilidad, una responsabilidad de no solamente comportarse bien con las mujeres, pero si de educar los otros hombres, de hacerlos comprender que cuando atacan a las mujeres sabotean la lucha”.
En un entramado de relaciones capitalistas extractivas se ubica la consulta a los pueblos indígenas —que por derecho merecen de acuerdo al convenio 169 de la OIT— la cual pareciera ser un resquicio jurídico en el andamiaje de reformas estructurales en materia de hidrocarburos, energía, minería y de seguridad interna aprobadas en los últimos años. En este escenario se encuentra el municipio binnizá de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), con 11 mil 317 hectáreas de tierras comunales de las cuales más de la mitad han sido concesionadas a empresas eólicas. Actualmente opera el parque eólico Piedra Larga de Desarrollos Eólicos de México (Demex), filial de la española Renovalia Energy, mientras Électricité de France (EDF) Énergies Nouvelles pretende instalar el parque eólico “Gunaa Sicarú” sobre 4 mil 400 hectáreas de la planicie al norte del estero de la comunidad, con una inversión de 600 millones de dólares.
Tienen prisa por construir el parque eólico; se entrevé en la consulta que quieren realizar en Ranchu Gubiña pese a la ausencia de condiciones físicas, políticas y económicas para una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, ya que la situación de la población binnizá después del sismo de 8.2 el siete de septiembre de 2017 ha exacerbado la crisis económica y política de la región.
Los comuneros, las mujeres gubiña en defensa del territorio, organizaciones independientes y colectivos, en la reunión del 12 de febrero con el director general de impacto social y ocupación superficial de la Secretaria de Energía, hicieron saber que no existen condiciones para la consulta, ante la emergencia de la reconstrucción de viviendas y medios de trabajo. La situación es tensa y complicada ante la prisa que muestran los pequeños propietarios y las autoridades municipales para la realización de la consulta y la instalación del parque eólico.
Los comuneros señalan que el procedimiento de consulta no ha sido coherente con el carácter “previo” que debe tener, ya que desde hace dos años EDF acapara las tierras sin consentimiento de la asamblea, mientras ha afianzado su relación con los pequeños propietarios, pasando por alto el carácter comunal del territorio: un agravio más a los derechos sobre la posesión del territorio comunal y a la libre determinación. Esta discrepancia entre comuneros y pequeños propietarios es grave y tiene sus antecedentes en el siglo pasado. En 1964 se emitió la Resolución Presidencial sobre Titulación de Bienes Comunales, que reconoció 68 mil 112 hectáreas al pueblo zapoteca de Juchitán de Zaragoza y sus anexos: Xadani, La Ventosa, El Espinal, Chicapa de Castro y Unión Hidalgo.
El ejercicio de la comunalidad agraria mediante la asamblea duró sólo 14 años. La última sesión se realizó en 1978, un año de cambio de autoridades comunales en medio de la intensa represión que atravesó el movimiento campesino nacional, cuyas demandas agrarias confrontaron al régimen corporativista del Partido Revolucionario Institucional y marcaron su disidencia ante la Confederación Nacional Campesina.
Fueron los años de la histórica Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI). Su proyecto político quedó arraigado al poder municipal, mientras en la cuestión agraria no prosperó, pues desde 1978 el comisariado coceísta Alberto de la Cruz fue impugnado por el PRI. La violencia alcanzo su máxima expresión con la desaparición forzada de Víctor Pineda Henestrosa, la masacre de niños, jóvenes y campesinos en las orillas de Juchitán y los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes, parte de la represión sistemática de la guerra sucia emprendida por el Estado mexicano. Ello sentó las bases de la irregularidad agraria actual, mediante la disolución de la asamblea y la ausencia del comisariado de bienes comunales.
Con la COCEI en el poder municipal no se reconstituyó el carácter de comunidad agraria y se desató la fragmentación de las tierras comunales, permitiendo una oleada de pequeñas propiedades mediante arbitrariedades agrarias y dinámicas caciquiles. Cuarenta años han transcurrido desde la última asamblea y el último comisariado de bienes comunales. Las tierras de Juchitán fueron desmanteladas y hay 12 parques eólicos sobre su plano, airoso y extenso territorio.
A la luz de esta desventajosa situación para los pueblos, el anexo agrario de Unión Hidalgo reconstituyó su asamblea comunal y nombró al representante de bienes comunales en ejercicio de su autonomía y libre determinación. Cada mes sesiona la asamblea ordinaria, donde se informa sobre los litigios que ha emprendido en la defensa del territorio:
Un juicio contra DEMEX que impugna sus contratos con particulares, arguyendo que estos son ilegales pues están sobre tierras comunales.
Un litigio de tres años por conflicto de límites con Niltepec y San Miguel Chimalapas, del cual el pasado octubre resultó una sentencia a favor de Unión Hidalgo del Tribunal Unitario Agrario en Tuxtepec, Oaxaca.
Otro conflicto limítrofe con San Dionisio del Mar, donde en el fondo se encuentra una concesión minera a la Cooperativa La Cruz Azul de 2 mil 660 hectáreas que planean dinamitar y explotar ante el aumento de demanda de materiales para la construcción que dejó el sismo de septiembre.
Esto implica una problemática estructural donde la consulta resulta un protocolo para la instalación de los parques eólicos. La fragmentación de la comunalidad agraria como producto de la guerra sucia pareció preparar el terreno para la cimentación de eólicos. Comuneros y organizaciones sociales argumentan la inviabilidad del proceso de consulta ante la ausencia de condiciones jurídicas, políticas, sociales y materiales para un proceso legítimo y legal de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Pese a los intentos de reconstituir el territorio comunal, y ante la inercia caciquil y partidista en víspera de elecciones municipales y federales, el lucro con la tragedia del sismo, el aumento de la violencia como en ningún otro tiempo, atribuida al crimen organizado y la militarización, convierten el proceso de la consulta en un derecho vulnerado que favorece a los intereses de las empresas y legitima el despojo del territorio.
La oposición de la asamblea de comuneros se sustenta en el antecedente que marcó Juchitán en 2013, cuando la consulta indígena violó todos sus principios, la empresa transgredió los derechos humanos del pueblo binnizá y la inercia de los terratenientes se impuso para la instalación de Eólicas del Sur. Además está la violación del derecho a la libre determinación con la imposición de parques eólicos concesionados a Demex sobre territorios comunales sin previa consulta, así como el otorgamiento de permisos administrativos a Eólica de Oaxaca con fechas especificas para el inicio de la construcción antes de realizarse el proceso de consulta.
Otros antecedentes han sido señalados por la abogada Silvia Ruiz, a partir de su participación e investigación en las consultas aplicadas a la tribu yaqui para el acueducto Independencia: la hidroeléctrica Agua Zarca en Honduras, la presa Choxoy en Guatemala, la hidroeléctrica Marañon en Perú, la hidroeléctrica Neltume en Chile y la presa Belo Monte en Brasil han evidenciado que la implementación de la consulta a los pueblos indígenas es parte de una simulación jurídica que legitima el despojo de los territorios de los pueblos de América Latina.
Esta afirmación no niega la defensa del territorio; por el contrario, traza los límites y posibilidades jurídicas ante la acumulación por despojo, cuya continuidad condiciona el marco legal a la economía capitalista del siglo XXI, convirtiendo en simulación jurídica una práctica que debía ser el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en su carácter de autónomos y con libre determinación.
Por lo menos 700 mil personas se movilizaron en Buenos Aires, Argentina, una de las protestas más grandes de Latinoamérica que se sumaron al Paro Internacional de Mujeres realizado este 8 de marzo del 2018. Adolescentes, adultas y ancianas, pero también la comunidad sexo-diversa expresaron su rechazo a las reformas estructurales implementadas por Mauricio Macrí, así como en contra de los feminicidios y la legalización del aborto.
“La Plaza de los Dos Congresos estuvo copada desde las dos de la tarde por cuerpas diversas con la necesidad de estar presentes. Desde Plaza de Mayo, las columnas organizadas se mezclaron con la marea de mujeres que llegaban de todas partes”, comparte la colectiva de mujeres llamada Quilomba.
En Argentina, la lucha feminista ha cobrado mucho más fuerza en los últimos años, sobre todo, a partir de la campaña contra los feminicidios llamada "Ni Una Menos", también por el aborto legal, seguro y gratuito. Así mismo, se han manifestado contra el paquete de reformas estructurales implementada por el gobierno de Mauricio Macri. Al paro nacional se sumaron Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. “Las consignas fueron un claro mensaje hacia el Gobierno Nacional y a todo el Congreso: Aborto Legal Seguro y Gratuito Basta De Ajuste y Despidos”, señala Quilomba.
Este país sudamericano es uno de los países donde la movilización de las mujeres fue masiva y radical en sus exigencias hacia el Estado Argentino, no solo lograron paralizar la ciudad, sino que lograron la atención de otros sectores de la sociedad Argentina y de diversos medios de comunicación nacional e internacional, quienes retomaron el documento presentado públicamente por los manifestantes, asegurando que el paro se justifica porque, "somos parte de una historia colectiva e internacional. Paramos porque hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista y porque hemos tramado en asamblea alianzas transversales entre los distintos conflictos. Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Paramos para decir basta a las violencias. Paramos para denunciar que el estado es responsable. Paramos porque exigimos un Estado laico. Paramos y construimos el movimiento de mujeres como sujeto político", argumenta el manifiesto de la movilización del 8 de Marzo en Argentina.
“Liliana Daunes fue la voz que logró aunar y representar el documento que cientos de mujeres, travestis y trans consensuaron luego de más de un mes de asambleas abiertas y colectivas. El documento lo componen ocho puntos centrales que abarcan el gran universo de violencias machistas que nos oprimen, precarizan y asesinan sistemáticamente. En cada línea se reflejan las vidas y realidades de cada una de las que marcharon esta tarde”, argumenta Quilomba.
“Paramos porque venimos a decirle basta a las violencias femicidas y travesticidas y a las violencias económicas y estatales que las sustentan. Venimos produciendo este tiempo de desobediencia al patriarcado y al capitalismo que acumula fuerza en los territorios, revoluciona las casas, las camas y las calles. Venimos reclamando a todas las centrales sindicales la convocatoria al paro y la organización de asambleas”, continua el documento.
Se dice que Argentina es punta de lanza en la lucha feminista y contra las nuevas políticas económica implementadas en el resto de Latinoamérica. Así mismo, es un movimiento que ha hecho suya la lucha contra los feminicidios sistemáticos ocurridos desde el Rio Bravo hasta la Patagonia. “Argentina. Tierra Latinoamericana, hoy luchamos por nuestras hermanas asesinadas”, rezan varias pancartas.
Hoy estamos acá porque construimos juntas un segundo paro internacional feminista. Paramos contra los despidos, el ajuste del gobierno y por aborto legal, seguro y gratuito. Paramos porque venimos a decirle basta a las violencias feminicidas y travesticidas y a las violencias económicas y estatales que las sustentan. Venimos produciendo este tiempo de desobediencia al patriarcado y al capitalismo que acumula fuerza en los territorios, revoluciona las casas, las camas y las calles. Venimos reclamando a todas las centrales sindicales la convocatoria al paro y la organización de asambleas.
Durante todo el año vimos cómo este gobierno intensificó la represión, las cacerías contra militantes y la criminalización de la protesta. Desde el feminismo nos autoconvocamos masivamente pidiendo justicia y aparición con vida de Santiago Maldonado. Denunciamos el crimen de Estado que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel y que sigue en estos días reprimiendo a la comunidad mapuche.
Desde el movimiento feminista, evidenciamos el engranaje entre la familia patriarcal y el terrorismo de estado. Escuchamos, también en el transcurso de este año, a las ex hijas de genocidas desafiliarse de sus progenitores, evidenciando cómo la crueldad de los campos de concentración se traducía en crueldad en la intimidad del entorno familiar. Repudiamos que se les conceda prisión domiciliaria a los represores. Nosotras volvemos a gritar que la única casa de los genocidas es la cárcel. Que no olvidamos ni nos reconciliamos. Y que desde el feminismo estamos construyendo una casa contra todas las formas de crueldad con que el capitalismo quiere aterrorizar nuestras desobediencias.
En diciembre salimos a las calles contra la reforma previsional, porque politizamos la reproducción de la vida y evidenciamos cómo las principales afectadas somos las mujeres y los cuerpos feminizados, haciendo público un diagnóstico feminista de la crisis. No hubiera habido diciembre sin nosotras. Politizamos, también, todas las formas de trabajo de las mujeres, lesbianas, trans y travestis porque trabajadoras somos todas. Frente a los despidos son las voces de las trabajadoras las que se potencian por el movimiento feminista, diciendo Ni Una Trabajadora Menos y llevando las demandas del movimiento a los ámbitos sindicales y laborales.
Nuestra fuerza callejera empujó a este momento histórico en el que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito exige ser tratado en el Congreso y nos declaramos en alerta y movilizadas frente al uso oportunista del sistema político de nuestro histórico reclamo de autonomía.
Nuestra fuerza callejera hace que cuando una de nosotras habla, muchas otras se sienten acompañadas para romper el silencio: este año, en primera persona y colectivamente, desnaturalizamos las violencias sexuales. Ya no nos callamos más. Sin embargo, la violencia feminicida y travesticida sigue descontando vidas. Anahí Benítez, Araceli Fulles, Micaela García, Vanesa Castillo, Camila Borda, son algunos de los nombres que gritamos este año. Exigimos la aparición con vida de Johana Ramallo y Yenilda Patiño. Este 8M también tenemos presente en nuestra memoria la tragedia que nos conmocionó hace un año atrás: el feminicidio y crimen de Estado en contra de las 56 niñas del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala y de cada una de las víctimas de feminicidios y travesticidios en todo el continente.
Contra todas estas crueldades, hemos desarrollado asambleas en las escuelas secundarias, en los lugares de trabajo, en los territorios en conflicto, en los hospitales, en las villas. En toda Argentina, las asambleas se han convertido en espacios de inteligencia colectiva y de un feminismo transversal y popular, que hoy funciona como caja de resonancia de todas las luchas. No nos hemos quedado quietas durante este año. Nos reunimos en asamblea con las trabajadoras de Pepsico,
en El Bolsón y en Jujuy. En América Latina las luchas se multiplican contra los despojos y estamos enlazadas con ellas. La marea feminista sigue creciendo como una fuerza internacionalista.
1 / Paramos porque somos parte de una historia colectiva e internacional.
Toda lucha feminista es la que nos tiene a las mujeres, lesbianas, trans y travestis organiza- das contra el patriarcado y el capitalismo en las calles, en las plazas, en los lugares de trabajo, en las casas y en las camas.
Tenemos una genealogía que nos conecta con el 8 de marzo como lucha histórica. Hoy somos millones las mujeres, lesbianas, trans y travestis movilizadas en todo el mundo y salimos a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos, por nuestros deseos y por nuestras autonomías.
Hoy estamos acá y traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, a las 15.000 obreras textiles, en su mayoría migrantes, que marcharon por la jornada de 8 horas a principio del siglo XX en Nueva York; a las feministas de los siglos XIX y XX que lucharon por el voto, el trabajo, la educación, la representación política y por una sexualidad libre; a las que retomaron la lucha en los años 60/70 y especialmente a las feministas latinoamericanas; a las rusas que comenzaron la revolución de 1917 contra el zar; a las feministas negras de los 60; a las lesbianas y travestis que abrieron camino en el reconocimiento de otras existencias y corporalidades; a las grandes figuras y a las heroínas anónimas; a las desaparecidas y asesinadas en esta historia de lucha.
Estamos acá porque nos precedieron las luchas protagonizadas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y por las mujeres piqueteras.
Estamos acá porque cuando las mujeres del mundo nos organizamos la tierra tiembla. Lo sen- timos con la lucha de las mujeres kurdas contra el estado-nación y con la lucha anti-imperialista de las mujeres palestinas con quienes hoy exigimos la libertad de la adolescente Ahed Tamimi. Lo vivimos con el paro internacional de 2017 realizado en 55 países, las movilizaciones del 3 de junio y 25 de noviembre en Argentina, y las marchas y acciones en muchísimos otros lugares del planeta. Estamos acá porque también traemos con nosotras las experiencias, discusiones y lazos que hemos construido entre todas en los 32 Encuentros Nacionales de Mujeres. Y porque nos reconocemos en las luchas indígenas, populares y afrodescendientes: remarcamos el protagonismo de las mujeres en las luchas comunitarias por la vida y los territorios y en particular de las mujeres mapuches que enfrentan la ofensiva empresarial y represiva del estado argentino.
Homenajeamos a las asesinadas y pedimos justicia por: Bety Cariño en México (2010), Berta Cáceres en Honduras (2016), Laura Leonor Vasquez Pineda (2017) en Guatemala. Ellas, como tantas otras, son parte de una secuencia de “feminicidios territoriales”, como se han nombrado estos crímenes políticos, por conflictos con los proyectos neo-extractivistas de recolonización del continente.
2 / Paramos porque hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista y porque hemos tramado en asamblea alianzas transversales entre los distintos conflictos.
Paramos las ocupadas y desocupadas, las asalariadas y las que cobramos subsidios, las trabajadoras de la economía popular y las que realizamos tareas domésticas y de cuidado. Paramos las privadas de libertad explotadas en cárceles provinciales.
Contra el ajuste del neoliberalismo magro que encara en nuestro país el gobierno de Macri y la Alianza Cambiemos, con la connivencia de los gobiernos provinciales, rechazamos la precarización total de nuestras vidas.
Por el cese de los despidos y la flexibilización laboral que intentan disciplinar a la clase trabajadora. Contra la reforma laboral en todas sus variantes, defendemos los convenios colectivos de trabajo y el conjunto de los derechos laborales. Apoyamos las luchas de las trabajadoras del Ingenio Ledesma, del INTI, del Hospital Posadas, de la minera de Río Turbio, del Ferrocarril Sarmiento, de las docentes, de las empleadas estatales de la Casa de la Moneda, de la Secretaría de Integración social y urbana de CABA, de la línea 144 y de los distintos ministerios y dependencias estatales.
Pedimos la reincorporación de todas lxs despedidxs.
Exigimos la derogación inmediata de la reforma previsional porque implica un retroceso para las amas de casa y trabajadoras domésticas informales. Rechazamos el recorte de la AUH y de todos los planes sociales. Decimos no a la suba de la edad jubilatoria para las mujeres y a todas las formas de violencia laboral contra nosotras.
Rechazamos el uso oportunista de las licencias parentales y de la referencia a la brecha salarial por parte del gobierno en el contexto de despidos masivos y de la reciente sanción de la reforma previsional neoliberal.
Exigimos que el trabajo doméstico y reproductivo que realizamos las mujeres de forma gratuita sea reconocido en su aporte como valor económico.
Reclamamos reconocimiento institucional y políticas públicas para las trabajadoras de empresas recuperadas, autogestionadas, de la economía popular, social y solidaria.
Reclamamos la aplicación de la Ley de Emergencia social y alimentaria. Exigimos: Licencias por violencia de género / Licencias más amplias de paternidad y maternidad / Asignación para mujeres en situación de violencia de género igual a la canasta familiar.
Rechazamos la suspensión del Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) que perjudica especialmente a las personas travestis/trans, mujeres en situación de violencia doméstica, personas en situación de prostitución y personas viviendo con VIH. Rechazamos la disolución del Plan Ellas Hacen.
Exigimos implementación y ampliación en todo el país de la Ley de Cupo Laboral para personas trans, travestis y transgénero, para todas aquellas con antecedentes penales y para mujeres con discapacidad y mujeres indígenas. Más presupuesto para políticas públicas que garanticen tareas de cuidado: escuelas infantiles y jardines comunitarios para trabajadoras, con vacantes suficientes. Repudiamos que el “presentismo” como premio castigue las tareas de cuidado que quedan a cargo principalmente de las mujeres.
Exigimos representación de mujeres en la cúpulas sindicales y paridad en la representación gremial. Exigimos inclusión de las demandas de las mujeres en las paritarias. Y que sean paritarias sin techo: sin condicionamientos de parte del gobierno y los empresarios.
Apoyamos la huelga como elemento de lucha de lxs trabajadoras y la movilización como forma de protesta social. Repudiamos las intervenciones a los sindicatos como forma de disciplinamiento y extorsión ante la discusión salarial.
3 / Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito.
#Abortolegalseguroygratuito
Estamos transitando un tiempo histórico, los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto nos hermanan en un grito que ya es global: Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Los mismos que hoy copan las plazas, como lo hicieron el 19F en el Pañuelazo, cuelgan en las mochilas de adolescentes y están presentes en numerosas postales cotidianas, construyen una marea verde que se multiplica en cada reclamo para exigir nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Hoy paramos y marchamos hacia el Congreso de la Nación para exigir la urgente aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por séptima vez el 6 de marzo pasado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En nuestro país se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año. Hoy el aborto clandestino, e inseguro, sigue siendo la principal causa de muerte de personas gestantes.
Denunciamos pública e internacionalmente a El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam como Estados feminicidas. Al ser los únicos 6 países en América Latina con prohibición absoluta del aborto, son responsables de las muertes y graves violaciones al derecho a la salud de cientos de niñas, mujeres y trans.
Reclamamos provisión y producción pública de Misoprostol y Mifepristona, y que la A.N.M.A.T. los reconozca como de uso ginecológico. Instamos a que el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se implemente sin restricciones en todo el territorio nacional. Repudiamos enérgica-
mente la persecución a médicas y médicos que garantizan el derecho a la salud y el acceso a abortos no punibles en cumplimiento con la legislación vigente.
Seguimos tiñendo las calles de verde, movilizadas como lo hicimos por la liberación de Belén y en innumerables situaciones desde hace 13 años y de esta misma manera, lograremos que nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo sea ley; y nuestra consigna, realidad: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
4 / Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de género.
#Bastadeviolenciaalascuerpasdisidentes
Basta de criminalizarnos por defendernos: exigimos la absolución para Higui, atacada por lesbiana, presa por defenderse, liberada por el movimiento feminista y el activismo lesbiano. ¡Absolución ya!. Demandamos el desprocesamiento de Mariana Gómez, perseguida y detenida por besarse en la vía pública.
Exigimos el sobreseimiento de las lesbianas y bisexuales, activistas de diversas organizaciones, detenidas y encarceladas en la jornada previas al paro del año pasado y en la jornada de protesta contra la reforma previsional y contra la llegada de la Organización Mundial de Comercio a Buenos Aires. Basta de criminalizar la protesta
Abajo el protocolo LGBTTTI de Bullrich. Los derechos conquistados por las disidencias son derechos humanos que atañen a todo el conjunto de la sociedad. No necesitamos tratos especiales, exigimos tratos humanos.
Reclamamos la implementación plena de la ley de identidad de género en todo el territorio nacional: acceso real al derecho a la salud integral, a las rectificaciones registrales expeditas, al respeto a la propia identidad. Por la protección de las infancias trans de una vida libre de violencias, de patologización, de acoso en las escuelas y los centros de salud.
Por la integridad y el respeto de los cuerpos intersex, le decimos ¡no! a las cirugías compulsivas que buscan una normalidad que es sólo opresión y represión. Por la integridad y el respeto de los cuerpos gordos, patologizados y estigmatizados.
Exigimos que se tenga en cuenta en las políticas públicas a las mujeres con discapacidad, especialmente visual y auditiva.
Denunciamos la precarización que sufren nuestras lesbianas mayores, que llegan a la adultez sin vivienda y sin familia.
Exigimos la aprobación de la Ley de Reparación Histórica de las compañeras trans-travestis perseguidas, criminalizadas y torturadas por el Estado a través de los códigos contravencionales que siguen vigentes.
Queremos que nuestros deseos vitales estén presentes en las escuelas, en los barrios, en las fábricas, en las plazas, las oficinas y en todos lados. Demandamos que la academia y las instituciones de salud dejen de patologizar nuestros deseos y existencias. Basta de violencia ginecológica contra lesbianas y trans. Queremos representación en los libros de textos y en los medios de comunicación.
La hetero-cis-sexualidad obligatoria es violencia. Los ataques y crímenes de odio se fundan en el discurso de deseos y existencias naturales, depositando en la disidencia lo antinatural, lo aniquilable. Denunciamos una avanzada biologicista que atenta contra personas trans y travestis. ¡Todos los cuerpos cuentan!
5 / Paramos para decir basta a las violencias.
#Bastadefeminicidiosytravesticidios.
No queremos más niñas ni adolescentes acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No queremos más compañeras revictimizadas por los medios de (in)comunicación.
Basta de feminicidios y travesticidios: el machismo, la misoginia y el odio hacia mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans nos matan.
Pedimos justicia por Amancay Diana Sacayán, militante política, social y de los derechos humanos, quien fuera brutalmente asesinada en 2015. Le exigimos al poder judicial que dicte una condena ejemplar calificando este terrible hecho como un travesticidio y un crimen de odio. Convocamos al inició del juicio el día 12 de marzo en los tribunales de Talcahuano.
¡Pepa Gaitán y Lohana Berkins, presentes!
Justicia por Melina Romero, Laura Iglesias, Celeste Martinez y todas las mujeres asesinadas y violentadas. Justicia para Cristina Santillán y para Zulema Soto, torturada y violada en su casa por personal policial.
Paramos contra las redes del narco que utilizan los cuerpos de las mujeres, transexuales, les- bianas, travestis y niñas como mercancías de canje. Paramos contra los abusos de poder de las fuerzas represivas dentro de los barrios hacia nuestras pibas. Paramos porque tenemos poco ac- ceso a la salud en los barrios y en las villas, donde las ambulancias no entran, y las instituciones de salud son vaciadas. Paramos porque nos proponemos una infancia y una juventud digna y feminista.
Exigimos que se contemplen las desigualdades y las violencias a las que están expuestas las niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero que se encuentran en situación de calle, en riesgo de estarlo y/o en situación de consumo problemático de sustancias.
Repudiamos la estigmatización del ejercicio de las maternidades diversas que, en los casos de las mujeres en situación de calle, implica que el Gobierno les quite a sus niñxs por no contar con un lugar donde vivir.
Repudiamos que las mujeres seamos encarceladas por delitos menores que criminalizan formas de supervivencia, mientras los crímenes de las corporaciones y el narcotráfico quedan impunes porque benefician al capital.
Nosotras paramos como mujeres, migrantes y trabajadoras: porque vivimos una triple opresión. A un año del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que modificó la ley de migraciones 25871, exigimos la eliminación del Centro de Detención de Migrantes, el tratamiento del proyecto de ley para la anulación del decreto, la resolución del amparo colectivo contra este decreto por in- constitucional, racista, xenófobo, que discrimina, criminaliza, estigmatiza y vulnera nuestros derechos como mujeres migrantes. Migrar no es un delito, es un derecho humano.
Nos pronunciamos contra la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, la cristalización de los estereotipos de género, la estigmatización de nuestras decisiones, la invisibilización de nuestras luchas. ¡No somos adornos! Queremos más voces feministas en todos los de- bates políticos, económicos, sociales, culturales, somos productoras de sentidos y luchas en todos los ámbitos ¡Dejen de hablar por nosotras!
Contra las nuevas colonizaciones de los territorios por empresas multinacionales que nos despojan de nuestros bienes comunes mediante el extractivismo favorecido por los gobiernos, tratando a la vida como una mercancía y degradando la Madre Tierra. Contra la intoxicación por agrotóxicos que nos envenena y nos mata: ¡paren de fumigarnos! Paramos por la defensa de las semillas y la diversidad de nuestros recursos naturales.
Contra la concesión del acuífero guaraní a Coca Cola-Nestlé. Paramos en contra del especismo.
Paramos contra el racismo, la discriminación y xenofobia hacia las mujeres indígenas, negras afrodescendientes y afroindígenas. Paramos para exigir la libertad de las mujeres de la comunidad Wichi de Juárez. Basta de persecución, criminalización y judicializaciòn a las mujeres y comunidades mapuche.
Paramos contra el genocidio y feminicidio de mujeres que tiene su origen en la trata esclavista y en la violencia colonial. Paramos contra la justicia clasista, blanca y patriarcal. Paramos por el buen vivir de nosotras y nuestras comunidades.
6 / Paramos para denunciar que el estado es responsable.
El Estado y los gobiernos son responsables
En nuestro país, en 2018, es asesinada una mujer cada 29 horas. ¡Exigimos una justicia que no ampare el poder clasista y patriarcal!
Exigimos la efectiva aplicación de la Ley Brisa. Pedimos excarcelación a las mujeres con prisión preventiva por delitos menores, domiciliaria para madres con niñxs menores de 4 años y para jefas de familia. Exigimos que el Estado revise las causas por homicidio que en muchos casos responden a autodefensa ante una agresión machista.
Nos pronunciamos contra la justicia patriarcal que no hace cumplir la ley 27206 que declara imprescriptibles los delitos de abuso sexual en la infancia. Por la derogación de la ley 24270 de impedimento de contacto. Contra la vinculación forzada con los abusadores bajo el nombre del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Contra la Justicia patriarcal que amputa maternidades y revictimiza las infancias.
Exigimos que se reglamente y se cumpla la ley de Patrocinio jurídico gratuito para mujeres victimizadas por la violencia machista. Exigimos tribunales especializados para la atención de violencia de género y la despatriarcalización de todo el Sistema Judicial. Paridad en en todos los ámbitos de Justicia.
Exigimos la reapertura y financiamiento de los espacios de atención por violencia de género en las municipalidades, en las Universidades y en cada espacio común donde la ley 26.485 prevé que se atienda a las que son victimizadas.
Exigimos cumplimiento efectivo de la capacitación en género para todos los efectores públicos que intervienen en la problemática de la trata, de la violencia de género y sexual, abarcando el poder judicial, ejecutivo, y personal de las fuerzas de seguridad y del área de salud.
Exigimos que se cumpla el protocolo integral de asistencia a las víctimas de violencia sexual.
Desmantelamiento de las redes de trata y las fuerzas represoras del Estado y sus cómplices. Condena efectiva a los proxenetas. Creación de políticas públicas que acompañen a la Ley de Trata, así como todos los instrumentos tendientes al acompañamiento jurídico y de protección integral a las víctimas y a sus familias. Denunciamos el cierre de los refugios para las víctimas.
Basta de represión, persecución, abuso y extorsión policial a las trabajadoras sexuales y a las personas en situación de prostitución. Exigimos la derogación de los artículos contravencionales que permiten mantener detenidas sin orden judicial a cualquier persona y que criminalizan el ejercicio de la prostitución en 18 provincias. En especial el artículo 68° del Código Contravencional de la Pcia. de Buenos Aires.
Exigimos el sostenimiento de los Programas de Educación Sexual y de Salud Sexual y Procreación Responsable: sin educación sexual, sin acceso a la salud reproductiva y no reproductiva, es imposible decir Ni Una Menos. ¡La ESI está en alerta y la defendemos!
Exigimos más presupuesto para salud y educación. Abajo la Cobertura Universal de Salud (CUS) que es la privatización encubierta de la salud pública.
Decimos no al vaciamiento de la Salud pública, no a los despidos de esxs trabajadorxs, al cierre de programas y quita de presupuesto. Repudiamos cualquier intento de arancelamiento.
Nos pronunciamos contra la violencia obstétrica: nosotras elegimos cuándo, cómo, dónde y con quién parir.
Hay más de 40.000 mujeres viviendo con VIH en todo el país que exigimos políticas públicas reales para la eliminación de la transmisión vertical. Basta de reducción del presupuesto que nos garantiza la prevención, Profilaxis, medicación, adherencia y reactivos. Reclamamos por el respeto de decidir sobre nuestros embarazos y partos, por el derecho a tener toda la información sobre la lactancia materna de las mujeres viviendo con VIH. Basta de estigma y discriminación. Exigimos la promulgación de la nueva ley de vih, its y hepatitis virales. No hay más tiempo.
Exigimos la descriminalización del cultivo de marihuana por motivos medicinales y la reglamentación y aplicación de la ley.
Denunciamos el protocolo anti-toma que intenta disciplinar las luchas estudiantiles y nos pronunciamos contra la reforma educativa que no toma en cuenta los debates propuestos desde lxs estudiantes. Porque las escuelas no están exentas de violencia patriarcal, reclamamos protocolo de género.
Rechazamos las propuestas del gobierno destinadas a bajar la edad de punibilidad de las y los adolescentes, criminalizándolos desde temprana edad en vez de garantizar el acceso a sus derechos.
Desprocesamiento y libertad de todas/os las/os luchadoras/es populares. Derogación de todas las leyes represivas. Desprocesamiento y cierre de las causas a César Arakaki y Dimas Ponce y libertad de todos los detenidos por las jornadas del 14 y 18 de diciembre contra la reforma pre- visional. Libertad a Milagro Sala, Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Mirta Aizama y Graciela López.
Por la desmilitarización de nuestros territorios y contra las nuevas formas de guerra. Basta de gatillo fácil justificado y jerarquizado por el Poder Ejecutivo.
7 / Paramos porque exigimos un Estado laico.
#SeparacióndelEstadoylaIglesia
Somos un movimiento anti-clerical y exigimos el cese de subsidios a la Iglesia Católica y la educación religiosa.
Repudiamos la intervención de la Iglesia Católica y de todas las iglesias sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Repudiamos su ofensiva en toda América Latina contra lo que llaman “ideología de género”. Exigimos también cárcel común a los curas abusadores.
8 / Paramos y construimos el movimiento de mujeres como sujeto político. #Nos mueve el deseo
Por un movimiento internacional feminista que está revolucionando el mundo.
Por un feminismo inclusivo, radical y de intersección que nos invite a todes a unirnos a la resistencia al racismo y la explotación capitalista.
Rechazamos la presencia del G20 este año en Argentina, que representa los intereses de las corporaciones transnacionales y el capital financiero para el endeudamiento de nuestras existencias. Como dijimos en la Cumbre de los Pueblos contra la OMC: Luchamos por alternativas a la crisis climática, de cuidados, financiera y civilizatoria.
Contra toda forma de explotación y opresión, llamamos a nuestras hermanas de todo el mundo a seguir luchando de manera independiente de los gobiernos y a favor de construir una Internacional Feminista. Nuestras desobediencias nos abrigan, nos dan fuerza, y nos potencian en las calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo.
Porque el movimiento feminista es hijo e hija de esta historia antipatriarcal y anticapitalista, y emerge como un contrapoder en todo el mundo frente al avance represivo, racista y conservador. Por eso con orgullo hoy decimos: ¡Aborto legal, seguro y gratuito ya! ¡Viva el Día Internacional de las mujeres trabajadoras! ¡Viva el paro internacional feminista!
PARO INTERNACIONAL DE MUJERES, LESBIANAS, TRAVESTIS Y TRANS ¡ABORTO LEGAL YA! BASTA DE AJUSTE Y DESPIDOS #NiUnaMenos #VivasNosQueremos
Parque Eólico en Unión Hidalgo. Foto: Santiago Navarro F.
Foto: Parque eólico en Unión Hidalgo. Santiago Navarro F.
Por Sare Frabes
Los comuneros de Unión Hidalgo, comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, desmintieron el martes (6), durante una rueda de prensa, la posición del secretario de Medio Ambiente del estado de Oaxaca, José Luis Calvo Ziga, quien declaró que el proceso de consulta indígena del proyecto eólico de la empresa francesa EDF había sido concluido. La declaración de Zica fue hecha en la sexta edición de Mexico Windpower, el encuentro de negocios más importante del sector de energías renovables a nivel internacional, los días 1 y 2 de marzo.
De acuerdo con los comuneros del pueblo el secretario faltó con la verdad. “Ni siquiera ha salido la convocatoria para la consulta en nuestro pueblo. Dejamos en claro que no existe, ni ha existido tal consulta indígena para determinar un nuevo proyecto eólico que agrave más nuestro entorno, económico, político y social”, dicen los comuneros.
Tampoco, argumentan ellos, hay condiciones para una consulta en Unión Hidalgo. “Una de las razones son los tres últimos terremotos. Tenemos unas 5 mil casas en proceso de reconstrucción. Las escuelas y espacios públicos todavía no están operando. La comunidad esta unida en este proceso de reconstrucción, Nuestras prioridades no son las mismas que las del gobierno insensible”, dice uno de los comuneros.
Además, están en medio de un proceso electoral. “Una consulta inducida en medio del proceso electoral que ya se vive, podría desatar un ambiente degradante de vejaciones a nuestros derechos y la libre determinación de nuestro territorio y autonomía propia”.
En Unión Hidalgo ya existe un parque eólico con dos fases. Son alrededor de 100 aerogeneradores ya instalados. “Hace tres años que instalaron este parque y no hemos visto ningún beneficio para la comunidad. Simplemente la empresa Demex llegó a la comunidad, buscó a los dueños de las tierras y no se hizo ninguna consulta a la comunidad. Lo mismo estamos viendo ahora”, sostuvieron los comuneros.
