Represar enormes ríos, domesticarlos a través de grandes obras de ingeniería, es la expresión de una forma de entender el  “desarrollo”, el “progreso” y la gestión de recursos hídricos, por parte de diferentes gobiernos de derecha, izquierda, “progresistas” o “socialistas”, y empresas ya sean estatales o privadas, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad.

La producción de energía hidroeléctrica es parte fundamental de políticas estatales que impulsan la edificación de represas y megarepresas, habiendo sido considerada como “energía limpia”. No obstante, en todos estos años, las miles de represas y mega represas construidas a nivel mundial, no solo han dejado millones de desplazados debido a los embalses, sino contaminación producida por éstas, contribuyendo de forma muy significativa a los gases de efecto invernadero en el planeta, con consecuencias  irreversibles en ecosistemas acuáticos y ciclos de vida enteros.

Las represas multipropósito y las que son parte de centrales hidroeléctricas, fueron construidas desde los años 30 del siglo XX, teniendo su auge en los 60, 70 y 80 de este mismo siglo. Bolivia se une “algo” tarde a la construcción de mega represas y proyectos hidroeléctricos en la cuenca amazónica, en el marco de una política energética que pretende instaurar como un pilar de su economía la energía hidroeléctrica.

Las hidroeléctricas a construirse de acuerdo a este plan, en estos años, El Bala – Chepete, Cachuela Esperanza, y el desarrollo de un complejo Binacional en el Río Madera, se complementan con otros proyectos cuya producción eléctrica se uniría al Sistema Integrado Nacional, como es el caso de Rositas.  Todos son proyectos que se realizarán en la cuenca amazónica, la cual está siendo partida por represas y proyectos de este tipo, no solo en Bolivia sino en Brasil, Perú, Ecuador o Colombia.

• El proyecto múltiple Río Grande – Rositas, viejo anhelo de gobiernos departamentales y nacionales

 El proyecto hidroeléctrico Rositas, surgió hace casi 45 años, como parte del Proyecto Múltiple Río Grande – Rositas, que incluye la construcción de una Central Hidroeléctrica, la provisión de agua para consumo y riego, la provisión de energía y control de inundaciones.

Es un anhelo de autoridades departamentales de Santa Cruz y prioridad para el neoliberal gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, (MNR), en 1987, y para el gobierno del Movimiento Al Socialismo. La postura del partido oficialista, así como la del gobernador Rubén Costas, quien considera a Rositas como proyecto “icónico", coinciden en la visión de la hidroeléctrica Rositas como camino al “progreso”.

En 1972 la consultora Harza realizó los primeros estudios. Luego, entre 1974 y 1977, la empresa Overseas Bechtel realizó el estudio de Factibilidad. Ese 1977 se calculó que el proyecto costaría 640 millones de dólares, pero éste fue rechazado.

La ley No 940 del 5 de octubre de 1987, firmada por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, declaró prioridad nacional la construcción del Proyecto Múltiple Río Grande – Rositas. El proyecto fue retomado desde 2008 por autoridades departamentales de Santa Cruz, y efectivizado por el gobierno nacional el 2012.

La central hidroeléctrica, se prevé actualmente, estaría emplazada  en la provincia Cordillera, (Santa Cruz), sobre el Río Grande y su confluencia con el río Rositas, en el municipio de Abapó. Generaría de 400 a 600 MW, siendo la más grande de su tipo en el país. Su construcción ha sido defendida por personeros de gobierno, con el argumento de que sería un cambio beneficioso de la matriz energética basada hasta ahora en combustibles fósiles, hacia “energías limpias”.[1]

• El “desembarco chino” en Bolivia: empresas y créditos chinos en el proyecto Rositas

Las empresas chinas en estos últimos años han sentado presencia en Bolivia, como parte de la política propiciada por el estado chino, de expansión hacia Sudamérica.

Se han tornado muy importantes  en el país, los créditos ofrecidos por la República Popular de China y su presencia, primero, mediante acuerdos comerciales en materia agrícola, de energía, minería y otros, con los que llegaron diversas empresas estatales o privadas en rubros de construcción, energía, exploración y explotación minera y petrolera. Luego, a fines de 2015, mediante el otorgamiento de un crédito de 7.500 millones de dólares, negociado entre el gobierno chino y el gobierno boliviano,destinado a proyectos de infraestructura y energía.

Si bien existen denuncias de corrupción en el caso de la empresa CAMC y sobre irregularidades en casos que involucran a otras empresas chinas, capitales chinos participan para obtener licitaciones de los mencionados proyectos de infraestructura y energía, con carácter preferencial.

En  julio de  2012,  el gobierno boliviano firmó con Hydrochina, empresa estatal de China: “un Memorándum de Entendimiento dividido en dos fases consecutivas y dependientes; la primera, establece la elaboración de un estudio de factibilidad bajo la responsabilidad de Hydrochina la cual entregará en un plazo de 90 días a título gratuito el mencionado estudio[…] La segunda fase consiste en el diseño final, financiamiento, construcción y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas”.

Sin embargo, la concreción de este proyecto tardó algunos años más de los previstos inicialmente. Fue en marzo de 2015 que el gobierno anunció la adjudicación del diseño detallado de la hidroeléctrica, el análisis de viabilidad y la elaboración de la licitación de la obra, a la empresa española EPTISA Servicios de Ingeniería S.R.L., con un costo de 10 millones de dólares, teniendo esta empresa plazo de entrega de los resultados de la primera etapa del estudio hasta enero o febrero de 2017.

EPTISA, ya ha sido denunciada este 2016, por haber afectado el Área Protegida Departamental de Manejo Integrado (ANMI), Río Grande Valles Cruceños, y predios agrícolas privados, aunque ENDE negó esta situación.

Sin esperar que el estudio de EPTISA esté concluido, el gobierno lanzó la primera convocatoria de la licitación para la construcción y puesta en marcha de Rositas, el 9 de diciembre de 2015, la cual se declaró desierta, al igual que la segunda licitación. Después de la tercera convocatoria en junio de 2016,  el 15 de septiembre de este año,  ENDE adjudicó la construcción de la hidroeléctrica Rositas a la empresa china Asociación Accidental Rositas, (AAR), con la modalidad llave en mano[2].

Este contrato para la construcción la central hidroeléctrica fue cuestionado nuevamente por haber sido firmado por el gobierno,sin el análisis de factibilidad y el  diseño por parte de EPTISA, aunque su validez estaría condicionada a la conclusión del estudio a diseño final.

La AAR entonces, deberá esperar dicho informe y así incorporar adendas al contrato, que resulten de la entrega del estudio de  EPTISA a principios de 2017.

DATOS: En la Asociación Accidental Rositas participan tres empresas, China Three Gorges Corporation, China International Water & Electric Corp. y Ritko que trabajarán la construcción bajo la modalidad Llave en Mano “Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha” de Rositas. La China Three Gorges Corporation construyó y opera “Tres gargantas”, la represa más grande del mundo, la cual ha generado a la par, daños socioambientales también enormes.

La firma de este acuerdo con modalidad llave en mano, se da, según ENDE, de acuerdo al decreto supremo número  2574 del 31 de octubre de 2015,  que permite  que ENDE pueda hacer contrataciones directas bajo dicha modalidad, donde tienen exclusividad empresas chinas, porque, como hemos señalado, el financiador de la obra es el banco chino Eximbank.

El crédito chino, según los acuerdos entre los gobiernos chino y boliviano, se emitiría de manera gradual, es decir, una vez aprobados los proyectos, podrá darse paso al respectivo préstamo, lo cual también rige para el crédito destinado a Rositas.

Así, con un crédito que estaría por desembolsarse y sin estudio a diseño final, la obra ya adjudicada a AAR, tenía la previsión inicial de un costo superior al de 1.000 millones de dólares, comenzando su construcción en 2017, y operando en 2024.

El estudio de Hydrochina calculó que el área de embalse generado por la represa seria de 240,9 kilómetros cuadrados, (otros datos mencionan un área de aproximadamente 41 mil hectáreas), afectando a comunidades campesinas e indígenas que viven en la provincia Cordillera y Vallegrande y a la Reserva de Biósfera y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande – Valles Cruceños. Sin embargo, no es el único proyecto hidroeléctrico.

• Río Grande: reserva de biósfera y área natural invadida por proyectos hidroeléctricos

Río Grande o Guapay,  en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande – Valles Cruceños, -afluente del río Mamoré y parte de la cuenca amazónica-, fue declarado Reserva de la Biósfera, por la Unesco[4], el año 2015, por su diversidad geográfica, cultural y ecológica, y que, por tanto, puede potenciar “prácticas de  convivencia de la biodiversidad y su uso sostenible”.

DATOS: “El Río Grande está en la Amazonía boliviana. Es un afluente del río Mamoré, que discurre por Santa Cruz, en su mayor parte, y como frontera entre Chuquisaca, Cochabamba y Beni. Tiene una longitud de 1.438 km.” (Fuente: La Razón, “La Unesco declara Reserva de la Biosfera al Río Grande“, junio de 2015)

A pesar de todo, el presidente Morales, ha anunciado recientemente la construcción de 8 hidroeléctricas a lo largo de la cuenca del Río Grande, cinco de las cuales estarían en el departamento de Santa Cruz[5]. Aún no se sabe con exactitud cómo y cuándo se iniciarían estos otros  proyectos hidroeléctricos, pero Rositas y las 7 hidroeléctricas restantes ya formaban parte del estudio hecho por Harza en 1972.

• Territorio inundado: La Resistencia

Es harto significativo el tratamiento de “enemigos” por parte de personeros del MAS. a las organizaciones y personas que se oponen a los mega proyectos como Rositas. Es parte de un discurso, que representa la postura gubernamental respecto a la resistencia indígena popular estos últimos años.

Sin embargo, la oposición a la hidroeléctrica Rositas, no surge de “enemigos del desarrollo”, sino de comunidades indígenas y de productores, así como otras organizaciones, que no fueron consultados sobre el despojo  de sus tierras y territorios, ni informados sobre la hidroeléctrica y sus consecuencias. Hechos que se reproducen cuando se ejecutan este tipo de proyectos.

Las comunidades campesinas e indígenas  de las provincias Vallegrande y Cordillera, denunciaron ya a fines del 2015 las afectaciones que implicaba el proyecto hidroeléctrico Rositas, exigiendo que se trasladase a otro sitio. Las inundaciones  provocadas por el embalse de la represa, dañarían zonas productivas.

El 2016, el  Comité de Defensa de Masicurí, una de las comunidades afectadas, advirtió que  12 comunidades quedarán bajo agua. Masicurí ha sido uno de los poblados donde más resistencia ha generado el proyecto hidroeléctrico Rositas, por no haber realizado la consulta a los habitantes de la zona. Dejar la tierra donde han trabajado y vivido toda su vida es algo inconcebible:

“No nos moveremos de acá. Nos tendrán que sacar muertos cuando el agua inunde nuestros hogares […] Primero muertos antes que abandonar todo lo que hemos logrado en muchos años de trabajo y esfuerzo”.

Lajas Toco, Masicuri, Arenales, Peñones, Mosquera, La Junta, Vado del Yeso y Ñancahuazú, son algunos los nombres de las comunidades que serán afectadas. Algunas de ellas son poblaciones productoras de leche, y otras como Vado del Yeso y Ñancahuazú son históricas por el paso de la guerrilla comandada por Ernesto “Che” Guevara en los años 60. Éstas quedarían 50 u 80 metros bajo agua.

La comunidad  guaraní afectada La Junta, ubicada en el municipio de Lagunillas, ocupa alrededor de 40 hectáreas donde sus habitantes producen maíz, yuca y alimentos para su consumo. Sus autoridades, han denunciado que no tuvieron ningún tipo de información y consulta como pueblo indígena, para la construcción de la represa.

Mientras esta comunidad guaraní, -amenazada al punto de posiblemente desaparecer por el efecto del embalse de la central hidroeléctrica Rositas-, vive de su propia producción familiar comunitaria,  hay otras formas de producción que son típicas del  agronegocio soyero, que se están expandiendo por esta zona.

Uno de los argumentos fuertes  esgrimidos por autoridades departamentales cruceñas y el gobierno central, para justificar la construcción de la hidroeléctrica, ha sido el que ésta servirá para dotar agua para riego a la zona del chaco, habilitando por lo menos de 200  a 300 mil hectáreas de tierra para el cultivo.

El Ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, afirmó recientemente:

(Con Rositas se) creará nuevas áreas de productividad agrícola e incorporará a la población rural e indígena al proceso productivo agrícola”.

¿Incorporarlos a cuál proceso productivo? ¿Al agroindustrial? Como si ahora las comunidades indígenas no perteneciesen a ningún proceso productivo agrícola. Lo cual habla del no reconocimiento por parte del estado de las formas en que las comunidades conciben  y viven en sus territorios.

Según el investigador Marco Octavio Ribera, el riego industrial que podría producir la represa de Rositas, posibilitaría la expansión del monocultivo de la soya, así como las formas de producción de las  colonias menonitas,  -de las cuales, por lo menos 6 en la región, serán beneficiadas con la hidroeléctrica-. De esta forma se pondría en riesgo también la zona de influencia oeste del área protegida Kaa Iya, y, por tanto, el interior de la misma área.[3]

Este 3 de septiembre, comunidades guaraní y varias comunidades de productores han presentado ya un primer pronunciamiento de rechazo al proyecto Rositas, por no haber sido informados ni consultados, y por ser éste una amenaza para las familias que viven en la zona.

Los proyectos hidroeléctricos planeados y ya llevados a ejecución por el gobierno boliviano, -como El Bala – Chepete, las del Río Madera y las de Río Grande entre otras-, se suman a las por lo menos 171 hidroeléctricas en operación y 246 en proyección, en la Pan-Amazonía, contabilizadas hasta el 2012. Varias de las cuales, como el complejo Tapajós, han provocado ya consecuencias devastadoras en la biodiversidad.

La cantidad de gente que podría ser desplazada por las hidroeléctricas a construirse en Bolivia, no puede pasar como otra cifra más de entre las miles de personas en el mundo que han perdido sus territorios, sus hogares, sus maneras de vivir, por los embalses de dichos proyectos.

La Amazonía no reconoce fronteras, es un gran ecosistema que alberga miles y miles de formas de vida, que están siendo destruidas por los mega-proyectos hidroeléctricos, así como por la exploración– explotación hidrocarburífera y minera, la caza indiscriminada y la deforestación.

En un contexto de crisis climática mundial, de aguda sequía que afecta a países como Bolivia, la base extractivista que sostiene a los gobiernos sudamericanosy, diríamos, latinoamericanos, -defendida por los progresismos, paradójicamente, con una retórica pachamamista-, marca la pauta de la agudización del desequilibrio de ecosistemas, de la agonía de extensas regiones y especies enteras.

Lagos milenarios como el Poopó y Uru Uru, están desapareciendo por la contaminación y la sequía. Todo esto, sumado al manejo discrecional, y como botín partidario, de instituciones estatales encargadas supuestamente de hacer cumplir normativas legales de preservación ecológica o, por ejemplo de la previsión para la distribución del agua, como EPSAS en la ciudad de La Paz.

El gobierno anunció que socializaría el proyecto hidroeléctrico Rositas, (después de haber firmado los contratos), y negociaría a fines de este 2016 y a principios de 2017, compensaciones y las maneras de mitigación a las comunidades afectadas por la central hidroeléctrica Rositas, dando por hecho el próximo inicio de obras. Sin embargo ese principio del capitalismo verde, “la mitigación”[6], no podrá reponer los ecosistemas y la vida que crece por cientos de años en la cuenca del Río Grande.

Las agresiones continuas y sistemáticas a los ecosistemas como los de la Amazonía, -tales como interrumpir el curso natural de los grandes ríos, y la deforestación-,  no se perpetran impunemente, la crisis del agua que vivimos en carne propia y el irreversible calentamiento global son una muestra de ello.

Por tanto, si las políticas estatales amplían y profundizan el despojo y la invasión neo colonial de la amazonía y otros territorios,  y las empresas privadas o estatales continúan enriqueciéndose a costa de cientos y miles de desplazamientos forzados y también muertes, la lucha, las propuestas alternativas desde abajo,  y el cambio de lo que se considera como  “desarrollo”, son urgentes.

RESISTENCIA

Por ríos libres y para la vida

Amazonia indomable

Fuente chaskiclandestino

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NOTAS

[1] El 2010 autoridades departamentales de Santa Cruz, afirmaban que la central hidroeléctrica produciría por lo menos 80 millones de dólares de ganancias al estado boliviano.

[2] “Cuando se le consultó por qué no se esperaba el informe final de Eptisa para firmar el contrato, Paz argumentó que procedían así porque hay dos decretos que exigen a ENDE realizar el acuerdo sin más demora porque, para el Gobierno, Rositas es de interés nacional”. (http://eldeber.eldeber.com.bo/economia/capitales-chinos-adjudican-proyecto-cruceno.html)

[3] Marco Octavio Ribera, “Sinopsis del estado ambiental de Bolivia 2009 – 2010, En: Estado Ambiental de Bolivia, LIDEMA, La Paz, 2010,pp.: 24, 285.

[4] Serían ocho municipios los que presentaron su petición ante la Unesco para ser declarados como reserva de Biósfera (https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=356&pla=3&id_articulo=149619)

[5]  “Entre las cuales figuran Rositas, La Pesca, Peña Blanca, Ocampo y las Juntas, las cuales generarán en su conjunto tres mil MW/h.“ (http://www.americaeconomica.com/bolivia/23951/bolivia-brasil-proyecto-hidroelectrico.html)

[6] Diego Rodríguez, Capitalismo verde, CENSAT Agua Viva, 2011.