El primer científico negro estadounidense, George Washington Carver, incursionó en las investigaciones sobre la producción de biodiesel con la soja. La semilla llegó a Alemania en los años 1930 y Hitler utilizó estos avances científicos para sustituir el petróleo. En Brasil fueron introducidas las semillas durante la dictadura militar (1964-1985) como parte del paquete de ayuda militar de los Estado Unidos a este país. Hoy día, Brasil es el segundo país con mayor producción de soja en el mundo, después de Estados Unidos. Dicha producción que se concentra en media docena de empresas, como Monsanto, ADM, Cargill, Bunge y Louis Dreyfus.
A orilla de la carretera BR-163 se puede apreciar un paisaje verde y frondoso, aunque homogéneo, a su alrededor no hay mas diversidad de plantas que la soja. En la carretera se aglomeran los camiones de carga que muestran el potencial productivo de esta región, Cuiaba, la capital de Mato Grosso, Brasil, con apenas 480 mil habitantes, es testigo del epicentro de mayor producción de soja de este país. En esta geografía de Brasil se han plantado mas de cinco mil millones de hectáreas de soja, y es la mejor imagen vendida a los inversionistas del mercado de la soja. Esta imagen es mucho mejor ofertada cuando los políticos del momento figuran como principales productores, es decir como inversionistas, como es el caso de Blairo Borges Maggi, gobernador de Mato Grosso en el año 2005, empresario y político brasileño, también conocido en ese momento como el rey de la soja, galardonado a su vez en el año 2005 por la ONG Greenpeace con el “premio” Motosierra de Oro por la monstruosa deforestación del bosque que realizaron sus empresas en la Amazonía para la producción de soja.
Aunque a decir verdad, esta zona es solo la punta del iceberg del quinto país mas grande del mundo, que posee soja cultivada en todas sus regiones. “Esta semilla es la materia prima de principal exportación de Brasil. La soja se esta cultivando en todas las regiones de este país, siendo los mayores productores los estados de Mato Grosso y Paraná, que juntos producen un poco mas del 50% de soya del país”, afirma el Investigador y agrónomo Sebastião Pinheiro de la Universidad do Rio Grande do Sul, sur de Brasil.
El empeño en la producción, incentivada por el gobierno brasileño, no es de extrañar. La soja esta siendo utilizada de forma estratégica por las industrias de alimentos, energética, de salud y bioquímica. De la obtención del proceso de aceite refinado de soja, por ejemplo, se obtiene la lecitina, un agente emulsionante, que se mezcla a menudo para producir productos industrializados como salchichas, mayonesa, helado, barras de chocolate, cereales y productos congelados. También esta presente en los productos que protegen el cuerpo contra el envejecimiento causado por el daño celular, hasta el grado de ser considerada una alternativa natural a la terapia de reemplazo hormonal.
La soja se hace presente también de forma indirecta en los platos de la gente en todo el mundo. De acuerdo con la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso, en Brasil, 80% de harina de soja, junto con el maíz, componen el alimento fabricado para la alimentación animal. Es la transformación de la proteína vegetal (grano) en la proteína animal (grano más carne) y la producción de la soja esta presente en la producción de carne, huevos y leche.
Según el Ministerio de Agricultura, la industria nacional de Brasil transforma, cada año, aproximadamente 30,7 millones de toneladas de su producción, de la cual se destinan 5,8 millones de toneladas para producir aceite comestible y 23,5 millones de toneladas para harina de proteína.
"Plástico Verde"
Gustavo Grobo, del grupo Grobocopatel de Argentina, conocido como el “Rey de la Soja” en este país, mencionó en abril del año 2014 que, “lo que viene en diez años es otra especie de Revolución Industrial Verde, las plantas empiezan a transformarse en fábricas”.
De la soja triturada, junto con un 10% de alcohol (metanol), se obtiene biodiesel y la glicerina. Este último actualmente esta comenzando a redimensionar los procesos de producción dependientes del petróleo. Brasil ha sido uno de los países que va a la vanguardia en la producción de agrocombustibles, principalmente de caña de azúcar y soja. Al producir biodiesel por medio de la soja, se obtiene glicerol, que hasta cierto momento fue considerado como un subproducto. Esta es la más reciente novedad de Brasil, al sustituir principalmente propano – una resina obtenida hasta ahora de los derivados del petróleo y utilizada para hacer polipropileno – por el glicerol, formando el llamado “plástico verde”. El polipropileno es usado, entre otros, para producir empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices, entre otros.
Pinheiro sostiene que la soja esta cambiando los procesos de producción dependientes del petróleo. “La soja es el principal producto de exportación de Brasil y es una semilla estratégica porque esta sustituyendo la matriz tecnológica del petróleo. La petroquímica ha quedado superada por esta nueva matriz tecnológica fruto de la biotecnología”, afirma el agrónomo.
La biotecnología es un conjunto de conocimientos científicos o “Ciencias de la Vida” que se han estructurado para las exigencias del mercado. Permite la utilización de agentes biológicos, como organismos, células, moléculas, etc. Engloban la modificación de genes, incluyendo cultivo de células y tejidos, tecnología de ADN recombinante y biología sintética.
A partir del tope de la producción de petróleo en los años 70s, y por consecuencia el aumento en su precio en el mercado, la búsqueda de alternativas se convirtió en un tema de seguridad para varios países, principalmente para los Estados Unidos, que consume el 25% de la producción energética mundial, con solo 4% de la población mundial. Una buena parte del uso del petróleo ha sido para la producción de plástico, componentes de los automóviles y miles de mercancías más.
“Novartis, Bayer, Monsanto y otras empresas han reducido sus niveles de producción de agroquímicos y han apostado la mayor parte de sus inversiones hacia los productos de biosíntesis, una síntesis hecha a través de microorganismos, bacterias, hongos, etc. Un sistema dependiente de la fermentación, de cadenas de carbono o directamente de la fotosíntesis del sol”, afirma Pinheiro.
Petroquímica sin petróleo
El desarrollo de la alternativa de producción de “plástico verde” abre la posibilidad de renovar los procesos de la producción dependiente de los combustibles fósiles y así inicia la era de la petroquímica sin petróleo. La empresa “Nova Petroquímica” en Brasil es la primera que arrancó en este país con el proceso de nuevos encadenamientos de producción, principalmente derivados de la soja. “Nova Petroquímica” participó en el conglomerado Quattor, constituido por Petrobras y el grupo Unipar. Posteriormente, en el año 2010, la empresa Braskem compro la empresa brasileña Quattor y Sunoco Chemicals, en los Estados Unidos.
Actualmente la empresa Braskem es líder en resinas termoplásticas en Latinoamérica y es la tercera mayor productora en el continente americano. Cuenta con 18 plantas en el territorio brasileño, produce más de 11 millones de toneladas de resinas termoplásticas y otros productos petroquímicos. En total, según el sitio web de la empresa, hay 16 millones de toneladas de productos manufacturados en 36 plantas ubicadas en Brasil, los EE.UU. y Alemania
Braskem ofrece un sinnúmero de productos que van desde material para construcción, accesorios de belleza, aromáticos, solventes, y artículos para automóviles, productos, que según la empresa contribuyen a la reducción global de los gases de efecto invernadero.
“La soja se ha incrustado en el árbol petroquímico, desde los alimentos hasta los componentes de los automóviles”,
AFIRMA PINHEIRO
Los mayores productores del mundo
Según el informe de octubre del año 2014 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se estimó que la producción mundial de soja 2014/2015 fue de 311.2 millones de toneladas. Considerando que la producción del año 2013 fue de 285.01 millones de toneladas. De acuerdo con los datos de USDA, Estados Unidos ha proyectado un nivel de producción de 106,870,000 de toneladas métricas, seguido por Brasil con 94,000,000 y Argentina 55,000,000. Estos países también son los mayores exportadores del mundo.
“Los tres principales países productores de soja producen el 80% del volumen mundial, destinada principalmente hacia China para engordar pollos y puercos” sostiene el agrónomo Merci Fardin, de la Universidad Federal do Espírito Santo, en la región sudeste del Brasil.
No obstante, la dimensión de la producción de tales cantidades de soja, 30,11 millones de hectáreas, según datos del 2014 de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) -dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil-, implica la utilización de grandes extensiones de tierra, motivo por el cual se han deforestado ecosistemas completos para poder producir los niveles requeridos por el mercado. Es una realidad que contrasta con el discursos de la reducción global de gases de efecto invernadero, ya que la ONU aseguran que la tala de árboles es responsable por el 75% de las emisión de Dióxido de Carbono (CO2). “Bunge, ADM y Dreyfus dominan por lo menos el 95% de las exportaciones de Brasil y son ellos los responsables de la deforestación y son quienes se están disputando la tierra en este país para poder avanzar con las plantaciones de soja”, afirma Pinheiro.
Incluso, la deforestación es respaldado por la ley Brasileña. De acuerdo con la nueva legislación aprobada en el año 2012, que permite a los productores deforestar el 20% de la superficie forestal que se encuentre en su propiedad. En esta parte, puede mantener cualquier actividad agrícola, incluyendo el cultivo de soja. El mismo Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) quien promueve los mercados ecosistémicos y la conservación de la naturaleza, también promueve la producción de la soja, llamándola, “producción de soja responsable”, y comparte las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), de que no hay vuelta atrás, “…esta expansión no muestra ningún signo de parar: la FAO sugiere que la producción de soja casi se duplicará para el año 2050. La conversión de bosques a soja es usualmente más rentable en el corto plazo que su conservación. Los esquemas de PSE, (también conocidos como Pagos por Servicios Ambientales, o PSA) pueden ayudar a balancear esto recompensando a aquellos que conservan los ecosistemas naturales”, dice textualmente en su sitio web de WWF.
Ford y los agrocombustibles
En un primer momento Henry Ford, fundador de Ford Motor Company – el primer empresario en aplicar el sistema de producción en cadena, denominada como Fordismo, montaje en serie para producir autos masivamente-, tuvo gran interés en la utilización de alcohol de fermentación y biodiesel de soja para sus automóviles, no obstante, la familia Rockefeller avanzaba a una gran velocidad para consolidar su compañía petrolera Standard Oil – el nombre evolucionó en las empresas EXXON-Móvil- revolucionando la industria en todos sus niveles. “Fue por medio de la recomendación del primer científico negro, George Washington Carver, que Ford decidió incursionar en la producción de la soja. No obstante, se impuso la matriz tecnológica del petróleo de los Rockefeller, como la energía principal en los encadenamientos de producción y en la vida cotidiana de los Estado Unidos y en el resto del mundo y es hoy uno de los motivos de la crisis ecológica”, explica Pinheiro.
Fue Hitler quien terminó por aprovechar los avances científicos de Washington Carver. “Alemania no tiene petróleo y Hitler tomó los estudios de la soja y comenzó a realizar petroquímica sin petróleo. Desde 1930, este país inició con el cultivo de soja en todo el imperio Austrohúngaro”, agrega Pinheiro.
"Revolución Verde"
La primera fase de la Revolución Verde surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la década del año 1940. Los Estados Unidos encontraron en la agricultura una manera de redireccionar y emplear todos los medios tecnológicos desarrollados durante la guerra para producir alimentos de forma industrial en Brasil y el resto de América Latina, alterando los ciclos biológicos de la producción de alimentos para poder obtener mayor cantidad en menos tiempo.
De acuerdo con el investigador Merci Fardin, el modelo de agricultura consistió en utilizar variedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos, acompañadas por grandes cantidades de agua y agroquímicos. “Los agroquímicos y toda la maquinaria utilizada en esta ‘revolución” es una adaptación de la tecnología de guerra, principalmente de la maquinaria bélica, que fue adaptada para convertirla en tractores. Esto dio pie a los sistemas de monocultivos, conocidos como desiertos verdes”, sostiene Fardin.
La Revolución Verde adoptó el discurso de la producción de alimentos a gran escala para contrarrestar el hambre y la pobreza, pero ninguno de los resultados fueron ciertos. “En los últimos 50 años, el mundo fue transformado en una miseria y en una hambruna desgraciada y hoy esta hambruna es administrada por las empresas, quienes se han enriquecido a costa del hambre”, arremete Pinheiro.
Primera injerencia de EEUU después de la 2da Guerra mundial
Para Sebastião Pinheiro, una de las primeras injerencias de Estados Unidos en relación a Brasil, después de la Segunda Guerra Mundial, fue hecha a través de la agricultura y principalmente con el algodón, el tabaco y las semillas mejoradas, entre ellas el de la soja. “Los Estados Unidos trajeron el paquete completo, ciencia, tecnología y financiamiento. Obsequió de forma altruista todas sus variedades mejoradas de soja al gobierno de Brasil”, dice Pinheiro, que asegura que el objetivo era dar continuidad al plan de reconstrucción de Europa. “Tras la Segunda Guerra Mundial, era necesaria la reconstrucción de Europa en una línea de inversiones consustanciadas en el Plan Marshall. La propuesta norteamericana solo sería completada a través de una agricultura industrial en el Hemisferio Sur, lo que ahora se conoce como el granero del mundo”, evalúa el agrónomo Pinheiro.
Con la Operación Brother Sam, planeada por el gobierno de Estados Unidos con el fin de apoyar la dictadura militar de 1964, fueron enviadas al Brasil 100 toneladas de armas y municiones, navíos petroleros, una flota de aviones de combate y el resto de equipo bélico. El paquete incluía también, afirma el investigador Pinheiro, un paquete tecnológico para la agricultura y sobre todo en la investigación científica. “El régimen militar de Brasil, instruido sobre la doctrina militar estadounidense, utilizó como pretexto el combate a la influencia marxista y abrió las puertas de las universidades brasileñas a la Fundación Rockefeller, que hizo una donación económica para la modernización de programas, currículos y entrenamiento de profesores en los EEUU como acuerdo entre el Ministerio de Educación y Culto (M.E.C.) y USAID, quienes dieron continuidad a las investigaciones de las semillas mejoradas y genéticamente modificadas”, asegura el investigador.
Para Pinheiro, el proceso de la dictadura militar consintió en una reconfiguración y control del territorio brasileño, dejando el control de la tierra en manos de media docena de empresas que hoy son dueños de la agricultura industrial. “Entonces este paquete industrial denominado Revolución Verde fue una estrategia militar, porque todos los agroquímicos fueron producidos en fabricas militares durante la segunda guerra mundial y posterior a ella. El objetivo principal de la dictadura, fue despojar a pequeños campesinos y a los indígenas de sus tierras, para concentrar la tierra en manos de las empresas que producen soja, caña y eucalipto, entre ellas esta Monsanto, ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, Coca-Cola, Nestlé, Ford”.
La agricultura familiar agoniza
A la deforestación de los bosques se suma el uso a gran escala de agrotóxicos. De acuerdo con el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, el consumo medio de agrotóxicos viene aumentando. En el año 2005 eran utilizados 7 kg. por hectárea. En el año 2011 el nivel aumentó a 10,1kg, un aumento de 43,2%.
El MST, un movimiento que lucha por la reforma agraria en este país y por el modelo de agricultura familiar, posee en Mato Grosso do Sul – estado que ocupa la mayor concentración de tierras en Brasil- 53 asentamientos de tierras, que se configuran como pequeñas islas dentro de los desiertos verdes, donde se practica una agricultura diversificada al lado de los monocultivos de caña de azúcar, eucalipto y principalmente soja.
“Estamos rodeados por soja y el veneno que es esparcido en los monocultivos se termina yendo para nuestras tierras. Tú plantas una semilla de maíz nativo, por ejemplo, y ella no germina. Difícilmente podemos plantar sin agrotóxicos. Nuestro trabajo para generar una producción ecológica y orgánica queda perjudicado por estas condiciones. Tardará décadas hasta que nosotros podamos plantar de forma totalmente libre de insumos”, afirma Sindy Gauber, vecina del asentamiento Geraldo García, en el municipio de Sidrolância, centro-oeste do Mato Grosso do Sul.
Además de eso, afirma Gauber, las pocas tierras expropiadas por el gobierno federal para destinarlas a la reforma agraria son tierras improductivas en general, ya desgastadas por el monocultivo.
El resultado, sostiene Gauber, es que muchas familias sin opción acaban abandonando sus tierras para trabajar en los plantíos de monocultivos. En el asentamiento donde ella vive, muchas familias tienen arrendadas sus tierras para el agronegocio.
A esto se agrega, el uso de semillas transgénicas. En Brasil la extensión de los plantíos transgénicos representa más del 50% del territorio destinado a actividades agrícolas en el país y la mayoría son variedades transgénicas de la soja.
A pesar de las dificultades, Gauber cuenta que, en contrapartida, las familias han creado condiciones para resistir, organizando cooperativas, participando en pequeños mercados. “La salida ha sido producir en pequeñas cantidades, en un sistema artesanal, haciendo un trabajo gradual de la recuperación de la tierra”, afirma. “Esta guerra desproporcional no tiene sentido, porque de hecho quien alimenta a la ciudad es la producción del pequeño agricultor en Brasil. Los monocultivos son básicamente para la exportación y para la industria. El discurso de desarrollo no cabe aquí”.
Ciclo perverso para los campesinos
Soja y pastizales para el ganado. Este es el escenario monótono y con poca vida que se ve en los márgenes de la carretera MS-164, municipio de Ponta Porã, en el estado de Mato Grosso do Sul, en la frontera con Paraguay. A orillas de esta carretera esta también uno de los mayores asentamientos de tierra de Brasil, conquistado por los movimientos sociales, en 2002. Itamarati, como es llamado el asentamiento, posee 50 mil hectáreas y alberga a 3 mil familias. Irónicamente fue una hacienda productora de soja. Su dueño era Olacyr de Moraes, el mayor productor individual de soja en el mundo en la década de 1980.
Itamarati cuenta con dos tipos de tierras, los espacios de cultivos individuales y los colectivos. Las tierras individuales (hasta 10 hectáreas) son cultivados con arboles frutales, hortalizas y generalmente están vinculadas al autoconsumo de las propias familias. Las áreas de 12 hectáreas las de producción colectiva, con irrigación y equipamientos colectivos, se plantan alimentos para comercialización.
Los campesinos cuentan en sus territorios con una estructura de salud, educación, dos cooperativas para gestionar la producción, pequeño centro comercial y hasta un núcleo urbano.
Ariovaldo Ciriaco es uno de los agricultores del asentamiento que cultiva arroz, mandioca y cacahuate. Mas allá de los alimentos para el autoconsumo, el también planta soja. “Del total de 50 mil hectáreas de Itamarati, cerca de 20 mil de ellas cuentan con plantaciones de soja”, afirma el agricultor que es parte de la Asociación de Agricultores Cooperativas del nucleó de resistencia El dorado dos Carajás.
Ciriaco esta en el asentamiento desde el inicio, en el año 2002, y cuenta que después que entraron a las tierras fueron asediados por los revendedores de las empresas multinacionales productoras de semillas de maíz, soja y fertilizantes. “El discurso que ellos usaban era que, con los productos, el costo de las plantaciones sería menor y que tendríamos mayor productividad. El discurso era, que utilizaríamos alta tecnología, trabajar menos y ganar más. Después fuimos viendo que no era verdad. Por ejemplo, en relación con el maíz, decían que las semillas producirían 160 sacos por hectárea, pero la verdad producíamos menos de 100 sacos”, recuerda el agricultor.
“Quien vino a vivir y a trabajar aquí, o era empleado de alguna hacienda o trabajaba en áreas mucho mas pequeñas. No teníamos la costumbre de trabajar con soja en áreas grandes. Entonces nos vendieron el paquete [semillas, fertilizantes y pesticidas] mucho más caro y con cantidades de veneno más de lo necesario. Entonces hoy percibimos los abusos que nos hicieron por falta de conocimiento”, explica.
Ciriaco cuenta que gran parte de los agricultores acabaron entrando en un ciclo de dependencia en relación a los productos de las multinacionales, citadas por el como Bunge, Cargill, ADM, Bayer, Syngenta. “Sus representantes en Brasil vienen hasta nosotros para vendernos sus productos. El paquete es muy caro, entonces las familias se tienen que endeudar y siempre depende del crédito para poder plantar. Se endeudan para comprar el paquete y cuando cosechan pagan la deuda. Este ciclo de dependencia es un gran problema”, relata.
Al final, quien define los precios de la soja es el mercado internacional, principalmente los Estados Unidos. “ No tenemos control sobre los precios” dice. Aun así, Ciriaco no pierde los ánimos de cambiar la realidad y su meta ahora es trabajar por la autonomía da su producción. “Nuestro desafío es estimular la diversidad agrícola. Invertir en otras alternativas, para disminuir la dependencia de la soja y de los insumos”.
El mapa latinoamericano está en pleno proceso de cambio. Nuevas territorialidades se reconfiguran afectando principalmente a comunidades indígenas, alrededor 671 pueblos según las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que van desde el río Bravo hasta la Patagonia. Este redimensionamiento político, social y económico del territorio esta ocurriendo acompañado de un sin fin de conflictos y turbulencias sociales en todo el continente.
En el año 2000 el Consejo Nacional de Inteligencia, organismo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), previó este escenario en un informe llamado Tendencias Globales 2015: «Los movimientos indígenas en resistencia en Latinoamérica serán uno de los principales desafíos para los gobiernos nacionales en los próximos 15 años». De la misma forma afirmaba que «los movimientos se incrementarían, facilitados por redes transnacionales de activistas de derechos indígenas, apoyados por grupos internacionales de derechos humanos y ecologistas bien financiados».
A más de una década de este informe, los movimientos indígenas en resistencia se han agudizado, como había sido previsto. Lo que no proyectó dicho documento son los factores del porque aumentarían estos movimientos.
El reordenamiento del territorio ha desdibujado las fronteras en términos económicos y políticos con proyectos continentales como el Proyecto Mesoamérica —antes llamado Plan Puebla Panamá— y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), ejecutados desde el año 2000, por mencionar algunos. Entre otros objetivos, esta la construcción de redes de transporte, telecomunicaciones, presas hidroeléctricas, parques eólicos, y energía en general, así como Parques Nacionales, Áreas Nacionales Protegidas, Patrimonio de la Humanidad, Áreas de Conservación Transfronterizas, Parques Transnacionales —también llamados Parques para la Paz—, Corredores Ecológicos o Biológicos y las redes de Áreas Protegidas.
«Cuando pensamos en IIRSA estamos hablando de líneas de comunicación, de canales de paso que van atravesar 20 mil kilómetros, que es toda la Amazonia, es una línea de penetración a territorios muy recónditos que no habían sido alcanzados, de donde se va a extraer lo que aun no había sido extraído», afirma en entrevista Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, al considerar al Proyecto Mesoamérica y al IIRSA como parte de la misma estrategia de reordenamiento del territorio.
De acuerdo con la investigadora, cuando vemos el diseño de los proyectos, son estratégicos, incluso en la forma en como lo manejan los gobiernos progresistas, quienes ofrecen la IIRSA como una oportunidad para el desarrollo.
IIRSA lo que va hacer es disciplinar mas a los gobiernos locales, porque esta marcado por el mercado mundial, son 500 empresas transnacionales que producen el 50% del PIB mundial. Cuando uno ve el diseño de IIRSA y los proyectos de estas empresas, van juntos, las rutas de comunicación son para la circulación de mercancías, materias primas y energéticos.
Lo que vive América Latina es un nuevo colonialismo basado en la apertura de nuevos caminos que posibiliten el extractivismo. «El capital necesita reordenar el territorio —considerado este como una construcción histórica social— para continuar con su reproducción, tanto material como de relaciones de poder, de acumulación de capital y de ganancias. Este ordenamiento es para tener acceso a mayor escala a cierto tipo de materiales de la tierra», evalúa Ceceña.
El parque eólico propiedad de Gas Natural Fenosa, que utiliza el nombre Biìo Hioxo Energía, continúa su avance en tierras comunales, donde existen centros ceremoniales sagrados en Zaragoza Juchitán de Oaxaca. Fotografía: Santiago Navarro F.
Para Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, México, la crisis que el sistema capitalista esta viviendo, ha llevando a las empresas a utilizar procedimientos precapitalistas de despojo en la forma colonial. «Están buscando expandirse hacia territorios que habían conservado estos pueblos», sostiene en entrevista.
Esta expansión ha llevado a confrontar con los modos de vida que existen en los territorios y esto ha provocado el levantamiento de los pueblos. «Los indígenas están en el frente de batalla librando una guerra que es para todos nosotros, porque es ahí donde el sistema capitalista quiere relanzar una nueva forma de acumulación», asegura Esteva.
La respuesta de las comunidades indígenas en el continente latinoamericano se ha reconfigurado por lo menos en dos vertientes, una es por la vía institucional que ha seguido los parámetros establecidos por los acuerdos internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o las luchas locales por el reconocimientos jurídico de sus formas de vida. La otra es la de los movimientos que no quieren estar bajo la jurisdicción o administración del Estado, como lo es el movimiento zapatista, en México, quienes han construido sus propias formas de autogobierno.
Las demarcaciones cambian los mapas
En el tablero de la redefinición de la territorialidad en América Latina también están los indígenas actuando en la reconfiguración del espacio, justamente por el reconocimiento de sus territorios. Según el profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Colorado, Joe Bryan, en las últimas dos décadas los estados de la región transfirieron títulos a varias formas de la tenencia de la tierra, colectivas de comunidades indígenas y tradicionales, sumando 2 millones de Km cuadrados, un espacio equivalente al territorio de México.
«Desde hace mas de tres décadas que los movimientos indígenas están emprendiendo esfuerzos en el sentido de garantizar sus territorios, demanda inevitable frente al despojo permanente que caracteriza el colonialismo actual. Estos esfuerzos están cambiando el mapa da América Latina, por sus movilizaciones y reconocimiento de los derechos territoriales», evalúa Bryan.
«Esta transformación refuerza una serie de cambios legales hacia el reconocimiento de los derechos indígenas, no solo respondiendo a instrumentos como el convenio 169 de la OIT y la declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como también una serie de sentencias de reconocimiento al derecho colectivo»,
AFIRMA EL PROFESOR
No se puede negar la relevancia de este conjunto de hechos, pues es a partir de los movimientos indígenas que se ha reconfigurado una cartografía propia de los pueblos indígenas en resistencia. «El indígena fue convertido de una categoría de curiosidad folclórica a una de sujeto político con su propio discurso de derechos. Fue por ellos, por los movimientos que se han hecho esta cartografía, no solo para la producción de sus propios mapas, sino también para la transformación de su espacio social y político de la región», sostiene el investigador.
Agosto de 2013, indígenas del municipio Pipipan Floresta, Pernambuco Brasil. Cierre de una carretera federal, debido a la demarcación forzada de sus tierras. Fotografía: Renata Bessi
Las demarcaciones no están garantizando derechos
Pero estos cambios en el mapa y desde un punto de vista jurídico no significan necesariamente que el derecho indígena está siendo respetado. Para el profesor, la demarcación de tierras indígenas no esta garantizando la permanencia de las comunidades en sus tierras y tampoco está protegiendo estas comunidades contra la violación de sus bienes comunes por parte del extractivismo.
Este llamado giro territorial a traído mas bien cambios sobre todo en relación al manejo de recursos, en la cartografía de lo político y formación de mercados, como los de carbono. Para comprobar esto es necesario revisar el contexto político y económico del surgimiento de estas demarcaciones.
De acuerdo con el profesor, los procesos de demarcaciones surgieron en Colombia: «No comenzó como un movimiento progresista, sino como un proceso conservador iniciado por el Estado. Nació a partir de una necesidad de resolver por medio de una negociación los conflictos violentos, finalizando con su reconocimiento en la constitución colombiana de 1990».
Desde entonces los territorios indígenas fueron identificados por el Estado como un plano geopolítico de alta importancia para controlar el territorio. «La evaluación sostenía que la falta de la presencia estatal daba espacio a la guerrilla, la formación de fuerzas de autodefensas y fuerzas paramilitares. Por eso el Estado tomó la decisión de permitir la participación de una amplia gama de movimientos indígenas, inclusive de movimientos armados, en una asamblea constituyente», afirma.
«Si en Colombia impulsaron reformas en el sentido de que los derechos territoriales de los pueblos indígenas fueran reconocidos, también lograron garantizar la desmovilización de los grupos armados indígenas y aumentar la presencia del Estado en estas mismas zonas», evalúa Bryan. En contrapartida, «los títulos otorgados no frenaron el despojo de 5 millones de personas, en su mayoría indígenas, frente a la violencia de la guerrilla y los grupos paramilitares».
Regularización de las tierras, nuevos mercados
Este modelo de reforma sirvió de inspiración para Nicaragua, que también vivía un contexto de conflicto, inclusive armado, por tierras indígenas. El proceso tuvo apoyo del Banco Mundial. «El banco hizo esfuerzos para facilitar la elaboración de la ley de propiedades para comunidades indígenas. Inclusive envió una comisión de Nicaragua a Colombia para que aprendiesen como aplicar la reforma en su país. Y con respaldo del banco la ley fue aprobada en el año 2002», sostiene el profesor.
Dos años después de haber sido aprobada la ley, el Banco Mundial dio apoyo para otra reforma aplicada en Honduras, que reconocía el derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas y negras. De la misma forma apoyó las reformas en Bolivia, que dio pie al reconocimiento de las tierras comunitarias de origen. Tiempo después, a finales de la década de 1990 las reformas continuaron en el resto Centroamérica.
«El banco tenía interés en regularizar los derechos de propiedad colectiva a través de su demarcación, titulación y registro, como condición básica para el funcionamiento de mercados. El reconocimiento de los derechos colectivos son condicionados a la lógica de las políticas neoliberal. Sobretodo coloca la propiedad como estructura necesaria para el mercado», explica el profesor de la Universidad de Colorado. Así, «para el mercado no importa si es propiedad individual o colectiva, como la de los indígenas. Lo importante es tener alguien con quien negociar».
Se pueden citar dos ejemplos de mercado que se están abriendo en tierras indígenas: mercados de carbono y venta de servicios de ecosistemas. El profesor cita un estudio de la Universidad de Arizona sobre mercados de carbono en la Selva Lacandona, en Chiapas, México, para ilustrar que la apertura de nuevas fronteras de mercado en estas tierras no son tan lucrativas para las comunidades como lo son para los dueños del capital. «Los mercados de carbono serian imposibles sin los territorios indígenas. Eso no significa que sean rentables para las comunidades».
Julio de 2013, parte de un proyecto de infraestructura hidráulica en Brasil, que se inicia en la ciudad de Cabrobó y cruza el río San Francisco, que afecta directamente a los pueblos indígenas truká y Pipipan. Fotografía: Renata Bessi
Extractivismo
Por lo tanto los países están reconociendo los territorios indígenas, reformando sus constituciones y hasta reconociendo, en algunos casos, el carácter plurinacional. Pero bajo un costo, según Bryan: «estos cambios vienen con el compromiso de cumplir con el objetivo de un desarrollo nacional basado en el extractivismo».
Un ejemplo es Ecuador. «El país tuvo el movimiento indígena más organizado y de mayor peso en América Latina a lo largo de la década de 1990. Cuando Rafael Correa toma posesión, en 2009, reconoció demandas históricas de los pueblos indígenas. Tituló grandes extensiones de tierra de pueblos indígenas en tierras bajas amazónicas del país». Pero luego después abrió una serie de licitaciones para extracción de minerales en la misma zona, bajo la argumentación de que los recursos del suelo aún pertenecen al Estado. «Este tipo de discurso trata al territorio de forma vertical, considerando a los indígenas como un obstáculo para el progreso nacional».
La argumentación de Correa hirió el Convenio 169 de la OIT que, entre otros puntos, sostiene que:
… esos pueblos [tienen el derecho] a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo… los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Bolivia muestra tendencias semejantes, a pesar de contar con el único presidente indígena de la región, Evo Morales. «Gas, minería, madera son explotados dentro de territorios titulados sin que las comunidades tengan la posibilidad de negarse. Es como una especie de moneda. Como se ofrece el título, a las comunidades no se da el derecho de decir no a la explotación», afirma Bryan.
El reconocimiento no es suficiente
Los criterios por los cuales son definidas las demarcaciones de tierras también son un foco de críticas. «La lógica de este esquema es que con sus mapas y títulos, los indígenas puedan crear y fortalecer instituciones para administrar sus tierras. Pero como hacerlo dentro de un contexto dominado por un Estado que responde a los intereses del capital?», cuestiona el profesor. La propiedad o el territorio demarcado acaba funcionando como una camisa de fuerza que impone obstáculos en las relaciones sociales por medio de las cuales se puede vivir en una comunidad. Impone un asilamiento, impide una convivencia cotidiana entre diferentes etnias. «Es por la interacción que se construye el territorio, no por el asilamiento. No se pude perder la tendencia colonial de esta lógica», afirma.
Otro punto de reclamo en relación a la regularización de los territorios indígenas dice respeto al hecho de que el Estado es el árbitro de los derechos indígenas y, por lo tanto, las cuestiones indígenas están sometidas y deben ser adecuadas a los estándares jurídicos para ser reconocidos. «Los mapas hechos para los indígenas son convencionales, con el fin de cercar un territorio bajo la concepción del Estado, y no bajo la cosmovisión indígena. En lugar de revolucionar la geografía, solamente se reforma, reduciendo los reclamos de autonomía al derecho de ser propietario».
«La cuestión es que, en lugar de institucionalizar al indígena, falta pensar en como crear espacios propicios a una cultura colectiva justa y digna, es el motivo de hablar de una geopolítica indígena cuya cartografía se debe realizar», sostiene el investigador.
Foto de Santiago Navarro F.
Otras vías
En el territorio de los pueblos indígenas se esta librando el destino del sistema capitalista y es en estos mismo pueblos donde puede construirse otra forma de vida diferente a la capitalista, como lo esta haciendo el movimiento indígena del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), asegura Gustavo Esteva:
Lo que mas hemos aprendido de las comunidades zapatistas es que la resistencia no es simplemente aguantar, ni solo resistir a la construcción de una presa, una mina… la resistencia sólo va ser exitosa si al mismo tiempo construimos otra posibilidad de vida. Tenemos que dar visibilidad a esas experiencias exitosas que representan la alternativa, porque muchísima gente esta lista para actuar.
Otro ejemplo de los pueblos que no se quieren alienar, son los pueblos indígenas de Bolivia quienes consideran agotado el recurso al reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados.
En junio del 2014 el colectivo Comuna al Pueblo Boliviano presento una autopropuesta para formar autogobiernos inspirada por la experiencia zapatista, que entre otros puntos plantean desconocer el sistema electoral institucional, la anulación de los mandatos de gobiernos, nacionales, departamentales, municipales; porque no pueden convivir en los mismos territorios «juntas de buen gobierno» y las formas heredadas institucionalizadas de los «malos gobiernos», el acceso libre a lo común. En consecuencia, de acuerdo con la propuesta, quedan anuladas todas las concesiones territoriales y geológicas, hidrocarburíferas y mineras.
Otra forma mas de gobernar los territorio por los indígenas, muy particular en América Latina, son los usos y costumbres de los pueblos en el estado de Oaxaca, México. De los 570 municipios existentes, 418 se rigen según sus usos y costumbres. Solamente 152 se rigen a través del sistema convencional de partidos políticos. O sea, estas comunidades siguen practicando formas propias de gobierno que han sido construidos a través de los siglos y rigiéndose por sus sistemas normativos conocidos como «usos y costumbres», reconocido oficialmente en 1995 por el Congreso del Estado de Oaxaca.
«México posee un contexto histórico muy diferente de los otros países de la América Latina. Mas que nada por la Revolución Mexicana. Mientras que en el resto de los países de Latinoamérica están titulando territorios o propiedades colectivas, en México están buscando otras maneras de garantizar los usos y costumbres de las comunidades indígenas», afirma el profesor de la Universidad de Colorado.
Eran las primeras horas de la madrugada del día 3 de marzo cuando un grupo de personas armadas entraron violentamente a la casa de la activista Berta Cáceres, descargando cuatro impactos de bala sobre su cuerpo, le arrebataron la vida. El mexicano Gustavo Castro Soto, quien la acompañaba, y quien fue herido en el mismo suceso, dio aviso a sus compañeros de que Berta había sido asesinada.
Castro, fundador y director de la organización civil Otros Mundos A.C Chiapas-México, había sido invitado para dar una conferencia en el “Foro sobre energías alternativas desde la visión indígena”, una iniciativa organizada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), llevada acabo los días 2,3 y 4 de marzo de este año 2016.“Era el 1er día de actividades cuando en pleno evento estábamos recibiendo amenazas, fue cuando nuestra compañera – Berta Caceres- pidió que uno de nuestros compañeros –Gustavo Castro- la acompañara, aunque desde ese momento fue perseguida por un grupo de sicarios que después entraron a su casa para asesinarla. Pensamos que solo sería una más de tantas amenazas que ya hemos recibido”, dijo a Subversiones Lilian Esperanza López Benítez de la coordinación del COPINH.
Berta Caceres era coordinadora del COPINH, de la comunidad indígena Lenca y otros movimientos campesinos, quienes habitan el occidente hondureño y que mantienen una lucha férrea contra empresas transnacionales como la Sinohydro Corporation de capital chino, quienes aun pretenden edificar el proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca entre los departamentos de Santa Barbara e Intibucá a pocos kilómetros de la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. Este proyecto pretende generar 21.3 MW mediante la concesión por 20 años del río Gualcarque –Rio Blanco-, río sagrado para los indígenas Lenca, perteneciente a la cultura Maya.
Lilian Esperanza sostiene que la empresa DESA, Sinohydro y el gobierno son cómplices. “Nuestra compañera ya había sido amenazada desde el año 2012 por sicarios contratados por la empresa Sinohydro, por militares y por el propio gobierno. Podemos afirmar que la empresa y el gobierno son quienes orquestaron este asesinato”. La propia activista Berta Caceres sostuvo en un video realizado por la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones el año 2013 que, “ las transnacionales no necesitan intermediarios como diputados o ministros, sino que llegan directamente a reprimir a las comunidades y tienen un plan de militarización con cada proyecto. Incluso esto fue aceptado por el representante del Estado en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).”
Sinohydro Corporation Ltd. es una empresa global con sede en China que posee una cartera de negocios diversificada que va desde conservación hídrica y construcción hidroeléctrica hasta financiamiento, diseño, implementación y operación de proyectos en infraestructura, en áreas como electricidad, transporte, obras civiles, minería y bienes raíces. Los activos de Sinohydro en América Latina incluyen su emblemático proyecto de generación Coca Codo Sinclair en Ecuador, la central termoeléctrica El Palito en Venezuela y la presa Chalillo en Belice. El grupo se constituyó en el año 2009 y tiene su sede en Beijing.
Para la construcción e instalación del proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca, en el año 2012, el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares. Mientras tanto en julio del año 2015, Giorgio Valentini, representante del Banco Mundial (BM) en Tegucigalpa, se jactaba de que Honduras era el que más apoyo recibía del Grupo Banco Mundial de Centro América, “los créditos suman (del año 2015) 1,500 millones de dólares, entre el sector público y privado”, aseveró.
La resistencia emprendida por Cáceres junto con las comunidades indígenas afectadas permitió que tentativamente la compañía china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. Lo mismo ocurrió con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial que invierte en el sector privado, quien también abandonó la iniciativa. No obstante, el objetivo de ambos organismos es continuar a toda costa con dicho proyecto. En este país se han identificado por lo menos 40 proyectos hidroeléctricos en el marco del Proyecto Mesoamérica, así como los llamados corredores carreteros, de energía eléctrica, comunicaciones y transportes, proyectos turísticos, todo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, canalizado para empresas transnacionales.
Megaproyectos
Desde agosto del año 2009, en el contexto del golpe de Estado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley General de Aguas, donde planteaba entre otros puntos las concesiones de los recursos hídricos de este país para las empresas privadas. Desde este momento se han intensificado no solo las concesiones de estos recursos, sino que la continuidad del Proyecto Mesoamérica que abarca desde México hasta Colombia. “Existen una gran diversidad de megaproyectos en Honduras que se han agudizado desde el golpe de Estado. El gobierno ha respaldado descaradamente estos proyectos y los están implementando asesinando a todo opositor que se les interponga. Han sido mas de 100 asesinatos de luchadores en nuestro país y son crímenes que han quedado en la impunidad. Nosotros no dejaremos que esto suceda en con nuestra compañera”, agrega Lilian Esperanza.
Berta Cáceres aseguraba que la resistencia y la lucha de Rio Blanco estaba enfrentando al capital transnacional con gran fuerza que estos estaban utilizando todos los recursos a su alcance para continuar. “ Toda esa maquinaria represiva a pretendido criminalizar el derecho a nuestra legitima lucha, es algo que no vamos a dejar que sea criminalizada…Estamos conscientes que nos enfrentamos a poderes grandes que operan con todas las estructura del Estado de Honduras que esta muy concentrada en la criminalización de nuestra lucha ”.
Su compañera de lucha, Lilian Esperanza, asegura que Berta Caceres, les ha enseñado lo mejor para poder continuar su lucha y no bajar la cabeza. “Berta fue una mujer que nos enseño con su propia vida y con su coraje a defender nuestros derechos. Nosotras estamos preparadas para continuar de pie. Con todo el dolor y la rabia nosotros continuaremos y no bajaremos la cabeza. Porque ella es nuestro ejemplo. En cada uno de nosotros hay una Berta y el gobierno y las empresas tendrán que matar a todo un pueblo para que puedan avanzar”, finaliza Lilian Esperanza.
Los gobiernos y las empresas han mostrado su preocupación sobre el calentamiento global y han implementado una serie de mecanismos para evitar que la temperatura en el planeta aumente hasta 2ºC de aquí al año 2100. Un tema de vital importancia que se abordó en La COP 21, desarrollada en París del 30 de noviembre y hasta el 11 de diciembre del año 2015.
Las empresas y gobiernos han utilizado un discurso de desarrollo limpio para continuar con su crecimiento económico exponencial con proyectos y tecnologías denominadas limpias, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), impulsado en los países subdesarrollados.
Con la modalidad del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) contemplado en el Protocolo de Kioto, más de una decena de empresas multinacionales ya han invertido en la construcción de por lo menos 21 de los 28 parques eólicos contemplados para esta región conocida como Istmo de Tehuantepec, región sur de México que abarca los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz . El objetivo es mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los encadenamientos de producción de estas multinacionales.
Dichos parques están asentados en tierras comunales y las comunidades han denunciado mas de una vez que es una ilegalidad, ya que les hicieron firmar los contratos sin una información concreta sobre los impactos. Mientras tanto, ya se han comenzado a documentar la contaminación de los mantos freáticos con los lubricantes y otras sustancias que utilizan los aerogeneradores, así como de las planchas de concreto que están rompiendo con la agricultura tradicional y las vibraciones que han alejado a los peces y a las aves migratorias que están tomando otro rumbo.
Cabe destacar que la base principal de la economía local de estas comunidades gira en torno a la agricultura y a la pesca artesanal, tienen un respeto espiritual por el mar, así como por la flora ya la fauna que existe en su comunidad. Son ellos quienes cuestionan el despojo del territorio ancestral indígena y de los campesinos, así como la afectación a los ecosistemas en su conjunto.
¿Bajo que lógica están siendo construidos estos proyectos? ¿Realmente son una solución al cambio climático? ¿ Están llevando el desarrollo limpio para los países pobres?
Cargados de una serie de cuestionamientos, el equipo de este reportaje recorrió uno de los complejos eólicos más grandes del mundo, edificado en el Istmo de Tehuantepec, al sur México, una región que alberga a los pueblos indígenas Huaves, Mixes, Zapotecas, Zoques y Chontales. En dicho reportaje se mapea el contexto actual del corredor eólico desdibujando los falsos argumentos de la lucha contra el calentamiento global.
Existen 99 concesiones vigentes otorgadas por el gobierno federal en el estado de Chiapas desde el año 2015, con permisos de explotación hasta los años 2050 y 2060. Es alrededor de un millón 57 mil 81 hectáreas – lo que equivale a 14,20% del estado – concesionadas de tierras campesinas y territorio indígena.
En el mes de Agosto del año 2015, diversos municipios de la entidad decidieron declararse en asamblea general comunitaria “Libres de Minería”. Cerca de 300 representantes de los municipios de Tapachula, Huhuetán, Mazatán, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá tomaron esa determinación por las graves afectaciones a la salud que ya se han hecho presentes en la región, así mismo se han unido a las más de dos mil declaratorias de territorio libre de minería en México.
Los gobiernos y las empresas han mostrado su preocupación sobre el calentamiento global y han implementado una serie de mecanismos para evitar que la temperatura en el planeta aumente hasta 2ºC de aquí al año 2100. Un tema de vital importancia que se abordó en La COP 21, desarrollada en París del 30 de noviembre y hasta el 11 de diciembre del año 2015.
Las empresas y gobiernos han utilizado un discurso de desarrollo limpio para continuar con su crecimiento económico exponencial con proyectos y tecnologías denominadas limpias, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), impulsado en los países subdesarrollados. No obstante, existen posiciones contrarias, principalmente en las geografías donde se desarrollan estos proyectos considerados alternativos, como el de la generación de energía limpia en el sur de México. Estas posiciones cuestionan el despojo del territorio ancestral indígena y de los campesinos, así como la afectación a los ecosistemas en su conjunto.
¿Bajo que lógica están siendo construidos estos proyectos? ¿Realmente son una solución al cambio climático? ¿ Están llevando el desarrollo limpio para los países pobres?
Cargados de una serie de cuestionamientos, el equipo de este reportaje recorrió uno de los complejos eólicos más grandes del mundo, edificado en el Istmo de Tehuantepec, al sur México, una región que alberga a los pueblos indígenas Huaves, Mixes, Zapotecas, Zoques y Chontales. En esta zona, en estos últimos 21 años se han instalado por lo menos 21 parques eólicos que componen el Corredor Eólico del Istmo Tehuantepec, donde se tiene proyectado la construcción de 28 parques para generación de energía limpia.
ISTMO TEHUANTEPEC EPICENTRO DE ENERGIA LIMPIA
Un sombrero de palma desgastado por el tiempo cubre el rostro de don Celestino Bartolo Teran, indígena zapoteco de 60 años de edad. Camina detrás de su yunta abriendo los surcos a la tierra, mientras que un joven de 17 años sigue el ritmo de sus pasos sembrando el maíz de color blanco, rojo y negro, un ritual del conocimiento milenario entre estas tierras y los pueblos que la habitan. Ninguno de los dos se percata del sonido del carro en el que llegamos, “es por los aerogeneradores”, dice Teran. A escasos 50 metros esta instalado el parque eólico de la empresa española Gas Natural Fenosa que generará, al menos por tres décadas, lo que gobiernos y empresas han denominado como energía limpia.
A él se suman otros 20 parques instalados en la misma región conformando el llamado Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, al sur de México. El Corredor ocupa una superficie de 17,867.80 hectáreas, donde se han instalado 1,608 aerogeneradores, una generación total de 2,267.43 MW de energía, según la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del estado de Oaxaca (STDEO).
Esta región es la tercera franja de tierra más estrecha del continente americano después de Nicaragua y el Canal de Panamá, una franja de 200 km que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. En estas tierras confluyen las cordilleras formando una especie de efecto de túnel, del mar Atlántico hacia el Pacífico. La misma estrechez hace que los vientos alcancen una gran fuerza y velocidad. Exactamente ahí, en esta zona, los inversionistas han puesto su atención, ya que el propio gobierno de Oaxaca sostiene que hay capacidad de producción de energía eólica en 10,000 (Mw) en un área de 100 mil hectáreas.
“Antes yo podía escuchar a todos lo animales que habitaban en este lugar. Por medio de sus cantos o sonidos yo sabía cuando iba a llover o cuando era el mejor tiempo para sembrar. Creo que los animales se fueron después de que instalaron esos aerogeneradores”, comparte con cierta mezcla de tristeza y rabia el indígena zapoteco.
Lo que no sabe Teran es que con estos generadores, construidos bajo la modalidad de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), se esta generando una energía alternativa que ayudará, de acuerdo con empresas y gobiernos, a reducir la contaminación de las grandes empresas y países industrializados que emiten Gases de Efecto Invernadero (GEI). El objetivo es evitar que el calentamiento global aumente hasta 2ºC de aquí al año 2100, según el debate de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), mejor conocida como la COP 21, desarrollada en París del 30 de noviembre y hasta el 11 de diciembre del año 2015. “Yo no sé que es el cambio climático y tampoco sé que es eso de la COP. Solo sé que nuestras tierras ancestrales las están llenando de esos ventiladores”, afirma Teran.
...si la comunidad internacional no actuase en absoluto para aplacar el cambio climático, las temperaturas globales subirían entre cuatro o cinco grados centígrados para el año 2100...
Desde la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, Brasil, en 1992, los países participantes acordaron el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) en respuesta al calentamiento global. Con dicho acuerdo pretendían reducir sus emisiones de GEI hasta los niveles alcanzados en el año 1990. En la Tercer Convención de las Partes (COP3), realizada en Japón en el año 1997, se acordó el Protocolo de Kioto para los países industrializados, el cual tenia como objetivo la reducción de las emisiones nacionales en un promedio de 5% debajo de las emitidas en el año 1990 para el periodo 2008 – 2012. Para ayudar a reducir el costo del cumplimiento de reducción se designaron tres “mecanismos de flexibilidad” llamados: Comercio de Emisiones (CE), Aplicación Conjunta (AC) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), bajo el cual se han desarrollado una buen parte de los parques eólicos en el Istmo Tehuantepec.
De acuerdo con el Protocolo de Kioto estos mecanismos permitirían a los países industrializados y a las empresas reducir sus emisiones en cualquier parte del mundo, donde estas sean más económicas, y luego incluir estas reducciones a sus metas nacionales. AC financia proyectos en Europa del Este y la ex Unión Soviética y el MDL solo puede aplicarse en países en vía de desarrollo que no cuenten con una limitación de emisiones de gas de efecto invernadero bajo el Protocolo de Kioto. El segundo periodo de compromiso del Protocolo es del año 2013 al 2020, en este periodo, los países de la Unión Europea (más Islandia) se han comprometido a alcanzar, conjuntamente, un objetivo de reducción del 20% con respecto a 1990 (en consonancia con el propio objetivo de la UE del 20% en 2020).
Mientras tanto la bióloga y profesora-investigadora en ecología costera y ciencias pesqueras, del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR Oaxaca), Patricia Mora, afirma que hay investigadores y estudios científicos que han demostrado que ya hemos llegado a los 2°C. “La inversión de las empresas y países contaminantes en los proyectos de MDL y en los Bonos de Carbono solo están especulando y haciendo de su contaminación, un negocio. Mientras que van colonizando estas tierras ancestrales”, sostiene Mora.
Por su parte la secretaria general de la UNFCCC, Christiana Figueres, en octubre de este año 2015, declaró en Berlín, al presentar el resumen que recoge los planes nacionales para combatir el calentamiento global que han publicado 146 países, que si la comunidad internacional no actuase en absoluto para aplacar el cambio climático, las temperaturas globales subirían entre cuatro o cinco grados centígrados para el año 2100, siguiendo las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
El indígena Teran continua sembrando su maíz mientras le preguntamos de los beneficios que ha traído el corredor eólico y, un poco molesto, responde. “A mi no me han dado ningún empleo ni a mi familia, y no quiero nada con esas empresas ni con el gobierno, solo quiero que me dejen en paz en mis tierras. Que me dejen vivir como vivía antes, aquí tengo todo, leche, maíz, frutas, verduras y todo es producto de mi trabajo y es producido de forma natural, no utilizamos ningún agrotoxico. Hasta nuestros hermanos pescadores ya están siendo afectados. No necesitamos nada de ellos”, dice el indígena.
La Ley para el Aprovechamiento de Energías Limpias y el Financiamiento de la Transición Energética define que México deberá instalar tecnología que permita la generación de 25,000 MW de energía limpia hasta el año 2024. “México tiene el compromiso de limitar la generación eléctrica por fuentes fósiles al 65% (de un 80% actual) para el año 2024”, sostiene la ley.
ZONAS EÓLICAS A LA VENTA
El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en ingles) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en ingles), con la justificación de ayudar acelerar el uso de tecnologías de energía eólica en el estado de Oaxaca, desarrolló un atlas publicado en el año 2004, donde mapeó el potencial eólico en todo el estado de Oaxaca.
“Este atlas de recursos eólicos es un ejemplo de la colaboración entre México y Estados Unidos, además de ser un elemento importante de la estrategia mexicana para asegurar la disponibilidad de la información y de las herramientas necesarias para definir proyectos específicos de energía renovable así́ como para acceder al apoyo de financiamiento y desarrollo. El objetivo al crear este atlas eólico, además de otras evaluaciones de recursos renovables, es asegurar que las comunidades de Oaxaca reciban al final de cuentas los beneficios sociales y económicos de la energía renovable”, justifica el documento.
El mapeo confirma que el Istmo es la región que cuenta con el mayor potencial eólico, con vientos de hasta 60 km/h. “Esta región del Istmo cuenta con un recurso eólico excelente, especialmente las regiones La Mata, La Venta y La Ventosa”, define el Atlas.
Fue en La Venta donde se desarrolló el primer proyecto en el año de 1994 -el primero en América Latina-, se le dio el nombre de La Venta I. Posteriormente le siguió La Venta II, La Venta III. Las dos primeras son operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la última por la empresa española, ACCIONA.
En el documento sus organizadores advierten que no divulgarían mapas relacionando las zonas especificas con sus respectivos potenciales eólicos, debido a la confidencialidad que exigiría posibles contratos firmados entre empresas y el gobierno de México. Aunque una década después, con la llegada de más parques a este territorio se va esclareciendo cuales son estos sitios, localizados principalmente a orillas de la Laguna Superior.
Por sobre todas las buenas intenciones de Estados Unidos para cooperar con México para invertir en energías renovables, la USAID realizó otro documento en el año 2009 llamado, “Estudio del Potencial de Exportación de Energía Eólica de México a los Estados Unidos”, donde se confirma que el mayor potencial de dicha energía se concentraba en los estados de Oaxaca (2,600 MW) y Baja California (1,400 MW). En agosto de este año 2015 oficialmente el gobierno de México dio a conocer que el parque eólico “Energía Sierra Juárez” de Baja California es el primer proyecto eólico entre México y Estados Unidos que exportará energía a California. Y se esta a la espera de una interconexión para poder exportar la energía producida en el Istmo de Tehuantepec.
“Este mapeo es solo un parte de un conjunto de megaproyectos que están pensados para esta zona. No solo es la energía eólica, es el petróleo y el gas, también es la minería, infraestructura para la circulación de mercancías. Por tanto este mapeo eólico es solo un pretexto para poder mapear todo el potencial en su conjunto de esta zona geoestratégica, que funciona como un catalogo para ofertarlo a las empresas”, dice la bióloga Mora.
El corredor Eólico estuvo pensado desde el Tratado de Libre comercio (TLCAN), firmado en el año 1994 por México, EU y Canadá, posteriormente se da continuidad con el acuerdo internacional denominado Plan Puebla Panamá (PPP), hoy rebautizado como Proyecto Mesoamérica. Dicho proyecto tenía como principal objetivo, crear las condiciones favorables para el flujo de mercancías, petróleo, minerales y energía, para ello era necesario, según el documento oficial del PPP, “la creación de carreteras, caminos, pasos, puentes, ferrocarriles, gasoductos, acueductos, líneas de energía, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones”.
Mientras tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anuncio recientemente la creación de tres Zonas Económicas Especiales en el Sur del país, entre ellos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. “Con el objetivo de generar nuevos polos de desarrollo industrial que abatan los rezagos económicos y sociales de dichas regiones”, sostiene el informe.
“La energía limpia es parte de este contexto. Es parte de la continuidad del crecimiento económico exponencial del capital, no es algo alternativo a él. Es un eslabón mas que se pinta de verde”, dice la bióloga.
COSTOS DE LA ENERGÍA LIMPIA
El modelo de desarrollo dominante en la producción de energía eléctrica, a partir de la fuerza del viento en el Istmo Tehuantepec, obedece a una fórmula en la que se plantea que todos ganan – el gobierno, los desarrolladores y la industria. El modelo ha sido el de autoabastecimiento, en el que un promotor privado de energía eólica genera contratos de producción de energía para una amplia cartera de clientes industriales (Coca-Cola, CEMEX, Wal-Mart, Bimbo, por ejemplo) durante un período. De esta manera, las empresas pueden fijar precios de energía inferiores a los del mercado por un largo plazo y a parte, disfrutan de los beneficios financieros de los bonos de carbono, que por una parte les permite continuar contaminando y, por otra, especular con la venta de estos permisos de contaminación a otras empresas. Los promotores pueden acceder a esquemas de financiamiento para proyectos “verdes” a través de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU.
Las comunidades también son presentadas en los proyectos como ganadoras en el desarrollo de autoabastecimiento ya que reciben ingresos por el arriendo de sus tierras. Pero, después de dos década en que fueron instalados los primeros parques, desde el año 1994, ¿cuál es el saldo que ha dejado hacia las comunidades campesinas e indígenas estos proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio?
¿Por que la resistencia?
Noviembre del año 2012. El Consorcio Mareña Renovables pretendía construir el mayor parque eólico de América Latina en la llamada Barra Santa Teresa, en San Dionisio del Mar, Oaxaca. La barra es un brazo de tierra que forma la laguna Superior e Inferior conectadas con el mar en el Istmo de Tehuantepec. En estas tierras de la comunidad indígena binniza ́ (zapoteca) y los ikojts (huaves), junto con la comunidad de Álvaro Obregón, se opuso y bloqueó todos los accesos a esta franja de tierra. En respuesta, el Estado envió a cerca de 500 efectivos de la policía estatal para desbloquear el acceso, actuando con extrema violencia. Aunque los indígenas resistieron hasta que el gobierno suspendió la construcción de este parque. A raíz del hostigamiento y persecución, surgió la autodefensa en la comunidad Álvaro Obregón, creando la policía comunitaria Binni Guiapa Guidxi el 9 de febrero del año 2013.
En el mismo mes de febrero del año 2013, la situación en Álvaro Obregón, único acceso a la Barra Santa Teresa, estaba tensa. Había un retén de la policía justamente a la entrada de la comunidad. Dos norteamericanos hablaban con el comandante de la policía local. Un de ellos era Andrew Chapman, miembro del equipo directivo de la empresa Mareña Renovables.
Tres investigadoras, Cymene Howe y Dominic Boyer, ambas de Rice University, y Edith Barrera, de Universidad del Mar, que estaban en la región estudiando la resistencia contra la empresa, se aproximaron al estadounidense Chapman. El explica a las investigadoras su trabajo en esa aérea: “Mi trabajo consiste en abrir un diálogo y escuchar (…) Tenemos este proyecto, que realmente creo que es bueno para el planeta, bueno para la región y bueno para la gente de aquí”.
El director se muestra inconforme con la reacción violenta de la comunidad hacia este proyecto eólico. “Uno no puede dejar de sorprenderse ante la belleza de este lugar. Y entonces ves cómo vive la gente. Y no estoy tratando sólo de imponer mis valores estadounidenses aquí, pero no creo que la pésima atención médica sea una buena cosa, que la pésima educación sea una buena cosa … Así que podemos canalizar recursos hacia estas comunidades para mejorar los servicios. Imagina donde podrían estar dentro de cinco o diez años. Aun así, pueden seguir pescando en las lagunas (…)”, describen las investigadoras en el texto, Los márgenes del Estado al viento: autonomía y desarrollo de energías renovables en el sur de México.
Chapman desafiaba la orientación de la policía de no entrar en la comunidad por falta de seguridad: “Me resulta frustrante y entristece, y la consecuencia es que el grupo inversionista que represento está sentado en sus oficinas y puede poner su dinero aquí, pueden poner su dinero allí. Yo no necesito estos problemas. No estoy realmente en el negocio de salvar al mundo, yo estoy en el negocio de ganar dinero para mis fiduciarios, y tengo que hacerlo bajo riesgo.”
Lo que en la época se conocía como Mareña Renovables en el año 2013, ha cambiado varias veces de nombre y de forma. La empresa energética española, denominada Grupo Preneal, que había firmado contratos de exploración y conseguido los permisos ante el gobierno estatal, vendió los derechos del proyecto (que en ese momento eran dos proyectos separados) por 89 millones de dólares a FEMSA, filial de la compañía Coca-cola y Macquarie Group, el mayor banco de inversión de Australia. Estas empresas rápidamente fusionaron los dos proyectos y vendieron parte de su participación a Mitsubishi Corporation y al fondo de pensiones holandés PGGM, firmando a su vez un acuerdo de compra de energía con FEMSA-Heineken por 20 años.
También buscaban especular con la reducción de 825 mil 707 toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a las emisiones de 161 mil 903 automóviles.
“La madre tierra está enferma, la enfermedad es el calentamiento global, provocado por los dueños del dinero. Ellos creen que con el dinero se puede comprar la vida. Quieren lucrar hasta con la misma enfermedad que ellos mismos han provocado a la madre tierra. Con el pretexto de disminuir el calentamiento global llegan a nuestros territorios para controlar nuestros bosques, montañas, lugares sagrados y nuestra agua. Están provocando una devastación en nuestro tejido social”, afirma Carlos Sánchez, indígena zapoteco quien participó en la resistencia contra la instalación del parque eólico en la Barra Santa Teresa y por la instalación del Parque de la empresa Gas Natural Fenosa en Juchitán de Zaragoza.
Sánchez también es fundador e integrante de la radio comunitaria Totopo, creada como una necesidad para informar sobre los megaproyectos en la región del Istmo de Tehuantepec. En el intervalo de la programación de radio, lanzamos una pregunta a Sánchez sobre lo que sabe el pueblo zapoteco del MDL . “Es un discurso entre empresarios. Son etiquetas que se transfieren entre las empresas para justificar su contaminación y no están explicando nada a los pueblos originarios”, afirma.
“¿Nosotros, con nuestras selvas, también podríamos vender bonos de carbono, sin pasar por estas empresas? ¿quien compraría? No es casualidad que solamente quien entiende estos mecanismos son los únicos que se benefician, como los empresarios y el Estado. Es una farsa que se presenta como un discurso muy bonito y verde”. Es mas, arremete: “No nos beneficiamos ni con la energía producida. Por el contrario, la energía es mas cara para los consumidores normales. Mientras que las empresas transnacionales que se abastecen con esta energía limpia pagan precios que dan risa. Si tu caminas por las comunidades te darás cuenta del desarrollo limpio que han traído, y que venga un dueño de alguna de las empresas a ver si quiere vivir en medio de estos aerogeneradores. Ellos viven en sus mansiones”.
El Informe de Gestión Ambiental y Social, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en noviembre del año 2011, señaló la posibilidad a corto plazo de “desplazamiento económico” de la población a causa de la interrupción de la pesca durante la fase de construcción del parque de Mareña Renovables. Pero no se mencionaron los impactos a largo plazo de la presencia del parque en las poblaciones locales que se dedican a la pesca.
Tras las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas, el 8 de mayo del año 2013, el secretario de Turismo del estado de Oaxaca, José Zorrilla Diego, anunció la cancelación del proyecto de Mareña Renovables en la barra de Santa Teresa. Poco después del anuncio de la cancelación, el gobierno estatal aseguró que este proyecto continuaría en otras zonas del Istmo.
IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONOMICOS SUBESTIMADOS
Después de la resistencia en la Barra Santa Teresa, en el año 2013, la comunidad zapoteca de Carlos Sánchez, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, recibió la noticia de que un parque sería instalado en sus tierras. A pesar de la resistencia de la comunidad, la empresa española Gas Natural Fenosa instaló el parque Biío Hioxo (que significa Viento Fuerte en la lengua zapoteca). Con 117 aerogeneradores esta empresa calcula que evitará la emisión de 400 mil toneladas de CO2 anuales.
El estudio de impacto ambiental realizado por la URS Corporation México, en el año 2008, a cargo de la empresa Gas Natural Fenosa, atestigua que el desarrollo del parque eólico “en esta zona del estado de Oaxaca es un claro ejemplo del desarrollo sustentable” y que “el proyecto es viable ambientalmente ya que aprovecha recursos renovables y no genera impactos significativos sobre el medio ambiente”.
El estudio considera que no habrá impactos significativo en la fauna;el impacto de mayores consecuencias y al que se le dará la atención necesaria, de acuerdo con la relatoría, es el riesgo de colisión de aves con los aerogeneradores. En relación a flora, el mismo estudio considera la remoción de la vegetación como un impacto también no significativo.
Mientras tanto, las comunidades locales, así como ambientalistas, alertan sobre el hecho de que la fauna y flora están siendo afectadas. Ya que los casos de la Barra Santa Teresa, en Álvaro Obregón, y Playa San Vicente en Juchitán de Zaragoza son particularmente especiales porque interactúan las especies que habitan estos ecosistemas. “Ahí esta la frontera de varios ecosistemas íntimamente relacionados, acuáticos y terrestres, denominados ecotonos. Lo que ocurre en ellos por separado afecta la dinámica de tal manera que está en peligro la existencia misma de todos los ecosistemas en su conjunto”, evalúa la bióloga Patricia Mora.
Los impactos son a dos escalas de tiempo, analiza la bióloga. La primera sería el impacto directo. Al instalar el proyecto tienen que “desmontar”, este es un proceso de eliminación de la vegetación. Eso equivale a la destrucción de plantas, como de organismos sésiles – son aquellos que no tienen un órgano que sirva de pie o soporte- o con desplazamientos lentos como los reptiles, mamíferos, aves, anfibios, insectos, arácnidos, hongos, virus etc.
Generalmente solo percibimos lo macro, es decir, los organismos de mayor tamaño, y nunca se consideran los organismos diminutos e incluso microscópicos. Es ahí el mayor daño, pues muchas veces ni siquiera están identificados y curiosamente estos organismos son realmente los que mantienen los ecosistemas vivos y en equilibrio. En muchos de los ecosistemas mexicanos apenas están descritas algunas especies, por lo que no se puede cuantificar el daño real. Aun así existen muchas especies endémicas, nativas que se encuentran en algún grado de peligro reconocido en listas nacionales e internacionales.
Después de finalizada la construcción continúa el impacto indirecto, pues se alteraron los ecosistemas, se fragmentaron y por lo tanto existe una mayor probabilidad de su desaparición, debido al cambio de uso del suelo y adicionalmente al cambio climático.
“Son ecosistemas considerados muy frágiles. Por su localización geográfica hablamos de zonas semiáridas donde el ciclo del agua es vital, estos ecosistemas actúan como retentores de humedad y su desaparición cambia drásticamente la capacidad de humedad del suelo. Al desaparecer la vegetación estos se convertirán en desiertos totalmente inhabitados, ya que la radiación solar cambia la dinámica del suelo, no permitiendo nueva vegetación”, explica Mora.
La bióloga pone en jaque la forma en como son formulados estos estudios ambientales. “Generalmente hay ‘convenios’ a puertas cerradas entre las consultoras o centros de investigación y las oficinas de gobierno, previas a los estudios. Se utilizan machotes donde se copia información, a veces mal copiada, donde se dicen mentiras o verdades a medias, se desvía la atención de la realidad del proyecto, pero aparentemente se cumple con los ‘requisitos’ en papel y esto lo sé porque he trabajado en otros momentos con consultoras que elaboran este tipo de proyectos. Inclusive muchos de los proyectos hoy en funcionamiento no cuentan con un estudio de impacto ambiental”, afirma la bióloga.
Mora defiende que, para considerar un proyecto de energía limpia, habría que cumplir con estudios de impacto ambiental rigurosos, que consideren todo el encadenamiento de la producción de energía. “Es verdad que el viento es limpio”, afirma la investigadora. “Pero no se esta contemplando el encadenamiento de su producción. Se tienen que considerar los tipos de metales que utiliza un solo generador. Por ejemplo, el acero, por lo general es extraído en minas a cielo abierto, ahí se utilizó, agua, energía y también se devastaron ecosistemas. Se utilizó petróleo para la fundidora y para el transporte. Lo mismo sucede con los lubricantes utilizados. A esto se suma la vida útil de cada aerogenerador que es de 20 a 30 años y después se tienen que remplazar por otros nuevos.
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Faltan estudios de acompañamiento
Si los estudios de impacto ambiental de hasta hace poco tiempo no eran obligatorios, mucho menos los estudios que dan continuidad después de ser construidos, simplemente no hay ningún acompañamiento de los impactos.
“sabemos que las empresas han encontrado venas de agua y las están clausurando con los cimientos y están utilizando un liquido especial para frenar el flujo de agua”
El indígena Terán vive a menos de 50 metros de los aerogeneradores de Biío Hioxo de Gas Natural Fenosa, uno de los pocos campesinos que no aceptó arrendar sus tierras para instalar parte de los aerogeneradores. “Después de que llegó el parque percibí que los animales cambiaron. Un ejemplo es con la primera generación de becerros. Nacieron con una deformación en el ombligo. Como un tipo de hernia que cuelga hasta 50 centímetros de largo y parte de ellos no sobrevivieron”, dice Terán y nos pide, “sinceramente me gustaría que los estudiosos comprometidos vengan a investigar estos efectos con los animales porque ya viene la segunda generación el año que viene -2016. No sabemos lo que les espera a las siguientes generaciones de niños que nacerán. Nunca vi esto en mi vida”, agrega Terán.
El agricultor relata sobre la disminución de las lluvias y el aumento de las tormentas eléctricas. “Llueve mucho menos y los rayos caen en los aerogeneradores o en los arboles. Es un peligro quedarse en medio del parque cuando hay estas tormentas”, afirma Teran. Y para rematar, asegura que el agua del pozo que utiliza para beber, cocinar y para la higiene personal, que queda a escasos metros de los aerogeneradores, “ya no es la misma agua, hay un sabor distinto que irrita la piel”.
El pescador Roberto Martínez relata que las Ciénegas donde había agua en abundancia, ahí llegaban las aves migratorias para tomar agua. “Creo que las aves están desviando su ruta migratoria porque ya no llegan como antes”.
El propio estudio de impacto ambiental había previsto la afectación hacia las aves. “La fauna directamente afectada durante la etapa de operación del Proyecto son las aves y los murciélagos por la mortandad causada por las colisiones con los aerogeneradores, por la fragmentación del hábitat y por el ruido”, consta el estudio.
Con respecto al mismo parque, Carlos Sánchez afirma, “sabemos que las empresas han encontrado venas de agua y las están clausurando con los cimientos y están utilizando un liquido especial para frenar el flujo de agua, que no sabemos exactamente de que tipo de substancia se trata y de que forma actúa”.
Energía no tan limpia
Para fijar los aerogeneradores “se utilizan cientos de toneladas de cemento que interrumpen los flujos de agua. Cabe mencionar que se esta utilizando cemento de la empresa CEMEX, quién también cuenta con un parque eólico en el Istmo”, afirma Patricia Mora.
La población de la venta, donde fue construido el primer parque eólico, quedó literalmente cercada por aerogeneradores y, no bastando con estos complejos ya instalados, bajo el esquema de Autoabastecimiento y con capacidad de 250 MW, remata el parque llamado Eurus, construido en el año 2009 con capital de la empresa española Acciona y la compañía transnacional de materiales de construcción, CEMEX.
Pareciera que CEMEX es el modelo a seguir del MDL, una empresa limpia y responsable que tiene registrados diversos proyectos con esta modalidad. En su informe del año 2013 se jacta de expandir sus proyectos con la modalidad de MDL. “Seis nuevas iniciativas se registraron como MDL en el año 2013, las cuales incluyen cuatro proyectos de combustibles alternos en México y Panamá́ y dos parques eólicos ubicados en México –entre ellos Eurus y Ventika”.
En este año 2015 el parque eólico Eurus ganó el premio que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Infraestructura 360°) en la categoría “Impacto en Población y Liderazgo”, que reconoce las prácticas destacadas de sostenibilidad en inversiones de infraestructura en América Latina y el Caribe.
En febrero del año 2015, activistas de la comunidad la Venta y organizaciones sociales denunciaron, “alrededor de 150 turbinas eólicas del parque eólico Eurus y de Oaxaca III, propiedad de Acciona, presentan derrame de aceite en sus aspas y bobina principal, lo cual ha causado contaminación al subsuelo y al agua de los campesinos y ganaderos que tienen ranchos aledaños al lugar”, aseguran Defensores de la Tierra y el Mar. En los dos parques eólicos existen turbinas de 1500 MW, las cuales ocupan 400 litros de aceite sintético, mientras que los de 800 MW, 200 litros de aceite por cada aerogenerador por año.
Continuidad de la resistencia
Mientras tanto la compañía Gas Natural Fenosa utilizaría una puerta para impedir el acceso de los campesinos e indígenas al polígono del parque eólico. Sólo empleados y los residentes y los trabajadores locales tendrían acceso. “Eso impediría el acceso de los pescadores al mar a la Laguna Superior y a los cazadores a las áreas de caza”, explica en zapoteco la indígena Faustina López Martínez, quien vive en la zona. Además, en esta área hay siete sitios sagrados para los pueblos indígenas.
La resistencia comenzó a través de la radio comunitaria Totopo, transmitida en la lengua Zapoteca -muchos nativos no se comunican en Español-, con la denuncia de un campesino. “Otros campesinos, pescadores y pueblos indígenas escucharon esa denuncia y comenzaron acercarse a la radio. Allí comenzó un proceso de organización, fue cuando se fundo la Asamblea del Pueblo Juchiteco (APPJ)”, recuerda Sánchez. “Fue cuando la comunidad se organizó para resistir e impedir el cercamiento de aerogeneradores. Se levantó una barricada que bloqueaba el acceso a Playa Vicente (lago Superior), donde ya comenzaba el polígono. La barricada permaneció durante dos meses. Pero la empresa comenzó a utilizar a la policía y a sicarios para amenazarnos de muerte y para desalojarnos”, agrega Sánchez.
Uno de los peores enfrentamientos entre la comunidad y la policía sucedió cuando una comisión de nuestros compañeros salieron para hacer un recorrido en el lugar donde la empresa ya había iniciado sus obras. Mujeres y niños permanecieron en la barricada. Llegaron 25 camionetas y carros y con violencia presionaron para desalojar la barricada. “Rápidamente las compañeras nos llamarón por teléfono y movilizamos a la comunidad por medio de radio Totopo y se desencadenó una batalla”, asegura Sánchez, quien tiempo después fue emboscado y golpeado por un grupo de sujetos.
Al final la empresa pudo terminar con la edificación de sus aerogeneradores manteniendo el polígono sin cercas para los cazadores y pescadores.
Justicia
En el año 2013 la APPJ interpuso un amparo agrario contra la empresa Gas Natural Fenosa por el hecho de no haber realizado una Consulta Previa, Libre e Informada, como lo determina la Organización Internacional del Trabajo. “La empresa va a iniciar la segunda fase del proyecto y el juez aun no dicta una sentencia. Dijeron que un perito antropológico seria enviado para evaluar si en estas tierras vivieron nuestros antepasados. Solo de esta forma la demanda podrá continuar. Existen estudios y testimonios de que hemos estado aquí desde mucho antes de la formación del Estado Mexicano. Somos un pueblo indígena zapoteco, un pueblo milenario, conservamos nuestra lengua, nuestras tradiciones, es una ofensa que el juez diga eso, ni siquiera debería de considerarse mexicano, porque no conoce de la historia de los pueblos de México”, declara Sánchez.
ISTMO TEHUANTEPEC: TIERRAS SAGRADAS VIOLADAS
Carlos Sánchez camina lento y con la mirada hacia abajo, mapeando cada centímetro por donde pisa sobre la arena de la Playa Vicente, en la Laguna Superior. El paisaje de la playa se pinta con algunos pelicanos y garzas que vuela por encima de los pescadores, al fondo contrasta una línea de aerogeneradores. Sánchez busca vestigios de sus antepasados para mostrarlos al equipo de este reportaje. “Existen tantos vestigios en estos nuestros territorios que es posible encontrar piezas en la superficie”, cuenta.
El istmo de Tehuantepec ha sido habitado por diferentes grupos culturales y lingüísticos desde hace más de 3, 500 años...
El istmo de Tehuantepec ha sido habitado por diferentes grupos culturales y lingüísticos desde hace más de 3, 500 años, por hablantes de lenguas Mixe y Zoques. Es muy probable que hacía 1 200 años antes de Cristo ya existían poblaciones grandes y estables. “Esto nos indica la cantidad de tiempo que estas sociedades se han relacionado con su entorno, creando conocimiento sobre él y transformándolo de tal suerte que podemos decir que el entorno natural del Istmo es una construcción cultural y que la cultura es una construcción que tiene una relación estrecha con la naturaleza del área geográfica en cuestión”, explica Alfredo Saynes, de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Sánchez avanza unos pasos, de pronto, se detiene, y señala sobre la arena dos objetos, ya de cerca, se pueden apreciar dos ollas de barro enterradas que solo asoman una parte. “Cuando la marea esta mas baja se puede apreciar varios vestigios de los templos antiguos, como estos”, comparte.
De acuerdo con el arqueólogo Agustín Andrade Cuautle, del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, el estado de Oaxaca posee la mayor cantidad de sitios arqueológicos registrados en todo México. De los 4 mil registrados en toda Oaxaca, 100 están en el Istmo.
Tierras de refugio
Estas tierras, donde está el polígono eólico de la empresa Gas Natural Fenosa, son aptas para la agricultura por el agua del rio Los Perros que atraviesa estas tierras y las inunda en la época de lluvia. “En el estudio de impacto ambiental consta que son tierras erosionadas, que poseen solamente basura y moscas, pero no es verdad. Estas tierras han otorgado la vida de la civilización zapoteca de esta región, justamente por su fertilidad”, comparte Sánchez.
Los istmeños son los últimos verdaderos zapotecas después de que los aztecas convirtieron a los zapotecas del norte del país en sus súbditos, asimilándolos cultural y lingüísticamente. A lo largo de toda su historia resistieron a varias tentativas de dominación, inclusive lucharon contra la invasión de los franceses, cuando intentaron colonizar México. Hasta el día de hoy son reconocidos como gente que resiste y que lucha.
En cada uno de sus sitios sagrados que están dentro del polígono eólico -Santa Cruz Paso Cnu, Santa Cruz Guelaxada’, Santa Cruz Chigue’ze’, Santa Cruz Guelabe’ne’, Santa Cruz Guiiguidxita, Santa Cruz Guuzebenda– están las tumbas de indígenas zapotecos que participaron en la revolución mexicana de 1910, que les permitió conservar sus tierras en sus manos.
Históricamente este pueblo ya había tomado las armas, desde la independencia de México hasta la Revolución Mexicana para defender su territorio. Cuando el Estado mandaba sus tropas, el pueblo vaciaba todo para no dejarles nada de comer para ellos. Se llevaban a sus gallinas, animales y se refugiaban en estos mismos lugares sagrados. “Esta área brindaba protección al pueblo, por ser fértil. Y ahí se sobrevivía en resistencia. Estos lugares han servido de protección en muchos momentos de nuestra historia. Por eso estos parques son un atentado en contra nuestra”, explica Faustina López Martínez.
De acuerdo con Sánchez, parte del sitio llamado Guelabe’ne’ fue destruido por el parque. “Rellenaron de piedras para construir una carretera”. Además, las trayectorias de otros dos sitios, también fueron afectados. “El camino hacia Santa Cruz Chigue ‘ze’ fue cortado por una carretera de la empresa de energía eólica. El camino a Santa Cruz Guelabe’ne’ fue destruido totalmente, la peregrinación sólo puede pasar entrando por otros caminos”.
“Los caminos son fundamentales para nuestros rituales”, dice Faustina. Ya que cada año, la comunidad realiza una peregrinación hacia sus sitios sagrados. “No hicieron ningún estudio de impacto para nuestros sitios”, agrega ella.
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS Y LA PERSECUCIÓN
La organización de la comunidad contra el parque eólico de la Barra Santa Teresa fue la primera gran resistencia contra las formas en que las empresas vienen desarrollando su proyectos en el Istmo de Tehuantepec. Sánchez relata que, no por casualidad, en este período las empresas comenzaron a contratar sicarios que tiene el aval del Estado. “Vemos sicarios acompañado a la policía del estado, la comunidad es pequeña, así que sabemos quiénes son. A partir de las amenazas que comenzamos a recibir, tres compañeros tuvieron que abandonar la comunidad. Algunos de nosotros hemos sido perseguidos con demandas judiciales absurdas, acusándonos de secuestro, ataques a las vías de comunicación, daños a la propiedad privada de otros. Comenzaron a detener personas del movimiento. Hemos recibido amenazas por teléfono. La estación de la radio ha sufrido varios intentos de cierre, con la invasión de la policía federal y la marina de guerra. Ahora han montado otra señal encima de la nuestra para interferirla”, sostiene Sánchez.
Sánchez informa que desde el año 2013 no acude a los espacios públicos. Su movilidad está restringida a su comunidad. “Nos suscribimos al mecanismo de protección de la Secretaria de Gobernación. Pero nos hemos dado cuenta que su tarea de protección fue dada a la policía del estado, el mismo que nos ha atacado. No sé en qué momento vienen a protegerme o arrestarme. Entonces rechacé este mecanismo de protección y comencé un pequeño protocolo de protección personal”, cuenta Sánchez. Los miembros de la APPJ hicieron una denuncia a la justicia y hasta el día de hoy no hay un veredicto. “El estado respalda a las empresas eólicas”, resume.
El Comité́ de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CódigoDH) de Oaxaca demandó la inmediata intervención de los gobiernos federal y estatal para frenar la ola de violencia contra simpatizantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ), quienes han sido victimas de amenazas, hostigamiento, persecución y agresiones, incluido el asesinato de uno de sus integrantes, a raíz del conflicto derivado de la construcción del parque eólico Bií Hioxo, según el Comité. Pero no hubo respuesta.
La empresa Gas Natural Fenosa rechaza las informaciones asegurando que: “Si bien, determinados colectivos han realizado diversas acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos de las comunidades afectadas por el proyecto, Gas Natural Fenosa afirma que éstas son infundadas, carecen de justificación objetiva, y son incompatibles con los compromisos adquiridos por la compañía en su Política de Derechos Humanos”.
NUEVA ESTRATEGIA PARA LOS NUEVOS PARQUES, VIEJOS PROBLEMAS
No tardó mucho para que la promesa del gobierno hecha en el año 2013, de reubicar el proyecto de la barra Santa Teresa hacia otra zona del Istmo de Tehuantepec, se concretara. En el año 2014, la empresa Mareña Renovables, ahora llamada, Eólica del Sur, encontró un nuevo lugar para desarrollar energía limpia y poder contribuir con las metas de la reducción de Gases de Efecto Invernadero, en un lugar idóneo, la Laguna Superior.
En mes de enero de este año 2016 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprovó un financiaminto de 75 millones de dólares estadounidenses para la construcción de una planta de energía eólica de 396 KW en la área del Istmo Tehuantepec. Un parque denominado “Eólica del Sur – Bii Binnizá”, que consta de 132 aerogeneradores construidos en el polígono del Término Municipal de El Espinal y en otro polígono del Término Municipal de Juchitán de Zaragoza.
De acuerdo con el BID el Proyecto proveerá energía al Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA filial de la empresa Coca-Cola) bajo el marco legal del Programa de Autoabastecimiento. Evitando la emisión de 879 mil toneladas de gas de efecto invernadero al año.
Un informe independiente divulgado por investigadores de diferentes especialidades y universidades – UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), UCCS (Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad), UAM (Universidad Autónoma Metropolitana) e ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia) – apunta diversas inconsistencias en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa y aprobado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart).
La primera de las contradicciones es respecto a la empresa que formuló el estudio. La responsable es la empresa Especialistas Ambientales. Y de acuerdo con el Acta Constitutiva de dicha empresa, fue posible determinar que el socio fundador es el ingeniero Rodolfo Lacy Tamayo, actual Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Con base en lo anterior externamos nuestra preocupación con respecto a la independencia y objetividad tanto en la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) como en su aprobación”, consta el informe.
El documento alerta que existen muchas inconsistencias con respecto a la superficie de Selva Baja Espinosa, que será talada para la construcción de este proyecto, una vez que el estudio no trae un mapa de uso de suelo y vegetación a escala del polígono. Evaluando las informaciones disponibles en la propia MIA y la investigación de campo, “nuestro análisis muestra que el promovente pretende talar el 100% de la superficie selvática sin proponer ninguna medida de compensación”.
“Esto es particularmente preocupante debido a que el polígono del proyecto incide en el Corredor Biológico Oaxaca en su Región Istmo-Chimalapas, el cual a su vez forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. De acuerdo con la CONABIO, el Corredor Biológico Mesoamericano en México se estableció con el propósito de articular políticas para la conservación y el manejo sustentable de los recursos en zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en el sureste de nuestro país. (…) la selva baja espinosa de un corredor biológico que conecta las Regiones Marinas Prioritarias: Plataforma Continental Golfo de Tehuantepec, y Laguna Superior e Inferior; y las Regiones Terrestres Prioritarias: Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe y Selva Zoque-La Sepultura”, asevera el documento.
De acuerdo con Eduardo Centeno, director de la empresa Eólica del Sur, la MIA se presenta en cumplimiento con la legislación mexicana y contiene las medidas de mitigación y preventivas necesarias para el medio ambiente, inclusive de reforestación. “Uno de los beneficios es que [por medios de sus programas de reforestación y mitigación] va a posibilitar una vigilancia al medio ambiente y protección a los sitios arqueológicos que no existirían sino se realiza el proyecto”, justifica.
Otra preocupación de las comunidades es en relación con la contaminación del agua en la zona lagunera y marítima por efecto del aceite -300 litros por aerogenerador- que drenará en las playas. La bióloga Genoveva Bernal, de la Semarnat, organismo responsable de aprobar la MIA, dice que el parque no afectará el lago Superior, a 3,9 km. “Con esta distancia no tendrá un impacto”. Tampoco, garantiza la bióloga, “no afectará, como ocurre con otros parques en el istmo de Tehuantepec, con los mantos freáticos de la región”.
Para Alejandro Castaneira, profesor e investigador de la ENAH, que participó en la construcción del Informe, la SEMARNAT autorizó un estudio de impacto ambiental que está mal hecho. “Esta anunciado que los parques son generadores de energía limpia. ¿Vamos a utilizar energía limpia para hacer Coca-Cola y Sabritas mientras la miseria sigue?”, cuestiona Castaneira.
¿Proceso participativo?
Después de los acontecimientos del año 2013, Eólica del Sur y el Estado convocaron por primera vez en toda la región del Istmo de Tehuantepec, después de 22 años de la llegada del primer parque eólico en el Istmo, a la primera Consulta Libre, Previa e Informada, prevista en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hacia los pueblos indígenas. Dicha consulta fue iniciada en noviembre del año 2014 y finalizada en julio del año 2015 y consta como elemento condicionante para que el proyecto se haga efectivo.
Por un lado, tanto el gobierno federal y estatal como la empresa alegan que la Consulta cumplió su papel y por eso se justifica el proyecto, ya que la mayoría de los participantes lo aprobó. Por otro, existe una enorme presión por la anulación de la misma por las irregularidades, que inclusive fueron denunciadas durante la Consulta y, por no haber sido llevadas a consideración, acabaron por agotar la asamblea y por tanto, la presencia de los afectados.
En conferencia de prensa, Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, afirmó que la consulta se llevó a cabo después de que ya se habían dado, por parte de autoridades federales y locales, permisos y autorizaciones de cambio de uso de suelo, lo que muestra la decisión del gobierno federal de despojar a los Binni’Zaa (zapoteca) de su territorio. “La consulta es una simulación, todo el terreno ya estaba preparado para el inicio de las operaciones de la empresa y se juega con el desconocimiento de los pueblos sobre esta situación. No respetan estándares internacionales”, afirma Cruz Velásquez.
Una demanda de amparo fue presentada ante la Justicia por 1,166 indígenas Binni’Zaa para la protección de los derechos indígenas y en defensa de su territorio contra el proyecto eólico. El 30 de septiembre, el Séptimo Juez de Distrito de Salina Cruz, Isaías Corona Coronado, aceptó el amparo contra la construcción y operación del megaproyecto de Energía Eólica del Sur en su territorio y dictó una orden de suspensión de todas las autorizaciones, permisos, vistos buenos, aprobaciones, licencias y cambios del uso de suelo otorgados por autoridades federales y locales, hasta que la sentencia final sea divulgada.
De acuerdo con el abogado Ricardo Lagines Gasca, que asesora a la comunidad, en la demanda la empresa es afectada como tercero interesado. Los que realmente son demandados son las autoridades municipales, comisión reguladora de energía, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ayuntamiento de Juchitán, el Instituto Nacional de Antropología y Historia (que declaró que la zona estaría libre de cualquier afectación de piezas o vestigios arqueológicos).
“El Estado permite que estos proyectos se lleven acabo, por un lado, proporcionando todas las instalaciones de las instancias estatales y federales para acelerar los permisos, mientras que los pueblos indígenas desconocen estos procesos judiciales, para que de hecho pueden participar en las decisiones y no simplemente ser consultados después de que la decisión ya fue tomada. Todo el territorio del Istmo ha sido dividido entre empresas sobre el desconocimiento de las comunidades campesinas e indígenas que aquí viven”, afirma Garza.
Incluso con la anulación temporal del parque, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, en su quinto informe de gobierno, publicado en noviembre, da como un hecho consumado la instalación del proyecto, como fruto de la consulta. “A través de la colaboración del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado logró comprometer una de las inversiones más importantes a nivel Latinoamérica en el rubro de generación de energía eólica, con valor de 1 000 millones de dólares en la próxima construcción del parque eólico de la empresa Eólica del Sur, el cual tendrá una generación de 396 MW”, afirma el documento.
¿Consulta informada?
Isaac Portugal Rosas, consultor independiente, fue invitado por los organizadores de la Consulta para exponer el funcionamiento del sistema de energía en el país. Durante su presentación el consultor explicó con detalles técnicos como la energía circula en la red nacional, respondiendo una pregunta que él mismo lanzo hacia los presentes: ¿Por que no se utiliza la energía generada por los parques necesariamente aquí en las comunidades?. Su respuesta fue: “La energía no es como cualquier bien, como una naranja, por ejemplo, que se puede vender en cualquier lugar que deseé. Hay un sistema que es el Centro Nacional de Control de energía que se dedica a equilibrar todo el sistema de energía nacional, porque no se puede almacenar. Este centro hace la distribución de energía que es liberada al sistema nacional en todo momento. No tenemos forma para comprobar que la energía producida aquí sea utilizada por una empresa en Monterrey, por ejemplo”, explica él.
Lo que parece una explicación técnica del consultor, quien se presentó como independiente, deja en transparencia algunas intenciones políticas. La producción de energía eólica en el istmo tienen destino correcto – consumo para las empresas- incluso antes de comenzar a generarse.
De acuerdo con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, vinculado a la Secretaría de Gobierno de México, en el documento La Energía Eólica en México: una perspectiva social sobre el valor de la tierra, afirma que la desigualdad en el acceso al servicio de energía eléctrica producida a partir de energía eólica se explica porque organismos financieros internacionales, países desarrollados y empresas eólicas trasnacionales financian y definen las pautas generales que orientan los proyectos de energía eólica a gran escala en México en función de sus intereses, guiados más por la obtención de ganancias en el corto plazo que por resolver problemas ambientales.
“Fue una consulta ‘desinformada’. La empresa y el Gobierno dijeron lo que querían. Realmente no es fiable lo que escuchamos allí”, afirma Sánchez.
TIERRAS COMUNALES: UN OBSTÁCULO PARA LAS EMPRESAS
La cuestión para la Justicia es si las tierras son comunales o son privadas. Si se comprueba que son comunales, los contratos se disuelven automáticamente.
“Nosotros de niños aprovechábamos la fuerza del viento que existe en nuestras tierras para mover rehiletes pequeños así como lo hacen los aerogeneradores. Nosotros mismos hacíamos y encontrábamos la manera de que el viento generase energía y pudiera mover algo pequeño. Todo rústico. Ahora se puede Hacer con tecnología a gran escala”, afirma Juan Regalado, indígena zapoteco, del pueblo Unión Hidalgo, de Juchitán, donde la empresa eólica Demex llegó en el año 2011. “No está bien el daño que estas empresas están causando en el tejido social de nuestro pueblo”, afirma Regalado refriéndose al parque instalado en su comunidad, que ni siquiera cuenta con un estudio de impacto ambiental.
Uno de los principales impactos que ha generado es el conflicto por la tierra donde se ubica el recurso eólico. El reparto de tierra, posterior a la Revolución en el Istmo de Tehuantepec, es marcado por una serie de conflictos y cambios en la legislación. “La situación jurídica de las tierras de Juchitán no se ha aclarado hasta el día de hoy. Lo que impide tener claridad sobre cuanta es y dónde se ubica la tierra comunal, quién regula la compra venta de ejido. Situación que se agrava ahora con el cambio de uso de suelo para la instalación de parques eólicos”, sostiene la ONG Código DH.
De acuerdo con Regalado, no cabe duda de que los aerogeneradores están sobre sus tierras comunales. “Existe un decreto presidencial de 1964 en que se confirmaron y titularon los bienes comunales. Lo que es cierto es que no existen tierras privadas”, explica.
Según él, a la empresa le interesa que se cuente con un estatus de pequeñas propiedades porque de esta forma hace el trato directo con una sola persona. “En tierras comunales el trato debe de ser con los habitantes del pueblo. No solamente el posesionario de tierra debe de tener ventaja sino todo el pueblo, porque todos somos afectados”, explica.
Basado en el decreto de 1964, Regalado y más 16 posesionarios de las tierras de Unión Hidalgo presentaron una demanda en el Tribunal Agrario pidiendo la anulación de sus contratos con la empresa. La cuestión para la Justicia es si las tierras son comunales o son privadas. Si se comprueba que son comunales, los contratos se disuelven automáticamente. “El último juez que tuvimos, el magistrado del Tribunal Agrario del Distrito de Tuxtepec dijo, que los contratos se anulan, porque están en tierras comunales. Pero, para respaldar esta decisión, decidió que se necesitaba de un peritaje por parte de nosotros y de la empresa. Nuestro perito argumentó que nuestras tierras están dentro del polígono comunal de Juchitán, utilizando el decreto de 1964. La empresa contrató un perito, que perdió el plazo y no pudo contestar. Así que contrató un segundo perito, que perdió el primer plazo y ahora estamos esperado el final del segundo plazo, que aún debe realizarse este año”, explica Regalado.
El Tribunal Agrario consultó también a la Procuraduría Agraria de Oaxaca y el Registro Agrario Nacional que confirman que estas tierras son comunales. No es de extrañar que Juchitán tenga esta conformación. El estado de Oaxaca es particular dentro de la República Mexicana. De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 78% de las tierras de Oaxaca son posiciones colectivas – ejidales, comunales o pequeña propiedad dentro del régimen comunal.
“El objetivo es anular el contrato con la empresa. Será un precedente para otras comunidades del Istmo. Lo triste es que la empresa, dándose cuenta de que debe perder en los tribunales, ha buscando a cada uno de nosotros para terminar los contratos individualmente ofreciendo un poco de dinero. Es un asunto político, el grupo se fortalece y estamos convencidos de que es el Tribunal quien debe dictaminar esta anulación con sus respectivas afectaciones a la compañía “, sostiene Regalado.
Prácticas recurrentes
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, afirma que los opositores a los parques eólicos de forma general han manifestado que los contratos usualmente no ofrecen información transparente y verás sobre los derechos que tienen los propietarios al arrendar su tierra.
“Los contratos no establecen una distinción precisa entre fincas productivas y terrenos baldíos [lo que generaría pagos distintos], y carecen de clausulas de actualización de los pagos. A esto se suma la cooptación de representantes de las comunidades y la simulación de asambleas ejidales con firmas de personas fallecidas y otras que no aparecen en el padrón ejidal para agilizar la firma de contratos y negociaciones individuales entre propietarios y empresas, con el fin de excluir a las asambleas ejidales de los procesos de toma de decisiones”, relata el documento.
ENERGIA LIMPIA: REPRODUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD
Siguiendo el mismo documento de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, la experiencia internacional muestra que la remuneración pagada por la empresa explotadora de un parque eólico por concepto de arrendamiento de tierras (costo de la tierra) oscila entre 1 y el 5% de los ingresos brutos por venta de energía de un parque eólico, y de acuerdo con la Asociación Europea de Energía Eólica, la renta de la tierra representa 3.9% de los costos totales. “Sin embargo, el caso de México es drástico al considerar el valor muy por abajo del estándar internacional y situarse en porcentajes que van de 0.025% a 1.53%”.
En Europa el valor de la renta anual supera con creces el de los terratenientes en caso de dedicarse a otro uso. El documento destaca el caso de España, donde los rendimientos de los terrenos en la zona de Galicia, por ejemplo, van desde los 90 000 euros por el alquiler de parques eólicos, 18 000 euros por tierras de forestales comunes, 4 500 euros por zonas forestales con elevado potencial eólico y 6 000 euros por zonas ganaderas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, en el caso, por ejemplo, del contrato entre Fenosa Renovables y el campesino Anastasio Toledo, de Juchitán, estipula que durante la primera fase de desarrollo y el periodo de construcción del parque eólico la empresa le pagará 150 pesos anuales (9 euros) por cada hectárea de terreno. El pago por la instalación de un aerogenerador en su terreno oscila entre 8 000 y 18 000 pesos (454,40 y 1,022 euros), y después se suman unos porcentajes mínimos de la facturación total por la energía generada durante el periodo.
“En México al no existir un organismo que regule el valor justo de la tierra pagan valores muy por debajo del parámetro, lo que causa una situación de tensión delicada en las comunidades donde se encuentran sus parque eólicos instalados”, afirma el documento. “Es necesario que se establezcan las leyes y la reglamentación que definan los alcances y la forma de cesión de derechos de usufructo sobre las tierras comunales, para proteger los intereses de las comunidades indígenas”, defiende la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.
¿A quien o quienes beneficia la energía limpia?
Los criterios que justifican la implementación de parques eólicos en México, como potencial para la reducción de GEI y la cantidad total de energía eléctrica generada, son insuficientes para determinar los beneficios, riesgos e implicaciones de la producción de energía eólica, sostiene la Comisión. “Estos criterios ignoran o subestiman la presencia de la complejidad e incertidumbre cognoscitiva y ética de los riesgos e impactos ocasionados por los parques eólicos a gran escala. Ellos no pueden ser viables si continúan reproduciendo y profundizando inequidades socioeconómicas y ambientales entre países y entre grupos sociales dentro de estos.”
