Ha pasado mas de una semana desde la masacre del 19 de Junio en Oaxaca perpetrada por el Estado Mexicano, quien dio la orden a la Policía Federal para retomar el control de este estado. Aún no hay justicia. El saldo continua aumentando, 12 muertos se registran hasta el momento, decenas de desaparecidos y por lo menos 100 heridos por arma de fuego. Además de todas las secuelas dejadas por las muertes, ahora los familiares de los hoy fallecidos y los heridos están siendo amenazados para que no realicen ninguna denuncia.
“Hay temor porque ha habido ya amenazas hacia las familias y hacia los presos que fueron detenidos. Incluso fueron detenidos 20 personas que se encontraban en el panteón municipal excavando una fosa para enterrar a un familiar que había fallecido el día 18 de junio por causas ajenas a esta situación. Los torturaron en el trayecto y fueron retenidos en el cuartel de la policía estatal por mas de 2 días y al final los liberaron y les dijeron que se fueran, que no paso nada. Las cosas no son así de simples”,
DIJO LA ABOGADA MARIANA ARRELLANES DE LA SECCIÓN 22 DE OAXACA.
Mientras realizábamos este reportaje una vecina de Nochixtlán se acerco a nosotros y nos entrego una lista de los heridos de bala, no quiso decir su nombre por seguridad. “Hay por lo menos 5 heridos de bala pero no quieren ir al hospital por miedo. Porque los familiares ya están recibiendo amenazas por denunciar”, dijo.
Tiempo después, la línea de investigación de este reportaje recogió el testimonio de algunos habitantes de Nochixtlán, que por cuestiones de seguridad no mencionaron sus nombres, quienes sostuvieron que los “responsables de ISSSTE en Nochixtlan les dijeron a los heridos que tenían que ser intervenidos en el hospital de la ciudad sino morirían”. Los heridos acudieron al hospital pero fueron recibidos por el Ministerio Público para tomar sus declaraciones. Cuatro de ellos volvieron a Nochixtlán y solamente uno fue intervenido.
Tortura e irregularidades
La abogada sostiene que la Policía Federal practicó técnicas de tortura extrema con todos los detenidos en Nochixtlán y en la Ciudad de Oaxaca. Incluso en relación a los cuatro primeros detenidos no hay documento alguno que conste que fueron detenidos, dice ella. “Solo les abrieron las puertas y los liberaron porque eran las personas más lesionadas, que físicamente no se podía ocultar el tipo de tortura a la que fueron sometidos. Ellos están con la disposición de hacer las denuncias pero también hay temores por las amenazas, pero ya no vamos a permitir más impunidad”, agrega Arellanes.
La abogada relata irregularidades en las líneas de investigación que sostienen las autoridades. La puesta a disposición de los presos con las autoridades correspondientes, por ejemplo, tardó más de 24 horas. De acuerdo con el nuevo sistema de Justicia Penal inmediatamente de haber sido detenidos debieron de haberlos presentados con las autoridades correspondientes. “Para nosotros estuvieron en calidad de desaparecidos. En ese momento presentamos un amparo por desaparición forzada de persona y una queja donde se solicitó medidas cautelares para su presentación con vida ante una autoridad y para que se pusieran en libertad”, agrega.
Arellanes se muestra preocupada con los encadenamientos de las investigaciones. Ella apunta que las necropsias y las cadenas de custodia están siendo irregulares. “Nos hemos percatado de que hay irregularidades en la integración del legajo de investigación. No hay una cadena de custodia de los objetos que fueron utilizados, como los casquillos. No se han resguardados todas estas cosas y nos esta preocupando porque no queremos que se repita la historia de que levantan el cuerpo con un balazo y después aparece con dos o tres más. Esas cadenas de custodia no funcionan”, dijo la abogada.
Juez y parte de los hechos
Las instituciones de administración y procuración de Justicia en México y del estado de Oaxaca no garantizan una investigación real, imparcial y objetiva de la masacre del día 19 de junio en Nochixtlán, denuncian organizaciones sociales y de derechos humanos. “¿Como es posible que el mismo Estado que asesinó a 12 personas y dejó centenas de heridos por armas de fuego, se encargue de investigar los mismos hechos?”, señala la abogada Arellanes.
La Agencia Estatal de Investigación depende de la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones, explica la abogada. “No son independientes del Estado. Son Estado. La Fiscalía se torna a la vez juez y parte”.
En el ámbito del gobierno Federal, la Comisión Nacional de Seguridad también ordenó a la Unidad de Asuntos Internos y a la inspección General de la dependencia iniciar una investigación con el fin de deslindar responsabilidades.
“Pero, de nuevo, los perpetradores son los mismos responsables por investigar. Las instituciones de Justicia están caducas en el país y no se diga en Oaxaca. ¿Quien va a investigar los hechos? ¿Los jefes que dieron las ordenes para este desalojo violento y para que dispararan? Sí, porque alguien dio las ordenes. Así no hay como garantizar ninguna Justicia”, dice la abogada.
Investigaciones dudosas
Lamentablemente todas las investigaciones se han hecho tarde y sin la debida rigurosidad, dice Sergio Cruz García, integrante del Comité de Ciudadanos del Municipio de Nochixtlán. “La Fiscalía vino a investigar 5 días después de los hechos. Las evidencias ya estaban borradas, incluso había llovido. No hicieron como lo indican las leyes. Los procedimientos dejan lugar a muchas dudas, muchas preguntas al aire”, sostiene.
En la segunda mesa de diálogo de la CNTE, que ocurrió el día 27 de junio, con la Secretaria de Gobernación, donde participaron habitantes de Nochixtlán, se exigió al gobierno Federal que además de las instancias de gobierno – la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, se dice autónoma pero a quien nombra a estas personas es el gobierno – se garantice la intervención de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero el gobierno no demostró mucha disponibilidad para hacerlo. “Lo dejaron abierto para ver si se podía”, dice el integrante del Comité.
Derechos humanos limpia basura de los represores
La abogada afirma que la comunidad de Nochixtlán pidió oficialmente la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que se evitara la masacre. “Ya veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo su intervención, incluso se presento una queja solicitando que ellos solicitaran un dialogo para se evitará la situación que se vivió. Solamente después de mucha presión accedieron a emitir una medida cautelar, donde decían al gobernador y al secretario de gobierno de Oaxaca que tenían que priorizar el diálogo. Sin embargo el gobierno jamás contexto y así se quedó la situación. Y, bueno, ya vimos el resultado”, explica.
Con relación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha jugado un papel sumamente lamentable. Por citar un pequeño ejemplo de cómo viene actuado la Comisión Nacional, algunos de los afectados por los hechos del día 19 de junio, cuando estaban dando sus testimonios, pidieron ser anónimos por la gravedad de las informaciones que estaban manejando. “No falto aquel integrante de la brigada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que empezó a tomar fotografías y a preguntar a que grupo radical pertenecían. Parecen policías”, dice la abogada.
“De autónoma no tiene nada. Nos da pena tener estas instituciones que están legitimando y limpiando la basura y el tiradero de los represores”, agrega Arellanes.
Oídos Sordos
A pesar de la actitud del gobierno de Oaxaca y de México del silencio como respuesta, hay una voz unísona, tanto nacional cuanto internacional, que pide independencia en las investigaciones.
En el segundo encuentro de autoridades municipales y agrarias del Estado de Oaxaca, que aconteció el sábado 2 de julio en Nochixtlán, las 40 autoridades presentes exigieron castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Asunción Nochixtlán “y que la investigación sea transparente y con la intervención de organizaciones internacionales de Derechos Humanos”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pidió al gobierno mexicano realizar una “independiente, pronta, exhaustiva e imparcial” investigación.
Estrategia de guerra
Es claro que el operativo realizado en Oaxaca por la Policía Federal estuvo premeditado desde un inicio y nada fue espontaneo. No es ninguna noticia saber que los altos mandos del ejercito y la policía federal han recibido capacitación en Estados Unidos bajo la línea de los acuerdos de la Iniciativa Mérida para la guerra contra el narcotráfico, los mismos que ejecutaron ordenes del Estado en Oaxaca.
La primera estrategia establecida en este operativo es uno de los principios de la doctrina militar Estadounidense, una guerra mediática, ejecutada a través de la manipulación de la información en los medios de comunicación. En este caso, se uso esta estrategia para legitimar la Reforma Educativa y así poder justificar el uso de la fuerza publica, y deslegitimizar las demandas de los profesores.
En una segunda fase, esta estrategia de control social, paso al Terrorismo Psicológico en el estado de Oaxaca. Intervinieron la radio de los profesores (Radio Plantón) y posteriormente radio Universidad. Mientras que en las redes sociales y en los mismos medios comerciales circulaba la información de que “la marina y el ejército estaba teniendo confrontaciones con los profesores”, de que avanzaban hacia la ciudad de Oaxaca “camiones con artillería pesada”. Antes de que la policía federal asesinara a los manifestantes, se manejaban ya en la redes sociales que algunos manifestantes habían “muerto en las confrontaciones” y que habían “infiltrados con los profesores disparando hacia los policías”. No obstante, en las imágenes que documentaron los diversos medios libres e independientes, se ven a los policías haciendo uso de sus armas de forma frontal mientras que los manifestantes se resguardaban. Las falsas alarmas se desmentían inmediatamente con la actualización de los medios independientes.
“Es una guerra sucia donde están utilizando el terrorismo tratando de asustarnos. Yo puedo decir que nuestros jóvenes caídos fueron muy bien flanqueados por el ejercito. La muerte de cada uno de ellos no fue coincidencia. Jóvenes de 17, 19, 18, 25 y 32 años. Los jóvenes han cobrado una conciencia fuerte con esta lucha. Son jóvenes que hoy están en contra de que sus escuelas llevan el nombre de Gabino Cué Monteagudo –gobernador de Oaxaca-, porque no quieren el nombre de un asesino en su generación. Claro que es una guerra mediática que utiliza el terrorismo para asustarnos”, dijo la madre de familia Adriana Marcelina Linares Arrollo, de Tamazulapan Oaxaca.
Las armas no aparecieron de la nada y no fue una decisión tomada a última hora. “Ellos no solo querían disolver las manifestaciones y los bloqueos, sino que pretendían generar terror para que la gente dejará de salir a las calles a sumarse a esta resistencia. Pero la estrategia les falló, ahora el pueblo esta enojado y esta dispuesto a todo”, dice un colaborador de Radio Plantón que no quiso dar su nombre por su propia seguridad, ya que varios de los miembros de esta radio han sufrido amenazas por seguir trasmitiendo.
“Nosotros exigimos el derecho a la verdad. ¿Quiénes fueron los que dieron las ordenes? ¿Quien les permitió salir armados desde los cuarteles? alguien dio la orden y este es un funcionario de alto mando. Porque no pasaron a la tiendita a comprarlas”, dijo la abogada Mariana Arrellanes.
La organización del pueblo tiende aspirar a no tirar a un gobernador sino ir más allá. “En Oaxaca hay experiencias de autogobiernos y la enseñanza del 2006 fue precisamente la experiencia de las asambleas, pero tenemos que estar alerta de los oportunistas y de los que buscan montarse en la lucha que hoy ya no es solo de los profesores, sino del pueblo de Oaxaca. Tenemos que crear procesos de autogobierno y no esperar más de estos gobiernos corruptos y asesinos”, agrega la abogada.
