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Detienen a uno de los principales lideres indígenas de Brasil

Por Renata Bessi y Santiago Navarro F.

De último momento: Durante la audiencia de custodia en la tarde del lunes 11 de abril, el juez Lincoln Pinheiro da Costa, de la Corte Federal de Ilhéus del estado de Bahía, substituyo el arresto preventivo del jefe indígena Babau y Teity Tupinambá, promulgado el pasado viernes 8, a un arraigo domiciliario.

Extremo sur del estado de Bahia, nordeste de Brasil. Los indígenas Rosivaldo Ferreira da Silva, mejor conocido como cacique Babau Tupinambá y su hermano Teity Tupinambá, este viernes 8 de abril fueron trasladados a la prisión del estado de Bahía por determinación del juez federal Lincoln Pinheiro da Costa.

Esta detención forma parte de un historial de la criminalización de líderes indígenas en este país. El jefe indígena Babau es tachado de mentor de toda la lucha de su pueblo y responsabilizado por acciones directas, como la recuperación de sus tierras ancestrales, protestas y resistencia, que implica alrededor de 30 aldeas y más de 10 mil indígenas. Frente a la ineptitud del gobierno federal para reconocer y delimitar su territorio, ya reconocido por el mismo órgano gubernamental Fundación Nacional del Indio (FUNAI), desde el año 2004 los Tupinambá iniciaron un proceso de autodemarcación de sus tierras (47 mil hectáreas) y hoy ocupan el 80% de ellas. El otro 20% sigue en manos de intereses privados, como el caso de la compañía minera Guanabara.

De acuerdo con el Consejo misionario indigenista (CIMI), que proporciona asesoramiento jurídico a los Tupinambá, los indígenas corren grave peligro de muerte. Teniendo en cuenta “la historia de la criminalización y violencia contra el pueblo”, la integridad física de Babau y de Teity corren serios riesgos si permanecen en la prisión de Ilhéus, debido a que muchos de los pistoleros y hacendados que han amenazado al pueblo Tupinambá tienen conexiones con los internos de esa prisión”, alerta el CIMI en la nota publicada en su página web.

La detención de los indígenas fue realizada el jueves 7 de abril por la policía militar (PM) de Bahía, en el municipio de Olivenza. Ambos habían acudido momentos antes de ser detenidos, al pueblo Gravatá, donde la población indígena fue desalojada por la fuerza el día 6 del mismo mes. Esta comunidad más de una vez ha denunciado un crimen ambiental provocado por la extracción ilegal de arena.

En la mañana del viernes, según el CIMI, Babau y su hermano tendrían una audiencia de custodia con juez Lincoln, en la que serian escuchados para argumentar su defensa y donde podría presentar su versión de los hechos. El juez, sin embargo, que se negó a escucharlos, canceló la audiencia y decretó la prisión provisional de Babau y Teity por teléfono.

Acusaciones encontradas

Según la Policía Militar (PM), los Tupinambá fueron detenidos por impedir la salida de camiones cargados con arena en la comunidad de Gravatá. Babau, según la policía, también comenzó a tirar piedras contra los vehículos de policía que escoltaban los camiones de arena, de propiedad privada.

La defensa de los detenidos sostiene que Babau y su hermano no impidieron la extracción de arena, como argumentó el comandante de la policía, pero que sí acudieron al lugar para cerciorarse de los acontecimientos y de las condiciones en que se estaba ejecutando la orden de desalojo para la recuperación de las tierras.Horas antes Babau y el comandante de la policía llegaron a un acuerdo para que no se ejecutará dicha orden, pero el comandante rompió el acuerdo.

Ya en la sede de la Policía Federal, la PM dijo argumentó que fueron detenidos de forma flagrante por una supuesta posesión ilegal de dos armas, una pistola de uso exclusivo de la policía y un revólver calibre 38. Babau y Teitê negaron que las armas de fuego pertenecen a ellos, lo que da indicios de que las armas habrían sido sembradas, afirma el CIMI.

A pesar de la argumentación del comando de la PM de que Babau y su hermano estaban obstruyendo la extracción de arena de la aldea, fueron acusados formalmente de posesión ilegal de armas de fuego, por agresión contra uno de los trabajadores de la mina de arena, por oponer resistencia al arresto, amenaza de agresión, y por desacato de autoridad. Mientras tanto los indígenas niegan todos los cargos.

El 05 de abril de 2011, Stanislaus Luiz Cunha y Nerivaldo Nascimento Silva fueron detenidos en una situación similar, donde le sembraron un arma de fuego en el mismo pueblo de Gravatá. Acusado de “extorsión” por parte los federales, Nerivaldo fue herido en su pierna derecha por la Policía Federal y después se la tuvieron que amputar. Fue acusado de “intento de asesinato” contra la policía federal. Después de dos meses, los policías que fueron a prisión fueron liberados.

Programa de protección

Debido a una serie de amenazas de muerte que ha recibido Babau Tupinambá, forma parte del programa de protección de Defensores de Derechos humanos de la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. No obstante, el gobierno del estado de Bahía no reconoció dicho convenio federal y no ha brindado ningún tipo de seguridad para Babau.

Denuncia Internacional

El Relator de las Naciones Unidas (ONU) para derechos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, visitó en marzo las tierras de los Tupinambá. “Debo reconocer que debe ser instalada una investigación nacional de las violaciones a los pueblos indígenas. Después de haber oído las quejas, realmente creo que es el caso de una investigación”, dijo Victoria en esa ocasión. La representante de la ONU también agregó que pediría la investigación de los casos de asesinatos, muertes y prisiones abusivas.

Lentitud en la demarcación

Los más de 200 pueblos indígenas que habitan este gran país se han mantenido en contante resistencia para conservar, y en muchos de los casos, para recuperar sus tierras diezmadas desde la colonización europea, por la dictadura militar y por el capital transnacional. Ni los gobiernos de derecha ni los progresistas han dando una solución justa y digna a las demandas de los pueblos indígenas. Por ejemplo hasta el día de hoy es necesario que una institución gubernamental como la FUNAI, por medio de estudios antropológicos, tenga que decidir quien es indígena y quien no lo es para poder demarcar su territorio.

Tal es el caso del territorio Tupinambá, donde la FUNAI reconoció en sus estudios que los Tupinambá poseen tradicionalmente una superficie de más de 47 mil hectáreas y también reconoció la presencia de por lo menos 4,700 tupinambás, concentrados en por lo menos 23 comunidades, entre las montañas y la costa del estado de Bahía, un área que se extiende desde la región conocida como la Sierra del Padeiro hasta la costa de Olivença. No obstante, hasta el día de hoy, el gobierno no ha firmado la demarcación de este territorio, lo que ha provocado una agudización de los conflictos por la tierra.

Hasta el momento, diversos pueblos indígenas de este país, así como Organizaciones No Gubernamentales han pronunciado su indignación por tales acontecimientos y exigen la inmediata liberación de los dos indígenas, de lo contrario, responsabilizan al Estado brasileño de cualquier acontecimiento que atente contra sus vidas dentro de la prisión.

A continuación, puedes consultar un documental sobre la recuperación de tierras indígenas Tupinambá en Brasil.

Brasil: Petroquímica sin petróleo, la soja una estrategia militar de EU

El primer científico negro estadounidense, George Washington Carver, incursionó en las investigaciones sobre la producción de biodiesel con la soja. La semilla llegó a Alemania en los años 1930 y Hitler utilizó estos avances científicos para sustituir el petróleo. En Brasil fueron introducidas las semillas durante la dictadura militar (1964-1985) como parte del paquete de ayuda militar de los Estado Unidos a este país. Hoy día, Brasil es el segundo país con mayor producción de soja en el mundo, después de Estados Unidos. Dicha producción que se concentra en media docena de empresas, como Monsanto, ADM, Cargill, Bunge y Louis Dreyfus.

A orilla de la carretera BR-163 se puede apreciar un paisaje verde y frondoso, aunque homogéneo, a su alrededor no hay mas diversidad de plantas que la soja. En la carretera se aglomeran los camiones de carga que muestran el potencial productivo de esta región, Cuiaba, la capital de Mato Grosso, Brasil, con apenas 480 mil habitantes, es testigo del epicentro de mayor producción de soja de este país. En esta geografía de Brasil se han plantado mas de cinco mil millones de hectáreas de soja, y es la mejor imagen vendida a los inversionistas del mercado de la soja. Esta imagen es mucho mejor ofertada cuando los políticos del momento figuran como principales productores, es decir como inversionistas, como es el caso de Blairo Borges Maggi, gobernador de Mato Grosso en el año 2005, empresario y político brasileño, también conocido en ese momento como el rey de la soja, galardonado a su vez en el año 2005 por la ONG Greenpeace con el “premio” Motosierra de Oro por la monstruosa deforestación del bosque que realizaron sus empresas en la Amazonía para la producción de soja.

Aunque a decir verdad, esta zona es solo la punta del iceberg del quinto país mas grande del mundo, que posee soja cultivada en todas sus regiones. “Esta semilla es la materia prima de principal exportación de Brasil. La soja se esta cultivando en todas las regiones de este país, siendo los mayores productores los estados de Mato Grosso y Paraná, que juntos producen un poco mas del 50% de soya del país”, afirma el Investigador y agrónomo Sebastião Pinheiro de la Universidad do Rio Grande do Sul, sur de Brasil.

El empeño en la producción, incentivada por el gobierno brasileño, no es de extrañar. La soja esta siendo utilizada de forma estratégica por las industrias de alimentos, energética, de salud y bioquímica. De la obtención del proceso de aceite refinado de soja, por ejemplo, se obtiene la lecitina, un agente emulsionante, que se mezcla a menudo para producir productos industrializados como salchichas, mayonesa, helado, barras de chocolate, cereales y productos congelados. También esta presente en los productos que protegen el cuerpo contra el envejecimiento causado por el daño celular, hasta el grado de ser considerada una alternativa natural a la terapia de reemplazo hormonal.

La soja se hace presente también de forma indirecta en los platos de la gente en todo el mundo. De acuerdo con la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso, en Brasil, 80% de harina de soja, junto con el maíz, componen el alimento fabricado para la alimentación animal. Es la transformación de la proteína vegetal (grano) en la proteína animal (grano más carne) y la producción de la soja esta presente en la producción de carne, huevos y leche.

Según el Ministerio de Agricultura, la industria nacional de Brasil transforma, cada año, aproximadamente 30,7 millones de toneladas de su producción, de la cual se destinan 5,8 millones de toneladas para producir aceite comestible y 23,5 millones de toneladas para harina de proteína.

"Plástico Verde"

Gustavo Grobo, del grupo Grobocopatel de Argentina, conocido como el “Rey de la Soja” en este país, mencionó en abril del año 2014 que, “lo que viene en diez años es otra especie de Revolución Industrial Verde, las plantas empiezan a transformarse en fábricas”.

De la soja triturada, junto con un 10% de alcohol (metanol), se obtiene biodiesel y la glicerina. Este último actualmente esta comenzando a redimensionar los procesos de producción dependientes del petróleo. Brasil ha sido uno de los países que va a la vanguardia en la producción de agrocombustibles, principalmente de caña de azúcar y soja. Al producir biodiesel por medio de la soja, se obtiene glicerol, que hasta cierto momento fue considerado como un subproducto. Esta es la más reciente novedad de Brasil, al sustituir principalmente propano – una resina obtenida hasta ahora de los derivados del petróleo y utilizada para hacer polipropileno – por el glicerol, formando el llamado “plástico verde”. El polipropileno es usado, entre otros, para producir empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices, entre otros.

Pinheiro sostiene que la soja esta cambiando los procesos de producción dependientes del petróleo. “La soja es el principal producto de exportación de Brasil y es una semilla estratégica porque esta sustituyendo la matriz tecnológica del petróleo. La petroquímica ha quedado superada por esta nueva matriz tecnológica fruto de la biotecnología”, afirma el agrónomo.

La biotecnología es un conjunto de conocimientos científicos o “Ciencias de la Vida” que se han estructurado para las exigencias del mercado. Permite la utilización de agentes biológicos, como organismos, células, moléculas, etc. Engloban la modificación de genes, incluyendo cultivo de células y tejidos, tecnología de ADN recombinante y biología sintética.

A partir del tope de la producción de petróleo en los años 70s, y por consecuencia el aumento en su precio en el mercado, la búsqueda de alternativas se convirtió en un tema de seguridad para varios países, principalmente para los Estados Unidos, que consume el 25% de la producción energética mundial, con solo 4% de la población mundial. Una buena parte del uso del petróleo ha sido para la producción de plástico, componentes de los automóviles y miles de mercancías más.

Novartis, Bayer, Monsanto y otras empresas han reducido sus niveles de producción de agroquímicos y han apostado la mayor parte de sus inversiones hacia los productos de biosíntesis, una síntesis hecha a través de microorganismos, bacterias, hongos, etc. Un sistema dependiente de la fermentación, de cadenas de carbono o directamente de la fotosíntesis del sol”, afirma Pinheiro.

Petroquímica sin petróleo 

El desarrollo de la alternativa de producción de “plástico verde” abre la posibilidad de renovar los procesos de la producción dependiente de los combustibles fósiles y así inicia la era de la petroquímica sin petróleo. La empresa “Nova Petroquímica” en Brasil es la primera que arrancó en este país con el proceso de nuevos encadenamientos de producción, principalmente derivados de la soja. “Nova Petroquímica” participó en el conglomerado Quattor, constituido por Petrobras y el grupo Unipar. Posteriormente, en el año 2010, la empresa Braskem compro la empresa brasileña Quattor y Sunoco Chemicals, en los Estados Unidos.

Actualmente la empresa Braskem es líder en resinas termoplásticas en Latinoamérica y es la tercera mayor productora en el continente americano. Cuenta con 18 plantas en el territorio brasileño, produce más de 11 millones de toneladas de resinas termoplásticas y otros productos petroquímicos. En total, según el sitio web de la empresa, hay 16 millones de toneladas de productos manufacturados en 36 plantas ubicadas en Brasil, los EE.UU. y Alemania

Braskem ofrece un sinnúmero de productos que van desde material para construcción, accesorios de belleza, aromáticos, solventes, y artículos para automóviles, productos, que según la empresa contribuyen a la reducción global de los gases de efecto invernadero.

La soja se ha incrustado en el árbol petroquímico, desde los alimentos hasta los componentes de los automóviles”,

AFIRMA PINHEIRO

Los mayores productores del mundo

Según el informe de octubre del año 2014 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se estimó que la producción mundial de soja 2014/2015 fue de 311.2 millones de toneladas. Considerando que la producción del año 2013 fue de 285.01 millones de toneladas. De acuerdo con los datos de USDA, Estados Unidos ha proyectado un nivel de producción de 106,870,000 de toneladas métricas, seguido por Brasil con 94,000,000 y Argentina 55,000,000. Estos países también son los mayores exportadores del mundo.

Los tres principales países productores de soja producen el 80% del volumen mundial, destinada principalmente hacia China para engordar pollos y puercos” sostiene el agrónomo Merci Fardin, de la Universidad Federal do Espírito Santo, en la región sudeste del Brasil.

No obstante, la dimensión de la producción de tales cantidades de soja, 30,11 millones de hectáreas, según datos del 2014 de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) -dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil-, implica la utilización de grandes extensiones de tierra, motivo por el cual se han deforestado ecosistemas completos para poder producir los niveles requeridos por el mercado. Es una realidad que contrasta con el discursos de la reducción global de gases de efecto invernadero, ya que la ONU aseguran que la tala de árboles es responsable por el 75% de las emisión de Dióxido de Carbono (CO2). “Bunge, ADM y Dreyfus dominan por lo menos el 95% de las exportaciones de Brasil y son ellos los responsables de la deforestación y son quienes se están disputando la tierra en este país para poder avanzar con las plantaciones de soja”, afirma Pinheiro.

Incluso, la deforestación es respaldado por la ley Brasileña. De acuerdo con la nueva legislación aprobada en el año 2012, que permite a los productores deforestar el 20% de la superficie forestal que se encuentre en su propiedad. En esta parte, puede mantener cualquier actividad agrícola, incluyendo el cultivo de soja. El mismo Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) quien promueve los mercados ecosistémicos y la conservación de la naturaleza, también promueve la producción de la soja, llamándola, “producción de soja responsable”, y comparte las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), de que no hay vuelta atrás, “…esta expansión no muestra ningún signo de parar: la FAO sugiere que la producción de soja casi se duplicará para el año 2050. La conversión de bosques a soja es usualmente más rentable en el corto plazo que su conservación. Los esquemas de PSE, (también conocidos como Pagos por Servicios Ambientales, o PSA) pueden ayudar a balancear esto recompensando a aquellos que conservan los ecosistemas naturales”, dice textualmente en su sitio web de WWF.

Ford y los agrocombustibles

En un primer momento Henry Ford, fundador de Ford Motor Company – el primer empresario en aplicar el sistema de producción en cadena, denominada como Fordismo, montaje en serie para producir autos masivamente-, tuvo gran interés en la utilización de alcohol de fermentación y biodiesel de soja para sus automóviles, no obstante, la familia Rockefeller avanzaba a una gran velocidad para consolidar su compañía petrolera Standard Oil – el nombre evolucionó en las empresas EXXON-Móvil- revolucionando la industria en todos sus niveles. “Fue por medio de la recomendación del primer científico negro, George Washington Carver, que Ford decidió incursionar en la producción de la soja. No obstante, se impuso la matriz tecnológica del petróleo de los Rockefeller, como la energía principal en los encadenamientos de producción y en la vida cotidiana de los Estado Unidos y en el resto del mundo y es hoy uno de los motivos de la crisis ecológica”, explica Pinheiro.

Fue Hitler quien terminó por aprovechar los avances científicos de Washington Carver. “Alemania no tiene petróleo y Hitler tomó los estudios de la soja y comenzó a realizar petroquímica sin petróleo. Desde 1930, este país inició con el cultivo de soja en todo el imperio Austrohúngaro”, agrega Pinheiro.

"Revolución Verde"

La primera fase de la Revolución Verde surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la década del año 1940. Los Estados Unidos encontraron en la agricultura una manera de redireccionar y emplear todos los medios tecnológicos desarrollados durante la guerra para producir alimentos de forma industrial en Brasil y el resto de América Latina, alterando los ciclos biológicos de la producción de alimentos para poder obtener mayor cantidad en menos tiempo.

De acuerdo con el investigador Merci Fardin, el modelo de agricultura consistió en utilizar variedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos, acompañadas por grandes cantidades de agua y agroquímicos. “Los agroquímicos y toda la maquinaria utilizada en esta ‘revolución” es una adaptación de la tecnología de guerra, principalmente de la maquinaria bélica, que fue adaptada para convertirla en tractores. Esto dio pie a los sistemas de monocultivos, conocidos como desiertos verdes”, sostiene Fardin.

La Revolución Verde adoptó el discurso de la producción de alimentos a gran escala para contrarrestar el hambre y la pobreza, pero ninguno de los resultados fueron ciertos. “En los últimos 50 años, el mundo fue transformado en una miseria y en una hambruna desgraciada y hoy esta hambruna es administrada por las empresas, quienes se han enriquecido a costa del hambre”, arremete Pinheiro.

Primera injerencia de EEUU después de la 2da Guerra mundial

Para Sebastião Pinheiro, una de las primeras injerencias de Estados Unidos en relación a Brasil, después de la Segunda Guerra Mundial, fue hecha a través de la agricultura y principalmente con el algodón, el tabaco y las semillas mejoradas, entre ellas el de la soja. “Los Estados Unidos trajeron el paquete completo, ciencia, tecnología y financiamiento. Obsequió de forma altruista todas sus variedades mejoradas de soja al gobierno de Brasil”, dice Pinheiro, que asegura que el objetivo era dar continuidad al plan de reconstrucción de Europa. “Tras la Segunda Guerra Mundial, era necesaria la reconstrucción de Europa en una línea de inversiones consustanciadas en el Plan Marshall. La propuesta norteamericana solo sería completada a través de una agricultura industrial en el Hemisferio Sur, lo que ahora se conoce como el granero del mundo”, evalúa el agrónomo Pinheiro.

Con la Operación Brother Sam, planeada por el gobierno de Estados Unidos con el fin de apoyar la dictadura militar de 1964, fueron enviadas al Brasil 100 toneladas de armas y municiones, navíos petroleros, una flota de aviones de combate y el resto de equipo bélico. El paquete incluía también, afirma el investigador Pinheiro, un paquete tecnológico para la agricultura y sobre todo en la investigación científica. “El régimen militar de Brasil, instruido sobre la doctrina militar estadounidense, utilizó como pretexto el combate a la influencia marxista y abrió las puertas de las universidades brasileñas a la Fundación Rockefeller, que hizo una donación económica para la modernización de programas, currículos y entrenamiento de profesores en los EEUU como acuerdo entre el Ministerio de Educación y Culto (M.E.C.) y USAID, quienes dieron continuidad a las investigaciones de las semillas mejoradas y genéticamente modificadas”, asegura el investigador.

Para Pinheiro, el proceso de la dictadura militar consintió en una reconfiguración y control del territorio brasileño, dejando el control de la tierra en manos de media docena de empresas que hoy son dueños de la agricultura industrial. “Entonces este paquete industrial denominado Revolución Verde fue una estrategia militar, porque todos los agroquímicos fueron producidos en fabricas militares durante la segunda guerra mundial y posterior a ella. El objetivo principal de la dictadura, fue despojar a pequeños campesinos y a los indígenas de sus tierras, para concentrar la tierra en manos de las empresas que producen soja, caña y eucalipto, entre ellas esta Monsanto, ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, Coca-Cola, Nestlé, Ford”.

La agricultura familiar agoniza

A la deforestación de los bosques se suma el uso a gran escala de agrotóxicos. De acuerdo con el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, el consumo medio de agrotóxicos viene aumentando. En el año 2005 eran utilizados 7 kg. por hectárea. En el año 2011 el nivel aumentó a 10,1kg, un aumento de 43,2%.

El MST, un movimiento que lucha por la reforma agraria en este país y por el modelo de agricultura familiar, posee en Mato Grosso do Sul – estado que ocupa la mayor concentración de tierras en Brasil- 53 asentamientos de tierras, que se configuran como pequeñas islas dentro de los desiertos verdes, donde se practica una agricultura diversificada al lado de los monocultivos de caña de azúcar, eucalipto y principalmente soja.

Estamos rodeados por soja y el veneno que es esparcido en los monocultivos se termina yendo para nuestras tierras. Tú plantas una semilla de maíz nativo, por ejemplo, y ella no germina. Difícilmente podemos plantar sin agrotóxicos. Nuestro trabajo para generar una producción ecológica y orgánica queda perjudicado por estas condiciones. Tardará décadas hasta que nosotros podamos plantar de forma totalmente libre de insumos”, afirma Sindy Gauber, vecina del asentamiento Geraldo García, en el municipio de Sidrolância, centro-oeste do Mato Grosso do Sul.

Además de eso, afirma Gauber, las pocas tierras expropiadas por el gobierno federal para destinarlas a la reforma agraria son tierras improductivas en general, ya desgastadas por el monocultivo.

El resultado, sostiene Gauber, es que muchas familias sin opción acaban abandonando sus tierras para trabajar en los plantíos de monocultivos. En el asentamiento donde ella vive, muchas familias tienen arrendadas sus tierras para el agronegocio.

A esto se agrega, el uso de semillas transgénicas. En Brasil la extensión de los plantíos transgénicos representa más del 50% del territorio destinado a actividades agrícolas en el país y la mayoría son variedades transgénicas de la soja.

A pesar de las dificultades, Gauber cuenta que, en contrapartida, las familias han creado condiciones para resistir, organizando cooperativas, participando en pequeños mercados. “La salida ha sido producir en pequeñas cantidades, en un sistema artesanal, haciendo un trabajo gradual de la recuperación de la tierra”, afirma. “Esta guerra desproporcional no tiene sentido, porque de hecho quien alimenta a la ciudad es la producción del pequeño agricultor en Brasil. Los monocultivos son básicamente para la exportación y para la industria. El discurso de desarrollo no cabe aquí”.

Ciclo perverso para los campesinos

Soja y pastizales para el ganado. Este es el escenario monótono y con poca vida que se ve en los márgenes de la carretera MS-164, municipio de Ponta Porã, en el estado de Mato Grosso do Sul, en la frontera con Paraguay. A orillas de esta carretera esta también uno de los mayores asentamientos de tierra de Brasil, conquistado por los movimientos sociales, en 2002. Itamarati, como es llamado el asentamiento, posee 50 mil hectáreas y alberga a 3 mil familias. Irónicamente fue una hacienda productora de soja. Su dueño era Olacyr de Moraes, el mayor productor individual de soja en el mundo en la década de 1980.

Itamarati cuenta con dos tipos de tierras, los espacios de cultivos individuales y los colectivos. Las tierras individuales (hasta 10 hectáreas) son cultivados con arboles frutales, hortalizas y generalmente están vinculadas al autoconsumo de las propias familias. Las áreas de 12 hectáreas las de producción colectiva, con irrigación y equipamientos colectivos, se plantan alimentos para comercialización.

Los campesinos cuentan en sus territorios con una estructura de salud, educación, dos cooperativas para gestionar la producción, pequeño centro comercial y hasta un núcleo urbano.

Ariovaldo Ciriaco es uno de los agricultores del asentamiento que cultiva arroz, mandioca y cacahuate. Mas allá de los alimentos para el autoconsumo, el también planta soja. “Del total de 50 mil hectáreas de Itamarati, cerca de 20 mil de ellas cuentan con plantaciones de soja”, afirma el agricultor que es parte de la Asociación de Agricultores Cooperativas del nucleó de resistencia El dorado dos Carajás.

Ciriaco esta en el asentamiento desde el inicio, en el año 2002, y cuenta que después que entraron a las tierras fueron asediados por los revendedores de las empresas multinacionales productoras de semillas de maíz, soja y fertilizantes. “El discurso que ellos usaban era que, con los productos, el costo de las plantaciones sería menor y que tendríamos mayor productividad. El discurso era, que utilizaríamos alta tecnología, trabajar menos y ganar más. Después fuimos viendo que no era verdad. Por ejemplo, en relación con el maíz, decían que las semillas producirían 160 sacos por hectárea, pero la verdad producíamos menos de 100 sacos”, recuerda el agricultor.

Quien vino a vivir y a trabajar aquí, o era empleado de alguna hacienda o trabajaba en áreas mucho mas pequeñas. No teníamos la costumbre de trabajar con soja en áreas grandes. Entonces nos vendieron el paquete [semillas, fertilizantes y pesticidas] mucho más caro y con cantidades de veneno más de lo necesario. Entonces hoy percibimos los abusos que nos hicieron por falta de conocimiento”, explica.

Ciriaco cuenta que gran parte de los agricultores acabaron entrando en un ciclo de dependencia en relación a los productos de las multinacionales, citadas por el como Bunge, Cargill, ADM, Bayer, Syngenta. “Sus representantes en Brasil vienen hasta nosotros para vendernos sus productos. El paquete es muy caro, entonces las familias se tienen que endeudar y siempre depende del crédito para poder plantar. Se endeudan para comprar el paquete y cuando cosechan pagan la deuda. Este ciclo de dependencia es un gran problema”, relata.

Al final, quien define los precios de la soja es el mercado internacional, principalmente los Estados Unidos. “ No tenemos control sobre los precios” dice. Aun así, Ciriaco no pierde los ánimos de cambiar la realidad y su meta ahora es trabajar por la autonomía da su producción. “Nuestro desafío es estimular la diversidad agrícola. Invertir en otras alternativas, para disminuir la dependencia de la soja y de los insumos”.

América Latina y nuevas territorialidades

El mapa latinoamericano está en pleno proceso de cambio. Nuevas territorialidades se reconfiguran afectando principalmente a comunidades indígenas, alrededor 671 pueblos según las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que van desde el río Bravo hasta la Patagonia. Este redimensionamiento político, social y económico del territorio esta ocurriendo acompañado de un sin fin de conflictos y turbulencias sociales en todo el continente.

En el año 2000 el Consejo Nacional de Inteligencia, organismo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), previó este escenario en un informe llamado Tendencias Globales 2015: «Los movimientos indígenas en resistencia en Latinoamérica serán uno de los principales desafíos para los gobiernos nacionales en los próximos 15 años». De la misma forma afirmaba que «los movimientos se incrementarían, facilitados por redes transnacionales de activistas de derechos indígenas, apoyados por grupos internacionales de derechos humanos y ecologistas bien financiados».

A más de una década de este informe, los movimientos indígenas en resistencia se han agudizado, como había sido previsto. Lo que no proyectó dicho documento son los factores del porque aumentarían estos movimientos.

El reordenamiento del territorio ha desdibujado las fronteras en términos económicos y políticos con proyectos continentales como el Proyecto Mesoamérica —antes llamado Plan Puebla Panamá— y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), ejecutados desde el año 2000, por mencionar algunos. Entre otros objetivos, esta la construcción de redes de transporte, telecomunicaciones, presas hidroeléctricas, parques eólicos, y energía en general, así como Parques Nacionales, Áreas Nacionales Protegidas, Patrimonio de la Humanidad, Áreas de Conservación Transfronterizas, Parques Transnacionales —también llamados Parques para la Paz—, Corredores Ecológicos o Biológicos y las redes de Áreas Protegidas.

«Cuando pensamos en IIRSA estamos hablando de líneas de comunicación, de canales de paso que van atravesar 20 mil kilómetros, que es toda la Amazonia, es una línea de penetración a territorios muy recónditos que no habían sido alcanzados, de donde se va a extraer lo que aun no había sido extraído», afirma en entrevista Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, al considerar al Proyecto Mesoamérica y al IIRSA como parte de la misma estrategia de reordenamiento del territorio.

De acuerdo con la investigadora, cuando vemos el diseño de los proyectos, son estratégicos, incluso en la forma en como lo manejan los gobiernos progresistas, quienes ofrecen la IIRSA como una oportunidad para el desarrollo.

IIRSA lo que va hacer es disciplinar mas a los gobiernos locales, porque esta marcado por el mercado mundial, son 500 empresas transnacionales que producen el 50% del PIB mundial. Cuando uno ve el diseño de IIRSA y los proyectos de estas empresas, van juntos, las rutas de comunicación son para la circulación de mercancías, materias primas y energéticos.

Lo que vive América Latina es un nuevo colonialismo basado en la apertura de nuevos caminos que posibiliten el extractivismo. «El capital necesita reordenar el territorio —considerado este como una construcción histórica social— para continuar con su reproducción, tanto material como de relaciones de poder, de acumulación de capital y de ganancias. Este ordenamiento es para tener acceso a mayor escala a cierto tipo de materiales de la tierra», evalúa Ceceña.

El parque eólico propiedad de Gas Natural Fenosa, que utiliza el nombre Biìo Hioxo Energía, continúa su avance en tierras comunales, donde existen centros ceremoniales sagrados en Zaragoza Juchitán de Oaxaca. Fotografía: Santiago Navarro F.

Para Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, México, la crisis que el sistema capitalista esta viviendo, ha llevando a las empresas a utilizar procedimientos precapitalistas de despojo en la forma colonial. «Están buscando expandirse hacia territorios que habían conservado estos pueblos», sostiene en entrevista.

Esta expansión ha llevado a confrontar con los modos de vida que existen en los territorios y esto ha provocado el levantamiento de los pueblos. «Los indígenas están en el frente de batalla librando una guerra que es para todos nosotros, porque es ahí donde el sistema capitalista quiere relanzar una nueva forma de acumulación», asegura Esteva.

La respuesta de las comunidades indígenas en el continente latinoamericano se ha reconfigurado por lo menos en dos vertientes, una es por la vía institucional que ha seguido los parámetros establecidos por los acuerdos internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o las luchas locales por el reconocimientos jurídico de sus formas de vida. La otra es la de los movimientos que no quieren estar bajo la jurisdicción o administración del Estado, como lo es el movimiento zapatista, en México, quienes han construido sus propias formas de autogobierno.

Las demarcaciones cambian los mapas

En el tablero de la redefinición de la territorialidad en América Latina también están los indígenas actuando en la reconfiguración del espacio, justamente por el reconocimiento de sus territorios. Según el profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Colorado, Joe Bryan, en las últimas dos décadas los estados de la región transfirieron títulos a varias formas de la tenencia de la tierra, colectivas de comunidades indígenas y tradicionales, sumando 2 millones de Km cuadrados, un espacio equivalente al territorio de México.

«Desde hace mas de tres décadas que los movimientos indígenas están emprendiendo esfuerzos en el sentido de garantizar sus territorios, demanda inevitable frente al despojo permanente que caracteriza el colonialismo actual. Estos esfuerzos están cambiando el mapa da América Latina, por sus movilizaciones y reconocimiento de los derechos territoriales», evalúa Bryan.

«Esta transformación refuerza una serie de cambios legales hacia el reconocimiento de los derechos indígenas, no solo respondiendo a instrumentos como el convenio 169 de la OIT y la declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como también una serie de sentencias de reconocimiento al derecho colectivo»,

AFIRMA EL PROFESOR

No se puede negar la relevancia de este conjunto de hechos, pues es a partir de los movimientos indígenas que se ha reconfigurado una cartografía propia de los pueblos indígenas en resistencia. «El indígena fue convertido de una categoría de curiosidad folclórica a una de sujeto político con su propio discurso de derechos. Fue por ellos, por los movimientos que se han hecho esta cartografía, no solo para la producción de sus propios mapas, sino también para la transformación de su espacio social y político de la región», sostiene el investigador.

Agosto de 2013, indígenas del municipio Pipipan Floresta, Pernambuco Brasil. Cierre de una carretera federal, debido a la demarcación forzada de sus tierras. Fotografía: Renata Bessi

Las demarcaciones no están garantizando derechos

Pero estos cambios en el mapa y desde un punto de vista jurídico no significan necesariamente que el derecho indígena está siendo respetado. Para el profesor, la demarcación de tierras indígenas no esta garantizando la permanencia de las comunidades en sus tierras y tampoco está protegiendo estas comunidades contra la violación de sus bienes comunes por parte del extractivismo.

Este llamado giro territorial a traído mas bien cambios sobre todo en relación al manejo de recursos, en la cartografía de lo político y formación de mercados, como los de carbono. Para comprobar esto es necesario revisar el contexto político y económico del surgimiento de estas demarcaciones.

De acuerdo con el profesor, los procesos de demarcaciones surgieron en Colombia: «No comenzó como un movimiento progresista, sino como un proceso conservador iniciado por el Estado. Nació a partir de una necesidad de resolver por medio de una negociación los conflictos violentos, finalizando con su reconocimiento en la constitución colombiana de 1990».

Desde entonces los territorios indígenas fueron identificados por el Estado como un plano geopolítico de alta importancia para controlar el territorio. «La evaluación sostenía que la falta de la presencia estatal daba espacio a la guerrilla, la formación de fuerzas de autodefensas y fuerzas paramilitares. Por eso el Estado tomó la decisión de permitir la participación de una amplia gama de movimientos indígenas, inclusive de movimientos armados, en una asamblea constituyente», afirma.

«Si en Colombia impulsaron reformas en el sentido de que los derechos territoriales de los pueblos indígenas fueran reconocidos, también lograron garantizar la desmovilización de los grupos armados indígenas y aumentar la presencia del Estado en estas mismas zonas», evalúa Bryan. En contrapartida, «los títulos otorgados no frenaron el despojo de 5 millones de personas, en su mayoría indígenas, frente a la violencia de la guerrilla y los grupos paramilitares».

Regularización de las tierras, nuevos mercados

Este modelo de reforma sirvió de inspiración para Nicaragua, que también vivía un contexto de conflicto, inclusive armado, por tierras indígenas. El proceso tuvo apoyo del Banco Mundial. «El banco hizo esfuerzos para facilitar la elaboración de la ley de propiedades para comunidades indígenas. Inclusive envió una comisión de Nicaragua a Colombia para que aprendiesen como aplicar la reforma en su país. Y con respaldo del banco la ley fue aprobada en el año 2002», sostiene el profesor.

Dos años después de haber sido aprobada la ley, el Banco Mundial dio apoyo para otra reforma aplicada en Honduras, que reconocía el derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas y negras. De la misma forma apoyó las reformas en Bolivia, que dio pie al reconocimiento de las tierras comunitarias de origen. Tiempo después, a finales de la década de 1990 las reformas continuaron en el resto Centroamérica.

«El banco tenía interés en regularizar los derechos de propiedad colectiva a través de su demarcación, titulación y registro, como condición básica para el funcionamiento de mercados. El reconocimiento de los derechos colectivos son condicionados a la lógica de las políticas neoliberal. Sobretodo coloca la propiedad como estructura necesaria para el mercado», explica el profesor de la Universidad de Colorado. Así, «para el mercado no importa si es propiedad individual o colectiva, como la de los indígenas. Lo importante es tener alguien con quien negociar».

Se pueden citar dos ejemplos de mercado que se están abriendo en tierras indígenas: mercados de carbono y venta de servicios de ecosistemas. El profesor cita un estudio de la Universidad de Arizona sobre mercados de carbono en la Selva Lacandona, en Chiapas, México, para ilustrar que la apertura de nuevas fronteras de mercado en estas tierras no son tan lucrativas para las comunidades como lo son para los dueños del capital. «Los mercados de carbono serian imposibles sin los territorios indígenas. Eso no significa que sean rentables para las comunidades».

Julio de 2013, parte de un proyecto de infraestructura hidráulica en Brasil, que se inicia en la ciudad de Cabrobó y cruza el río San Francisco, que afecta directamente a los pueblos indígenas truká y Pipipan. Fotografía: Renata Bessi

Extractivismo

Por lo tanto los países están reconociendo los territorios indígenas, reformando sus constituciones y hasta reconociendo, en algunos casos, el carácter plurinacional. Pero bajo un costo, según Bryan: «estos cambios vienen con el compromiso de cumplir con el objetivo de un desarrollo nacional basado en el extractivismo».

Un ejemplo es Ecuador. «El país tuvo el movimiento indígena más organizado y de mayor peso en América Latina a lo largo de la década de 1990. Cuando Rafael Correa toma posesión, en 2009, reconoció demandas históricas de los pueblos indígenas. Tituló grandes extensiones de tierra de pueblos indígenas en tierras bajas amazónicas del país». Pero luego después abrió una serie de licitaciones para extracción de minerales en la misma zona, bajo la argumentación de que los recursos del suelo aún pertenecen al Estado. «Este tipo de discurso trata al territorio de forma vertical, considerando a los indígenas como un obstáculo para el progreso nacional».

La argumentación de Correa hirió el Convenio 169 de la OIT que, entre otros puntos, sostiene que:

esos pueblos [tienen el derecho] a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo… los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Bolivia muestra tendencias semejantes, a pesar de contar con el único presidente indígena de la región, Evo Morales. «Gas, minería, madera son explotados dentro de territorios titulados sin que las comunidades tengan la posibilidad de negarse. Es como una especie de moneda. Como se ofrece el título, a las comunidades no se da el derecho de decir no a la explotación», afirma Bryan.

El reconocimiento no es suficiente

Los criterios por los cuales son definidas las demarcaciones de tierras también son un foco de críticas. «La lógica de este esquema es que con sus mapas y títulos, los indígenas puedan crear y fortalecer instituciones para administrar sus tierras. Pero como hacerlo dentro de un contexto dominado por un Estado que responde a los intereses del capital?», cuestiona el profesor. La propiedad o el territorio demarcado acaba funcionando como una camisa de fuerza que impone obstáculos en las relaciones sociales por medio de las cuales se puede vivir en una comunidad. Impone un asilamiento, impide una convivencia cotidiana entre diferentes etnias. «Es por la interacción que se construye el territorio, no por el asilamiento. No se pude perder la tendencia colonial de esta lógica», afirma.

Otro punto de reclamo en relación a la regularización de los territorios indígenas dice respeto al hecho de que el Estado es el árbitro de los derechos indígenas y, por lo tanto, las cuestiones indígenas están sometidas y deben ser adecuadas a los estándares jurídicos para ser reconocidos. «Los mapas hechos para los indígenas son convencionales, con el fin de cercar un territorio bajo la concepción del Estado, y no bajo la cosmovisión indígena. En lugar de revolucionar la geografía, solamente se reforma, reduciendo los reclamos de autonomía al derecho de ser propietario».

«La cuestión es que, en lugar de institucionalizar al indígena, falta pensar en como crear espacios propicios a una cultura colectiva justa y digna, es el motivo de hablar de una geopolítica indígena cuya cartografía se debe realizar», sostiene el investigador.

Foto de Santiago Navarro F.

Otras vías 

En el territorio de los pueblos indígenas se esta librando el destino del sistema capitalista y es en estos mismo pueblos donde puede construirse otra forma de vida diferente a la capitalista, como lo esta haciendo el movimiento indígena del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), asegura Gustavo Esteva:

Lo que mas hemos aprendido de las comunidades zapatistas es que la resistencia no es simplemente aguantar, ni solo resistir a la construcción de una presa, una mina… la resistencia sólo va ser exitosa si al mismo tiempo construimos otra posibilidad de vida. Tenemos que dar visibilidad a esas experiencias exitosas que representan la alternativa, porque muchísima gente esta lista para actuar.

Otro ejemplo de los pueblos que no se quieren alienar, son los pueblos indígenas de Bolivia quienes consideran agotado el recurso al reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados.

En junio del 2014 el colectivo Comuna al Pueblo Boliviano presento una autopropuesta para formar autogobiernos inspirada por la experiencia zapatista, que entre otros puntos plantean desconocer el sistema electoral institucional, la anulación de los mandatos de gobiernos, nacionales, departamentales, municipales; porque no pueden convivir en los mismos territorios «juntas de buen gobierno» y las formas heredadas institucionalizadas de los «malos gobiernos», el acceso libre a lo común. En consecuencia, de acuerdo con la propuesta, quedan anuladas todas las concesiones territoriales y geológicas, hidrocarburíferas y mineras.

Otra forma mas de gobernar los territorio por los indígenas, muy particular en América Latina, son los usos y costumbres de los pueblos en el estado de Oaxaca, México. De los 570 municipios existentes, 418 se rigen según sus usos y costumbres. Solamente 152 se rigen a través del sistema convencional de partidos políticos. O sea, estas comunidades siguen practicando formas propias de gobierno que han sido construidos a través de los siglos y rigiéndose por sus sistemas normativos conocidos como «usos y costumbres», reconocido oficialmente en 1995 por el Congreso del Estado de Oaxaca.

«México posee un contexto histórico muy diferente de los otros países de la América Latina. Mas que nada por la Revolución Mexicana. Mientras que en el resto de los países de Latinoamérica están titulando territorios o propiedades colectivas, en México están buscando otras maneras de garantizar los usos y costumbres de las comunidades indígenas», afirma el profesor de la Universidad de Colorado.

Honduras: Berta Cáceres, “nos enfrentamos a poderes grandes”

Eran las primeras horas de la madrugada del día 3 de marzo cuando un grupo de personas armadas entraron violentamente a la casa de la activista Berta Cáceres, descargando cuatro impactos de bala sobre su cuerpo, le arrebataron la vida. El mexicano Gustavo Castro Soto, quien la acompañaba, y quien fue herido en el mismo suceso, dio aviso a sus compañeros de que Berta había sido asesinada.

Castro, fundador y director de la organización civil Otros Mundos A.C Chiapas-México, había sido invitado para dar una conferencia en el “Foro sobre energías alternativas desde la visión indígena”, una iniciativa organizada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), llevada acabo los días 2,3 y 4 de marzo de este año 2016.“Era el 1er día de actividades cuando en pleno evento estábamos recibiendo amenazas, fue cuando nuestra compañera – Berta Caceres- pidió que uno de nuestros compañeros –Gustavo Castro- la acompañara, aunque desde ese momento fue perseguida por un grupo de sicarios que después entraron a su casa para asesinarla. Pensamos que solo sería una más de tantas amenazas que ya hemos recibido”, dijo a Subversiones Lilian Esperanza López Benítez de la coordinación del COPINH.

Berta Caceres era coordinadora del COPINH, de la comunidad indígena Lenca y otros movimientos campesinos, quienes habitan el occidente hondureño y que mantienen una lucha férrea contra empresas transnacionales como la Sinohydro Corporation de capital chino, quienes aun pretenden edificar el proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca entre los departamentos de Santa Barbara e Intibucá a pocos kilómetros de la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. Este proyecto pretende generar 21.3 MW mediante la concesión por 20 años del río Gualcarque –Rio Blanco-, río sagrado para los indígenas Lenca, perteneciente a la cultura Maya.

Lilian Esperanza sostiene que la empresa DESA, Sinohydro y el gobierno son cómplices. “Nuestra compañera ya había sido amenazada desde el año 2012 por sicarios contratados por la empresa Sinohydro, por militares y por el propio gobierno. Podemos afirmar que la empresa y el gobierno son quienes orquestaron este asesinato”. La propia activista Berta Caceres sostuvo en un video realizado por la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones el año 2013 que, “ las transnacionales no necesitan intermediarios como diputados o ministros, sino que llegan directamente a reprimir a las comunidades y tienen un plan de militarización con cada proyecto. Incluso esto fue aceptado por el representante del Estado en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).”

Sinohydro Corporation Ltd. es una empresa global con sede en China que posee una cartera de negocios diversificada que va desde conservación hídrica y construcción hidroeléctrica hasta financiamiento, diseño, implementación y operación de proyectos en infraestructura, en áreas como electricidad, transporte, obras civiles, minería y bienes raíces. Los activos de Sinohydro en América Latina incluyen su emblemático proyecto de generación Coca Codo Sinclair en Ecuador, la central termoeléctrica El Palito en Venezuela y la presa Chalillo en Belice. El grupo se constituyó en el año 2009 y tiene su sede en Beijing.

Para la construcción e instalación del proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca, en el año 2012, el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares. Mientras tanto en julio del año 2015, Giorgio Valentini, representante del Banco Mundial (BM) en Tegucigalpa, se jactaba de que Honduras era el que más apoyo recibía del Grupo Banco Mundial de Centro América, “los créditos suman (del año 2015) 1,500 millones de dólares, entre el sector público y privado”, aseveró.

La resistencia emprendida por Cáceres junto con las comunidades indígenas afectadas permitió que tentativamente la compañía china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. Lo mismo ocurrió con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial que invierte en el sector privado, quien también abandonó la iniciativa. No obstante, el objetivo de ambos organismos es continuar a toda costa con dicho proyecto. En este país se han identificado por lo menos 40 proyectos hidroeléctricos en el marco del Proyecto Mesoamérica, así como los llamados corredores carreteros, de energía eléctrica, comunicaciones y transportes, proyectos turísticos, todo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, canalizado para empresas transnacionales.

Megaproyectos

Desde agosto del año 2009, en el contexto del golpe de Estado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley General de Aguas, donde planteaba entre otros puntos las concesiones de los recursos hídricos de este país para las empresas privadas. Desde este momento se han intensificado no solo las concesiones de estos recursos, sino que la continuidad del Proyecto Mesoamérica que abarca desde México hasta Colombia. “Existen una gran diversidad de megaproyectos en Honduras que se han agudizado desde el golpe de Estado. El gobierno ha respaldado descaradamente estos proyectos y los están implementando asesinando a todo opositor que se les interponga. Han sido mas de 100 asesinatos de luchadores en nuestro país y son crímenes que han quedado en la impunidad. Nosotros no dejaremos que esto suceda en con nuestra compañera”, agrega Lilian Esperanza.

Berta Cáceres aseguraba que la resistencia y la lucha de Rio Blanco estaba enfrentando al capital transnacional con gran fuerza que estos estaban utilizando todos los recursos a su alcance para continuar. “ Toda esa maquinaria represiva a pretendido criminalizar el derecho a nuestra legitima lucha, es algo que no vamos a dejar que sea criminalizada…Estamos conscientes que nos enfrentamos a poderes grandes que operan con todas las estructura del Estado de Honduras que esta muy concentrada en la criminalización de nuestra lucha ”.

Su compañera de lucha, Lilian Esperanza, asegura que Berta Caceres, les ha enseñado lo mejor para poder continuar su lucha y no bajar la cabeza. “Berta fue una mujer que nos enseño con su propia vida y con su coraje a defender nuestros derechos. Nosotras estamos preparadas para continuar de pie. Con todo el dolor y la rabia nosotros continuaremos y no bajaremos la cabeza. Porque ella es nuestro ejemplo. En cada uno de nosotros hay una Berta y el gobierno y las empresas tendrán que matar a todo un pueblo para que puedan avanzar”, finaliza Lilian Esperanza.

Rastros obscuros de la energía limpia en Oaxaca, México

Los gobiernos y las empresas han mostrado su preocupación sobre el calentamiento global y han implementado una serie de mecanismos para evitar que la temperatura en el planeta aumente hasta 2ºC de aquí al año 2100. Un tema de vital importancia que se abordó en La COP 21, desarrollada en París del 30 de noviembre y hasta el 11 de diciembre del año 2015.

Las empresas y gobiernos han utilizado un discurso de desarrollo limpio para continuar con su crecimiento económico exponencial con proyectos y tecnologías denominadas limpias, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), impulsado en los países subdesarrollados.

Con la modalidad del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) contemplado en el Protocolo de Kioto, más de una decena de empresas multinacionales ya han invertido en la construcción de por lo menos 21 de los 28 parques eólicos contemplados para esta región conocida como Istmo de Tehuantepec, región sur de México que abarca los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz . El objetivo es mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los encadenamientos de producción de estas multinacionales.

Dichos parques están asentados en tierras comunales y las comunidades han denunciado mas de una vez que es una ilegalidad, ya que les hicieron firmar los contratos sin una información concreta sobre los impactos. Mientras tanto, ya se han comenzado a documentar la contaminación de los mantos freáticos con los lubricantes y otras sustancias que utilizan los aerogeneradores, así como de las planchas de concreto que están rompiendo con la agricultura tradicional y las vibraciones que han alejado a los peces y a las aves migratorias que están tomando otro rumbo.

Cabe destacar que la base principal de la economía local de estas comunidades gira en torno a la agricultura y a la pesca artesanal, tienen un respeto espiritual por el mar, así como por la flora ya la fauna que existe en su comunidad. Son ellos quienes cuestionan el despojo del territorio ancestral indígena y de los campesinos, así como la afectación a los ecosistemas en su conjunto.

¿Bajo que lógica están siendo construidos estos proyectos? ¿Realmente son una solución al cambio climático? ¿ Están llevando el desarrollo limpio para los países pobres?

Cargados de una serie de cuestionamientos, el equipo de este reportaje recorrió uno de los complejos eólicos más grandes del mundo, edificado en el Istmo de Tehuantepec, al sur México, una región que alberga a los pueblos indígenas Huaves, Mixes, Zapotecas, Zoques y Chontales. En dicho reportaje se mapea el contexto actual del corredor eólico desdibujando los falsos argumentos de la lucha contra el calentamiento global.

Reportaje multimedia completo AQUÍ

Documental: La minería y las nuevas concesiones en Chiapas

Por Santiago Navarro F

Existen 99 concesiones vigentes otorgadas por el gobierno federal en el estado de Chiapas desde el año 2015, con permisos de explotación hasta los años 2050 y 2060. Es alrededor de un millón 57 mil 81 hectáreas – lo que equivale a 14,20% del estado – concesionadas de tierras campesinas y territorio indígena.

En el mes de Agosto del año 2015, diversos municipios de la entidad decidieron declararse en asamblea general comunitaria “Libres de Minería”. Cerca de 300 representantes de los municipios de Tapachula, Huhuetán, Mazatán, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá tomaron esa determinación por las graves afectaciones a la salud que ya se han hecho presentes en la región, así mismo se han unido a las más de dos mil declaratorias de territorio libre de minería en México.