Guatemala: Miles exigen restitución de tierras para desplazados en el norte del Petén

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1 septiembre, 2017

Durante tres días, 3 mil habitantes representantes de 40 comunidades de Laguna del Tigre y Selva del Lacandón al norte del departamento del Petén en Guatemala, realizaron una manifestación pacífica en el paso fronterizo de El Ceibo, límite con Tabasco, México, para gritar un alto a los desalojos realizados por el Estado guatemalteco.

En dicho sitio se encuentran 500 familias de la comunidad de Laguna Larga, quienes desde los primeros días de junio de 2017 viven en una situación de crisis humanitaria al haber sido desalojados por cuerpos de seguridad guatemaltecos y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

En entrevista con Avispa Midia, comunitarios denunciaron la situación de mujeres, hombres y niñxs a más de dos meses de haber sido desplazados de su comunidad bajo pretexto de la protección de las áreas protegidas del Petén. “Tenemos compañeros de Laguna Larga que están con nosotros en la manifestación y han expresado su pesar y su estilo de vida actual: continúan en casas de nylon, sin alimentación, sin salud; hay niños enfermos con infecciones en la piel, respiratorias e intestinales. El gobierno de Guatemala no les ha dado asistencia humanitaria sino que han sido organizaciones sociales mexicanas y comunidades de alrededor de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón quienes hemos ayudado a la comunidad de Laguna Larga” relataron comunitarios integrantes del Movimiento de Organizaciones Sociales y Campesinas del Petén.

De acuerdo a los comunitarios el apoyo ha sido a través de donaciones económicas y entrega de víveres pero también se ha dado apoyo político y jurídico de las comunidades peteneras mediante acciones legales para conseguir la restitución de la comunidad de Laguna Larga a sus tierras en el municipio de San Andrés.

“A la comunidad de Laguna Larga nunca le notificaron cuando iba a ser desalojada. Les avisaron a media hora antes del desalojo. No hubo un previo aviso para que la gente sacara sus cosas, para que se preparar; fue un desalojo que violenta todos los derechos fundamentales de los seres humanos” denunciaron los manifestantes quienes también recordaron el desplazamiento forzado de la comunidad de Centro Uno de la Sierra del Lacandón en 2009 donde existió el mismo modo de operar por parte de las autoridades guatemaltecas.

“Ya desalojaron a Laguna Larga pero hay otras comunidades en proceso; la más reciente que estuvo a punto de desalojarse fue La Mestiza, también en Laguna del Tigre, por eso nos movilizamos para manifestarnos, rechazar los desalojos y exigir la reubicación de Laguna Larga”
MANIFESTARON DURANTE LOS TRES DÍAS QUE PERMANECIERON EN LA PROTESTA.

Entre las demandas, los comunitarios piden una respuesta inmediata de parte del Estado guatemalteco a la Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible presentada por las comunidades en el Congreso de Guatemala el 28 de septiembre de 2016. “Fue una mentira del Estado la instalación de la mesa de diálogo. La última reunión que se tuvo con el gobierno fue en enero de este año 2017, desde entonces no han querido darle seguimiento al diálogo porque continuaron los desalojos. El gobierno de Guatemala argumenta que no calificamos para quedarnos en esas tierras y que por ser área protegida no debe haber presencia humana” cuentan los campesinos.

Pese a no contar aún con una respuesta oficial que rechace la propuesta comunitaria, los manifestantes denuncian la continúa postergación de las reuniones puesto que siempre se cancelan sus reuniones con funcionarios estatales. “Cuando se integró la mesa de diálogo, el comisionado presidencial dijo que en ocho meses estaría discutida la propuesta, que ya existían puntos claros donde se había avanzado; de eso ya hace un año y no ha pasado nada, al final son puras mentiras” denunciaron los manifestantes.

Tierras para trasnacionales

Comunidades como La Mestiza en Laguna del Tigre ejemplifican la situación de incertidumbre que viven decenas de pueblos enclavados en las tierras del norte del Petén. Dadas las amenazas de que los desalojos ocurran en cualquier momento, los comunitarios no sembraron maíz ni frijol pues temen que ocurra lo mismo que con los campesinos de Laguna Larga a quienes se les impidió cosechar sus alimentos al momento de ser desplazados.

“Por ello se ha incrementado el nivel de pobreza y desnutrición crónica” señalan los habitantes de la región, al tiempo que denuncian las razones por las cuales el gobierno de Guatemala aceleró los desalojos pese al supuesto diálogo iniciado a finales del año pasado.

“Nosotros conocemos que la urgencia de desalojar a las comunidades es por la existencia de un proyecto llamado GuateCarbón donde hay empresas internacionales financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo para la venta de carbono, en el cual para realizar un proyecto de esa categoría no debe haber presencia humana en las supuestas áreas protegidas. Por otro lado ha sido visible que al gobierno le urge dejar la tierra sin poblaciones para así facilitar la entrega de concesiones a la empresa francesa Perenco para explotación petrolera. También están los monocultivos de palma aceitera y de teca, propiedades de trasnacionales en búsqueda de expandirse aún más en las áreas de conservación”
RELATARON LOS COMUNITARIOS QUIENES HABITAN LA REGIÓN DESDE PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE LOS 80S, ANTES DE LA CONFORMACIÓN DE LAS RESERVAS NATURALES DONDE LAS INDUSTRIAS MENCIONADAS HAN SIDO LOS PRINCIPALES CAUSANTES DE LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL DEL PETÉN.

Existen también antecedentes de criminalización contra campesinos críticos como la detención de Jovel Tovar Rodríguez, habitante de La Mestiza y preso desde marzo de 2017 después de denunciar en un acto público las presiones de las trasnacionales como el origen de los desplazamientos forzados.

“Las acusaciones de usurpación de áreas protegidas vienen de parte del CONAP, en relación y coordinación con el ministerio público y el organismo judicial. Por toda esa represión pedimos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Logramos que esa institución realizara una visita a esta área pero hasta ahorita no nos han notificado nada. Hemos mandado un montón de peticiones, nos ha apoyado la Comisión Internacional de Juristas, abogados independientes para trabajar las medidas cautelares; estamos esperando para su respuesta para septiembre en la que pensamos será favorable a los comunitarios de Laguna Larga” comparten los campesinos.

Solidaridad

Desde el primer día de protestas los campesinos del norte del Petén exigieron la restitución de las comunidades de Laguna Larga y Centro Uno, además de solidarizarse con los pueblos q’eqchies’ del Valle del Polochic en Cobán, departamento de Alta Verapaz y del departamento de Izabal, donde 14 comunidades han sido desplazadas violentamente por el ejército de Guatemala en 2011 para dar paso a la expansión del ingenio azucarero Chabil Utzaj, acciones criminales que contabilizan 769 familias desplazadas, situación que continúa en este 2017.

A su vez, organizaciones y comunidades del municipio de Ixcán, departamento del Quiché comenzaron una campaña de recolección de víveres para entregarlos a las familias que se encuentran varadas en la línea fronteriza con México.

Después de tres días de manifestación y sin conseguir ningún diálogo con el Estado de Guatemala, los campesinos del norte del Petén, comunicaron que “hemos visto como las instituciones no tienen el más mínimo interés en acercarse a la población, pero eso tiene su origen en la incapacidad de dirigir la administración pública en bien de la población guatemalteca”. Tras la acción de estos días, los manifestantes analizan realizar más acciones para solidarse con sus compañeros desplazados.

Por último, la protesta también incluyó la renuncia del presidente guatemalteco Jimmy Morales quien “en un gesto autoritario intentó declarar no grato al comisionado de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala. Eso también nos moviliza porque creemos que el trabajo que ha hecho la comisión contra la Impunidad ha sido un buen trabajo contra la corrupción de este gobierno” manifestaron los campesinos en relación a las manifestaciones en todo Guatemala quienes desde la noche del 27 de agosto de 2017 exigen la destitución del ejecutivo guatemalteco debido a sus intentos por obstaculizar las investigaciones de casos de corrupción durante la campaña de 2015 en la que fue electo.

Brasil: Ministro de justicia desconoce tierras indígenas y las considera un parque, propiedad del Estado

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Santiago Navarro F

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31 agosto, 2017

Es irrisorio pensar que en siglo XXI, después del genocidio más grande del mundo provocado por la colonización europea en las Américas, se sigue tratando a los pueblos originarios como si fueran invasores, como si hubieran llegado de otro lugar. Más de 200 pueblos indígenas en este país sudamericano han sostenido una lucha férrea para que el Estado les respete sus territorios ancestrales por medio de un único recurso jurídico que les queda, la demarcación de territorios indígenas. Aunque este recurso limitado exige, que se compruebe mediante estudios antropológicos y sociológicos que estos pueblos han habitado tradicionalmente estas tierras para poder demárcarles.

En mayo del año 2015 los habitantes de la Aldea Juaraguá, pertenecientes al municipio de Sao Paulo y Osasco, festejaban con jubilo la determinación del Ministro del Estado por haber reconocido sus tierras como de uso tradicional. En el Articulo 1º de la declaración No. 581 se determinaba la posesión permanente del grupo indígena Guaraní en Jaraguá, con una superficie aproximada de 532 hectáreas y un perímetro aproximadamente de 20 km. Dos años después, el 21 de agosto de este año 2017, el Ministro de Justicia, Torcuato Jardín, alegando que fue un “error administrativo”, revocaba la demarcación de este territorio indígena.

Los más de 700 Guaranís que habitan esta área inmediatamente hicieron un llamado a la solidaridad de los demás pueblos indígenas de Brasil y de las personas que se han solidarizado con su lucha. Tras acampar frente al Ministerio de Justicia en Brasilia, e irrumpir en la oficina de la presidencia de la República, en Sao Paulo, el Ministro de justicia los recibió para dialogar. Aunque no hay nada que negociar, la exigencia de los indígenas es que se revoque la determinación de justicia 683/2017, publicada el día 21 de agosto de 2017 en el Diario de la Federación, en la que el ministro anula la demarcación de este territorio ancestral.

Con un tono déspota e intransigente, el Ministerio de Justicia responde a la comisión Guaraní que la ley esta clara y su determinación tiene fundamentos claros. “Este es un parque estatal y no se pueden invadir tierras del Estado o del municipio”.

En las faldas del parque Jaraguá se puede apreciar el avance de la industria inmobiliaria, y es casi lógico, las tierras se pretenden para insértarlas a este sector. La misma suerte pueden correr los demás pueblos indígenas de este país que ya se les reconoció sus tierras, sobre todo donde hay proyectos extractivistas, monocultivo, ganadería y el sector turístico-inmobiliario, ya que efectivamente la constitución de Brasil sólo considera dos modalidades de posesión de la tierra, las tierras públicas y las tierras privadas. En este país sudamericano no hay posesión colectiva de la tierra, en todo caso, “los indígenas son solo usuarios de su tierra, pero estas pertenecen a la Unión (al Estado)”.

“Ustedes pueden ser procesados en cualquier momento ante la justicia para que devuelvan las tierras. Es necesario poseer una seguridad jurídica y ustedes no tienen esa seguridad jurídica de la tierra de Jaraguá (…). La tierra es de ustedes, pero hoy jurídicamente es del Estado. He enfrentado presiones inmensas de fracciones del parlamento que no están de su lado”,
ARREMETIÓ EL MINISTRO.

Karai Popyguá, vocero y profesor indígena Guaraní, sabiendo que no es especialista en derecho agrario, le responde al ministro, “desde antes de la constitución de este Estado nosotros ya estábamos aquí y usted se presenta con eso de que, un parque es más antiguo que nuestra existencia (…) usted nos ha quitado el derecho de continuar por la vía legal”.

"Vamos a luchar con nuestra vida, Ministro. Porque en vez de anular la demarcación, debería mandar un tractor allí (en la aldea), cavar un agujero y enterrarnos, pero nosotros no vamos a salir de nuestras tierras", señaló con rabia el vocero indígena de la aldea Jaragua, diciendo que no tienen miedo por son, “guerreros”.

Después de la reunión, los indígenas continuaron con la ocupación en Sao Paulo y el campamento en Brasilia y afirman que las movilizaciones siguen hasta que se derogue la ordenanza 683/17 y se retome la demarcación de la tierra indígena Jaraguá. Mientras tanto, piden a la solidaridad internacional que volteen a ver al Estado Brasileño, y a sus encargados de impartir justicia, como parte de los genocidas contra los pueblos originarios de este país.

México: Oaxaca se suma a recoger 30 mil firmas para el registro de Marichuy

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Valentina Valle

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30 agosto, 2017

“Sacaa' ditii layuu' nee sa dxichii” dicen los binnizá del Istmo de Tehuantepec, “que retiemble en sus centros la tierra”. En Oaxaca empezó a retemblar con la reunión del pasado domingo 27 de agosto, primer encuentro del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y la sociedad civil de los Valles Centrales y la ciudad oaxaqueña. Una jornada de trabajo dedicada a explicar, una vez más, las razones del registro de María de Jesús Patricio Martínez como candidata independiente en las elecciones del año 2018 para la presidencia de México.

También para invitar a la gente de los barrios, colonias, a los universitarios, a la banda, a los trabajadores, colectivos, a la diversidad sexual a sumarse en esta iniciativa. Un que apuesta nada menos que a salvar a México. Salvarlo de las amenazas externas pero también salvarlo de si mismo, de su propia deriva identitaria, de su frenesia de olvidar sus origines en favor de una homologación occidental que no lo llevará al progreso sino a la autodestrucción.

“Recuerden que este país se llama Estados Unidos Mexicanos porque es la unión de los territorios que los pueblos indígenas perdieron para que se construyera un nuevo país, y los que estaban en el poder así decidieron y no nos preguntaron. Pero este país sigue existiendo porque nosotros, a pesar de la discriminación y del carecimiento de varios servicios, seguimos luchando para proteger el agua, bosque, tierra, aire. Esto es el resultado de nuestra lucha de cientos de años, de la resistencia y autonomía que ya nuestros antepasados venían trabajando y nosotros ahora continuamos”, dijo Carlos Sánchez, fundador de la Radio Totopo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Para Carlos Sánchez, delegado del pueblo Binnizá en el Congreso Nacional Indígena (CNI) desde el año 2013 y ahora concejal en el CIG, no cabe duda que para reanimar el presente hay que empezar recordando el pasado y reconocer el papel histórico de los pueblos indígenas en la formación del México contemporáneo. Desde cuando tuvieron que volver a comprar su propia tierra a la corona española, empezando una recuperación territorial que luego servirá a la causa de unificación del país, hasta cuando combatieron por la Independencia y durante la etapa de “nuestros héroes mexicanos”, fueron utilizados como carne de cañón en las primeras filas de la Revolución. Los indígenas estuvieron, combatieron y murieron al igual que los miles de campesinos mestizos que lucharon para conseguir una tierra donde vivir y trabajar. Luego la historia traicionó ambos: la expansión del capital, los modelos extractivistas y el mercado de la homogeneización cultural hicieron que lo único que el pueblo mexicano obtuviera de sus revoluciones fuese un tremendo despojo disfrazado de desarrollo y que, para quien se resistiera, solo quedara la exclusión y discriminación. Por lo menos hasta 1994.

“En el 94 se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y cuando la sociedad civil pide que se dejen las armas, se decide seguir luchando con la palabra y nace el CNI. Desde 1996 ya no se solicita el reconocimiento de nuestros pueblos al Estado mexicano, sino que la lucha hoy es por la autonomía. Esto eran los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, que el Estado nunca ha cumplido y ahora lanzamos este proceso para llevar la palabra y la lucha de los pueblos indígenas a través de una historia de 500 años de discriminación”.

“Un proceso para llevar la palabra y la lucha de los pueblos indígenas”, así se explica la propuesta de la candidatura independiente promovida por el CNI para la presidencia del año 2018. Nada de falsas promesas, nada de útiles escolares para los niños o gorritas y playeras a cambio de votos. Este es un proceso de reorganización social basado en la experiencia directa de lo que han sido estos últimos cinco siglos para los pueblos originarios y que, si no se genera una inversión de tendencia, será el destino de todo el país.

Explotación, expropiación, despojo, no hay derecho de nada, esto es lo que les ha tocado a los indígenas y que ahora desde las comunidades nos comparten, para avisarnos de que si permitimos iniciativas como las reformas estructurales o el replanteamiento de los Tratados de Libre Comercio o las Zonas Económicas Especiales lo único que conseguiremos será transformar el mapa de este país, pero en una imagen de aquellas que se ven colgadas en las carnicerías, donde una res ya no es res, sino la suma de sus cortes de carne.

“Las empresas transnacionales que están llegando a nuestros pueblos envían sicarios en primera avanzada, en el istmo hemos visto la llegada de sicarios europeos que se juntan con los sicarios locales y empiezan a secuestrar, intimidar, amenazar y hasta matar a nuestra gente. Nos hemos dado cuenta que tampoco el sistema de protección legal sirve, porque hemos promovido amparos y los han tirado, además el descaro de mandar peritos antropológicos para constatar si nosotros de verdad somos originarios. Si el sistema del Instituto Nacional Electoral nos dejará registrar a todos nuestros concejales entonces no utilizaríamos la estrategia de lanzar a un vocero o una vocera , pero no se permite el registro de la forma de gobierno de las comunidades indígenas, que es el concejo de gobierno, así que necesitamos de una sola persona”, sostiene el Concejal.

Aquella persona es María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, nombrada por su integridad y firmeza en el caminar la resistencia indígena y su apertura y disponibilidad a compartir esta experiencia con toda la sociedad mexicana. De esto se trata, “entrar en el sistema electoral para destruirlo, como éste ha destruido nuestros tejidos sociales, nuestros sistema de cargo, para luego reconstruir lo que el capitalismo ha destrozado. En esta ocasión, no sólo queremos proponer la reorganización en las comunidades indígenas sino también de la sociedad civil, los sindicatos de obreros, las organizaciones, los artistas, todos sectores de la sociedad. (…) Tenemos que salvar este país, este territorio, y preparar este espacio para las nuevas generaciones, y preguntarnos porque cuando no había internet ni celulares nuestros antepasados pudieron organizarse y hacer la revolución y ahora nosotros que tenemos todo eso no podemos organizarnos para defender nuestra propia vida”, señala Sánchez.

Los pueblos indígenas están conscientes de que la vía electoral es un “instrumento de doble filo, que puede salvar pero también donde uno se puede morir, porque trae consigo el peligro de la cooptación, como vimos durante el levantamiento zapatista, cuando se acercaron varios personajes, indígenas también, y lo ocuparon como trampolín para llegar a algún cargo en el Estado”. Sin embargo es sumamente necesario intentar todas las posibilidades existentes para resistir y contraatacar un sistema que nos está matando, e involucrar toda la sociedad en un experimento de reorganización desde abajo que no tenga fronteras, genero o colores.

Esta es la propuesta que está haciendo retemblar en sus centros la tierra, una idea peligrosa porque no promueve el voto por un líder sino la formación de una sociedad consciente de sus necesidades y organizada para satisfacerlas. El objetivo es que nos preparemos y nos organicemos para esta destrucción que ya ha comenzado y aún no dimensionamos la magnitud de lo que implica. Porque la guerra de exterminio no es sólo para los pueblos indígenas, es para el barrio, es contra el cuerpo, contra las mujeres, contra la diversidad, con las condiciones laborales y de educación, es una guerra contra la vida de todos y todas. Porque ya nadie cree en el modelo de “desarrollo” propuesto por el sistema capitalista transnacional.

La reunión del domingo 27 en Oaxaca, como la del 12 de agosto en la Ciudad de México o del 8 de septiembre en Guadalajara, son el primer paso hacia esta reorganización, donde se tomaron y tomarán acuerdos, y se definieron y definirán responsabilidades. Las trabas no faltarán, como la reciente decisión del INE de contar las firmas para el registro de los candidatos independientes solo y exclusivamente a través de una aplicación en un teléfono celular, en este caso un smartphone, lo cual complica muchísimo la recolección en aquellas áreas del país donde no llega la señal y que son, casualmente, la mayoría de las comunidades indígenas. Sin embargo, es precisamente para la solución de problemas como este que la sociedad civil y urbana se está declarando dispuesta a apoyar y a sumarse en el llamado que hace el CIG. Confirmando que el espíritu que mueve esta campaña es el mismo que mueve la voluntad de construcción de aquel “otro mundo posible” del cual hablan los zapatistas, donde todos y todas aportan y colaboran desde sus latitudes y en la medida de sus posibilidades.

Por tanto, en Oaxaca se han comenzado a trazar formas diferentes a las usadas por los partidos políticos para concentrar casi un millón de firmas para registrar a Marichuy. Tan solo al estado de Oaxaca le corresponde juntar 30 mil firmas entre los meses de septiembre y noviembre. En este sentido, las personas que acudieron a dicho evento plantearon, que se debe recurrir a las familias, amigos, al barrio, no solo para las firmas sino que también para organizarse. La diversidad de personas que acudieron a este primer encuentro compartieron que la nueva tecnología implementada por el INE es una primera traba para este registro, pero que, “hay suficiente capacidad para organizarse llevar a cabo esta tarea”. Desde un primer momento se esta contemplando nombrar comisiones, brigadas de información y crear espacios que permitan compartir ampliamente esta iniciativa que llama a la organización. Para esto se convoca, a todos a aquellos que quieran sumarse a esta gran tarea, a otra reunión para el día 10 de septiembre en la ciudad de Oaxaca, sobre todo para ir asumiendo esta gran responsabilidad de reunir las firmas requeridas por INE para el registro de Marichuy. Mientras tanto, esta propuesta va caminando en la ciudad de Oaxaca y en las 8 regiones que constituyen esta entidad federativa.

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Para quienes estuvieran interesados e interesadas para continuar construyendo iniciativas para sumarse a la propuesta del CIG, el 10 de septiembre se tendrá en Oaxaca el segundo encuentro de la sociedad civil en respuesta al llamado que hace el CIG. Para más información se pueden contactarse al siguiente correo: grupodeapoyooax@gmail.com

México adquirió la posición numero uno en impunidad en Latinoamérica

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Ñaní Pinto

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29 agosto, 2017

Un estudio sobre la impunidad realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), lanzado este año 2017, confirmó lo que todo mexicano sabe. Que en este país las instituciones encargadas de impartir justicia han caducado, son obsoletas y no cumplen con su función. De 69 naciones estudiadas, México apuntaló como numero uno en la excepción y omisión de castigo hacia quienes han cometido un delito de violación de derechos humanos en el continente americano. “México encabeza, nuevamente, la lista de países del continente americano con alto índice de impunidad, seguido de Perú́, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador”, dice el informe.

Impunidad en términos simples se refiere a la omisión u excepción de castigo hacia quienes han cometido un delito contra los derechos humanos, también a las fuerzas de seguridad, como la policía estatal y federal, que están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades al cometer estos delitos.

De acuerdo con este estudio, México cuenta con 359 policías por cada cien mil habitantes, cifra que se encuentra por arriba del promedio global de la proporción de policías, que es de 319 por cada cien mil habitantes. “Sin embargo, contar con un alto numero de policías no significa que posean las capacidades adecuadas para cumplir sus tareas”, afirma la investigación del CESIJ. Por tanto el documento señala que, “este país no necesita invertir más recursos para aumentar el número de policías, lo que necesita es garantizar la efectividad de sus acciones, sobre todo en materia de prevención, inteligencia e integración de la información de las carpetas de investigación”.

Otro punto que retoma este informe es, que los encargados de impartir justicia en México recae en unas cuantas manos, lo que hace vulnerable y fácil de quebrar cualquier institución. “México cuenta con solo 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada cien mil habitantes”, afirma el documento.

Siguiendo lo documentado por el CESIJ solamente un 4.46% de los delitos son sentencias condenatorias , arrojando que el 95% de los delitos fueron acreditados por la autoridad.

También las estadísticas de este documento enfatizan que, “el problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació́ con el actual gobierno (de Enrique Peña Nieto), sin embargo, se observa un aumento critico en las estadísticas delictivas. Esto podría deteriorar futuras mediciones de la impunidad”.

Los 13 países a nivel internacional catalogados con un alto índice de impunidad son: 1)Filipinas (75.6puntos), 2) India (70.94 puntos), 3) Camerún (69.39 puntos), 4) México (69.21 puntos), 5) Perú́ (69.04), 6) Venezuela (67.24 puntos), 7) Brasil (66.72 puntos), 8) Colombia (66.57 puntos), 9) Nicaragua (66.34 puntos), 10) Federación de Rusia (65.49 puntos), 11) Paraguay (65.38 puntos), 12) Honduras (65.04 puntos), 13) El Salvador (65.03 puntos).

La metodología de investigación para este informe se enfocó en tres ejes, Seguridad, justicia y derechos humanos. Este último eje es uno de los principales elementos donde se ha recargado la impunidad en México señala el informe. Por tanto se hace necesario la creación de sistemas de evaluación de los órganos de gobierno para garantizar un buen funcionamiento.

México: del manejo sustentable al desastre ambiental de la basura en Oaxaca

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Santiago Navarro F

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29 agosto, 2017

Todo puede pasar en México, un día un proyecto puede ser impresionantemente sustentable, al otro día puede ser totalmente un desastre ambiental, todo depende desde donde se asuma y, desde las posibles ganancias o pérdidas. “Si el señor presidente (Enrique Peña Nieto) dijo que la corrupción era una cuestión cultural ¿qué se puede esperar de sus subordinados?. La corrupción es el nombre de la institución que gobierna a este país”, dice Jaime Saavedra, un vecino de la colonia Guardado, próxima al basurero municipal de la ciudad de Oaxaca.

Tras las intensas lluvias en la capital Oaxaqueña los lixiviados de los residuos sólidos del relleno sanitario, ubicado en el municipio conurbado de Villa de Zaachila, han afectado a diversas colonias circunvecinas en los últimos meses. “No hay conocimiento del manejo del biogás, el control de los lixiviados, la sustentabilidad del sitio, el mantenimiento de los equipos de control”, anunció en sus reportes la empresa que se había encargado de administrar este tiradero de basura hasta principios del año 2017. Esta empresa denominada Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental, S.A. De C.V. (SICA), ahora que ya no es la responsable del basurero, cataloga su situación como un desastre ambiental. Dicha empresa fue remplazada, sin licitación alguna, por la empresa denominada Alianza Empresarial Larvin (AEL), con apenas dos años de existencia.

Este tiradero de basura se localiza hacia el sureste de Oaxaca, en el Municipio de Villa de Zaáchila. En esta área, propiedad del Municipio de Oaxaca de Juárez, llegan cada día entre 700 y 1000 toneladas de basura, provenientes de la ciudad capital y de por lo menos 28 municipios. Las colonias más inmediatas que conviven en la periferia de este tiradero son aproximadamente 33, más de 18 mil habitantes.

En el periodo de gobierno de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), a través del Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca, proyectó un Programa de Gestión Integral para el Manejo Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos de la Zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca. Dicho proyecto contemplaba el saneamiento y posible cierre del actual tiradero. Para dicho proyecto este gobierno destinó 300 millones de pesos y contrató los servicios de SICA.

Esta empresa antes de ser contratada, en un previo estudio asumió que el tiradero debería de cerrarse. “Adicionalmente a la problemática social y ambiental que la operación de este servicio implica; en forma especial cabe resaltar el hecho de que aparentemente el tiradero se localiza en una zona geológicamente vulnerable y socialmente conflictiva (…). Otro problema especial lo constituyen los asentamientos humanos que colindan en los límites norte, suroeste, y oeste que no existían hace 20 años y cuyas fuentes de abastecimiento de agua pudieran estar afectadas por los escurrimiento de lixiviados hacia las partes bajas, sobre todo considerando la geología del lugar. Por otro lado, las presiones de estos asentamientos hacia las autoridades municipales y estatales incluyen el cierre del tiradero con los consecuentes problemas en la Ciudad de Oaxaca”, dice el documento elaborado por SICA.

Tiempo después SICA, con su preside legal, Jorge Sánchez Gómez y sus asociados José L. Guzmán Luna y German A. López Herrera, figuraron en la nomina del estado de Oaxaca desde el año 2011 hasta el 2016 para llevar acabo el proyecto. El gobierno de ese momento justificó el uso de los 300 millones de pesos no solo para resolver el problema de la basura sino que, para que el propio proyecto fuera autosuficiente al capturar el gas metano emitido de la basura, mejor conocido como biogás. La pregunta es ¿dónde quedó el biogas captado durante 5 años? ¿quién se benefició de este combustible? ¿Dónde esta el biogás que captura esta nueva administración?.

Biogás

El relleno sanitario obtiene de diversos cobros más de 2 millones de pesos semestrales. En relación al biogás, cuenta con al rededor de 40 estructuras para la captación de Biogás según la propia empresa SICA, las cuales forman parte de un sistema de control y aprovechamiento del mismo; integrado por:

° Múltiple para la concentración y condensado de Biogás.

° Extractores regenerativos para la captación de Biogás.

° Compresor para almacenar Biogás en un tanque a cierta presión y aprovecharlo como combustible alternativo.

° Quemador.

° Equipamiento fotovoltáico.

El sitio esta equipado en su totalidad con subdrenes para la captación de lixiviados, así como con equipos de bombeo en los cárcamos de concentración para su reinfiltración al interior de los residuos confinados; con un previo acondicionamiento biológico en reactores anaerobios de flujo ascendente. Además cuenta con 8 pozos con una profundidad de 25 m., donde se instalaron equipos neumáticos de bombeo fotovoltáicos, con el fin de acelerar la degradación de residuos e incrementar la tasa de Biogás generado.

Desde que SICA asumió el manejo de este basurero y hasta el día de hoy, con la nueva empresa, no existe un informe publico del destino de dicho gas recabado con estos sistemas.

La contaminación

Foto por Diego Saydel García. Barricadas de las colonias en resistencia.

La mayoría de los habitantes de las colonias que habitan alrededor del basurero se abastecen del agua extraída de sus pozos, de los cuales, según un equipo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentran contaminados por metales pesados por los lixiviados de la basura. “El agua de pozo tiene un alto contenido de solidos disueltos y niveles tóxicos de níquel y plomo”, dijo el equipo conformado por Alicia Sylvia Gijon, Rafael G. Reyes y Isabel Benítez Ávila.

El estudio fue realizado en el año 2015, lo que indica que SICA estaba desarrollando su proyecto violando la NORMA Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 sobre protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial

Si en verdad se hubiera proyectado el cierre de dicho lugar se debieron contemplar los siguientes requisitos según esta norma. “La cobertura debe aislar los residuos, minimizar la infiltración de líquidos en las celdas, controlar el flujo del biogás generado, minimizar la erosión y brindar un drenaje adecuado”, establece el punto numero 9.1 sobre la cobertura final de clausura de la NOM-083-SEMARNAT-2003.

La contaminación atmosférica, la contaminación de mantos freáticos por los lixiviados de los residuos, la proliferación de roedores, parásitos, insectos, entre otros problemas que afectan directamente la salud de los habitantes es por no tener un buen manejo de este tiradero dijo en 2015 el equipo de la UNAM. “Esto se explica porque no existe un control en el tiradero a cielo abierto ni en la población que desarrolla como principal actividad económica la recolección y venta de productos provenientes de la basura”, dice el equipo de la UNAM especialistas en Ciencias Químicas y Laboratorio, quienes realizaron diversas pruebas de laboratorio con el agua que utilizan estas colonias.

De acuerdo con los investigadores entre las principales enfermedades que sufren los habitantes de estas colonias están:

El 38.6% de la población sufre de enfermedades respiratorias; esto se debe principalmente a que el aire que corre en esta zona arrastra partículas contaminantes de la basura que los pobladores respiran. Así mismo, el 18.6% de los habitantes sufre de enfermedades gastrointestinales (principalmente diarrea) relacionadas con las condiciones insalubres en las que viven, a pesar de los esfuerzos que se realizan por tratar de controlarlas. Las enfermedades crónico degenerativas como son: diabetes, hipertensión y cáncer, están presentes en 4.3% de la población cada una.

La delincuencia

Foto por **Diego Saydel García.** 33 colonias exigen las ordenes de detención para los integrantes de la Org. 14 de junio

Hasta el momento no existen indicios de un próximo cierre de dicho basurero, por el contrario se ha ampliado hacia una fracción de tierra que había sido ocupada por organizaciones que se reivindican con un contenido social, el Frente Popular 14 de Junio que se desprende del Frente Popular Revolucionario (FPR) y la Confederación Nacional de la Productividad (CNP).

“Estas organizaciones funcionan como una mafia. La 14 de junio es una organización que le hace el trabajo sucio al gobierno y parte de ese trabajo es controlar tierras en torno al basurero. Por ejemplo, donde se expandió el relleno sanitario, ahí donde habían ocupado ellos, el gobierno les dio dinero para que se movieran a otro lugar y después así se pudo expandir. Lo que buscan es controlar más terrenos porque aun no encuentran otro lugar. Aquí hay muchos interés económicos por la privatización del lugar. Ahora la 14 de junio ya compro un nuevo terreno de 3 hectáreas en Zimatlán y ahí les esta vendiendo estas tierras a la gente pobre que había participado en esa toma y es casi seguro que es lo que harán con las otras colonias”, dijo Saavedra.

“Este es un conflicto que va a provocar a lo mejor perdidas de vidas. Porque sabemos que el problema que estamos enfrentando físicamente es con una organización social. Ellos se presentaron como una organización social, pero nos queda claro que es una organización criminal. Ellos vinieron arrebatar la tranquilidad, la vida del algunos compañeros, el secuestro de negocios, el cobro de cuotas, cobro de piso. No es posible que teniendo todos estos elementos como prueba el gobierno todavía siga solapando a esta organización”,
SEÑALÓ REY FRANCISCO VALENCIA FARÍAS JUNTO A LOS DEMÁS PRESIDENTES DE COLONIAS.

Foto por **Diego Saydel García.** Las colonias en resistencia exigen al gobierno de Oaxaca una solución.

A los problemas de la basura se suman estas acciones delictivas que practican estas organizaciones en las colonias circunvecinas de este tiradero de basura. Por lo menos 33 colonias, más de 30 mil habitantes se han organizado y levantado barricas para cuidarse entre ellos mismos porque el Estado no ha garantizado la seguridad. “No hay ninguna seguridad ni garantías para el libre transito. Estamos pidiendo a la fiscalía que haga su trabajo y aprenda a los integrantes de esta organización. El gobierno no esta dando la seguridad que se acordó en una mesa de negociación y solo esta apapachando a esta organización. Hasta el momento no ha habido una detención por parte de esta organización, sin embargo para nosotros, se ha mencionado que en cualquier momento podemos ser detenidos. Nos sentimos vulnerables porque sabemos que en cualquier momento el mismo gobierno o la misma fiscalía lejos de agarrar las personas que sí en realidad están generando pánico en la sociedad, nos van agarrar a nosotros”, dijo Rey Francisco Valencia Farías, uno de presidentes de las 33 colonias, quienes han bloqueado el acceso al basurero y parcialmente la carretera federal 175 para presionar al gobierno para que cumpla su trabajo.

Los representantes de las colonias han exigido la aprehensión de los miembros de la organización 14 de Junio, como Francisco Martínez Sánchez y su hijo Javier Martínez Rodríguez. El gobierno firmó este acuerdo pero hasta el momento no se ha cumplido. “También denunciamos al comisariado ejidal de la Villa de Zaachila, al señor José Coronel Martínez, quien esta alentando a las personas que fueron sacadas de ese lugar para que regresen y que a cambio, se les va a dar documentos de posesión. Son más de 20 hectáreas que quieren controlar”, afirman en conferencia Valencia Farías.

Las colonias aseguran que mantendrán el bloqueo del basurero hasta que el gobierno cumpla los convenios firmados. Mientras tanto la ciudad de Oaxaca y sus colonias a sus alrededores se ha colapsado al no tener el control de la basura. Hay desechos por doquier. Pero el negocio de la basara es uno de los objetivos de la iniciativa privada y se esta aprovechando el contexto de crisis para que las empresas puedan intervenir en el basurero. “Los compañeros están esperando la ultima respuesta, sí el gobierno no actúa, lo vamos hacer nosotros”, arremeten los representantes de las colonias.

Brasil: Rio de Janeiro se tornó sede de un modelo de militarización tras las Olimpiadas

Por

Renata Bessi

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22 agosto, 2017

Este mes de agosto se cumple un año ya desde la realización del mayor evento deportista del mundo, los juegos Olímpicos, realizados en el Rio de Janeiro, Brasil. Este país sudamericano fue el primer país de la región que ha figurado como sede de este mega evento y el segundo en Latinoamérica, el primero fue México en 1968. Un año después, la metrópolis brasileña vive el auge de las consecuencias de tales juegos. El estado del Rio de Janeiro decretó un Estado de calamidad pública por crisis financiera lo que provocó un caos en sectores fundamentales como la salud y educación. En consecuencia la ciudad fue totalmente militarizada.

“Hoy Rio vive la pesadilla y la resaca surgidos de aquel sueño de querer ser la sede de los Juegos Olímpicos. Desde antes de que los últimos atletas dejaran la ciudad, llenos de sonrisas y medallas, la población ya sufría las consecuencias de este evento privado y lucrativo. Los impactos han sido desastrosos y duraderos para la población de la ciudad. A la población le toca pagar la cuenta de esta fiesta cara que fue realizada para una élite pudiente. Desde entonces Rio de Janeiro se torno sede de un modelo global de militarización”,
SOSTIENE SANDRA QUINTELA, COORDINADORA DEL INSTITUTO DE POLÍTICAS ALTERNATIVAS PARA EL CONO SUR (PACS).

Habitantes del complejo de Alemão escuchan a funcionarios y elementos de seguridad del estado de Rio de Janeiro. En la reunión las comunidades demandaron la salida inmediata de las unidades de policía pacificadora de sus comunidades. Foto: **Aldo Santiago**

El Instituto, que hace parte del Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas, lanzó a fines de julio de este años 2017 un dossier sobre el legado dejado por los juegos después de un año. Una de las principales consecuencias es el empeoramiento de la deuda del Estado. En 17 años (recordando que en Rio en los últimos 10 años se han realizado 3 mega-eventos deportivos: Los juegos panamericanos, en 2007; La Copa del Mundo, en 2014; además las Olimpiadas) la deuda del Estado creció 5 veces, de acuerdo con el dossier. En 1999, era de R$ 22,8bilhões (7.3 billones de dólares) , en marzo de 2017, era de R$ 108,61 bilhões (34 billones de dólares), datos de la Secretaria de Estado de la Hacienda.

No hay un valor oficial de cuanto fue el costo de las Olimpiada, afirma Quintela. "La falta de transparencia de los gastos es lo que ha marcado este evento". Pero según los cálculos que ha realizado el medio brasileño Folha de Sao Pualo, tomando como base distintas cifras, el costo de las Olimpiadas fue de aproximadamente que R$42,8 bilhões (13.4 billones de dólares), que incluyen las responsabilidades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y del Comité Organizador de las Olimpiadas. El Estado solventó la inversión en los Juegos Olímpicos por medio de deuda, que pesan cada vez más en el presupuesto del municipio y del estado, quienes han recurrido a más deuda para pagar las deudas anteriores.

Un ejemplo, señala Julia Bustamante, economista y master de planeamiento urbano y regional, es el préstamo del año 2010 con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES por sus siglas en portugués) para la construcción de 4 líneas del Trasporte Rápido de Autobús (Bus Rapid Transport BRT) –fueron invertidos cerca de $5.4 bilhões (1.6 billones de dólares)-, cuyas amortizaciones (pago anticipado de cuota de la deuda) se doblaron con relación al año pasado, llegaron a R$ 647 millones (206 millones de dólares. Entre el año 2011 y 2016, fueron pagados R$ 868 (276 millones de dólares) para la deuda, cerca de 25% de lo que será el gasto entre los años 2017 y 2020: R$3,3 bilhões (1.05 billones de dólares) es una cadena de endeudamiento sin fin. En el año 2017, nuevos prestamos fueron realizados por el municipio de Rio de Janeiro con el banco del gobierno federal Caixa Económica Federal, uno de estos prestamos esta visualizado para que parte de la deuda sea amortizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando se refiera a la amortización Para las finanzas y la economía, se habla de amortización no es otra cosa que la distribución un valor o un costo en determinado período de tiempo, a menudo con el propósito de reducir el impacto del mismo en la economía general.

“Mientras tanto, el presupuesto para el año 2017 para educación deporte se redujo 9% en relación al año 2016 en términos reales”, afirma la economista.

Hospitales y puestos de salud se encuentran cerrados mientras que otros han comenzado a disminuir su servicio médicos. Varias escuelas estatales también han dejado han dejado a un sinnúmero de estudiantes sin clases. Trabajadores públicos están sin recibir sus salarios atrasados. La Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ) es otro foco de la crisis, donde se han reducido las clases para alumnos de posgraduación.

“Es decir, es una crisis generalizada que ha causado desempleo y que ha provocado la falta en el servicio en sectores públicos como la educación, alimentación y diversos otros tipos de servicios básicos. El hecho es que la población la población pobre ya venia resintiendo esta situación mucho antes de estos megaeventos realizados por el gobierno. Pero ahora esta población se le suma la ausencia de otros derechos como la salud y la educación”,
AFIRMA GISELE MARTINS, COMUNICADORA POPULAR E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO.

Acto de denuncia de la violencia policial brasileña realizado por las Madres de Mayo en la favela de Manguinhos, norte de Rio de Janeiro. En el piso yacen rostros de jóvenes negros ejecutados por la policía de São Paulo. Foto: **Aldo Santiago**

En resumen, “es una mercantilización de la ciudad; lo que deja esta administración publica es, la verdad, una subordinación del Estado a la lógica del mercado”, sostiene Bustamante.

El despojo

Con los preparativos de la Copa y las Olimpiadas en Rio de Janeiro se han dado los mayores procesos de reubicación y expulsión de la historia. Desde el año 2009, cuando la ciudad fue escogida para ser sede de las Olimpiadas, más de 77 mil personas fueron forzadas a dejar sus hogares, según cálculos hechos por el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Rio de Janeiro. Tan solo en el año 2016, la policía asesinó a 960 personas; hubo la remodelación y privatización de barrios enteros – como la región del puerto; también la persecución de millares de vendedores ambulantes.

Una mujer observa los rostros de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos por el Estado mexicano en 2015. Las imágenes cuelgan de la reja que impide el paso a la Aldea Marakaná, espacio político-cultural de comunidades indígenas en Rio de Janeiro. Foto: **Aldo Santiago**

“La promoción de estos eventos profundiza y acelera una reorganización de la ciudad que busca garantizar una ciudad como mercancía, un producto que se desea vender y no tanto por las relaciones sociales que se trazan en este espacio ciudad. Son solo medios por los cuales se legitima un modelo urbano centrado exactamente en un patrón de desarrollo que beneficia la especulación inmobiliaria y a una clase pudiente, que tienen el deseo de separarse de lo que ellos llaman, una clase peligrosa, por medio de la segregación espacial y la privatización de la vida en el espacio publico”,
AGREGA QUINTELA.

Militarización

Estos megaeventos convirtieron a Rio de Janeiro en una vitrina internacional al mismo tempo que aumentaron las contradicciones socioeconómicas ya existentes. “Al reforzar un modelo de desarrollo desigual en la ciudad, los juegos olímpicos intensificaron practicas de represión por parte del Estado. La Copa y las Olimpiadas funcionaron, claro, pero como mecanismo de sistematización y de intensificación de los dispositivos de control, pautados por el racismo y por la truculencia, agravando el genocidio de la población negra, la violencia policíaca en la favelas, con los movimientos sociales y con las manifestaciones. Es un modelo que moviliza grandes recursos en la utilización de algunos territorios, en cuanto se intensifica la exclusión y la violación den otros”, se afirma en el dossier.

El gobierno federal liberó R$ 2,9 bilhões (951,8 millones de dólares) en carácter de emergencia, para acciones de seguridad publica durante las Olimpiadas. Se sumaron R$ 7 bilhões (2.2 billones de dólares) en armamento, tanques de guerra, torres de control en las favelas y muros que dividen a las favelas del resto de la ciudad.

De acuerdo con Martinis, la circulación de gente que vive en las periferias y en la favelas fue dificultada y restringida durante los megaeventos. “Innumerables líneas de autobús que conectan con la parte considerada pobre con la rica de la ciudad, fueron cortadas: se realizaron operativos constantes en las favelas por parte de la; la Fuerza Nacional incursionó en innumerables favelas y se establecieron en las principales calles, solo por citar apenas dos tipos de forma de control”, dijo.

La militarización paso a ser cada vez mas presente y constante en las favelas desde el año 2008 con la entrada del grupo de élite conocido como “Unidades de la Policía Pacificadora” (UPPs), con presencia militar en 44 favelas de la zona sur y en la zona norte de Rio de Janeiro. “Esas fuerzas militares hoy protagonizan un genocidio de la población negra. La UPPS no fueron retiradas de las 44 favelas. Por el contrario, fueron construidas torres de control en varias calles de las favelas”, afirma Martins.

Un elemento de la Unidad de Policía Pacificadora de Manguinhos mantiene guardia mientras se realiza una protesta en la comunidad contra la ocupación policíaca permanente. Foto: **Aldo Santiago**

La situación solamente empeoró. Recientemente el gobierno federal implantó en la ciudad de Rio de Janeiro 8.500 soldados de las Fuerzas Armadas, con tanques de guerra, en las calles de la ciudad, con la justificativa de “combatir la delincuencia”.

Estructura abandonada

Los juegos dejaron instalaciones deportivas vacías en el Parque Olímpico. Una de las argumentaciones para justificar la realización de los juegos en Rio de Janeiro fue de que la estructura olímpica sería utilizada después de los juegos por la población. Pero las instalaciones están con las puertas cerradas, inutilizadas.

Algunos detalles que trae el dossier sobre la estructura dejada por los juegos:

Departamentos - Los 3,600 departamentos de lujo, construidos para los atletas, están vacíos en la Villa Olímpica. El objetivo era que fueran vendidos, pero debido a sus altos costos, no sé logró.

Campo de golf - Al campo de golf, construido para los juegos, le resulta difícil conseguir afiliados y financiamiento. Fue construido al lado del Área de Protección Ambiental llamado Marapendi, lugar donde habitan diversas especies en extinción de la fauna y de flora nativa da región neotropical conocida como Mata Atlántica. Los movimientos llamados “Golfe para quem” e “Ocupa Golfe”, con ayuda del Ministerio Publico Estatal (MPE), detuvieron en buena medida la destrucción completa del área más próxima a la laguna.

“A pesar de eso, el Estado Ignoró las recomendaciones del MPE y autorizó la obra proyectada con un valor de R$ 60 milhões (19 millones de dólares) de inversión supuestamente privada. En diciembre del año 2016, la justicia decretó un bloqueó hacia los bienes de Eduardo Paes acusado de haber perdonado el pago de licencia ambiental de la constructora para la obra olímpica cuando era alcalde de Río de Janeiro. Según cálculo del MP, el ayuntamiento pagó R$ 1,8 millón (568, 7 mil dólares) para financiar la licencia ambiental de la obra, en 2013”,
REGISTRÓ EL DOSSIER.

Actualmente, el Campo está bajo la administración de la Confederación Brasileña de Golf. El área alrededor esta cercada por un condominio lujoso y el acceso al campo es controlado por una administración privada que cobra el ingreso para uso del área.

Piscina Olímpica- La piscina fue entregada a la Escuela de Educación Física del Ejército, pues no había dinero para mantenerla. Aún sin uso, las instalaciones continúan generando gastos. El Velódromo, por ejemplo, necesita ser mantenido con aire-condicionado conectado todo el tiempo al nivel máximo, por el tipo de madera especial con el que cuenta.

Corrupción

Muchos proyectos relacionados con estos megaeventos se han visto envueltos en escándalos de corrupción porque inflaron los costos. En una declaración a los procuradores del MPE, Leandro Azevedo, ex-ejecutivo de la empresa Odebrecht, contó que efectivamente hubo un acuerdo de las constructoras para obtener las licitaciones de los proyectos como las Escuelas del Mañana, Puerto Maravilla y la infraestructura del Parque Olímpico

El ex alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está siendo investigado bajo sospecha de que aceptó R$5 millones (1.6 millones de dólares) para facilitar la construcción de proyectos relacionados con los juegos. Otro de los promotores de los juegos, el ex gobernador del estado de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, está preso por corrupción.

Un órgano más

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en el mes de julio de este año 2017 una medida que crea la Autoridad de Gobierno del Legado Olímpico (Aglo), que funcionará hasta junio de 2019. Tras un año de haberse llevado acabo los juegos olímpicos, el gobierno creó un órgano para administrar los equipamientos y el dinero que quedó de la Olimpiada y de la Paraolimpiada. El funcionamiento de este órgano tendrá un coste de R$ 20 millones (6.3 millones de dólares), se prevén 65 cargos comisionados en más de 30 funciones de confianza, es decir, funcionarios indicados por los políticos. Este órgano no tiene la obligación de realizar una licitación para definir, por ejemplo, que empresa será la responsables por los equipos e infraestructura construida para la olimpíada. Esta medida necesita aún de una segunda aprovación del Congreso Nacional.

Complejo de Alemão, al norte de Rio de Janeiro. La precariedad de las casas contrasta con proyectos como el teléferico al fondo, el cual fue construido para los turistas. Foto: **Aldo Santiago**

Multa

El Ministerio Público Federal en Rio de Janeiro pidió recientemente al poder Judicial que se aplique una multa diaria de R$10 mil (3.2 mil dólares) retroactiva a la fecha del inicio de los Juegos por la ausencia de un plan para la administración del equipo e infraestructura de los Juegos Olímpicos. En cuanto esta multa son citados el gobierno estatal, federal y el ex alcade, Eduardo Paes, que debieron haber entregado este documento al Tribunal de Cuentas del Estado (TCU). En la evaluación del procurador Leonardo Mitidieri, no hubo una planeación en el momento correcto, es decir, en el momento de haber elegido a Rio de Janeiro como la sede de las Olimpiadas. El procurador recordó esto justo un día antes de la ceremonia de inauguración, por la presión del MPF, y refiriéndose a la multa dijo que, “es un documento sin respaldo en realidad, son cosas que no se concretizaran en la practica”, señala.