Resguardo indígena de Tóez, Norte del Cauca, 17 de junio de 2017. Segundo día del Congreso de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), un escenario gigante y lleno de gente, un ir y venir constante, las cocinas de las comunidades que se ven como hormigueros, artesanía local, collares, bolsas, mochilas tejidas a mano. Y además café, productos a base de coca, buñuelos, arepas, hasta un puesto que vende cerveza. Don Mario* y don Álvaro* son dos campesinos en sus cincuenta años, están sentados debajo de un templete donde una cooperativa ofrece jugos de fruta local y platican tomando aguardiente de un bule. Me invitan a compartir ese fatal licor de anís y empiezan a contarme sus historias del terror, cuales son: historias de campesinos mestizos base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Más tarde, una amiga me preguntará ¿qué tantas cosas bonitas me contaron los milicianos?. “Ni una”, le contestaré, “bonita ni una”.
Los políticos y los medios de comunicación oficiales hablan de los acuerdos suscritos en noviembre del 2016 entre el gobierno colombiano y las FARCs como de un éxito increíble; el resultado de una de esas negociaciones “win-win”1 que tanto les encantan a las Naciones Unidas y sus organismos de financiamiento. En la realidad de la Colombia rural pero en la verdad en la de casi nadie “win”.
Al contrario, resulta que entre los militantes de la que ha sido la guerrilla más longeva de Sudamérica muchos están inconformes con la decisión de dejar las armas y que con el retiro oficial de los guerrilleros en los pueblos se abrió un escenario totalmente incierto, donde lo único seguro es que la guerra por el territorio está lejos de haber terminado.
En las comunidades dicen que los combatientes que se rindieron eran de por sí “nombres conocidos”. El 13 de junio de 2017, en un especial de televisión dedicado a la segunda reunión entre FARCs y ONU para la entrega de las armas, la periodista colombiana Marisol Gómez lo confirma, al explicar que el “proceso de paz” se inició con la presentación por parte de la ONU de un registro de “guerrilleros arrepentidos” que luego el gobierno avaló en cuanto correspondiente a la que ya había elaborado su inteligencia.
También dicen que muchos milicianos se han quedado en el territorio, algunos ideológicamente decepcionados por la firma, otros mucho menos ideológicamente determinados a no perder el poder conseguido en estos últimos años. Parece que muchos han “cambiado faja”, y militen ahora en el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Otros, sin embargo, permanecerían dispersos en las montañas, todavía armados pero sin una estructura que pueda dar cohesión al movimiento. Estos últimos serían los que a la vez se juntan y enfrentan con narcotraficantes y paramilitares, con el objetivo de dividirse las esferas de influencia, especialmente para el cultivo de marihuana y cocaína.
Don Pedro y Don Álvaro, que no eran combatientes de las FARC sino base de apoyo, tienen años en la siembra de los ilícitos, “por falta de alternativas”, dicen. Sin embargo, no dejan de soñar con abrir, algún día, una cooperativa ecoturística. Ahora están preocupados porque con la llegada de los nuevos actores “post-conflicto” ven este día siempre más lejano. Se refieren tanto a las empresas agroindustriales como a las mineras, así como a las distintas asociaciones para la protección de los derechos humanos y la reconstrucción y mantenimiento de la paz que, ahora que tienen libre acceso al territorio, buscarán aprovecharse de todo recurso, natural y humano. Ya, porque los pueblos indígenas, tanto los nasa como los de otras latitudes, son un negocio de por sí, considerando toda la “maquinaria del desarrollo” que sus infinitas necesidades pueden poner en marcha. Necesidades infinitas generadas por un igualmente infinito despojo.
Proyectos, acompañamientos, ayudas, “inversiones humanitarias” destinadas más a mantener la dependencia de las comunidades que a estimular su real autonomía. Y que, mientras tanto, asalarian miles de “profesionales del desarrollo” cuyos ingresos a menudo superan la ganancia de la entera comunidad en donde trabajan. Durante el primer día de Congreso de la ACIN, una joven italiana integrante de la ONU no paró un minuto de estrechar manos, anotar nombres, hacer arreglos. ¿Qué significa su presencia a este Congreso, donde al parecer el liderazgo indígena está buscando la legitimación de un poder que no le corresponde? Nadie responde a esta pregunta, mucho menos ella, que amablemente niega una entrevista y desaparece. El hecho de qué exista un plan de explotación a gran escala de las zonas que hasta el momento se encontraban inaccesibles a causa del conflicto no es un secreto para nadie. Y todos los organismos gubernamentales y no, colombianos y no, que tienen un papel en este desarme serán por lo menos cómplices, cuando no directamente responsables.
Activistas como Manuel Rozental y Vilma Almendra lo denuncian desde años, afuera y adentro del país, como denuncian la cooptación de los líderes indígenas por parte de la burocracia derechohumanista, tanto gubernamental como oenegera. Y si ellos denuncian en voz alta, no significa que no haya muchas otras voces que tal vez sólo murmuran, pero por eso no son menos conscientes. Al contrario, los campesinos del Norte del Cauca, indígenas y no, son muy conscientes del valor de sus tierras y de la codicia de los que la pretenden usurpar. Oro, plata, hierro, hectáreas y hectáreas de madera para las empresas y pasto para el ganado, y además una considerable cantidad de agua. El botín del Cauca es de un valor inestimable.
“Balas por votos”, titula la revista colombiana Semana en el número del 18 al 25 de junio. Lo que queda de una resistencia de 53 años se encuentra resumido en un especial de diez páginas, donde se especula sobre el proyecto político de las FARCs y sus opciones en el campo de la comunicación y de la orientación ideológica. Todo reducido a una batalla para diez curules en el Congreso.
Y mientras esto sucede, en las comunidades que eran bases de lo que un tiempo fue un Ejército del Pueblo, la policía y las fuerzas paramilitares matan no sólo a líderes sociales y defensores de derechos humanos, sino también a ex milicianos y sus familias. Según el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), solamente entre enero y mayo del 2017 han sido asesinados 51 líderes y/o defensores, y nueve personas vinculadas con las FARCs, dos militantes y siete familiares.
Un artículo de Telesur reporta que desde el 1 de enero de 2016 al 1 de marzo de 2017, ha habido 156 homicidios de líderes sociales en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Los datos son de la Defensoría del Pueblo, el órgano del gobierno colombiano creado por la Constitución de 1991 para supervisar la promoción, el ejercicio y la difusión de los derechos humanos en el país. El defensor Carlos Alfonso Negret Mosquera, argumenta que una de las principales causas de este fenómeno es la voluntad de los grupos armados ilegales de apoderarse del territorio de donde se retiraron las FARCs después de la firma de los acuerdos. Grupos armados ilegales. ¿Y los legales?
Que los paramilitares hayan vuelto –asumiendo que en algún momentos se hubiesen realmente ido- más agresivos que antes, es absolutamente cierto, muchas entrevistas confirman. Sin embargo, la represión del gobierno colombiano es igualmente responsable de una violencia de Estado directa, cuya última víctima en territorio nasa ha sido Daniel Felipe Castro, comunero de dieciséis años asesinado por la policía nacional el 9 de mayo en Corinto, mientras literalmente liberaba la Madre Tierra.
El caso del joven Daniel es el resultado extremo de la represión estatal destinada a proteger los intereses de los empresarios agrícolas vinculados a los monocultivos, como el de la caña de azúcar en Corinto y en la Finca La Emperatriz, actualmente en el proceso de liberación.
Don Sebastián*, indígena del Resguardo de Huellas, municipio de Caloto, habla de esta experiencia de ocupación directa de la tierra, que fue interrumpida el 16 de diciembre de 1991, con la matanza de la hacienda del Nilo, y se reanudó el 5 de septiembre de 2005. Desde entonces, el proceso ha sufrido momentos de estancamiento pero nunca se ha vuelto a parar completamente, fortaleciéndose a partir de 2014. Ahora los liberadores y liberadoras vienen al Congreso de la ACIN para defender la legitimidad de este medio de lucha e impedir que la liberación se convierta en un proyecto oficial entre muchos, acabando en la larga lista de las promesas gubernamentales no cumplidas.
(Después de la matanza del Nilo) se firmó un acuerdo con el gobierno para la entrega de 15 mil 663 hectáreas de tierra en el Norte del Cauca, como reparación integral para el pueblo nasa. Han pasado catorce años y el gobierno no ha cumplido su palabra. (...) El gobierno, las instituciones, siempre han mentido a las comunidades, mientras el movimiento indígena se ha caracterizado por reclamar sus derechos por la vía de los hechos, en la Panamericana, en las movilizaciones, con la ocupación de las fincas. Es por eso que las comunidades decidieron volver a la finca La Emperatriz, porque esta práctica, que se implementó al tiempo de Uribe, es una de las que más golpean a los empresarios, y donde más les duele.
La determinación y lucidez de los liberadores y liberadoras son la respuesta al por qué molesta tanto este proceso, teniendo en cuenta el valor histórico de esta finca que “está mojada de la sangre de los veinte hermanos que perecieron en la hacienda del Nilo en 1991, cuando La Emperatriz pertenecía a narcotraficantes que, en coordinación con los paramilitares y la policía de Santander, aquí planearon la matanza”.
Reivindicación territorial y exigencia de justicia hacen del proceso de Liberación de la Madre Tierra en La Emperatriz un objetivo tanto para la represión militar como para el proceso de desmantelamiento “civil” de la lucha, basado en el vaciamiento ideológico y la financiación política. Según don Sebastián, el movimiento indígena debe unirse con otros sectores de la resistencia, los maestros, los sindicatos, los afros, los pequeños agricultores mestizos, pero debe también mantener su identidad originaria y “volver a la plataforma de combate del CRIC (Consejo Regional del Norte Cauca) cuando se fundó en los años 70s, cuando la acción directa era el primero y menos negociable de los puntos en agenda”.
La supuesta paz que se firmó entre las FARCs y el gobierno colombiano es otra manifestación de un cambio ideológico desde una perspectiva de lucha, en este caso armada pero en muchos otros casos pacífica, a una perspectiva de concertación política y económica, siempre corruptible y casi siempre corrupta. Los derechos humanos, la cooperación al desarrollo, las campañas gubernamentales en defensa de la Madre Tierra, son las nuevas caras de una “revolución pasiva” que ha seguido prosperando desde los tiempos de Gramsci, mientras que las propuestas de reconstrucción desde abajo siguen reprimidas y tachadas de ilegales, tanto desde la derecha como desde la nueva izquierda progresista. En un paradigma de lucha que no ha dejado de ser occidental, patriarcal y paternalista, obsesionado por encontrar “políticas alternativas”, experiencias como la Jineolojî del pueblo kurdo, el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena mexicano y la Liberación de la Madre Tierra del Norte del Cauca son en cambio ejemplos de “alternativas políticas” que no vacían sino llenan de contenido político los proyectos sociales.
Junto a la recuperación de las tierras bajas para los cultivos productivos, de hecho, los y las liberadores proponen la conservación de las tierras altas, la herencia biogenética de la montaña y sus reservas de agua. Sembrar en las fincas y proteger los bosques, producir comida auténtica, no sólo para las comunidades sino también para las grandes ciudades, como Santander de Quilichao o Cali.
Al igual que la propuesta del CIG mexicano que se dirige a todo el pueblo, o la “tercera vía” que los kurdos presentan a todo Oriente Medio, también la Liberación Nasa no es una alternativa exclusiva, sino un proceso inclusivo, una oferta que viene de un pueblo que todavía posee imaginación política y que, por un lado, implica la deconstrucción de un paradigma colonial para muchos todavía muy cómodo, y por el otro, presenta infinitas posibilidades de reconstrucción. El detalle es el desafío contenido en estas propuestas, que para ser entendidas necesitan en primera instancia ser respetadas y que en la sencillez de su radicalidad cuestionan relaciones de poder que el mismo movimiento de abajo y a la izquierda necesita todavía trabajar.
*Los nombres no son reales.
Para la Organización Global Witness, nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente que este año 2016. Esta organización toma como ejemplo la historia de Jakeline Romero, de Colombia, quien se opone al poder de las multinacionales, de los paramilitares e incluso de sus propios gobiernos en los países más peligrosos del mundo para ser una persona defensora.
