Este miércoles 14 de febrero, miembros del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO) iniciaron manifestaciones en varias partes del territorio mexicano. Bloquearon las vías del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Matías Romero, Oaxaca, donde intervino la Marina. Reportan que dos de sus dirigentes fueron detenidos.
Las diversas acciones han sido en torno a las exigencias de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, para tratar el aumento de sus pensiones, ya que argumentan que lo que reciben actualmente es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Los jubilados, personas de la tercera edad en su mayoría, señalan que han sostenido 18 mesas de negociación sin resultados satisfactorios. Las protestas se suscitaron simultáneamente en la Ciudad de México, donde bloqueando calles cercanas a Palacio Nacional, en Ciudad Juárez, Chihuahua y también en áreas del Tren Maya en Campeche, así como las vías del tren Interoceánico en Matías Romero.
La intervención de elementos de la Marina, la policía estatal y municipal permitió que el flujo en las vías del Tren Interoceánico volviera a la normalidad. Mientras tanto, se desconoce la situación legal de los dos líderes ferrocarrileros detenidos durante el desalojo en Matías Romero, Oaxaca.
José Luis Godínez, fue aprendido mientras reclamaba su libre derecho a manifestarse y por solicitar un diálogo directo con la nueva secretaria de gobernación.
Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad estatal ya suman un listado de acciones de represión contra diversas protestas en torno al tren y al Corredor Interoceánico en su conjunto.
Recientemente, el indígena zapoteca David Hernández, quien resiste al lado de su comunidad a la imposición de un parque industrial en Puente Madera, fue condenado a 46 años de prisión. El activista es acusado, entre otros delitos, de “obstrucción a las vías federales de comunicación”.
También están en prisión nueve activistas de Mixtequilla, Oaxaca, quienes se oponen a la imposición de otro parque industrial en su comunidad que forma parte del Corredor Interoceánico.
En portada: Protesta en Argentina contra la aprobación del trigo HB4. Foto: Nicolás Pousthomis / Subcoop
El 26 de enero de 2024, un colectivo de organizaciones del Sur Global, reunidas en la alianza de soberanía alimentaria de América Latina, África y Asia, presentó un comunicado a siete relatores especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitando la intervención urgente en relación con el trigo HB4 transgénico, desarrollado por la empresa argentina Bioceres. El trigo es supuestamente tolerante a la sequía y a la agrotoxina glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro reconocido como neurotóxico, genotóxico y con impactos relevantes sobre el sistema reproductivo.
En octubre de 2020, el gobierno de Argentina aprobó el trigo HB4, para la producción y consumo, sujeto a su aprobación en Brasil, el principal mercado de trigo de Argentina, lo que ocurrió en noviembre de 2021, cuando Brasil aprobó la importación de harina de trigo transgénico. En 2023 se permitió su cultivo, al igual que en Paraguay.
En 2022, se aprobó la importación de harina para consumo animal y humano en Nigeria, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y Colombia. Indonesia, el segundo importador de trigo argentino, la aprobó en 2023.
De acuerdo con la carta enviada a la ONU por las organizaciones, en todos los países dónde se aprobó el trigo HB4, hubo una evaluación abreviada y rápida, basada solo en documentos, sin investigaciones experimentales sobre la toxicidad, por ejemplo, ni participación social.
Sostienen que se desconocen por completo las implicaciones para la seguridad de los alimentos, por ejemplo, si la alteración de la actividad de alguno de estos genes puede provocar un aumento de metabolitos tóxicos, antinutrientes o alérgenos, o una disminución de nutrientes importantes.
El organismo fiscalizador que aprobó el trigo transgénico en Argentina admitió: “Ningún país del mundo, excepto China, realiza su propio análisis. Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y cualquier otro país no realizan verificaciones de laboratorio”.
¿Tolerante a la sequía?
Las organizaciones cuestionan el discurso promovido por Bioceres de que el trigo transgénico HB4 es tolerante a la sequía y, por tanto, es una solución al cambio climático.
Los rasgos transgénicos con tolerancia a la sequía de la soya y maíz han sido un fracaso comercial por sus promesas incumplidas frente a las crisis climáticas, sostiene la alianza de organizaciones. Por ejemplo, en el caso del maíz transgénico “tolerante a la sequía” MON 87460 de Bayer (antes Monsanto), cuya aprobación ha sido litigada llegando al Tribunal Superior de Sudáfrica, se argumentó que no se ha podido demostrar la supuesta tolerancia a la sequía, con base en el desempeño agronómico del cultivo.
Para la alianza, el trigo HB4 es una “falsa solución” al cambio climático, además, lo exacerba, ya que transforma millones de hectáreas, especialmente en áreas marginales, en monocultivos industriales, dependientes de insumos basados en combustibles fósiles, una de las principales causas del cambio climático. “La inserción del cultivo de trigo en este modelo de monocultivos biotecnológicos para hacer frente a la sequía, es cómo jugar gasolina en la hoguera de la crisis climática, violando el derecho de las presentes y futuras generaciones a un planeta sano”.
Contaminación
El trigo HB4 aumenta el uso del glufosinato de amonio y la contaminación de los cultivos, alertan. Contradictoriamente, la misma empresa Bioceres comercializa glufosinato, y lo promueve entre los productores del trigo HB4.
El agrotóxico ha sido prohibido y cuestionado en muchos países por su elevada toxicidad y a sus efectos a la salud. En la Unión Europea (UE) está clasificado como tóxico para el sistema reproductor, y está prohibido en toda la UE.
Debido al uso continuo del mismo herbicida en los monocultivos transgénicos, han surgido malezas resistentes al dicho herbicida, lo que ha llevado a la aplicación de herbicidas cada vez más fuertes con la intención de mantener los rendimientos.
La alianza de organizaciones alerta que la introducción del cultivo de trigo transgénico profundizará la presencia corporativa en el campo y expandirá la frontera agrícola hacia zonas marginales y de producción campesina, “vulnerando el derecho a la tierra, así como al territorio y a la autodeterminación de los pueblos tradicionales a sus modos de vida; al medio ambiente sano, al derecho humano a alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria”.
En una declaración pública emitida el pasado sábado (10), las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, al sur de México, reafirmaron su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y la justicia para sus hijos.
En su comunicado, denunciaron los intentos del gobierno actual de dividirlos, asegurando que permanecerán unidos en su lucha. Además, criticaron al gobierno por pactar con la élite económica y militar “para mantener inalterable el capitalismo y profundizar el modelo económico”, puntualizan.
El comunicado también aborda la crisis humanitaria causada por miles de asesinatos y desapariciones en todo México, así como la falta de recursos y avances en las investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República.
Así mismo, destacan la continua violencia que afecta a las poblaciones campesinas e indígenas, ya que “son desplazadas de sus comunidades por la violencia que despliegan las bandas delictivas solapadas por el gobierno y las fuerzas de seguridad”, advierten.
Las madres y padres criticaron la estrategia del gobierno de dividir a los movimientos sociales y socavar la lucha de izquierda e independiente. Llamaron a redoblar esfuerzos y unificar las luchas con otros movimientos sociales, incluyendo sindicatos, colectivos de desaparecidos y universidades públicas.
“Las madres y padres de los 43 llamamos a redoblar esfuerzos para rearticular las luchas con las hermanas y hermanos del SME, el STRM, la CNTE, las madres y padres de los colectivos de desaparecidos, el EZLN, las Universidades Públicas como la UNAM y el Politécnico Nacional y otras”, han anunciado.
Finalmente, adelantan diversas acciones de protesta y movilización que serán realizadas los próximos días, con el objetivo de mantener viva la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos y exigir justicia.
En portada: Personas en movilidad esperan, en vano y bajo la nieve, la respuesta de la Patrulla Fronteriza ante un llamado de socorro en la frontera sur de Arizona. Foto: No Más Muertes
La noche del sábado (10), la organización humanitaria No Más Muertes reportó que aproximadamente 400 personas en movilidad, solicitantes de asilo quienes cruzaron el muro fronterizo en Sásabe, Arizona, al sur de los EEUU, contabilizaban más de 36 horas esperando a ser recogidas por la Patrulla Fronteriza en medio de temperaturas bajo cero.
No obstante, los elementos de seguridad nunca respondieron al llamado de emergencia. Ante la acumulación de nieve, voluntarios de No Más Muertes, Tucson Samaritans y Green Valley Samaritans comenzaron a evacuar a la gente en dirección a la estación de la Patrulla Fronteriza en Sásabe.
Debido a la acción, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron y amenazaron con arresto a muchos de los voluntarios. Ante el cuestionamiento de las organizaciones humanitarias por su inacción, los elementos de seguridad argumentaron que no tenían previsto salir para atender el llamado de socorro de los solicitantes de asilo.
“A medida que la nieve se derretía y las condiciones de la carretera se volvían fangosas, los vehículos de los voluntarios continuaron evacuando a la gente a pesar de las amenazas de arresto, en previsión de que esta noche las condiciones fueran más peligrosamente frías”, detalla un comunicado de No Más Muertes.
Las organizaciones denunciaron que, pese a su traslado, la Patrulla Fronteriza se negó a permitir el ingreso a la estación de los migrantes para ser procesados. “En el momento de escribir estas líneas, hay más de 250 personas expuestas a los elementos fuera de la estación de Sásabe. A pesar de que la situación persiste desde hace más de tres meses, la Patrulla Fronteriza no ha asignado recursos suficientes para hacer frente a esta crisis”, reclamó la organización humanitaria.
Frente a la emergencia, No Más Muertes exige una respuesta de las autoridades para establecer refugios adecuados, centros de calentamiento y otras necesidades básicas para quienes buscan seguridad y asilo en el sur de Arizona. “No se puede dejar a la gente a la intemperie en unas condiciones que ponen en peligro su vida”, sostuvo la organización.
Abandonados para morir
Desde su fundación en el año 2004, No más Muertes ha dado seguimiento al enfoque letal de vigilancia de la frontera entre EEUU y México. Según Naciones Unidas, ésta constituye la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo. Es también, de acuerdo a la organización humanitaria, el lugar donde la Patrulla Fronteriza ha diseñado un sistema ineficaz de respuesta de emergencia, la cual “permite a una agencia abusiva responder unilateralmente a las llamadas de emergencia de las mismas personas que sus políticas están diseñadas para poner en peligro”.
Desde la presidencia de Bill Clinton, durante la última década del siglo XX, la política migratoria implementada por el gobierno federal norteamericano se rige por la denominada “prevención a través de la disuasión”, la cual consiste en militarizar y vigilar las rutas migratorias con mayor tráfico para obligar a los migrantes a cruzar por terrenos más hostiles, colocándolos en grave peligro de muerte.
Según un reportaje publicado en medios norteamericanos, difundido en diciembre del 2022, un informe federal del año 1997 señalaba que las “muertes de extranjeros” podía ser un indicador de que la estrategia, considerada dentro del plan de 1994 creado por la Patrulla Fronteriza, estaba funcionando.
Acorde a los registro de la Patrulla Fronteriza, entre los años 1998 y 2020, 8,000 migrantes murieron tratando de cruzar la frontera entre México y EEUU. Mientras tanto, entre 1990 y 2021, el financiamiento de la agencia de seguridad se multiplicó por más de diez.
En este contexto, para No Más Muertes, lejos de constituir una tragedia accidental, “la práctica de la Patrulla Fronteriza de abandonar a personas para que mueran en territorio estadounidense se encuentra en el corazón de la estrategia contemporánea de control fronterizo”.
La organización humanitaria detalla que, a diario, los agentes de la Patrulla Fronteriza emplean tácticas mortíferas para perseguir y dispersar a las personas en terrenos peligrosos y remotos; además, retiran y destruyen sistemáticamente los suministros humanitarios esenciales que quedan a lo largo de los corredores migratorios más mortíferos de la frontera.
Para No Más Muertes la negligencia sistemática de la Patrulla Fronteriza hacia los informes de emergencia de personas indocumentadas en peligro, “constituye un crimen de Estado de proporciones históricas”.
“Sólo la abolición de las políticas y prácticas de la Patrulla Fronteriza que provocan que las personas se pierdan, desaparezcan y resulten heridas en terrenos salvajes pondrá fin a las muertes en la frontera sur”, concluye la organización humanitaria.
En portada: Habitantes de Puente Madera, entre ellos David Hernández Salazar, reciben a activistas y organizaciones para denunciar los efectos negativos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Foto: El Sur Resiste
La Asamblea Comunitaria de Puente Madera, población zapoteca ubicada en el municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, se posicionó para repudiar la sentencia dictada contra David Hernández Salazar quien participa en la organización comunitaria para rechazar la imposición de un parque industrial, asociado al megaproyecto del Corredor Interoceánico, en tierras de comunales.
El pasado 30 de enero, Hernández, agente comunitario y también integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) fue declarado culpable por ataques a las vías de comunicación y daños por incendio.
En audiencia este miércoles (7), el Juez de Distrito ratificó la sentencia contra Hernández Salazar por 46 años y 6 meses de prisión, así como una multa por 182 mil pesos y un pago por reparación de daños que rebasa el millón de pesos.
Para las organizaciones indígenas del Istmo que acompañan el caso, “estas sanciones, son un claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como Defensor del Territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas”.
Tanto la APIIDTT, como la Asamblea Comunitaria de Puente Madera reclaman que las autoridades ignoraron y desecharon pruebas e información “que demuestra la inocencia de David, como son los peritajes presentados como parte de la defensa y las contradicciones de los testigos de la parte demandante”.
Por ello, acusan, tanto el ministerio público como el juez decidieron incriminarlo por delitos fundamentados en lo que consideran falsas acusaciones y declaraciones inconsistentes. “Esto deja claro la corrupción y colusión de las Autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas”.
Persecución judicial
Las organizaciones indígenas detallan que Hernández ha sido objeto de criminalización desde el año 2017 debido a su lucha por la defensa de las tierras de uso común de Monte Pitayal, donde en aquel momento se pretendía imponer una subestación eléctrica a cargo del ejército mexicano.
También, en 2021, siendo agente comunitario de Puente Madera e integrante de la coordinación general de la APIIDTT, fue judicializado y persegudio por autoridades de los tres niveles de gobierno. Estas incluyen al municipio de San Blas Atempa, el gobierno del estado de Oaxaca, el Corredor Interoceánico, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Registro Agrario Nacional, las Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Tras una primera demanda federal, cuya carpeta judicial es 269/2021, no fue vinculado a proceso.
Protestas de la comunidad zapoteca para exigir la liberación de David Hernández Salazar, detenido ilegalmente en enero del 2023.
No obstante, a inicios del año 2022 se gira la Causa Penal 446/2022, con lo cual, el 16 de enero del 2023 acontece su detención ilegal -de la cual fue liberado horas después- y abrió la carpeta de investigación por la cual se le dictó sentencia actualmente.
Cabe destacar que, en octubre de 2023 se le notificó de una nueva demanda federal cuya audiencia inicial se realizará apenas el próximo 21 de febrero. “En estos tres procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el Municipio de San Blas Atempa, obedeciendo al ex Administrador del Estado de Oaxaca y actual Candidato al Senado de la República, Antonino Morales Toledo”, enfatizan las organizaciones indígenas.
Aún con la sentencia reciente en su contra, la condena no es absoluta ni se ejecuta de manera inmediata. Las organizaciones indígenas detallan que esto se debe a que poseen amparos contra las órdenes de aprehensión de Hernández, así como contra otros 17 pobladores de Puente Madera incriminados en la Causa Penal 446/2022.
“Continuaremos trabajando en la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios y acudiendo a las instancias competentes que puedan darle la revisión a esta sentencia injusta y absurda”, declaran la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT.
Arrecia represión
Por otra parte, nueve pobladores de Santa María Mixtequila que fueron aprehendidos el 27 de enero, también en el Istmo oaxaqueño, fueron vinculados a prisión preventiva. Fue el pasado 2 de febrero cuando el juez de control de Tanivet dictó auto de vinculación a procesos contra los integrntes de la Resistencia Civil Mixtequillense.
Los indígenas detenidos han participado en las protestas de la comunidad mixteca contra la imposición de un “polo de desarrollo”, complejo industrial previsto a ocupar 502 hectáreas para albergar empresas agroindustriales, metales y textiles como parte del megaproyecto del Corredor Interoceánico.
La Resistencia Civil Mixtequillense señaló que, además de castigar a las personas que integran dicha organización, la actuación de las autoridades “busca acabar con todo tipo de oposición a la imposición del Polo de Desarrollo”, por lo cual han interpuesto un amparo para obtener la libertad de los procesados.
En portada: María de Fátima Muniz de Andrade, lideresa espiritual del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe, conocida popularmente como Nega Pataxó, fue asesinada por grupo paramilitar vinculado al agronegocio brasileño.
Terratenientes y promotores del agronegocio en Brasil, quienes conforman la agrupación denominada “Invasión Cero”, están siendo investigados por autoridades judiciales tras su participación en el asesinato de María de Fátima Muniz de Andrade, conocida popularmente como Nega Pataxó.
Luego del ataque armado y el asesinato de la lideresa espiritual ocurrido el pasado 21 de enero, en las tierras recuperadas por la comunidad Pataxó Hã-hã-hãe al sur de Bahía, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), a través de su departamento jurídico, presentó una denuncia penal contra la organización paramilitar.
Grupo de hacendados y terratenientes que mató a indígena Pataxó actúa en por lo menos 7 estados brasileños
La denuncia, presentada ante la Procuraduría de la República en el estado de Bahía, enfatiza “la práctica de la organización criminal, ya que, (...) el grupo se asoció a través de una entidad jurídica, de forma estructurada y con división de tareas, valiéndose de la violencia, intimidación, corrupción, fraude u otros medios similares para cometer un delito”.
A través de comunicado, la Apib detalla que la actuación de la policía militar de Bahía no hizo nada para proteger a los indígenas Pataxó Hã-hã-hãe. Al contrario, de acuerdo al testimonio del cacique Nailton, quien recibió un disparo y permanece hospitalizado, los terratenientes llegaron escoltados con cinco vehículos al frente.
“El cacique informa que había policías retirados y vestidos de civil entre el grupo. ‘Le pedí al comandante, porque podía evitar que ocurriera una masacre. Le dije al comandante, sácanos de aquí, llévanos al hospital. Y otro gritó desde lejos: ¡acábalo de matar!’”, resalta la articulación de pueblos indígenas de Brasil.
Según la investigación forense realizada por la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía, el disparo que mató a Nega Pataxó provino del arma del hijo de 19 años de un hacendado, arrestado en el momento del ataque. Un oficial de policía que participó en la acción de los terratenientes también fue arrestado.
Paramilitares expanden actividades con apoyo de políticos
Creado por grandes propietarios de tierras, con apoyo de políticos afínes al ex presidente Jair Bolsonaro, diferentes agrupaciones de “Invasión Cero” se han extendido por diversos estados del país sudamericano, articulándose con parlamentarios apoyados por el agronegocio y de extrema derecha.
Conocidos por desmantelar recuperaciones de tierras reclamadas por campesinos e indígenas, sin respaldo judicial, la agrupación paramilitar mantiene presencia en los estados de Bahía, Goiás, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Espírito Santo y Tocantis.
“Invasión Cero” está constituida como entidad privada y registrada, desde abril del 2023, ante el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ, por sus siglas en portugés), del estado de Bahía.
La agrupación afirma articular a 10 mil trabajadores del agronegocio de Bahía y como objetivo plantea la defensa de la propiedad privada y contra las “invasiones” de tierras rurales y urbanas.
El diputado federal Luciano Zucco (izquierda) con Dida Souza (centro) y Luiz Uaquim (derecha), coordinadores de "Invasión Cero".
Según la Apib, los paramilitares están liderados por Renilda Maria Vitoria De Souza y Luiz Henrique Uaquim Da Silva. El grupo obtuvo proyección a nivel nacional durante los trabajos de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) hacia el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, (MST) - fiscalización desde el Congreso brasileño que, en septiembre del 2023, falló en el intento de criminalizar al movimiento campesino-.
Acorde a la denuncia presentada por la Apib, la actuación de Invasión Cero toma forma de agrupaciones paramilitares para retirar a la fuerza movimientos sociales que están en ocupaciones rurales, tales como las reivindicadas por el MST, o en la recuperación de sus territorios tradicionales, como en el caso del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe.
“Entre los terratenientes y fascistas partidarios de los criminales se encuentran el diputado federal Luiz Ovando, el diputado federal Rodolfo Nogueira, el diputado federal Zucco, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado y el ex presidente Jair Bolsonaro, que ya responde ante la Corte Penal Internacional (TPI) por genocidio contra los pueblos indígenas brasileños entre 2018 y 2022”, detalla la Apib.
Protesta de indígenas por el asesinato de la lideresa Nega Pataxó.
La Apib enfatiza que hizo reiteradas denuncias sobre la escalada de la violencia en el sur de Bahía, sin obtener respuestas efectivas de las autoridades.
“Los pueblos indígenas de Brasil no soportan más muertes. Exigimos la demarcación de las tierras que son nuestras por derecho, la protección de los territorios y la vida y la derogación de la Ley del genocidio (Ley 14.701), factor primordial de incentivo a la matanza de nuestros pueblos en el período más reciente”, reclaman.
