Tren Maya: en la víspera de su inauguración, comunidades se posicionan contra “megaproyecto militar”

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14 diciembre, 2023

^{Participantes de la caravana “El Sur Resiste” durante su paso por Candelaria, Campeche. Foto: David Muñoz}

Organizaciones sociales, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del sureste mexicano cuestionaron a la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre la próxima inauguración de tres tramos del “tren maya”, prevista para el viernes (15) en Campeche.

A través de una conferencia de prensa, miembros de la red “El Sur Resiste”, contrapusieron las diversas afectaciones provocadas por el que catalogan como “megaproyecto de muerte” y que atraviesa sus territorios violando sistemáticamente derechos de los pueblos.

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Comunidades y organizaciones de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche se pronunciaron “en contra del megaproyecto militar interconectado Tren Maya/Corredor Interoceánico”, así como con la consolidación de otras infraestructuras asociadas en la región.

“Sus obras ferroviarias porfirianas, la modernización de sus puertos y aeropuertos, su carretera ‘La Puerta al mar’ atravesando la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, sus gasoductos transportadores de gas fracking – ‘La Puerta del Sureste’ y otros más - y su refinería Dos Bocas”, describieron mediante comunicado sobre el reordenamiento proyectado en el sureste mexicano.

Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Renata Bessi.

Sostuvieron que esta infraestructura incluye parques eólicos empresariales y corredores industriales, que despojan los territorios en el istmo de Veracruz y Oaxaca, y además, “contaminan nuestras aguas, aires y tierras y acaban con nuestras formas de vida - que todavía son alternativas al desastre planetario”.

Resistencias

En la rueda de prensa participaron organizaciones articuladas en la red “El Sur resiste”, quienes integraron la caravana con el mismo nombre y que recorrió los siete estados sureños durante abril y mayo de este 2023.

En su participación, Ileana May, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’baloon-(Quintana Roo), destacó la afectación a los flujos hídricos por las obras de “Puerta al mar”. Este es un proyecto complementario al tren maya que consiste en una carretera asfaltada de 22 kilómetros que atraviesa la Reserva de la Biosfera de Sian Kan. May señaló que la incentivación de esta obra proviene del sector turístico y da entrada a la especulación inmobiliaria.

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La joven enfatizó los conflictos sociales con el incremento de la presencia militar en la base que integra el nuevo aeropuerto en Tulum. También sostuvo que existen problemas comunitarios, como en el caso de incumplimientos de pagos por parte de los ejidatarios con las comunidades.

Julio Garduño, de Tabasco, detalló las afectaciones al ambiente por el impulso a la industria petrolera. Por ejemplo, con la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, que destruyó hectáreas de manglares y sepultó vasos reguladores de la zona, lo que agrava los problemas de inundaciones en la región.

También con la instalación de pozos petroleros desde el municipio de Cárdenas hasta la zona de los pantanos de Centla, donde se encuentra la comunidad de El Bosque, recientemente desplazada por el incremento del mar que devoró al pequeño pueblo pescador.

De acuerdo a Garduño, a la indiscriminada instalación de pozos, cercanas a zonas habitadas, se suma que Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la petrolera china Sinopec, ha estado realizando una serie de exploraciones sísmicas en las comunidades de la zona de La Chontalpa, que abarca los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Paraíso.

“Ha sido un proceso muy invasivo, pero nos preocupan las siguientes etapas a partir de lo que encuentren, con un Pemex en decadencia, con una crisis financiera e infraestructura deteriorada”, sostuvo.

Gemaly Padua, integrante del colectivo Altepee y del proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta advirtió que las comunidades del sur de Veracruz defenderán el agua de sus manantiales y ríos frente a la proyección gubernamental de utilizarlos para abastecer los parques industriales del Corredor Interoceánico.

Recientemente, la Secretaría de Marina (Semar) difundió las adjudicaciones para cinco Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebi) que integran al Corredor Interoceánico. La portuguesa Mota-Engil tendrá dos parques, en Coatzacoalcos y Salina Cruz; Grupo Constructor Urcedic obtuvo la de San Juan Evangelista y el consorcio Profharmax y Transportadora Comexsa, en Texistepec.

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En el sur de Veracruz, sostuvo que no permitirán la privatización de las tierras mediante el “dominio pleno” que busca convetir la propiedad social en privada. “Mantendremos el régimen social de nuestras tierras, ejidales y comunales heredadas de nuestros padres abuelos y ancestras”, señaló.

Padua también se posicionó contra la explotación mineral y de hidrocarburos, como con la construcción del gasoducto marino “Puerta al sureste”, de la canadiense TC Energy, que amenaza zonas arrecifales del Golfo de México.

“Estamos en contra de este supuesto progreso y desarrollo que sólo viene a perjudicarnos a los pueblos a enriquecer, los dueños de las grandes empresas extranjeras y aumentar el calentamiento global que nos pone a la humanidad y a miles de especies animales y vegetales en peligro de extinción, porque luchamos por la vida”, compartió.

*^{Obras del gasoducto “Puerta al sureste” en Coatzacoalcos, Veracruz}*

Brian Arizmendi, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), en Campeche, advirtió sobre el cerco mediático alrededor de las afectaciones del megaproyecto militar del “tren maya”. Aseguró que, pese al sesgo, ejidatarios se han movilizado para reclamar por el irrespeto a los acuerdos con Sedena, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Además, señaló que el tren modifica la relación con el territorio, como sucede en la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Contextualizó que ahí el Estado mantiene una deuda de más de 30 años sin poder titular a comunidades y ejidos, mientras a la par construye un hotel militar dentro del área protegida.

Obras para la construcción de un hotel dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. Foto: Santiago Navarro F

“Ya estamos hartos del involucramiento del ejército en las dinámicas de la comunidad”, reclamó en relación a la creciente militarización de la zona. En el marco de la inauguración del tren, recordó que existe una orden judicial incumplida por la Sedena para que se abstenga de realizar más construcciones. También denunció que existen “más de 100 muertos en esta región a causa de las obras”.

Corredor Interocéanico, un mismo proyecto

Mediante comunicado denunciaron la criminalización y hostigamiento en contra de las comunidades oaxaqueñas de Puente Madera, de Santa María Mixtequilla y de Mogoñe viejo, así como contra organizaciones de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio (APIIDTT) y de la Unión de comunidades indígenas de la zona Norte del Istmo (UCIZONI).

En este escenario, exigieron la cancelación de ordenes de aprehensión y de procesos penales en contra de las personas que resisten contra los polos de desarrollo “que quieren imponer en sus territorios y contra el intento de desalojo de terrenos a la orilla de las vías del tren interoceánico”.

Es el caso de David Salazar, miembro de la comunidad binizaá de Puente Madera quien, de acuerdo a la APIIDTT está siendo acusado con delitos fabricados. “Claramente responde a esta serie de actos, por parte del gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, por parte del gobierno federal, las instancias que le corresponden al Corredor Interoceánico y claramente por parte de los interesados de los grupos políticos vinculados al crimen organizado en la región”, señaló Mario Quintero, de dicha organización.

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Según las organizaciones, se está empezando a definir el marco industrial que va a establecerse en la región de la zona planicie costera, desde el istmo oaxaqueño hasta Tapachula, en la frontera entre Chiapas y Guatemala. “Un gran proyecto de infraestructura en manos de la agenda de Estados Unidos, económica y migratoria”, sostuvo Quintero.

Por su parte, Paulette Hernández, del Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas compartió que meses después del paso de la caravana El Sur Resiste, la Semar inició trabajos para la rehabilitación de las vías férreas que conectan a la costa chiapaneca con Centroamérica.

Acorde a Hernández, esta situación ha provocado desalojo, despojo y amenazas a las personas que habitan las comunidades de las diferentes regiones costeras, desde Arriaga hasta Tapachula.

*^{Comunidades organizadas en el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas. Arriaga, 2017. Foto: Aldo Santiago}*

“Les están prometiendo a cada habitante que vive cerca de las vías 36 mil pesos, cuando la vivienda cuesta más”, denunció la defensora de derechos humanos quien destacó que los ingenieros de la Semar pretenden ampliar el derecho de vía a 20 metros a la par del trazo férreo.

Para Hernández es grave la situación provocada por las obras relacionadas al Corredor Interoceánico pues también incluyen infraestructura carretera que conectará la zona de Pijijiapan hacia Palenque, vinculándose con el “tren maya”.

“Vemos como la devastación, el ecocidio que están haciendo es enorme (…) también el aumento de la violencia a través del crimen organizado”, señaló en relación con el aumento en las desapariciones de mujeres, jóvenes y niños en la región costa de Chiapas.

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“Vemos como en este tiempo de la cuarta transformación ha incrementado, no solo las desapariciones, no solo la violencia, sino también el despojo. Nos quieren quitar el territorio que ha sido parte de nosotros toda la vida y no estamos dispuestos a ceder”, sostuvo.

Para las organizaciones y comunidades el “tren militar mal llamado maya” representa la exacerbación ultraneoliberal del sistema capitalista “causante de tantas guerras pasadas, actuales y futuras y de la miseria y sufrimiento de tanta gente, y que solo beneficiara a los dueños de las grandes empresas trasnacionales en detrimento de los pueblos y de la madre naturaleza”.

Ante ello, manifestaron que su lucha es por la vida y que otro sistema de organización de la sociedad es posible, “sin partidos políticos y líderes corruptos, desde las asambleas de los pueblos, articulados en redes de autonomías no capitalistas y no patriarcales”.

Puerta al sureste, gasoducto que amenaza ecosistemas marinos anuncia convenio con universidad pública

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Ñaní Pinto

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12 diciembre, 2023

El pasado 7 de diciembre, la Universidad Veracruzana (UV) anunció la firma de un “convenio general de colaboración” con la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de la canadiense TC Energy, implicada en la construcción del gasoducto “Puerta al sureste”, el cual pone en riesgo ecosistemas arrecifales del Golfo de México.

Ante ello, organizaciones de la sociedad civil criticaron el convenio debido a que, por medio de una investigación sobre las amenazas en ecosistemas arrecifales en la costa norte y central de Veracruz, se identificó que la construcción de Puerta al sureste pone en riesgo la vida de cerca de 115 especies y más de 400 posibles ecosistemas arrecifales que antes no habían sido identificados en la zona.

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Además del peligro que representa contra los ecosistemas marinos, el informe publicado en agosto pasado enfatiza que la construcción del gasoducto marino acelera el cambio climático e incrementa la dependencia de México hacia los Estados Unidos en materia energética.

*^{El Sistema Arrecifal Lobos - Tuxpan, así como el Sistema Arrecifal Veracruzano, están categorizados como Áreas Naturales Protegidas.}*

“Pese a la evidencia científica, TC Energy ha negado o minimizado públicamente el impacto de sus actividades”, resaltan las organizaciones mediante comunicado. También critican que las universidades públicas estén cooptadas o al servicio de la industria que amenazan el medio ambiente. “TC Energy es una empresa que ha incumplido su responsabilidad de prevenir, hacer frente y reparar los impactos negativos que sus acciones tienen en el medio ambiente”, enfatizan.

*^{Organizaciones campesinas e indígenas de Veracruz se manifestaron por la construcción del gasoducto Puerta al sureste y los impactos en ecosistemas arrecifales. Febrero, 2023.}*

Acorde a organizaciones sociales y ambientalistas, proyectos como Puerta al sureste fomentan un modelo que viola los derechos de las comunidades por donde atraviesan los ductos. Esto ocurre desde Canadá, en territorio Gitxsan, pasando por poblaciones Tarahumaras en Chihuahua hasta Pahuatlán en territorios otomíes, nahuas y totonacos.

“El gobierno mexicano y, particularmente, las universidades públicas y las comunidades científicas no pueden hacer alianza con empresas que laceran la vida marina y violan reiteradamente los derechos de las personas más vulnerables a costa de su enriquecimiento”, denuncian.

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Las organizaciones resaltan que, tanto la UV como TC Energy, no han hecho público los fundamentos, acciones concretas y objetivos específicos de dicho convenio, por lo que demandaron que la comunidad universitaria y la población en general tienen derecho a conocer las implicaciones de estas colaboraciones.

“En el pasado, las organizaciones de la sociedad civil advertimos, cuestionamos y solicitamos vía Transparencia información sobre la posible vinculación de la UV con TC Energy pero la universidad negó que existiera alguna intención de trabajar con la industria. Es esencial que la UV, como institución pública mexicana, sea transparente con este tipo de colaboraciones”, sostienen.

Por último, lamentan que la UV no considere las preocupaciones de la sociedad, el movimiento ambientalista y comunidad científica que se ha pronunciado acerca de que los nuevos proyectos fósiles no son compatibles con la meta de contrarrestar el calentamiento global.

Pueblo maya solicita a Suprema Corte detener despojo de tierras por mega granja porcícola

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Sare Frabes

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11 diciembre, 2023

^{El pueblo de Chapab mantiene una lucha contra la granja aparcera Unión de Aparceros Chapab y Productora Agrícola Pecuaria debido a la contaminación y despojo de tierras. Foto: Memorias de nómada}

Miembros de la comunidad maya de Chapab, en Yucatán, han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga una demanda de amparo en contra de la operación de la mega granja porcícola de las empresas “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán” que cuenta con capacidad de producción de hasta 48 mil cerdos.

Ejidatarios y pobladores mayas denuncian que esta mega granja se instaló en su territorio, sin su consentimiento, desde el año 2017.

Mediante comunicado de prensa, las y los pobladores de Chapab, quienes forman parte del colectivo Kanan Lu’um Moo (“cuidar la tierra”, en lengua maya), enfatizan que, si la SCJN atrae su caso, “abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que pretenden establecerse en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente para la comunidad indígena”.

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La comunidad organizada de Chapab detalla que las empresas porcícolas operan desde 2018, aún cuando nunca consultaron a la población maya y a pesar de no cumplir con los requisitos exigidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS).

Entre las irregularidades, destacan que no realizaron estudios geohidrológicos, de vientos y olores; tampoco contaron con la autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

“Fue hasta julio de 2020, y propiciado por el inicio de las acciones de defensa por habitantes de Chapab, que la empresa porcícola declaró haber ‘cumplido los requisitos’”, contextualizan.

No obstante, las y los pobladores de Chapab señalan que la SDS no corroboró el cumplimiento de los requerimientos ambientales, conforme lo demostraron con el informe “Resistencia y defensa del Territorio en Chapab de las Flores, Yucatán”, elaborado por las organizaciones Kanan Derechos Humanos y Fundación para el Debido Proceso.

“La SDS señaló el cumplimiento de todos (requisitos ambientales), pero sin jamás comprobar fehacientemente que la información vertida por la empresa era adecuada o en verdad existía un adecuado funcionamiento”, señalan las organizaciones en dicho informe.

^{El pueblo de Chapab mantiene una lucha contra la granja aparcera Unión de Aparceros Chapab y Productora Agrícola Pecuaria debido a la contaminación y despojo de tierras. Foto: Memorias de nómada}

Las violaciones a las regulaciones ambientales fueron evidentes cuando, en el año 2020, los ejidatarios encontraron una tubería de 300 metros proveniente de la mega granja, que arrojaba aguas residuales, desembocando en sus tierras de cultivo. “Estos desechos ya habían inundado parte de esta tierra y la vegetación estaba muriendo”, enfatizan las y los pobladores mayas.

Por ello, en diciembre de ese mismo año, el colectivo Kanan Lu’um Moo interpuso una demanda de amparo en contra de la operación inconstitucional de la mega fábrica de cerdos. “Más de 100 personas de la comunidad, incluyendo niños, niñas y adultas mayores, decidieron promover un juicio de amparo por violaciones a sus derechos a un medio ambiente sano”, detalla el comunicado de prensa.

Kekén, empresa afecta selva y agua

En la península se han identificado 257 granjas industriales, de las cuales 86% están ubicadas en el estado de Yucatán, debido principalmente a la alta disponibilidad de agua dulce. Mediante el informe “Resistencia y defensa del Territorio en Chapab de las Flores, Yucatán” organizaciones destacan que aún se estima que hay más granjas operando en clandestinidad.

“Sin control estricto, esta industria ha crecido tanto hasta el punto en el que solo Yucatán provee el 9% de la producción nacional de cerdos y su carne”, destacan las organizaciones sobre las grandes cantidades de recursos naturales requeridas para producir masivamente y monetizar esa producción.

El mercado de la producción de cerdo está dominado por una sola empresa que controla la selección genética, reproducción, sacrificio y distribución de carne: Grupo Porcícola Mexicano S.A de C.V, generalmente conocido como “Kekén”.

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Kekén opera un 80% de su producción con grandes empresarios y el 20% restante con ejidatarios de 18 sociedades de producción rural mediante lo que denomina “esquema de parcería”. Ésta consiste en que ella se encarga de la reproducción para después transferir los animales a otras granjas para su cría y engorda hasta el momento, siete meses después, en que volverán a Kekén para ser sacrificados y comercializados.

*^{Afectaciones por la contaminación de la industria porcícola en las tierras de los campesinos en la comunidad maya de Chapab. Fotos: Memorias de nómada}*

“Es responsable del 40% de las exportaciones de carne de cerdo principalmente al mercado asiático, y que además también tiene granjas ubicadas en zonas de conservación o reservas naturales”, destaca el informe.

El colectivo Kanan Lu’um Moo enfatiza la importancia en defender sus territorios pues la península de Yucatán, posee la segunda selva más grande de todo el continente americano, tras la Amazonas, y conforma la mayor recarga de agua en el país. “Por lo cual la contaminación del manto acuífero y la pérdida de los ecosistemas forestales deberían ser temas de vital importancia para el Estado mexicano”.

Amparo

La demanda de amparo fue admitida por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien concedió medidas cautelares provisionales para proteger a la niñez de Chapab. Sin embargo, en marzo de 2021, un Tribunal Colegiado de Distrito resolvió en favor de la mega granja, revocando la demanda, y con ello las medidas que protegían los derechos de las personas.

Fue en 2022 cuando habitantes de Chapab plantearon una solicitud para la realización de una consulta previa que definiera la operación de la mega granja. “En ella argumentan violaciones a la Constitución, al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y al Acuerdo de Escazú. Obtuvieron una sentencia favorable, pero la empresa porcícola promovió un recurso de revisión para que el caso de Chapab sea desechado”, contextualizan.

De acuerdo a la argumentación de la empresa, la demanda presentada por Chapab es “extemporánea” debido a que debió haber sido presentada dentro de los primeros 15 días en que se estableció la mega granja.

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“Este no es un argumento nuevo, ha sido utilizado al menos tres veces por el empresariado y el magistrado Jorge Enrique Eden Wynter del Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, para desechar los litigios emprendidos por comunidades mayas”, reclaman las y los habitantes de Chapab.

Destaca el papel del magistrado Eden Wynter, quien en por lo menos tres ocasiones ha dado la razón a la industria porcícola, por lo que “después de años de buscar justicia a nivel local sin éxito, Kanan Lu’um ahora solicita la atracción de su juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, como acción categórica para que su caso se analice con perspectiva de derechos humanos y conforme a criterios internacionales y nacionales de derecho”, demanda la comunidad maya.

*^{Aspectos de la mega granja porcícola en Chapab, Yucatán}*

Las y los habitantes mayas señalan haber visto afectada su salud con enfermedades en la piel, problemas estomacales y fuertes casos de dengue entre la población. “Esto se debe a la contaminación por los residuos que se generan desde la granja hacia la tierra y el agua”, sostienen.

También acusan que no son la única comunidad indígena afectada. “Los pueblos mayas han sido despojados de sus tierras con impunidad por la mafia agraria; conformada por empresarios, políticos, funcionarios, notarios públicos y comisarios ejidales. La contaminación, la deforestación y el despojo de tierras por mega industrias es un tema ampliamente cuestionado y de interés social, que no solo compete a la región de Yucatán”, reclaman.

Tras un año de reclusión, base de apoyo del EZLN continúa rehén del Estado

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Ñaní Pinto

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8 diciembre, 2023

^{Movilización del EZLN en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Marzo, 2022. Foto: Tercios Compas / Enlace Zapatista}

El pasado 25 de noviembre se cumplió un año de la detención arbitraria de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quien permanece recluido en prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 17, también conocido como “El Bambú”, ubicado en Catazajá, región norte de Chiapas.

Acorde a un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), Díaz Gómez, integrante del pueblo Ch’ol y acusado por robo, “permanece en una situación grave de vulnerabilidad a su dignidad humana por la fabricación de un delito en su contra”.

“La acusación se basa en montajes por parte de la Fiscalía General del Estado. Este ha sido el modo de operar de esta instancia quien opera un patrón de fabricación de culpables y criminalización contra personas defensoras en complicidad con el Poder Judicial local”, contextualiza el centro de derechos humanos.

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El CDH Frayba detalla que el proceso de prisión preventiva contra Díaz Gómez se ha visto “maliciosamente prolongado”. También señala que, ante la falta de evidencia para vincular a Díaz Gómez, la Fiscalía de Distrito Selva y el Juzgado de Control se han articulado para simular el proceso, a costa de su libertad.

Por ejemplo, ambas instancias han ampliado los tiempos de la investigación con el objetivo de retrasar la audiencia del juicio, “a sabiendas de que es imposible acreditar cualquier responsabilidad en su contra”, sostiene la organización.

Otro punto a destacar es la falta de la debida diligencia por parte de la defensoría pública del estado de Chiapas. Hace poco más de dos meses se le asigno un nuevo defensor, quien aún transcurrido este tiempo no se ha entrevistado con Díaz Gómez para actualizar su situación penal y conocer las necesidades de acceso a justicia del imputado. “En consecuencia, no ha realizado acciones necesarias para impulsar su pronta liberación”, denuncia el CDH Frayba.

Ante este escenario, el pasado 15 de noviembre, Díaz Gómez solicitó ante el Juzgado de Control de Catazajá la modificación de sus medidas cautelares para llevar su proceso en libertad condicionada.

El BAEZLN tiene dos hijos menores de edad y esposa, “quienes también sufren las consecuencias de su detención, afectando la convivencia familiar, así como su situación física, psicológica y económica por lo que el cambio de medida es una necesidad para aminorar tales impactos. Al momento no se ha dado respuesta a la solicitud”, contextualiza la organización de derechos humanos.

El EZLN ha denunciado que José Díaz Gómez es rehén del gobierno de Chiapas por ser zapatista. Lo mismo ocurrió en el caso de Manuel Gómez Vázquez, quien recientemente recuperó su libertad tras casi tres años de permanecer arbitrariamente privado de su libertad.

*^{El 16 de noviembre pasado fue liberado Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del EZLN, recluido arbitrariamente durante casi tres años. Foto: CDH Frayba}*

El centro de derechos humanos, con sede en San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existe un patrón de criminalización en otras latitudes de México, “donde los pueblos originarios se oponen a la imposición de megaproyectos por parte del actual gobierno. Destacan así la existencia de ordenes de aprehensión en contra de poblaciones opositoras al Tren Interoceánico” en referencia a la persecución contra los miembros de la comunidad binizaá de Puente Madera, en Oaxaca.

En el caso de Chiapas, se suman los casos de la detención de Cesar Hernández y José Luis Gutiérrez, defensores tseltales criminalizados por oponerse a la imposición de una base de la Guardia Nacional en su territorio. También, el caso de cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, quienes fueron sentenciados a 25 años de prisión por defender su territorio ante megaproyectos como la “carretera de las culturas”.

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“La fabricación de delitos en contra de defensores indígenas representa una estrategia selectiva del actual gobierno Federal, que busca ocasionar un efecto inhibidor hacia las comunidades y personas que defienden sus derechos, destaca que en su mayoría se dirige en contra de personas indígenas defensoras del territorio”, sostiene el CDH Frayba.

Continúan detenciones arbitrarias bajo régimen de excepción en El Salvador

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Aldo Santiago

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7 diciembre, 2023

^{El despliegue de policías y militares en El Salvador durante el régimen de excepción, vigente desde marzo del 2022, ha sentado las condiciones para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.}

El joven Levi Morales es integrante del Movimiento Indígena para la Integración de las luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA). El 11 de noviembre del 2022, cuando finalizaba su jornada en el campo en el municipio de Nahuizalco, fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

En ese momento, transcurrían más de siete meses desde el inicio del régimen de excepción que decretó la Asamblea Legislativa en marzo de ese mismo año. A petición del presidente, Nayib Bukele, y con el argumento de combatir la violencia de las pandillas, que a finales de ese mes asesinaron a más de 80 personas en solo tres días, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas y extendió el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.

Morales pasó a ser parte de las personas capturadas y acusadas, sin pruebas, de pertenecer a una banda criminal. Recluido por más de un año, las autoridades nunca entregaron evidencias para vincular al joven indígena como pandillero, por lo que el 20 de noviembre pasado, un tribunal de la ciudad de Santa Ana ordenó su libertad.

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Pese a que la petición provino de la misma Fiscalía General de la República (FGR), al momento de su liberación, el joven Morales fue capturado nuevamente y sin otorgarle ninguna explicación sobre los cargos que se le imputan, fue trasladado al penal de Usulután, a casi 200 kilómetros de distancia de su lugar de origen.

Durante conferencia de prensa realizada el pasado lunes (4), Ariela González, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y abogada defensora de Levi Morales, destacó que las autoridades jamás notificaron a la familia sobre su liberación ni tampoco sobre los cargos que se le imputan en su recaptura. “Desconocemos quien ha ordenado que se le recapture y bajo qué delitos, si es que existe una nueva imputación, o si estamos ante una doble persecución del delito”, detalló González.

Silverio Morales, padre de Levi, líder indígena del occidente del país centroamericano, alzó la voz para exigir la liberación de su hijo. “Yo estoy un poco temeroso de hacer esta conferencia por la persecución personal familiar, porque algo así similar se me dio la vez pasada, comenzaron a perseguirme el Ejército y la Policía. Pedimos a la Fiscalía que lo deje en libertad”, demandó.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes miembros de MILPA; la Mesa por la Soberanía Alimentaria; la Asociación de Estudiantes de Derecho y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, organizaciones que han documentado las violaciones procesales en el caso de la familia Morales.

Ataque a luchadores sociales

Algo en común entre las diferentes organizaciones que acompañan el caso de la detención de Levi Morales es que éste representa lo que está sucediendo repetidamente en El Salvador, específicamente con las detenciones arbitrarias y como estrategia de represión a las luchas sociales.

Ángel Flores, también integrante de MILPA, contextualizó que, actualmente, en el país centroamericano se está realizando un proceso de reconcentración de la tierra a partir de diferentes iniciativas económicas que continúan el despojo a las comunidades, como los proyectos planeados par la franja costera de El Salvador.

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“En áreas que están bajo presencia de poblaciones indígenas, campesinas, existe una gran cantidad de intereses de impulsar megaproyectos de inversión, establecimiento de complejos hoteleros, procesos de urbanización acelerada y también de turistificación de los territorios (…) no es casualidad que se estén persiguiendo a líderes y líderesas e indígenas, ambientalistas, colectivos de mujeres, entre otros sectores organizados que están en nuestro país, ya que son un obstáculo para poder apropiarse de los bienes comunes”, sostuvo Flores.

^{El despliegue de policías y militares en El Salvador durante el régimen de excepción, vigente desde marzo del 2022, ha sentado las condiciones para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.}

El miembro de MILPA resaltó que el ataque a los pueblos originarios se debe a que son antagónicos a la forma de vida que las élites, económicas y políticas, buscan imponer en el país centroamericano. “Obedece a ese interés de apropiarse de lo que en este momento está en manos de las comunidades campesinas e indígenas de El Salvador”, argumentó.

Militarización

El martes (5), Amnistía Internacional (AI) publicó un informe donde acusa al gobierno salvadoreño, con el presidente Nayib Bukele, de cometer “represión y regresión” a los derechos humanos en El Salvador.

De acuerdo a la organización de derechos humanos, la situación de represión representa una de las mayores crisis en el país desde el fin del conflicto armado hace 32 años. Además, denunció que las políticas de las autoridades consolidan un modelo “punitivo de seguridad pública”, el cual constantemente invisibilizan.

A través de entrevistas y monitoreos, la organización identificó la restricción de los derechos de los salvadoreños y la ejecución de políticas que “profundizan la militarización, prácticas represivas y reformas legales permanentes contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos -particularmente los relativos a un juicio justo-. Lo anterior, ha sentado las condiciones para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló Ana Piquer, directora de AI para las Américas.

*^{Detenciones durante el régimen de excepción en El Salvador-Foto: La Prensa Gráfica}*

Según la organización, las detenciones ilegales y masivas, las desapariciones forzadas, torturas y muertes ocurridas bajo la custodia del Estado ocurridas en el régimen de excepción “son producto de un alto grado de coordinación estatal y ocurren con el conocimiento de las más altas autoridades, quienes muchas veces las incentivan y justifican”. Entre las consecuencias de estas acciones, encontraron que existe un aumento de patrones de autocensura entre periodistas, medios y organizaciones sociales.

El informe evidencia que existe por parte del Estado una política de tortura sistemática contra las personas que han sido capturadas en el régimen de excepción, acusadas de pertenecer a pandillas criminales.

La detención de Levi Morales es una entre las más de 71 mil personas detenidas que se registraban hasta octubre de este año, 19 meses después del inicio del régimen de excepción, el cual, cada mes, continúa siendo prorrogado por la Asamblea Legislativa.

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Socorro Jurídico Humanitario es una organización que ha registrado la detención sistemática de activistas. Acorde a sus datos han detenido a 17 líderes de sindicatos de alcaldías y dependencias del Gobierno, quienes han sido acusados de asociación delictuosa y terrorismo.

Ángel Flores, de MILPA, aseveró que el caso de Morales es un proceso arbitrario y exigió al gobierno salvadoreño que “cese la criminalización, persecución y encarcelamiento de líderes y lideresas indígenas ambientales, sindicales y sociales y de sus familias, como es el caso que estamos viendo en esta ocasión(…) es una situación sumamente preocupante porque los defensores y defensoras de los derechos humanos, de la naturaleza, y derechos colectivos e individuales están siendo perseguidos”.

COP28, el mayor evento de promoción de mercados de carbono

Por

Sare Frabes

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6 diciembre, 2023

^{Mujeres Munduruku se han movilizado para detener la construcción de la hidroeléctrica Teles Pires, que afecta a sus comunidades y a la Amazonía brasileña. Foto: Juliana Pesqueira.}

Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, es la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en su vigésima octava edición (COP28). La ONU, su principal promotor, plantea estas reuniones donde se negocian políticas entre Estados e industrias con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global.

En contraste, organizaciones ambientalistas del mundo denuncian que la COP28 está encaminada a convertirse en el mayor evento de promoción de los mercados de carbono, estrategia señalada como falsa solución al cambio climático, promovida principalmente por compañías petroleras en su discurso de “carbono neutral”.

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Como muestra de la participación del lobby petrolero este año, la organización Kick Big Polluters Out (Fuera los grandes contaminadores) encontró 2,456 participantes de la COP28 quienes están vinculados a los intereses de la industria de los combustibles fósiles. Esta cifra cuadruplica su presencia con la conferencia del año pasado realizada en Egipto.

“Los gobiernos decidirán si van a poner en marcha estos mercados como parte de la política internacional sobre el clima y la presidencia, en manos de los Emiratos Árabes Unidos, realizará varios eventos temáticos para promocionarlos”, sostienen organizaciones como GRAIN, Global Justice Ecology Project, World Rainforest Movement e Indigenous Environmental Network, entre otras.

*^{Participantes en una protesta a favor de la eliminación de los combustibles fósiles durante las negociaciones sobre el clima de la COP28 en Dubái. Foto: Dominika Zarzycka/NurPhoto}*

Las organizaciones denuncian que durante los últimos 20 años los mercados de carbono han actuado como barrera para llevar a cabo acciones reales contra el cambio climático, además, aseguran que “han dado origen a violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios provocando daños graves a las comunidades más expuestas a los impactos de las industrias extractivas y a los efectos de la crisis climática”.

Fracaso

“En la COP 28, los líderes mundiales y los negociadores necesitan reconocer de una vez por todas que los mercados de carbono son un fracaso” , detalló Anuradha Mittal, del Instituto Oakland.

Según Mittal, estos mecanismos financieros son volátiles e inestables, fraudulentos e incapaces de reducir las emisiones contaminantes. “El mundo necesita de manera urgente maneras alternativas de impulsar la acción contra el cambio climático, porque los mercados de carbono han fracasado”, sostiene.

En septiembre de este año, una investigación de The Guardian y la organización Corporate Accountability analizó los 50 principales proyectos de compensación de emisiones, los cuales han vendido la mayor cantidad de bonos de carbono en el mercado mundial. “El 78% de ellos se clasificaron como probablemente basura o sin valor debido a uno o más fallos fundamentales que socavan su prometida reducción de emisiones”, concluyeron.

En su mayoría, estos proyectos se desarrollan en Latinoamérica, África y Asia, en países que han contribuido poco en la crisis climática. De los proyectos analizados, 32 fueron certificados por la norteamericana Verra, que opera la norma de carbono más importante del mundo, así como proyectos de compensación forestal conocidos como REDD+. 28 de sus proyectos fueron clasificados como probablemente basura.

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Otros esquemas de certificación tuvieron resultados similares. Dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), dirigido por la ONU, cinco proyectos de compensación se clasificaron como probablemente basura, entre ellos la presa hidroeléctrica de Teles Pires, en Brasil, que ha perjudicado a comunidades indígenas y tradicionales, ha dañado la biodiversidad y la pesca, y también es probable que emita importantes cantidades de carbono.

*^{Activistas protestan contra la extracción de hidrocarburos durante los inicios de la COP28 en Dubai. Foto con el mismo nombre}*

“En la COP28, los gobiernos decidirán si van a expandir el alcance de los mercados de carbono e incluir nuevas tierras, nuevos mares y nuevos tipos de riesgosas actividades de compensación. Esto sería un desastre para el clima y para las comunidades más afectadas por el cambio climático”, señaló Kirtana Chandra de Amigos de la Tierra Internacional.

“Quienes han elaborado los proyectos de compensación de carbono, los grupos que definen los estándares, los auditores y quienes comercializan los créditos se han embolsado millones emitiendo bonos de carbono que no han reducido las emisiones, pero sí han exacerbado la crisis climática”, denuncian en comunicado estas organizaciones.

Nuevas fronteras

En el discurso de la compensación de carbono también han cobrado relevancia los proyectos de
“soluciones basadas en la naturaleza” , los cuales se han expandido de los bosques hacia zonas marinas y costeras. “Denominados como ‘carbono azul’, han obligado a las comunidades locales a involucrarse en costosas y complicadas batallas legales por reafirmar sus derechos, recuperar sus territorios y resistirse a los proyectos”, señalan las organizaciones.

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Según Shalmali Guttal, de Global South, pescadores y comunidades costeras han rechazado la denominada Economía Azul y “han señalado que los conceptos de sustentabilidad y resiliencia están siendo deformados para permitir el avance de la ‘colonización climática’ y expandir las fronteras de la extracción y explotación de la naturaleza”.

Por su parte, Laura Dunn, del Grupo ETC, destacó los hallazgos de un reciente informe el cual analiza el cultivo de algas marinas que se presenta como el nuevo “petróleo verde”. Acorde al estudio llamado El engaño de las algas marinas, el cultivo industrial de algas marinas no salvará el clima ni la naturaleza. Por el contrario “la geoingeniería del planeta mediante inmensas plantaciones de algas marinas destruirá los ecosistemas y pondrá en peligro a las comunidades costeras”, detalla el estudio.

Un mapa publicado por Carbon Brief muestra que el 72% de proyectos de compensación de carbono a nivel global han causado daño a comunidades y pueblos originarios.

Algunos ejemplos son los casos de las comunidades dentro del área de los proyectos REDD+ del Alto Mayo en Perú, quienes fueron violentamente expulsadas de sus territorios por las autoridades del área protegida en la cuenca alta del río Mayo, departamento de San Martín.

En África, con el financiamiento de instituciones europeas, compañías petroleras japoneses y una empresa de inversión australiana, la Plataforma Africana de Impacto Forestal adquirió Green Resources, una empresa noruega de plantaciones forestales y créditos de carbono con una historia de acaparamiento de tierras, violaciones a los derechos humanos y destrucción ambiental en Uganda, Mozambique y Tanzania.

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