La región de la sierra madre y la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala, arde. La omisión de las autoridades incrementa el riesgo para la población ante los constantes enfrentamientos armados, las desapariciones, el reclutamiento y desplazamientos forzados, acusan organizaciones sociales chiapanecas y nacionales.
Extorsiones, amenazas y secuestros son parte de la cotidianidad. También la cooptación e integración forzada de organizaciones sociales, campesinas, comerciantes y transportistas para participar en actividades criminales; además de la desaparición de líderes y autoridades comunitarias.
A lo anterior se suma la repercusión negativa en la economía tras casi dos semanas de bloqueos carreteros que impiden el traslado de mercancías y alimentos básicos, que ya alcanzan precios estratosféricos por la escasez. Además, funcionarios educativos anunciaron la suspensión de clases desde esta semana, como una medida para preservar la seguridad de maestros y alumnos ante la violencia que azota la región.
“Ante el pánico e incertidumbre provocados a la sociedad, determinamos suspender temporalmente las actividades laborales en todos los planteles de la zona escolar para no exponer a alumnos, maestros, personal docente y padres de familia”, resalta el oficio de las autoridades escolares.
Ante esta situación, organizaciones como la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a través de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), difundieron un comunicado para alertar que, a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, “aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región”.
En medio de la guerra
Los testimonios del enfrentamiento en Nueva Independencia señalan que, en la mañana del 23 de mayo, grupos antagónicos del crimen organizado utilizaron armamento de guerra. “Detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos ‘monstruos’ blindados”, fueron utilizados en medio de la población civil.
Vehículos incendiados durante los enfrentamientos de mayo, 2023.
La violencia desbordó y provocó el desplazamiento forzoso de aproximadamente 3,500 personas. Por casi cuatro días no hubo presencia ni intervención alguna del Estado. Fue hasta el 30 de mayo cuando alrededor de 1,500 elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército arribaron al lugar.
“Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia (militares y GN) tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan”, sostienen las organizaciones sociales.
De acuerdo a un documento filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con fecha de junio del 2022, el cártel de Sinaloa mantiene la hegemonía en Chiapas, pero desde el asesinato de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, El Junior, sucedido en julio de 2021, se “provocó un vacío en el liderazgo en el grupo delictivo que encabezaba (cártel de Sinaloa), originando pugnas y diferencias entre las células que lo integran, considerando una fractura en el interior de la estructura del cártel.”
Las organizaciones sociales también identifican este evento como un parteaguas en el incremento de los enfrentamientos en distintas regiones de Chiapas. “Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro. Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica”, contextualizan.
Según la denuncia, tras la guerra de mayo, la violencia se expandió hacia comunidades y ejidos de municipios colindantes a Frontera Comalapa, como Chicomuselo y La Trinitaria, “en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos”.
Cabe resaltar que durante las últimas semanas se registran bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en los municipios de Chicomuselo, Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. “Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región, así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas”, acusan mediante comunicado.
Las organizaciones enfatizan que el cierre de comercios, escuelas, así como la falta de servicios de salud y transporte implica daños al patrimonio y medios de vida de las familias en la región.
Esto coloca en mayor riesgo su seguridad alimentaria, además de impactar negativamente en la salud física y mental de las personas que viven con temor de nuevas agresiones.
Medios nacionales han reportado que se han disparado los costos de alimentos básicos, las tortillerías no funcionan y escasea el combustible. En municipios de la región fronteriza y sierra, desde hace 10 días incrementaron los bloqueos sobre la carretera Panamericana. También aumentaron los asesinatos y secuestros, por lo que los comercios cerraron sus puertas y la población se resguarda en sus hogares.
Testimonios de los lugareños señalan que los bloqueos cerca del crucero de Chamic y la carretera que cruza a la sierra, a la altura del municipio de Motozintla, mantienen permanentemente incomunicado al municipio de Frontera Comalapa, y también afecta a los municipios de Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera. En la región habitan aproximadamente más de 130 mil personas.
Miles marcharon en Frontera Comalapa para exigir el retiro de los bloqueos que mantiene incomunicado al municipio.
Este lunes (18), alrededor de 8 mil personas marcharon en Frontera Comalapa para demandar el retiro de los bloqueos carreteros, que adjudican a integrantes del cártel de Sinaloa. Medios locales señalan que la manifestación fue promovida por la agrupación El Maíz, la cual vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según testimonios de la población, estos fueron amenazados para participar en la protesta.
Autoridades omisas
Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la región vive un total sometimiento y silenciamiento de la población, y señalan que esto acontece en medio de la complicidad de las autoridades municipales, las cuales carecen de confianza ante la población para atender denuncias y brindar apoyo para los habitantes.
A lo anterior, se suma la falta de certeza en la función que realizan los elementos del ejército que arribaron a la región desde mayo. “La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población”, acusan.
Bloqueo carretero en el crucero de Chamic
En el municipio de Chicomuselo, mediante acuerdos de asamblea, se solicitó que la presencia de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas respetaran los derechos humanos de la población, ante el temor de que realizaran abusos contra los pobladores, como se reporta en otras partes del país.
“Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, sentencian las organizaciones.
Desde el pasado 9 de septiembre, la Sedena anunció la incorporación de 500 soldados, pertenecientes a la 39 zona militar, para la instalación de puntos de control entre los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero y Motozintla. No obstante, lejos de que la violencia cese, se registra un aumento de las agresiones por parte del crimen organizado.
En portada: Más del 70 % de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de 2022 ocurrieron en tan solo tres países: Colombia, Brasil y México. Felipe Luna/Global Witness
América Latina continúa siendo la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, alerta la organización de derechos humanos Global Witness. De acuerdo con documentación realizada por la organización en 18 países de todo el mundo, al menos 177 personas defensoras perdieron la vida en 2022, 88% de los asesinatos ocurrieron en América Latina.
Más de un tercio, el 36%, de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, y el 7%, afrodescendientes. Más de una quinta parte, el 22%, se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir.
Global Witness ha documentado la violencia y asesinatos contra defensores de la tierra desde 2012. “El mundo ha cambiado radicalmente desde que empezamos esta labor, en 2012. Lo que permanece inmutable es la persistencia de los asesinatos”, sostiene la organización en el informe que divulga el resultado de la documentación.
Desde 2012, registraron 1,910 asesinatos, siendo que el 70%, 1,335 asesinatos, ocurrieron en Latinoamérica. Además, la organización registró que, de los 1,910 asesinatos, 1,390 tuvieron lugar entre la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2022.
Las cifras de 2022 son poco menores comparadas al 2021, cuando fueron asesinadas 200 personas. Sin embargo, la situación no ha mejorado sustancialmente, alerta la organización. “El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales”.
Año tras año, la mayoría de los asesinatos se concentra en los mismos países. Más del 70% de los casos - 125 asesinatos de un total de 177 - ocurrieron en tres países: Colombia, Brasil y México.
Colombia encabeza la clasificación mundial con 60 asesinatos. Esta cifra supone casi el doble de asesinatos que, en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas defensoras. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medioambiente, “han sido duramente golpeados”.
En Brasil perdieron la vida 34 personas defensoras, frente a las 26 de 2021. “Las personas defensoras brasileñas tuvieron que hacer frente a una hostilidad implacable por parte del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, cuyas políticas han expuesto la Amazonia a la explotación y la destrucción, han debilitado las instituciones ambientales y han incitado a invasiones ilegales de tierras indígenas”, dice el documento.
Explotación minera ilegal en el territorio indígena Yanomami (Brasil), 2023. Foto: Alan Chaves
México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Al menos 16 de las personas asesinadas eran indígenas, mientras que cuatro eran abogados. “No obstante, la situación general en México no dejó de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y las agresiones sin consecuencias mortales (entre ellas, la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzoso, el acoso y la criminalización) siguieron dificultando en gran medida su trabajo”, señala la organización.
En Honduras fueron registrados 14 asesinatos en 2022, el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. “Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”, sostiene la organización.
Julia Francisco Martínez, viuda del defensor de los derechos humanos Francisco Martínez Márquez, miembro del grupo en defensa de los derechos indígenas MILPAH que apareció asesinado en 2015. Giles Clarke/Global Witness
La organización subraya que las cifras solo contabilizan los asesinatos de los que se tiene conocimiento, dado que la falta de denuncia es un problema generalizado. “Por desgracia, se habrán perdido muchas más vidas que no están incluidas en nuestros datos”.
En el mes de abril, el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, durante una cena con medios de comunicación y diversos corresponsales, hizo un llamado urgente para la liberación de los periodistas que están presos, sobre todo estadounidenses, afirmando que “el periodismo no es un delito”.
Biden hizo hincapié, principalmente, sobre el caso de dos periodistas: Evan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, acusado de espionaje en Rusia, y Austin Tice, periodista supuestamente retenido por el gobierno sirio. “La prensa libre es un pilar de una sociedad libre, no el enemigo”, reafirmó el presidente de los EEUU ante diversos reporteros, editores, presentadores de televisión y locutores de radio. En ningún momento se mencionó el caso del periodista australiano Julián Assange.
Assange fue detenido en Londres en 2019, aunque ya había pasado siete años en calidad de refugiado en la Embajada de Ecuador de la capital británica. Es acusado por el gobierno de Estados Unidos por 17 cargos de violación a la Ley de Espionaje y un cargo de conspiración por supuestamente cometer intrusión informática, es decir, acceso no autorizado a la red de datos clasificados.
Los documentos clasificados que expuso el periodista en 2010 y 2011 contienen pruebas de las atrocidades cometidas por el gobierno estadounidense en Irak y Afganistán.
Desde el momento en que se libera la orden de detención del periodista Assange, de origen australiano y fundador de Wikileaks, se ejerce una presión constante para que el periodista sea extraditado a Estados Unidos para ser juzgado con una posible pena de hasta 175 años de prisión.
Biden ha tenido la oportunidad de poner un alto a la persecución de Assange y darle un giro al caso. No obstante, el Departamento de Justicia en su periodo de gobierno ha insistido en la extradición, como lo hizo el ex presidente Donald Trump.
Solidaridad con Assange
A ello se suma que el Tribunal Supremo de Reino Unido rechazó, el pasado mes de junio, la apelación que interpuso la defensa del periodista contra su extradición a Estados Unidos.
Entre las diversas expresiones de solidaridad que ha recibido el periodista, más de 60 legisladores australianos han emitido una misiva al gobierno de EEUU donde instan a retirar los cargos contra Assange. Incluso, una delegación de estos parlamentarios australianos ha decidido viajar a la Casa Blanca la próxima semana para ejercer presión por la libertad del periodista.
Actualmente Assange lleva cuatro años en la prisión londinense de Belmarsh, aún sin cargos. Si Assange es condenado, tendría graves consecuencias para la libertad de prensa en Estados Unidos y en todo el mundo, ya que la práctica que él ejerció sobre la ventilación de los documentos clasificados es común en el periodismo de investigación; en todo caso, cientos de periodistas podrían ir a prisión por ello.
En portada: Durante conferencia de prensa, representantes de comunidades mayas celebraron la resolución que les restituye sus tierras y derechos agrarios. Foto: Theani Vianey
Este lunes (11), la comunidad maya de Celestún, en Yucatán, informó sobre la resolución de una controversia agraria, la cual ordena la restitución de tierras a 72 ejidatarios despojados ilegalmente de sus derechos agrarios por el Grupo Porcícola Mexicano SA de CV (Kekén), el mayor productor de carne de cerdo en México.
Mediante conferencia de prensa, contextualizaron que esta victoria está relacionada al despojo de 3,513 hectáreas de tierras de uso común en Celestún. Explicaron que el Comisariado Ejidal, asesorado por el licenciado Rafael Acosta Solís, firmó el 28 de abril de 2019 un convenio confidencial con Kekén cuya consecuencia sería el despojo de sus tierras de uso común y sus derechos agrarios.
Los ejidatarios denunciaron que el acuerdo les obligaba a mantener estricta confidencialidad respecto de cualquier información que les proporcionara la empresa. También que la empresa intentó legalizar el convenio mediante el Tribunal Unitario Agrario, “pero el 21 de noviembre de 2019 dicho Tribunal ‘resolvió improcedente calificar de legal y aprobar el convenio aludido, esencialmente porque con su suscripción dicho núcleo agrario [Celestún] pareciera que pierde la superficie de 3,513 hectáreas’”, contextualizan mediante comunicado.
Los habitantes de Celestún acusaron que, durante 2019 y mediante engaños, Rafael Acosta les convenció para aceptar un pago de 12 mil pesos por ejidatario, consecuencia de una supuesta victoria de la comunidad maya en un juicio contra Kekén, debido a que desde 2012 exigen el retiro de la megagranja porcícola que está ubicada en las proximidades. Los ejidatarios sostienen que, a cambio de la firma del convenio, Rafael Acosta recibió, de parte de la empresa, un pago de casi un millón y medio de pesos.
A cambio, les solicitaron la firma de documentos en blanco. “Luego usaron nuestras firmas para quitarnos nuestros derechos ejidales, afirmando falsamente que habíamos renunciado. Afortunadamente, la sentencia concluye que se nos engañó para firmar esos papeles y nunca dimos nuestro consentimiento para que se nos despojaran nuestros derechos, y ordena que se nos devuelva la condición de ejidatarios”, afirma Héctor Arsenio del Ángel Ávila, representante común de los ejidatarios de Celestún.
Durante conferencia de prensa, representantes de comunidades mayas celebraron la resolución que les restituye sus tierras y derechos agrarios. Foto: Theani Vianey
Según Ávila, la sentencia actual demuestra la nulidad de los escritos impugnados por los ejidatarios, pues el despojo de sus derechos ejidales atenta contra diversos artículos de la Ley Agraria, el Código Civil Federal y otras normativas.
“La sentencia también refleja la complicidad del notario Raúl Pino Navarrete, titular de la Notaría 76 de Yucatán, que fue también demandado por los ejidatarios en este juicio, y que protocolizó las renuncias de derechos declaradas como nulas por el Magistrado Dr. José Lenin Rivera Uribe”, divulgaron los ejidatarios.
Por su parte, Saúl Rodríguez Gutiérrez, ejidatario de Celestún, aseguró que nunca estuvieron de acuerdo con la entrega de tierras a Kekén, ni con la participación de Solís como asesor legal del ejido. “Con esta sentencia, salen a la luz los actos ilegales cometidos por este abogado y por comisariados ejidales corruptos. Kekén nos está despojando de nuestras tierras de uso común y afecta nuestra salud con la contaminación del agua provocada por su megagranja. Esta sentencia nos alegra y anima a continuar con más acciones legales para la defensa de nuestro territorio, hasta lograr el cierre de la megagranja y la recuperación de nuestras tierras de uso común.”
Comunidades frente al despojo
En la rueda de prensa también participaron representantes de las comunidades mayas de Kinchil, quienes señalaron afectaciones por contaminación y despojo de tierras realizado por la empresa Kekén. Matilde Edilberta Dzib Dzul, del Colectivo Cantukún e integrante del Consejo Maya del Poniente, enfatizó el procedimiento fraudulento mediante el cual la empresa cometió el despojo.
“Se otorgaron las tierras a prestanombres de Kekén que ni siquiera viven en la comunidad, en lugar de a las familias campesinas y apicultoras que siempre las hemos trabajado y conservado”, sostiene Dzib Dzul, habitante de Kinchil.
Ella también enumeró las graves afectaciones ambientales en la comunidad maya. Entre varias, la contaminación del manto acuífero derivada de las excretas de los cerdos, así como del amoniaco de los orines que afectan la salud de todos los habitantes.
“Vemos cada vez más cólicos, cáncer y otras enfermedades. El gobierno solo piensa en las ganancias de sus aliados en Kekén y otras empresas, y le da igual el precio que pagamos las comunidades mayas, al quedarnos sin tierras, sin selva, sin nuestra producción y modos de vida, y con toda la contaminación y los efectos a la salud”, sostiene.
Dzib Dzul resaltó las consecuencias negativas a la producción de miel, actividad a la cual se dedican los habitantes de la región. “En mi familia somos apicultores, y la empresa Kekén ha deforestado y afectado a nuestra actividad, la cantidad de miel se ha reducido y hemos perdido certificaciones orgánicas por el impacto de la granja. ¿Será posible que esto los gobiernos no lo vean? Debemos defender nuestra tierra y nuestras actividades y formas de vida como pueblo maya”.
Federico de Jesús May Cuitún, productor de chile orgánico de Kinchil, aseguró que su comunidad también sufre las mismas amenazas que Celestún. “La noticia de Celestún es una fuente de esperanza para nosotros, nos motiva para seguir luchando por la defensa de nuestras tierras. Además de la megagranja de lechones de Kekén, en nuestro territorio hay también una granja de engorda de cerdos que añade más contaminación a los mantos freáticos. Es increíble que se autorice esto en una zona con un acuífero tan vulnerable. Nuestra agua se llena no solo de estiércol, sino también de antibióticos y productos químicos tóxicos”, aseveró.
Otra de las amenazas, refiere Cuitún, está relacionada a los tratos que los comisariados ejidales realizan a espaldas de la comunidad maya, donde también existen intereses de la industria inmobiliaria para despojarles de 5 mil hectáreas de tierras.
“Están usando a otra comunidad para robarnos nuestras tierras como prestanombres para que caiga en manos de inmobiliarias y proyectos contaminantes. Hemos escuchado que Rodrigo Vega y Armando Ceballos están vendiendo estos proyectos a inversionistas, como si la tierra fuera de ellos. Estamos en riesgo de perder gran parte de nuestro territorio y la gran riqueza natural que tenemos por culpa de la ambición desmedida de políticos y comisarios ejidales, a quienes los especuladores sobornan para apropiarse de nuestras tierras”, denuncia el habitante de Kinchil.
En el anuncio de la victoria de los ejidatarios de Celestún también participaron miembros de la comunidad maya de Ixil, quienes alertaron por el intento de despojarles de sus tierras colectivas.
De acuerdo al testimonio de Ansunción Chi Tejero, el pasado 17 de agosto, más de 300 elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado cerraron los accesos a las tierras de cultivo de la comunidad. “Actuaron con completa impunidad, nunca mostraron documentos, solo un volante de la Fiscalía. Entraron como bandidos, de noche y sin avisar al pueblo, sin orden judicial, solamente porque Chikri Abimerhi solicitó a la Fiscalía que cerrasen el acceso a nuestras tierras”.
Según Tejero, este operativo tenía el objetivo de infundir miedo en la población maya, “pero toda la comunidad está decidida a defender estas tierras. Yo soy uno de los afectados, nuestros sembrados están cerrados por alambre de espinos, tenemos que brincarlos con nuestras herramientas y no podemos entrar con nuestras motos y camionetas. Pero no vamos a abandonar nuestras tierras, pues eso es lo que buscan estos ladrones con la complicidad del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado”.
Alejandra Kantún, miembro de un grupo de mujeres que mantiene un vivero en Ixil, señaló que desde aquel día se les ha impedido el acceso al mismo. En contraste, “funcionarios de la Fiscalía y de la Policía Estatal dejan entrar todo el rato a camionetas sin placas y vehículos con materiales de construcción”, denuncia.
Por ello, los miembros de Ixil convocaron a la población para participar en la marcha del próximo sábado 16 de septiembre a las 4 de la tarde en Ixil. También a la marcha estatal que tendrá lugar el 30 de septiembre en Mérida con el objetivo de “detener el despojo y defender nuestro territorio y naturaleza”.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado profundizar el proceso de militarización en México de manera inédita, de modo que la actual concentración de tareas civiles en las fuerzas castrenses no podrá ser desmontada fácilmente.
Este es al análisis realizado por parte de la investigación llevada a cabo por la organización no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA), con base en datos públicos del gobierno y en solicitudes de acceso a información pública. Los resultados fueron presentados este mes de septiembre en el informeTransformación Militarizada: Derechos Humanos y Controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México.
El gobierno de López Obrador logró, según el informe, lo que sus antecesores no lograron: aprobar leyes y normativas que garantizan la institucionalización de la militarización. En 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto logró que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, pero fue invalidada en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2018, por pretender normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas civiles.
Por su parte, López Obrador logró una reforma constitucional en marzo de 2019 que, entre otros puntos, brindó a los militares la facultad de realizar tareas policiales hasta 2024, si es que el presidente lo considera conveniente.
En 2020, el mandatario mexicano publicó un nuevo Acuerdo Presidencial mediante el cual ordenó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hasta ahora la SCJN ha validado la procedencia de este Acuerdo citando el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019. Ya para el año 2022, se decide que la disposición de las fuerzas armadas en tareas policiales se extiende hasta 2028 mediante otra reforma constitucional. Es decir, que quien suceda a López Obrador en el poder, tendrá la posibilidad de hacer uso de las fuerzas armadas en el ámbito civil y administrativo.
Como consecuencia, a través de la reforma constitucional de marzo de 2019 y la posterior aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, en mayo del mismo, se creó la Guardia Nacional (GN) como nueva fuerza de seguridad federal, en sustitución de la ahora extinta Policía Federal entrenada y equipada por los Estados Unidos.
Aunque el artículo 21 de la Constitución dispone que la GN sea “una institución policial de carácter civil”, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los hechos se trata de una fuerza cuya formación, estructura de mando, despliegue territorial mediante cuarteles e identidad institucional son fundamentalmente militares.
De acuerdo con la investigación, existen documentos oficiales que revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió la coordinación operativa de la GN a partir de octubre de 2020.
Para formalizar y profundizar la identidad de la GN como una fuerza armada, López Obrador logró una reforma a la Ley de la Guardia Nacional en septiembre de 2022 para otorgar el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena. Cabe mencionar que dicha reforma figura entre los cambios previstos por esta institución en un esquema más amplio de reestructuración interna dado a conocer en 2021.
Para abril de este 2023, la SCJN invalidó la reforma a la GN por contradecir el texto de la Constitución, al considerar a la GN como una fuerza civil. No obstante, la SCJN otorgó un plazo hasta enero de 2024 para el cumplimiento de su resolución. De cumplirse lo ordenado por la SCJN en ese plazo, presumiblemente la GN seguiría bajo la coordinación de facto de la Sedena.
Militares reconocen “logros” del presidente
El informe menciona el recuento de este proceso que hace el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, quien ilustra cómo las propuestas de las fuerzas armadas encontraron eco en la presente administración federal:
“[En sexenios anteriores] nunca nos dieron lo que siempre, tanto mi general Galván como mi general Cienfuegos, pidieron. En esta administración se dio de una manera fácil porque el señor presidente entendió perfectamente cuál era la necesidad que teníamos para no exponernos y para obviamente tener la facultad legal de actuar. Además, se logró con algo muy sencillo, no con una ley sino con un artículo transitorio que nos da respaldo legal. Con uno, dos o tres renglones, que es lo que abarca ese transitorio, se logró lo que en tantos años no pudimos. […]”.
Despliegues
El despliegue de fuerzas militares y militarizadas se mantiene en niveles históricos, señala el informe. El Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, presentado por las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en mayo de 2023, reporta un despliegue de 79 mil 399 “efectivos de la Fuerza Armada permanente repartidos en el territorio nacional en tareas de seguridad pública”, de los que 59 mil 217 corresponden al Ejército y 20 mil 182 a la Marina.
Si se suma el despliegue de las fuerzas federales en otras tareas, de acuerdo al informe mensual de seguridad del gobierno federal, de junio de 2023, en el periodo que va del 30 de mayo al 12 de junio de 2023, estaban desplegados 109 mil 281 integrantes de la GN y 145 mil 995 integrantes de las fuerzas armadas, dando un total de 255 mil 276 elementos adscritos a Sedena.
La militarización de las tareas policiales también ocurre a través del nombramiento de mandos militares en las instituciones de seguridad estatales y locales, sostiene el informe. López Obrador ha recomendado públicamente a los gobernadores y gobernadoras consultar con la Sedena y la Semar antes de nombrar a las personas titulares de las secretarías de seguridad pública estatales, “para que se tenga personas honestas, íntegras, honestas, repito, incorruptibles”.
En megaproyectos
El gobierno federal también ha asignado una creciente lista de otras tareas civiles a las fuerzas armadas, mediante una serie de acciones y reformas tanto administrativas como legislativas.
Estas tareas incluyen la construcción de megaproyectos o la administración de empresas a cargo de estos, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, aeropuertos, con planes para que pronto empiece a operar una aerolínea militar. Las instituciones militares también controlan puertos y aduanas.
El estudio alerta que al tiempo que crecen sus facultades y su poder, las fuerzas armadas no cuentan con controles civiles eficaces sobre su actuación. Además, México sigue experimentando niveles históricos de violencia, y la gran mayoría de delitos quedan impunes.
En portada: Campesinas y campesinos dentro de la recuperación de la finca El Chile, en las inmediaciones de la ciudad de Tocoa, región del Bajo Aguán. Foto: Santiago Navarro F.
En el Bajo Aguán, Honduras, la disputa agraria convulsiona. Las acciones del gobierno dan señales contradictorias al prometer la restitución de territorios campesinos y, al mismo tiempo, asignar a fuerzas de seguridad para desalojar recuperaciones de tierras que actores de la agroindustria, como la productora de aceite de palma Corporación Dinant, catalogan como invasiones.
La presente cobertura está dividida en dos partes. La primera aborda la represión y criminalización contra el movimiento campesino, que recrudecen, en contraste con la lenta implementación del convenio, firmado el año pasado entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y organizaciones sociales, para dar solución al conflicto por el reparto agrario en el Bajo Aguán, cuyas tierras fueron destinadas a la reforma agraria desde los 70s.
La segunda entrega compartirá un esbozo a la recuperación de la finca El Chile, donde cientos de campesinas y campesinos luchan para forjar alternativas de vida tras décadas de violencia ejercida por militares, grupos armados y seguridad privada de las empresas de palma aceitera.
Como reconoce la administración de Castro, durante los últimos 30 años, empresas y cooperativas campesinas han accionado para la recuperación de tierras que les han sido despojadas de manera fraudulenta.
Además de señalar a Dinant, sobresalen Inversiones Ceibeñas y Oleopalmas de Centroamérica, quienes, de acuerdo a organizaciones como la Plataforma Agraria del Aguán, son las principales responsables de acaparar miles de hectáreas de tierras, en uno de los valles más fértiles de Centroamérica.
Promesas incumplidas
Campesinos del Bajo del Aguán, departamento de Colón, vieron con esperanza el convenio firmado con la presidenta Xiomara Castro, celebrado el 22 de febrero del 2022, para determinar las causas que, desde hace 30 años, dieron origen a las violaciones a los derechos humanos en la región y, con ello, proponer medidas de reparación a las víctimas.
Sin embargo, antes que resolver la violencia del pasado, posterior al acuerdo, las agresiones arrecian contra las representaciones y líderes de empresas asociativas y cooperativas campesinas. Pese a que el Estado hondureño reiteró su compromiso para la implementación de medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas desde 2015 para 155 campesinos del Aguán, desde el mes de diciembre del 2022 hasta julio del 2023, han sido asesinados nueve personas vinculadas al movimiento campesino.
Acorde a la Plataforma Agraria del Aguán, firmante del convenio, desde el año 2010 a la fecha han sido asesinados 160 campesinos debido a la disputa por las tierras. Particularmente violento ha sido el periodo tras el golpe de Estado, entre 2009 y 2014, momento en que la CIDH emitió las medidas cautelares, con una centena de homicidios. Ahora, después de la oficialización del acuerdo, la Plataforma denuncia que las empresas de palma aceitera han reactivado la violencia, dando lugar a múltiples asesinatos, persecución y criminalización en contra de quienes reivindican los derechos y restitución de las tierras agrícolas.
Foto: Santiago Navarro F.Foto: Aldo SantiagoFoto: Renata BessiPese a la falta de implementación del convenio con el gobierno de Castro, familias campesinas continúan las recuperaciones de tierra en el Bajo Aguán.
Un año y medio ha transcurrido del acuerdo y las promesas del gobierno para alcanzar la titulación definitiva de tierras a favor de las empresas y cooperativas de organizaciones campesinas aún no se materializan.
Por el contrario, testimonios de la Plataforma Agraria del Aguán argumentan que empresarios de la agroindustria, dueños de enormes plantaciones de monocultivos de palma aceitera en la región, han demostrado su influencia para que el gobierno accione en otro sentido: promoviendo desalojos contra recuperaciones campesinas.
“El poder empresarial quita y pone presidentes”, denuncia Yoni Rivas, integrante de la Plataforma, en referencia a los actores que, con su accionar, obstaculizan el cumplimiento del convenio.
Actualmente, la Plataforma aglutina a 42 cooperativas y empresas campesinas en proceso de recuperación de tierras y, a pesar de los pocos resultados del acuerdo, mantiene diálogos con la administración de Castro para buscar una solución pacífica a la disputa agraria.
Para el 6 de junio del 2023, la presidenta Castro sorprendió con el anunció de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a Tierra, la cual argumentó como necesaria debido “al fracaso histórico en las políticas agrarias y ante el incumplimiento de la Reforma Agraria” en el país centroamericano.
Dicha comisión nació tras una reunión de la presidenta con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) lo cual le configuró con un carácter militar y policial. Este organismo reúne a los tres poderes del Estado, junto al fiscal general y a los ministros de Defensa y Seguridad y opera desde 2011 - promovido por los ex presidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (JOH), quien enfrenta cargos de narcotráfico en EEUU-, bajo el argumento del combate al crimen organizado.
“El anuncio es una mezcla de medidas represivas y reformistas, que apuntan a restituir en el plazo inmediato el control de algunas fincas a los poderosos agro-exportadores”, argumenta Gustavo Irías, abogado del Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (CESPAD).
Irías reflexiona sobre las facultades de la Comisión ante los “desalojos preventivos”, una figura que es parte de las reformas al Código Penal contenidas en el Decreto 93-2021, promovidas por la administración de JOH. “Este Decreto es considerado como uno de los pactos de impunidad que, a más de 15 meses de gobierno, ya debió haber sido derogado, porque favorece la corrupción (con las reformas a ley de lavado de activos) y violenta abiertamente las libertades democráticas de asociación, asamblea y protesta”, señala el director de CESPAD sobre el “marco jurídico criminalizante”, el cual continuará aplicándose en detrimento del movimiento campesino.
Según el abogado, la orden presidencial es clara: “el desalojo inmediato de las tierras ocupadas por las organizaciones campesinas, dejando el espacio a que el Instituto de la Propiedad (IP) determine la legalidad y ‘legitimidad’ de los títulos de propiedad”. Y advierte sobre los protocolos a implementar en los desalojos, que hacen uso de las fuerzas militares y policiales contra familias campesinas.
Aspectos de la recuperación de tierras en la finca El Chile. Pese a la ocupación por familias campesinas, la planta procesadora propiedad de Corporación Dinant se mantiene activa. Foto: Aldo Santiago
La respuesta de la Plataforma y de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), organización que también participa del convenio con el gobierno nacional, fue de condena pues “no incorpora la voz directa de los involucrados y, en nuestro caso, del sector campesino, que hemos recibido el impacto directo de los abusos que por décadas han generado los terratenientes, las empresas agroindustriales, junto a todos los gobiernos independientemente de su color político”.
Para Yoni Rivas, vocero de la Plataforma, la actuación de la Comisión de Seguridad Agraria no contempla la legalidad de las escrituras públicas con las cuales los palmeros pretenden avalar los desalojos en la región del Bajo Aguán, cuyo valle se extiende en una superficie de 200 mil hectáreas y abarca parte de los departamentos de Colón y Yoro.
Rivas argumenta que miles de hectáreas fueron arrebatadas de las manos de campesinos por parte de los empresarios por medio de violencia, intimidación y asesinatos. Sólo la Corporación Dinant asegura contar con 13,300 hectáreas cultivadas con palma aceitera y, en 2022, reporta a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) más de 17 mil hectáreas, entre monocultivos, procesadoras y unidades destinadas a conservación. Hasta principios de 2023, reclama otras “11,700 hectáreas propias que ya se encuentran usurpadas por diferentes grupos que actúan de manera ilegal”.
Seguridad agraria militarizada
“Están llevando a cabo desalojos de una forma acelerada”, acusa Rivas, cuya organización asevera que los operativos, “sin discusiones, diálogo e investigaciones sobre los origenes de los registros de propiedad viola su mandato, por lo tanto, ejecutar los desalojos solo refleja la parcialidad de la justicia y protección de la que gozan las empresas agroindustriales por parte del gobierno”.
Para los campesinos no es coincidencia que los primeros desalojos, atribuidos a las labores de dicha comisión, y ejecutados por el Instituto Nacional Agrario (INA) junto con el ministerio de Seguridad, Policía Nacional y ejército, beneficiaron a Corporación Dinant. Es el caso del desalojo de una finca de palma aceitera ubicada en la aldea El Tumbador en Trujillo, Colón, reclamada por Dinant.
La finca El Tumbador formó parte de las 5,700 hectáreas que, en 1983, el gobierno hondureño cedió al ejército de los EEUU para la operación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), desde donde se dio entrenamiento contrainsurgente a militares salvadoreños, hondureños y los “Contras” nicaragüenses en el contexto de los conflictos armados centroamericanos.
Para 1991, tras el cierre del CREM, los predios de El Tumbador fueron traspasados al INA con fines de reforma agraria, es decir, para sustituir el latifundio y garantizar la justicia social en el campo. Sin embargo, la municipalidad de Trujillo realizó la venta de estos terrenos y, con ello, Corporación Dinant se adjudicó las tierras donde, en 2010, en medio de un intento de recuperación, fueron asesinados cinco campesinos a manos de guardias privados.
De acuerdo a una denuncia, realizada en 2017, por organizaciones agrarias a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las tierras que explota Corporación Dinant en la Finca el Tumbador, que son alrededor de 750 hectáreas, corresponden a 45 empresas campesinas del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), que están dentro del título de propiedad de 5,700.24 hectáreas inscrito en el instituto de la propiedad que fueron adjudicadas al MCA a partir del año 2000”.
Dinant es propiedad de la familia Facussé Barjum que, junto a Inversiones Ceibeñas de Reynaldo Canales, y Oleopalmas de Centroamérica, de René Morales, son los principales productores de palma aceitera hondureña y señalados por el movimiento campesino por ser responsables del despojo de tierras en el Bajo del Aguán.
Con decenas de miles de hectáreas sembradas con palma aceitera, el valle del Bajo Aguán es una región inundada por este monocultivo. Foto: Aldo Santiago
La Plataforma y COPA han señalado anteriormente los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los palmeros, y la actuación de la Comisión de Seguridad Agraria no es la excepción. Preocupa la participación del coronel Elías Melgar, vice Ministro de Defensa, pues las organizaciones campesinas han señalado sus vínculos con la agroindustria, específicamente con la Corporación Dinant y empresas de seguridad privadas como Orion y SION.
Una investigación de The Intercept vincula al coronel, quien estuvo desplegado en el Aguán durante su época más violenta (2009-2013), con actividades de tráfico de drogas y su participación, con elementos del 15 Batallón militar en Río Claro, en operaciones conjuntas con Orion, contratada por Dinant y Oleopalmas para actuar como escuadrones de la muerte.
Plan de asesinato
“Estamos en un listado, si cualquiera de nosotros cae, lo enterramos y seguimos”. Estas fueron las palabras que compartió Omar Cruz Tomé, Presidente de La Cooperativa de los Laureles, a representantes del movimiento campesino reunidos el 16 de enero de este año.
La frase golpea la memoria de Esly Banegas, integrante de la COPA, quien nos recibe en su oficina en la ciudad de Tocoa. En medio del ajetreo de reuniones, Banegas toma un momento para la entrevista en la cual señala la situación de amenaza extrema contra el movimiento campesino del Bajo Aguán. “Dos días después, a él lo estábamos enterrando”, sentencia sobre el asesinato de Cruz dentro de su vivienda en esta ciudad.
Según Banegas, información que han recabado de diferentes fuentes desde finales del 2022, existe la intención de eliminar a los dirigentes de las empresas y cooperativas campesinas para boicotear el acuerdo con la administración de Castro.
Yoni Rivas, acompañado por integrantes de organizaciones campesinas, durante rueda de prensa en la que se alertó sobre los planes para asesinar a líderes del movimiento campesino del Bajo Aguán.
“Los empresarios han puesto precio a la vida de los máximos liderazgos de la zona y han implementado acciones de vigilancia y persecución con el objetivo de darles muerte”, denunció la Plataforma Agraria sobre la existencia de este plan de asesinato de la dirigencia campesina en los valles del Bajo Aguán y Sula.
Yoni Rivas asegura que la creación de la Comisión Tripartita (CT), derivada de la firma del convenio de 2022, es la razón por la cual la violencia en su contra se ha profundizado. “Hay una lista que la encabeza la coordinación de la Plataforma Agraria y los presidentes de las cooperativas. Están siendo amenazados, perseguidos y pretenden asesinarnos”, alerta.
Raúl Ramírez es miembro de la empresa asociativa campesina La Lempira e integrante de la coordinación de la Plataforma Agraria. Mantiene una mirada seria y con indignación acompaña acusaciones severas sobre los métodos de despojo contra los campesinos en las tierras del Aguán, quienes son señalados por los empresarios palmeros como invasores en sus propias tierras.
El integrante de la empresa campesina "La Lempira" es firme al sostener que las tierras campesinas fueron arrebatadas mediante violencia y engaños por parte de las empresas de palma aceitera. Foto: Renata Bessi
Con enfado, también denuncia los planes para asesinar a la representación de la Plataforma y de las distintas organizaciones campesinas que confluyen en los esfuerzos por recuperar sus tierras. “(En la lista) se encuentran Yoni Rivas, Jaime Cabrera, Wendy Castro, mi persona. Ahí están todos los presidentes de las cooperativas, porque hay un listado con más de 40 personas”, asegura sobre las personas en riesgo.
“(Los empresarios) saben que están totalmente perdidos, porque los derechos de nosotros, los derechos fundamentales nos asisten”, sentencia Ramírez sobre las labores de la CT que los agroindustriales están boicoteando.
Apenas el 13 de julio pasado, un año y cinco meses después de la firma del convenio, se anunció la instalación de dicha comisión. El mismo día, mediante comunicado, la Plataforma difundió que, a pesar que el Ministerio Público ha mantenido en impunidad las denuncias contra la agroindustria, solicitaron iniciar una investigación “contra Miguel Mauricio de la Soledad Facusse Saenz, líder de Corporación Dinant y Aldo Gaetano Bobe Tikas, representante legal de la empresa Azunosa, por la conspiración para asesinar a la dirigencia campesina”.
Aunado a ello, las organizaciones campesinas alertaron por la vigilancia y persecución contra los abogados y abogadas del equipo jurídico del Bufete Estudios para la Dignidad, quienes acompañan al movimiento agrario en las luchas legales. “En las últimas semanas han sido víctimas de acciones de vigilancia por desconocidos vestidos con indumentaria policial, esto, debido al trabajo de representación y reivindicación de derechos que realizan en favor de organizaciones campesinas e indígenas”, contextualizaron.
Rivas asegura que los empresarios de la palma aceitera pretenden borrar su lucha a través del asesinato. “La tierra no les pertenece y deben reconocer que no es asesinando a campesinos que van a poder limpiar su imagen y van a crecer como empresa, es respetando que las tierras que ahora ocupan, no les pertenecen, son tierras de Reforma Agraria”.
“Nos fortalece cuando un compañero de nosotros cae, no nos afligimos (…) tenemos que seguir luchando con más valentía, porque si mi compañero tuvo el valor de hacer eso, ¿yo porque voy a callar?, no debo callar”, sostiene Ramírez.
Criminalización
Campesinos se manifiestan contra la criminalización del coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, Jaime Cabrera, quien fue acusado por tres delitos en noviembre del 2022.
Investigaciones obstaculizadas
Como parte del seguimiento al convenio de 2022, la Comisión Gubernamental firmante se comprometió a la creación de distintas comisiones para materializar el acuerdo; una jurídica, para la investigación y verificación de los métodos utilizados para la adquisición de las tierras y una administradora, para brindar asistencia técnica y seguridad para mantener la producción de la palma aceitera.
En el convenio también se menciona la labor de la Comisión Tripartita, que deberá investigar si existe complicidad entre fuerzas de seguridad del Estado y empresas de seguridad privada, “sus vínculos con estructuras irregulares y su papel en actos violentos contra los campesinos en el bajo Aguán”, en cuyo caso deberá trasladar las denuncias a las instancias judiciales.
Para los representantes del movimiento campesino, los poderes económicos bloquean el punto clave de los acuerdos: la conformación de una comisión para la investigación de la legalidad en la posesión de las tierras que argumentan tener los agroindustriales; así como las técnicas y métodos violentos que implementaron para despojar a los campesinos de territorios destinados al reparto agrario.
Dicho convenio, firmado por la Secretaría de Seguridad, Secretaría de desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), el INA, y la representación de 29 cooperativas afiliadas a la Plataforma Agraria, compromete al Estado a “la instalación de un mecanismo de investigación, seguimiento y reparación de violaciones a Derechos Humanos de las víctimas del conflicto agrario del Bajo Aguán. Dicho mecanismo tendrá una estructura acordada entre las partes conformantes de la Comisión Tripartita”.
Miembros de la Plataforma aseguran que los empresarios de la palma aceitera tienen miedo que el gobierno de Castro haga efectiva la investigación de las técnicas y métodos de despojo mediante las cuales han acaparado tierras por más de 30 años. “Violentaron nuestros derechos, asesinaron, criminalizaron (…) creemos que con la Comisión Tripartita avanzaremos en ese proceso de investigación sobre cómo violentaron, cómo violentó el Estado a los campesinos aquí en el Aguán”, señala Raúl Ramírez.
El campesino asevera que diversas cooperativas y empresas asociativas campesinas como la suya cuentan con los documentos y argumentos legales para defender sus tierras, por lo que exige resultados en los trabajos de la CT. “No nos pueden violentar ese derecho, porque hay títulos sobre títulos, pero hay que investigar quién es el legítimo dueño”, denuncia sobre la falsificación de documentos y la obtención de firmas de campesinos, bajo tortura, para la venta de sus tierras a la agroindustria.
De izquierda a derecha: Esly Banegas (COPA), Yoni Rivas y Wendy Castro (Plataforma Agraria). Foto: Aldo Santiago
Ramírez explica que el principal objetivo de la CT es la investigación del despojo “para no volver a cometer más violaciones de derechos humanos” contra los campesinos del Bajo Aguán.
“Que nos apliquen justicia y que las tierras retornen a los campesinos, todas las tierras de Reforma Agraria vuelvan a los campesinos, que vuelvan a sus propietarios porque fueron despojados y criminalizados, asesinados”, acusa.
La composición propuesta de la CT incluye a funcionarios del gobierno, (derechos humanos, fiscalía, procuraduría) así como representantes de las víctimas y expertos internacionales “que van a ser acreditados aquí en Honduras, tienen mucho reconocimiento y experiencia en cómo resolver la tenencia de la tierra”, contextualiza Ramírez.
Por su parte, Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma y quien recientemente fue absuelto de dos cargos penales en su contra, asegura que, a más de mes y medio de la instalación de la CT, el movimiento campesino continúa esperando el llamado para asistir a Tegucigalpa y echar andar los trabajos con las distintas instancias de gobierno.
“Estamos a la espera que la presidenta de la República pueda deliberar sobre esta propuesta y poder dar solución a esta crisis agraria y alimentaria que nos generaron desde los años 90 a través del sistema político de este país”, concluye Rivas.
