“No es sequía es saqueo”; Asamblea por el Agua y la Vida encara a Conagua

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27 septiembre, 2023

^{En portada: Protesta de las y los integrantes de la Asamblea por el Agua y la Vida frente a las instalaciones de Conagua en la CDMX.}

La Asamblea por el Agua y la Vida responsabilizó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo encargado de ejecutar la Ley de Aguas Nacionales, de omisión y complicidad en el saqueo de agua que ha provocado una crisis hídrica en México que se considera irreversible.

Integrantes de la Asamblea se desplegaron frente al edificio de la Conagua en la Ciudad de México, pintaron parte de la fachada y tapizaron con mantas, lonas y pancartas los barandales. Durante el mitin político bloquearon la vialidad en la Avenida Insurgentes Sur y la Avenida Universidad, en Ciudad de México.

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La frase “el agua es de los pueblos” fue escrita en grande en la entrada de la Comisión donde también se llevó a cabo una rueda de prensa en la que dieron cuenta del inicio de la “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida”.

*^{Conferencia de prensa frente a las instalaciones de Conagua.}*

En la lectura del comunicado la Asamblea destacó que en 34 años la Conagua permitió la sobreexplotación de 115 de 653 acuíferos; en 99 de ellos existe la presencia de alguna empresa, particular o asociación acaparadora.

El reclamo también se fundamentó en el mercado internacional del agua que abrió la Comisión otorgando concesiones a bancos como BBVA que tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac cerca de Guadalajara. Así mismo, Banco Azteca que logró concesionar el acuífero sobreexplotado Zona Metropolitana, de la cuenca de México, con 2.2 hm³/año.

Desde la creación de la Conagua el 16 de enero de 1989, “una mínima porción de la población equivalente al 1.1% de todos los usuarios del agua explota más de una quinta parte de toda el agua nacional”, enfatizó la Asamblea.

Esta quinta parte de toda el agua del país es acaparada por un grupo de 966 empresas de energía eléctrica, cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras, que explotan 5,805 hm³/año. Un sólo hectómetro cúbico (hm³) equivale a un millón de metros cúbicos

Se trata, además, de 1,537 personas físicas dueñas de concesiones por 2,547 hm³/año de agua y 801 asociaciones civiles que tienen concesionados 4,856 hm³/año, “lo más grave, sin regulación, ni control y gozando de la impunidad gubernamental, una vez que usan agua, la devuelven contaminada a los mares, ríos, pueblos y comunidades”.

A la problemática se agrega la contaminación del agua en todo el país que, al parecer, se convirtió en un negocio para Conagua que bajo el lema “el que contamina paga” promueve la descarga de desechos tóxicos a ríos, lagos y áreas de tierra a cielo abierto.

“También es tierra fértil para la corrupción, compra de funcionarios que hacen inspecciones superficiales, o bien las evitan mientras reciban sus respectivos pagos por debajo del agua. Así mismo, con la Ley de Aguas Nacionales, las empresas se pueden ahorrar un gran porcentaje de los pagos que por contaminar generan, registrando sus concesiones como de diferentes usos, lo cual los exime de pagar la tarifa del uso industrial”, señala el comunicado.

Las comunidades y organizaciones recordaron que en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

Guerra en defensa del agua

En voz de los otomíes, la Asamblea mencionó el caso de la minera Peñasquito, donde la empresa canadiense Goldcorp explota un volumen de 50 hm³/año, además es acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades, en el municipio de Mazapil, Zacatecas.

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El agua en esta entidad también es saqueada por el grupo FEMSA que se estableció como Bebidas Mundiales y Bepensa, que juntas explotan 21.9 hm³/año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca Cola, sostiene la Asamblea.

El volumen concesionado es de 39.4 hm³/año cuando se le suman los demás usuarios que forman parte del grupo Coca Cola como embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo.

El grupo también ha sido denunciado en Chiapas y Tlaxcala por dejar sin agua a la población por sobreexplotar los mantos acuíferos, “Conagua permite que estos acaparadores tengan varias concesiones para distintos tipos de usos, que puedan transferirlas a otros, que un mismo usuario pueda tener varias concesiones a través de familiares o prestanombres que puedan evitar pagar cuotas simulando tener otro tipo de concesión y su supuesta negligencia permitió”, denuncia la Asamblea.

Ligaron el tema de la empresa Bonafont-Danone en la región cholulteca que, por más de siete años, opera una concesión vencida. La acusaron de robar agua durante 29 años y de provocar un desastre ambiental que se manifestó en el socavón en Santa María Zacatepec el 29 de mayo del 2021 con la permisividad de José Cinto Bernal, alcalde de Juan C. Bonilla, Puebla.

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“Quienes integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, sostenemos que el despojo del agua, es parte de la guerra capitalista contra nuestros pueblos originarios; es decir, la guerra por el vital líquido, es una cabeza más de la hidra capitalista”.

Para la Asamblea, esta estrategia de guerra contra la vida se trama desde la cuarta transformación donde el Ejército, la Guardia Nacional, el crimen organizado y los grupos paramilitares, especialmente se imponen para garantizar el desarrollo de los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos.

Por ejemplo, en julio del 2022 en San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, los defensores y líderes comunitarios Saúl Rosales Meléndez, presidente de comunidad y Raymundo Cahuantzi Meléndez fueron detenidos arbitrariamente, aduciendo que participaron en un linchamiento.

En la detención se cometieron violaciones a los derechos humanos, “y llevan más de un año injustamente presos”. Por este acto diversos colectivos condenaron las violaciones por parte del gobierno de Tlaxcala en contra de los pueblos tlaxcaltecas que luchan por defender su territorio, los bosques, el agua y sus derechos colectivos.

También se pronunciaron por el monte de “Malpais”, Calpulalpan, donde el bosque de encinos fue destruido para instalar el parque fotovoltaico Nueva Xcala. Mientras poblaciones del municipio de La Magdalena Tlaltelulco han tenido que enfrentar a situaciones de despojo inmobiliario, “y más peligroso aún, del despojo autoritario y violento de los pozos de agua pertenecientes a nuestra comunidad ejidal”.

Esta criminalización de la lucha social también la han documentado en Puebla. La misma resistencia logró la liberación de Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl quienes desde el 2019 fueron perseguidos por defender el Río Metlapanapa.

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En la región choluteca, la empresa Bonafont-Danone no sólo saquea el agua, también contamina cinco comunidades del municipio de Juan C. Bonilla: La colonia José Ángeles, Santa María Zacatepec, San Lucas Nextetelco, San Mateo Cuanalá y San Gabriel Ometoxtla.

En la mención del contexto de la defensa del agua en Querétaro, la Asamblea partió de marzo de 2021 cuando tras evidenciar el saqueo del agua y las múltiples irregularidades en que incurrieron funcionarios públicos, la Comisión Estatal de Aguas favoreció a empresas privadas en su mayoría inmobiliarias por encima de los derechos de los pueblos.

“Gracias a las movilizaciones, se cerraron las carpetas de investigación que criminalizaron a tres defensores del agua después de la represión del 10 de junio del 2022 en el contexto de las protestas contra la Ley que privatizó el agua en Querétaro”.

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Por estas razones, la Asamblea solicitó que la Conagua reciba las peticiones de la primera acción dislocada por los casos de Santiago Mexquititlan. “Exigimos al titular del estado de Querétaro, la abrogación de la ley que otorga los servicios de agua potable a la industria legitimando la fuerza pública para catear domicilios”.

En esta entidad la represión incrementó con intentos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura sexual, física y psicológica, “pues en el entendido de que el estado Mexicano busca proteger el poder económico nacional y trasnacional a costa de la violencia de estado en contra de las comunidades indígenas”.

Por su parte, la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, en la víspera de cumplir tres años de haber tomado las instalaciones de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, condenó el hostigamiento policiaco y que las autoridades siguen sin resolver sus demandas de educación, trabajo, salud, alimentación y principalmente, vivienda.

Con lo dicho previamente, la Asamblea por el Agua y la Vida reiteró el llamado para que los pueblos, comunidades, organizaciones, redes y colectivos, se sumen a las acciones de la Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida, enviando un correo electrónico para asambleanacionalporelagua@gmail.com.

“¡Chama!”: mujeres indígenas brasileñas en defensa de sus tierras-vidas

Por

Avispa

27 septiembre, 2023

^{Por Adazahira Chávez}^*

^{Fotografías: Natalia Ramírez**}

“¡Chaaaaama!”, grita Puyr Tembé, 44 años, del pueblo Tembé del estado del Pará, Amazonía brasileña. Puyr es pequeña de tamaño pero de voz poderosa, enfundada en mallas negras y un penacho que se ha convertido en el símbolo político de las mujeres indígenas en Brasil. Miles de ellas, acampadas del 11 al 13 de septiembre en la explanada del Complejo Cultural Brasilia Funarte, responden con aplausos rabiosos y gritos de entusiasmo a esa palabra, que es invitación a llamar a las otras hermanas para dialogar y unirse a la organización. Las mujeres indígenas están hoy por hoy liderando la defensa de los territorios y de las vidas de sus pueblos ante el intento de imponerles el llamado “Marco Temporal”, y la III Marcha de las Mujeres Indígenas es su manifestación pública más importante.

Los jueces del máximo tribunal brasileño rechazaron este 21 de septiembre la constitucionalidad de la tesis jurídica conocida como “Marco Temporal”, según la cual los pueblos indígenas sólo tienen derecho a que se demarquen las tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución brasileña. Sin embargo, aún queda por discutirse la posibilidad de explotar tierras indígenas e incluso de indemnizar a los invasores.

Durante la marcha de las mujeres, la argumentación contra el “Marco Temporal” es clara: Brasil es territorio indígena ancestral. Y punto. Según datos del Censo Demográfico realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en 2010, la población indígena en el país era de 896 mil 900 indígenas, distribuidos en 305 grupos étnicos. Hoy, aseguran algunas mujeres, ya han llegado al millón 600 mil. Son estas personas, que han sobrevivido a exterminios masivos, quienes están enfrentando la deforestación del agronegocio y la minería en la Amazonía, que amenaza el futuro del mundo entero.

*^{"Por el fin del genocidio, NO al Marco Temporal". Fotografía: Natalia Ramírez}*

La III Marcha de Mujeres Indígenas reunió a más de 8 mil mujeres indígenas; muchas tuvieron que viajar hasta tres días desde los rincones más recónditos del Brasil. En la primera marcha, en 2019, hubo 1,500 mujeres. El primer plenario de mujeres indígenas, donde se reconoció su protagonismo en el movimiento indígena, tuvo lugar en el Campamento Tierra Libre en 2016. En 2018, hubo tres plenarios de mujeres indígenas, que impulsaron la realización de la primera marcha. La segunda fue virtual debido a la pandemia de Covid. Y esta tercera, impulsada por la Articulación Nacional de Mujeres Indígenas Guerreras Ancestrales (ANMIGA), superó las expectativas de las organizadoras, que esperaban a 4 mil mujeres.

Carol Santana, abogada acompañante de los pueblos indígenas, relata que hay mujeres de comunidades que por primera vez se unen a las movilizaciones. Uno de esos pueblos es donde el activista Bruno Araújo Pereira, asesinado en 2022, empujó la participación de las mujeres a pesar del rechazo y dudas de los hombres de la comunidad. Hoy están aquí y lo recuerdan.

Durante dos días, centenares de mujeres indígenas participan de mesas redondas de discusión. El sonido de distintas lenguas reverbera en el espacio compartido, y los olores de los alimentos provenientes de los seis biomas (Amazonas, Cerrado, Mata Atlántica, Caatinga, Pampa y Pantanal) flotan por todos lados, como el del pescado al carbón y el dulce amargor del acaí. Esta vez las mujeres discuten cómo enfrentar el cambio climático; cómo protegerse de las distintas violencias; y cómo defender el territorio ante los embates de los ruralistas (los poderosos hombres del agronegocio) y del garimpo, la minería ilegal.

Como parte de las actividades de la marcha, la diputada por Minas Gerais, Célia Xakriabá, presenta una iniciativa para la protección de las mujeres y niñas indígenas ante las violencias. Centenares de mujeres indígenas llenan los asientos del Congreso para arropar la inciativa, este Congreso apenas en enero fue violentamente ocupado por bolsonaristas que se negaban a que su líder perdiera el poder.

El día 13 por la mañana la tierra tiembla bajo los pies de las miles de mujeres indígenas que se agrupan para salir a marchar. Sus cantos ancestrales hacen vibrar los estómagos y erizan la piel. Son varias las personas no indígenas que no pueden contener el llanto. Las mantas claman contra el “Marco Temporal”, por la protección de las mujeres y niñas, y prometen que la lucha no se detendrá.

*^{"Por la justicia climática, NO al Marco Temporal".}* *^{Fotografía: Natalia Ramírez}*

La marcha recorre los cerca de cinco kilómetros hasta la plaza de los tres poderes de Brasilia. Las oradoras recuerdan constantemente a las mujeres y hombres que han sido asesinados en la defensa de sus territorios.

De acuerdo con la organización internacional Global Witness, Brasil registró un aumento en los casos de personas defensoras de ambiente y territorio asesinados. Si en 2021 se documentaron 26 homicidios, para el 2022 (el último año de la administración bolsonarista) la cifra aumentó a 34. El informe de Global Witness especifica también que en la Amazonía fueron asesinadas 39 personas defensoras, 11 de ellas indígenas.

Algunos fotógrafos van buscando capturar con sus lentes a las mujeres indígenas que han sido elegidas por sus pueblos para participar en política, la llamada bancada del cocar (penacho). Pero Sonia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, y Célia Xakriabá, diputada federal, no van al frente de la marcha. Caminan y bailan en los contingentes de sus pueblos, de quienes toman el apellido. Al finalizar la marcha, ellas y otras indígenas en puestos de poder político, como la directora de la Fundación Nacional del Indio (Joenia Wapichana), toman la palabra para rendir cuentas de sus acciones políticas y para llamar a las mujeres a seguir participando en la organización de los pueblos.

La marcha termina, pero no la lucha. Bajo el sol seco de Brasilia, que estos días elevó las temperaturas a los 36 grados, las mujeres vuelven al campamento. Recogen el arte que han puesto a la venta en estos días -aretes de plumas, penachos, brazaletes y collares de chaquira que emulan el patrón de las serpientes, figuras de barro y madera de jaguares, osos hormigueros y armadillos- y comienzan el largo retorno a los territorios. Sus rostros y cuerpos pintados de rojo y negro sonríen. Ellas dicen que existir y gozar también es resistencia.

^*^{Adazahira Chávez}^{es coordinadora global de comunicación de Indigenous Peoples Rights International.}

^{**Natalia es Especialista en Comunicación para América Latina de IPRI}

Chiapas: Desaparecer en la frontera sur de México

Por

Jeny Pascacio

26 septiembre, 2023

^{En portada: Familiares de desaparecidos realizan labores de búsqueda en todo el país, sin ayuda del gobierno, desde el incremento de la violencia en el sexenio de Calderón. Foto: Santiago Navarro F.}

Hace dos años, la violencia, las desapariciones, desplazamientos y reclutamiento de personas por la disputa territorial de dos cárteles mexicanos trastocaron por completo la vida de diferentes comunidades de Chiapas.

Uno de los grupos identificado como el Cártel de Sinaloa tiene presencia en esta entidad desde finales de los ochenta, pues Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, tuvo mucha influencia, además de posesión de propiedades.

“Grupos locales del crimen organizado se encontraban vinculados a este grupo mayor, hay que recordar que son redes y funcionan como células que se van reproduciendo”, explica para Avispa Mídia, Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

En 2018, en las elecciones para presidente, gobernador y alcaldes, la violencia criminal se agudizó en el sur de México. “Pareciera casualidad, pero no lo es tanto”, señala la investigadora, pues la llegada de Morena fue coincidente con la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los cárteles comenzaron a disputar los municipios y la violencia se repitió en junio de 2021 en las elecciones de 118 alcaldías y legisladores locales. En municipios como Pantelhó y Frontera Comalapa no hubo garantías de seguridad ni para los trabajadores de los órganos electorales, se designó un consejo municipal y comenzó a ser más visible la violencia.

*^{Integrantes de Las Abejas de Acteal exigen justicia por el asesinato de Simón Pedro.}*

El 5 de julio del mismo año electoral, Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos e integrante de Las Abejas de Acteal fue asesinado frente a su hijo y su padre en el mercado público de Simojovel.

En el informe “Bienaventurados los que trabajan por la justicia…”, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) da cuenta que antes del crimen, Simón Pedro denunció ante la Secretaría de Gobierno la situación de violencia en Pantelhó, Simojovel y Chenalhó por el asedio de grupos armados vinculados al crimen organizado.

Tres días después, el 8 de julio (2021) en Tuxtla Gutiérrez, fue asesinado Gilberto Rivera Maravilla, alias “El Junior” o “Jr”, hijo de Gilberto Rivera Amarillas, “El Tío Gil”, operador del Cártel de Sinaloa en Chiapas.

Desde entonces la pugna de los grupos criminales creció en otros territorios. De la frontera sur se extendió a la Sierra; luego a la zona Centro, Norte y Altos de Chiapas, aunque vinculados a grupos criminales a nivel local, tales como Los Herrera en Pantelhó o “El caracol” en Chamula, en la zona Altos, que están articulados o tienen alianzas con grupos de alcance mayor.

Los Herrera están vinculados al Cártel de Sinaloa, pero después del asesinato del Jr. fueron despojados del control de Pantelhó por un grupo armado autodenominado “El Machete”, que se presentó mediáticamente como autodefensa, posando con armas de alto poder.

*^{Integrantes del grupo criminal "Los ciriles" captados en video difundido en redes sociales. 7 de julio, Pantelhó, Chiapas.}*

Un mes después, en agosto de 2021, el Fiscal de Justicia Indígena de Chiapas, Gregorio Pérez Gómez, que investigaba hechos de violencia entre Los Herrera y El Machete, fue asesinado en San Cristóbal de Las Casas.

Huir entre balas

Aunque la violencia es generalizada, la disputa de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación cambió la cotidianidad, de manera particular, de poblaciones de la Sierra Madre de Chiapas, fronterizas con Guatemala como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

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La presencia de cárteles en estos municipios se relaciona al flujo de personas en movilidad humana. Esta población ha sido por años víctima de diversos delitos que van desde la violencia sexual, robos, secuestros, trata de personas y desaparición.

Entre el 2018 y 2023, la Fiscalía General del Estado registró 201 carpetas de investigación por desaparición de personas por particulares, de las cuales 165 esta en trámite, 22 sin acción penal, 11 sin judicialización y acumuló tres más.

En contraparte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el mismo periodo da cuenta de 810 casos en cinco municipios: 144 en Tuxtla Gutiérrez, 41 en San Cristóbal de las Casas, 108 en Tapachula, 104 en Comitán y 55 en Frontera Comalapa.

Sin embargo, a decir del Colectivo Madres en Resistencia, Melel Xojobal, Voces Mesoamericanas y el Frayba, no hay cifras reales oficiales de las desapariciones, tanto de personas en movilidad como de pobladores.

Las desapariciones comenzaron a denunciarse con más fuerza después de los enfrentamientos en mayo de 2023, fecha en que miles de personas huyeron de Frontera Comalapa y Chicomuselo ante el temor de ser reclutadas, desaparecidas o asesinadas.

En una tarea compleja, el Frayba logró contabilizar de 2021 a 2022, el desplazamiento de 2,000 personas de Frontera Comalapa, cifra que se elevó este año cuando otros 3,500 habitantes también huyeron.

*^{En 2021, miles de personas en la región de los Altos de Chiapas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente de sus comunidades debido a la violencia de grupos civiles armados. Foto: Frayba}*

“El Consejo (Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas) que legalmente debe atender esta situación de desplazamiento no hace mucho, más que llevar cajitas de despensa, pero no se ha visto en los últimos meses que hayan estado actuando frente a esta situación. La gente va con sus propios medios a buscar a sus redes familiares, porque no hay acción estatal”, explica Lomelí.

Enganche y reclutamiento

En las localidades que confluyen los criminales, también existe un incremento de delitos como extorsiones, cobros de piso, que aún no se ven en otros espacios del Estado, y que involucra a personas jóvenes en sus redes.

En el reciente informe “Niñeces frente a las violencias criminales”, la asociación civil Melel Xojobal hace énfasis en el enganche y reclutamiento, mayormente, de adolescentes entre 12 y 14 años de edad que viven en las zonas donde operan los cárteles.

Estos grupos asignan a los adolescentes tareas como realizar mandados, vender y transportar drogas, reclutamiento de otros jóvenes, vigilancia, coyotaje, enfrentamientos con rivales, pandillerismo o sicariato.

En el caso de las mujeres, en actividades de limpieza, meseras de bares o cantinas o ser víctimas de explotación sexual. “Es común que las niñas, niños y adolescentes que son parte de estos grupos sean utilizados para actividades de alto riesgo que ponen en peligro su vida e integridad o que podrían llevar a su detención”, precisa Jennifer Haza, directora de la organización Melel Xojobal.

Ella explica que el fenómeno actual recuerda al antiguo proceso de enganche en el cual los finqueros engañaban a trabajadores a través de la generación de deudas para obligarlos a trabajar en condiciones de explotación.

En 2021, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estimó que tan sólo en San Cristóbal de las Casas 2,507 niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de caer en manos de criminales, mientras que a nivel nacional la cifra es de 64,473.

Nuevas rutas

Los territorios en disputa se enmarcan en, principalmente, al menos tres corredores creados para el tráfico de personas, drogas y armas, señala la investigadora Lomelí. El más conocido es el corredor del pacífico, por la zona Costa y ruta principal de personas migrantes.

El segundo corredor abarca la zona Altos y Sierra, y el tercero está en la zona Norte y conecta con la Selva. Los tres se cruzan en la zona Metropolitana o Centro de la entidad.

Entre las denuncias más recientes está la de comuneros de la comunidad Nueva Palestina, localizada en la zona Selva, quienes se han visto afectados por los bloqueos y vigilancia que los cárteles realizan en cruceros y carreteras.

*^{Protesta en Nueva Palestina por la violencia del crimen organizado y omisión de las autoridades. 2023.}*

La presencia de estos grupos se ha visto en lugares inimaginables como el caso de Emiliano Zapata que, hasta poco antes de las elecciones, nadie conocía. El municipio de 10 mil habitantes, que conecta la región cañera y la capital de Chiapas, es paso de los cárteles. Los campesinos del lugar son obligados a vender sus terrenos. Hace unas semanas recibieron un mensaje de texto, firmado por “Los Kaibiles”, que advierte sobre “levantones” contra distribuidores, consumidores de cristal y personas que no “respeten” el toque de queda.

Zona gris

Un mes después de la violencia que provocó desplazamientos y desapariciones en Frontera Comalapa y Chicomuselo, el 22 de junio de 2023, la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez fue privada de la libertad por un grupo armado que entró a su vivienda en Tuxtla Gutiérrez.

Cinco días después, personas encapuchadas y con armas largas bloquearon la carretera Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez para interceptar el autobús donde viajaban 33 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Solo los 16 hombres a bordo fueron secuestrados como moneda de cambio para lograr la liberación de Nayeli Cinco. En videos difundidos en redes sociales, encapuchados también pidieron el cese de funciones de tres servidores públicos de la misma secretaría.

*^{La cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez fue privada de la libertad por un grupo armado que entró a su vivienda en Tuxtla Gutiérrez}*

Los 16 funcionarios y la mujer, allegada a un líder del CJNG, fueron liberados. “Es una muestra de que hay, lo que en Ciencias Políticas se denomina zona gris: que es una parte no pública donde toman espacio las negociaciones”, explica Lomelí.

En este caso, el gobierno demostró tener estrategias para hacer frente al problema. Sin embargo, de forma “curiosa” cuando se suscitan hechos de violencia las fuerzas de seguridad se ausentan de las zonas, como hace unos días cuando el Cártel de Sinaloa desfiló y fue recibido por habitantes de Chamic, Frontera Comalapa.

Al ser cuestionado sobre el contexto de la zona Sierra de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la problemática con el argumento de que no es una situación generalizada, pero insistió en reforzar la seguridad con mayor presencia de militares de la Guardia Nacional.

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“Pero parece que están avisados, es como un juego político”, hace hincapié la investigadora, puesto que la militarización se ha convertido en contención mediática. Mientras, los gobiernos le siguen apostando a la falta de la memoria colectiva.

Rostros

Este es el primer texto, de una serie de cinco, que Avispa Mídia publicará bajo el título Chiapas: Desaparecer en la frontera sur de México. En las publicaciones que siguen se contará la historia de personas que han desaparecido en los últimos años en Chiapas en el contexto de la disputa por el territorio entre cárteles, y la lucha de sus familias por saber la verdad.

Gobierno de México rechaza entrega de información militar sobre caso Ayotzinapa

Por

Sare Frabes

26 septiembre, 2023

Desde el planton de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Campo Militar 1 CDMX-Tlachinollan — Desde el planton de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Campo Militar 1 CDMX. Foto: Tlachinollan

^{En portada: Plantón de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Campo Militar 1, en la CDMX. Foto: Tlachinollan}

Este martes (26) se cumplen nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. A casi cinco años de distancia queda también la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), la cual mediante decreto presidencial ordenó a todas las instituciones del Estado mexicano entregar información relacionada con la desaparición de los normalistas.

Ayer lunes (25), tras una reunión con funcionarios federales en Palacio Nacional, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes durante las últimas semanas se han movilizado para exigir la entrega de información específica, resguardada y ocultada por el ejército, salieron decepcionados.

De acuerdo a oficiales de gobierno, durante la reunión se hizo entrega de una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un reporte del general secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval González y un nuevo informe por parte de Alejandro Encinas, titular de la Covaj. Acorde a los testimonios, la entrega de estos documentos no cumplió con las peticiones puntuales de los familiares de los normalistas desaparecidos.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias, acusó que la narrativa presentada por Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de gobernación, “está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la verdad histórica”, en referencia a la versión propagada por el gobierno de Peña Nieto, la cual fue derribada por el trabajo e informes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

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“Es incluso peor”, denunció Rosales al referir que en el informe de la Covaj se presenta una narrativa en la que se criminaliza a los estudiantes al mencionar que estaban infiltrados y reduce la responsabilidad de las desapariciones al actuar del crimen organizado local, en específico al grupo Guerreros Unidos, dejando por fuera a las autoridades y al Ejército mexicano.

“Al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo, fuera de ahí no aparece ningún militar más… no se dice nada de quienes construyeron, por ejemplo, la verdad histórica”, acusó el abogado frente a medios nacionales.

Ante pregunta expresa sobre si existen contradicciones entre lo presentado por el gobierno y el trabajo del GIEI, Rosales contextualizo que, incluso, a pesar de haber dialogado con Encinas para no incorporar elementos controvertidos y rechazados por no contar con sustento tras la evaluación de los expertos, el funcionario ignoró dicha petición.

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Para ejemplificarlo, señaló el caso de las capturas de pantalla incluidas en un informe de la Covaj, presentado también por Encinas en agosto del 2022. Dichas imágenes contenían supuestas conversaciones mediante la aplicación de mensajes WhatsApp, sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Tras su análisis, el GIEI concluyó que era imposible garantizar la originalidad de los mensajes pues existían inconsistencias en la metadata relacionada con las fechas de los mismos. “Había sido controvertido a través de un peritaje que hizo el grupo internacional de expertos independientes y en la narrativa que nos presentan ahorita vuelve a aparecer el tema de los pantallazos que no tiene sustento”, denunció Rosales tras la reunión, en la cual enfatizó, pese a la promesa de entregar una serie de informes, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos no recibieron nada.

“Es una falta de respeto hacia los padres este tipo de información”, arremetió Mario González, padre del normalista César Manuel González Hernández, tras salir de Palacio Nacional.

González, quien fue detenido con violencia el pasado 16 de septiembre por policías de Tixtla, Guerrero, reclamó que Alejandro Encinas, pese a conocer las exigencias y documentos específicos que demandan los familiares, no incluyó, por ejemplo, una intercepción telefónica donde se habla del paradero de 17 de los normalistas.

La verdad encuartelada

Las investigaciones llevadas a cabo por el GIEI y la Covaj señalan que el Ejército mexicano participó directa e indirectamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por ello, las madres y padres de los estudiantes exigieron la entrega de información que, de acuerdo al rastreo del GIEI, se encuentra en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del 27 batallón de infantería de Iguala, Guerrero.

Vidulfo Rosales detalló que en el informe presentado la noche del lunes, leído por la titular de Seguridad Pública de parte de Luis Cresencio Sandoval, titular ausente de la Secretaria de la Defensa Nacional, “no hay nada, él no da respuesta, ni el presidente da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia, que es muy puntual”.

*^{Salida de padres y madres de los normalistas desaparecidos tras reunión con funcionarios federales la noche del lunes 25 de spetiembre, 2023.}*

El abogado señala que los documentos no han sido entregados, pese a que los funcionarios federales y militares aseveran lo contrario.

Entre la información exigida se encuentran los siguientes puntos:

*Las actividades de los agentes militares encubiertos en la Normal Rural de Ayotzinapa

*Datos sobre la desaparición de un soldado encubierto. “Los mandos militares tuvieron información en tiempo real de lo que ocurría y no hicieron nada para rescatarlo”

*El seguimiento que agentes de inteligencia militar realizaron desde la llegada de los estudiantes a Iguala. “Por lo menos dos agentes militares estaban dirigiendo el C4 en Iguala, dando seguimiento a los estudiantes en tiempo real.

*Información sobre el despliegue de patrullas militares en los sitios donde los estudiantes fueron agredidos y desaparecidos

*La intervención telefónica entre miembros de Guerreros Unidos y la Policía Preventiva de Iguala. “Destaca una conversación entre el jefe de la banda delictiva con uno de la policía, en la misma refieren que 17 estudiantes están siendo llevados a unas fosas fuera de la ciudad”.

En cuanto a este último punto, Rosales reclamó que la respuesta de la Sedena fue que “esa información la tiene el señor Gil”, en referencia a Gildardo López Astudillo, líder de Guerreros Unidos y cuya recomendación de los militares fue interrogarlo, pues lo señalan como el responsable de la desaparición de los normalistas.

En la reunión estuvieron presentes, además de Encinas, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la conferencia de prensa de este martes (26), AMLO rechazó que no se entregara la información solicitada por los familiares de los normalistas desaparecidos. “Me llamó mucho la atención por qué no la aceptaron si no les estamos cerrando el caso, no es un carpetazo. Es un expediente abierto, es un informe de cómo vamos y tenemos el compromiso de avanzar hasta conocer la verdad y encontrar a los jóvenes. (…) Si ellos (los familiares) consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo que no es cierto. Así de claro”, apuntó.

Mas tarde se difundieron documentos presentados a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos. Resalta el informe de parte de Luis Cresencio Sandoval González, donde argumenta que los documentos solicitados por los familiares de los normalistas desaparecidos “no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría”

Desde el pasado lunes 18 de septiembre se registran acciones de protesta en diferentes puntos del país para exigir verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa. A partir del jueves (21), las madres y padres de los normalistas desaparecidos instalaron un campamento en las puertas del Campo Militar No.1, desde donde exigen la entrega de la información ocultada por los militares para el esclarecimiento del caso.

La noche de este lunes (25), el zócalo de la ciudad de México registró movimiento de trabajadores que colocaron vallas metálicas en la zona de Palacio Nacional para restringir el acceso por la marcha que se realizará la tarde de este martes (26).

Empresarios mexicanos y de EEUU aseguran su lugar en el Corredor Interoceánico

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Sare Frabes

25 septiembre, 2023

^{En portada: Funcionarios del gobierno estatal junto a representantes del sector privado y el embajador de EEUU en el anuncio de la “Iniciativa Oaxaca”}

Acompañados del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, el pasado miércoles (20), se firmó la llamada “Iniciativa Oaxaca” entre el gobernador de esta entidad, Salomón Jara, y el Consejo Coordinador Empresarial, máximo órgano de representación del sector privado en México, representado por 14 organizaciones líderes.

“Ellos están aquí porque ven grandes oportunidades en Oaxaca”, destacó Jara haciendo alusión a los llamados “proyectos estratégicos” del gobierno federal, entre ellos el Corredor Interoceánico, establecido en el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz.

En la presentación de esta iniciativa, se señaló que uno de los principales objetivos es fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte, permitiendo aprovechar más ampliamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Resaltaron que el Corredor Interoceánico será un centro logístico que, hasta el momento, conecta con 50 mercados a través de 15 acuerdos comerciales internacionales con EEUU, Asia y Europa.

*^{Ken Salazar, embajador de los EEUU en México}*

El gobernador oaxaqueño hizo énfasis en que su gobierno es un aliado de los inversionistas y que serán respaldados por la gobernabilidad, la seguridad y la paz que se ofrece en su mandato en Oaxaca. “El proyecto que hoy firmamos es una muestra más de que vamos por la ruta correcta, el desarrollo, la justicia y el bienestar que espera y merece el estado de Oaxaca”, dijo Jara, quien presentó al embajador como un testigo de honor de este acuerdo.

Salazar por su parte anunció que el sur-sureste de México es una prioridad para ellos, por tanto “desde la Embajada de los Estados Unidos hemos impulsado esta agenda con socios del sector privado, principalmente de la American Chamber of Commerce (AmCham), así como con las autoridades mexicanas”, puntualizó, recordando que el año pasado (2022), en la Casa Blanca, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador destacaron que las inversiones en puertos, aeropuertos y el Interoceánico potencializarán las economías de ambos países.

Continuidad

En septiembre del 2022, el embajador de EEUU, junto a empresas como Visa, Amazon, Facebook, AT&T, META, Google, Mercado Libre, FEMSA y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, realizaron el sexto encuentro de gobernadores del sur-sureste de México, puntualizando que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los más importantes. Jara, quien apenas iba a suceder a Murat, dijo que iba a dar continuidad, “vamos a trabajar para que nuestro estado sea motor del desarrollo nacional y del sur del país”.

También, la AmCham, la federación empresarial más grande del mundo, que ha participado en diversas reuniones que abordan los proyectos estratégicos desde 2021, anunció que invertirán más de 600 millones de pesos en la región, declaró el embajador el pasado mes de abril.

Obrador minimiza el aumento de la violencia en Chiapas; gobernador mantiene silencio

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Sare Frabes

25 septiembre, 2023

^{En portada: Habitantes del municipio de Motozintla se han manifestado contra el aumento de la violencia y la omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno.}

En los últimos tres días han circulado, mediante redes sociales, imágenes de caravanas de camionetas blindadas, adaptadas como tanquetas de guerra, con hombres fuertemente armados. Esto ocurrió en carreteras de Motozintla y en la localidad de Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, zona fronteriza entre México y Guatemala, en una clara señal de que la disputa entre cárteles en el estado solo se está recrudeciendo.

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Personas formadas en filas, en las orillas de la carretera, aparecen gritando¡Puro Sinaloa!, en alusión al Cartel de Sinaloa, en un mensaje de guerra dirigido al cártel opuesto, el Jalisco Nueva Generación.

Las ejecuciones también se han recrudecido en la región tras las caravanas, denuncian habitantes de la zona.

La disputa, que se intensificó en los últimos meses, ha transformado en territorio de guerra principalmente a los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

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En la conferencia de prensa matutina de este lunes, 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de minimizar los hechos que han ocurrido en Chiapas, diciendo que ha habido mucha “propaganda” y que las críticas recientes obedecen a “motivos políticos”.

*^{El presidente de México minimizó la violencia del crimen organizado en Chiapas}*

“Sacaron un video donde hay gentes recibiéndolos y sí pueden ser bases de apoyo porque les entregan despensas o por miedo, pero no es un asunto general y ya se está atendiendo y está la Guardia Nacional”, dijo el mandatario.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también del partido Morena, ha evadido pronunciarse sobre la violencia que se ha extendido en la región sur del estado chiapaneco. Tampoco ha mencionado posibles acciones del gobierno del Estado para interferir en la situación.

*^{Medios chiapanecos registran la movilización de 800 elementos del ejército hacia la región de Frontera Comalapa.}*

Escandón fue invitado por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de este mismo lunes. Sin embargo, el tema abordado por el mandatario estatal fue la construcción del megaproyecto Tren Maya. “En Chiapas estamos muy contentos con la obra del Tren Maya, porque ha fortalecido la economía y el desarrollo del estado”, dijo el gobernador en sus redes sociales, sin mencionar la situación crítica que ha vivido la población de Chiapas.

Durante la conferencia de prensa, López Obrador evitó que el gobernador de Chiapas contestara preguntas de los periodistas sobre la disputa del territorio por los cárteles. Cuando Escandón fue cuestionado sobre los hechos del final de semana, el presidente contestó, “yo les voy a contestar esto, nada más”.

Mientras los mandatarios, estatal y federal, utilizan la estrategia del silencio o simplemente minimizan la situación, la sociedad civil y comunidades han denunciando hace meses la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales.

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El mismo sábado, 23 de septiembre, cuando empezaron a circular los videos, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas lanzó un comunicado titulado Chiapas desgarrado por el crimen organizado. “Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, sostiene.

*^{Calles vacías en la cabecera municipal de Frontera Comalapa debido a la actuación de grupos del crimen organizado.}*

Entre las violencias señaladas por la Diócesis están: la presión y el control social, político y psicológico para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal; el desabasto de alimentos, granos básicos y la falta de atención médica y medicamentos, debido a la continua violencia; los reclutamientos forzados, “dejando a las familias destrozadas”; el control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera; y cobro por “derecho de piso” y “de paso”.

El silencio de las autoridades “demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”, dice el comunicado.

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