En portada: Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marchan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para protestar contra la guerra en Ucrania y todas las guerras en el mundo. Foto: Jeny Pascacio.
Son 17 meses que restan de gobierno a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Desde su arribo a la silla presidencial, los vientos de cambio soplaron con fuerza, y no es para menos, los megaproyectos del gran capital que no pudieron empujar los anteriores gobiernos, los está concretando él a una velocidad impresionante. Pero, en este juego, hay ganadores y perdedores, entre ellos, los pueblos que resisten al avasallamiento de la nueva oleada capitalista pintada de sustentable, como las comunidades autónomas zapatistas donde se han agudizado los ataques paramilitares.
Apenas algunos días atrás, mientras se entonaba en 72 rincones del planeta en una misma voz la exigencia de un ¡Alto a la guerra en comunidades zapatistas!, el indígena base de apoyo zapatista, Jorge López Sántiz, sufría las secuelas de un impacto de bala que le dejo heridas en el intestino. Organizaciones de México y del mundo denunciaron que los ataques provenían del grupo paramilitar Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO), creado durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Aunque las protestas resonaron en distintos espacios de noticias, más de 800 detonaciones de armas de fuego continuaron impactando a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas”, denunciaron cientos de organizaciones e individuos que conforman el Espacio de Coordinación NacionalAlto a la guerra contra los pueblos zapatistas, si tocan a un@, nos tocan a tod@s.
Esta Coordinación señala que las agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista desde que surgió en el año 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). “Ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios”, resalta este conjunto de colectividades mediante comunicado.
AMLO niega la violencia paramilitar
A pesar de las constantes denuncias durante el mandato de Obrador, en la conferencia de prensa que realizó en el estado de Chiapas el 23 de junio, aseguró tenazmente que, “hay dirigentes de la sociedad civil, incluso, de las organizaciones de defensa de derechos humanos que no nos ven con buenos ojos”, sin mencionar nada relevante de los ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas.
AMLO aseguró no ser “Salinas” (en referencia a Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México en 1994), y también dijo “no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón” refiriéndose a los exmandatarios que le presidieron.
Obrador reafirmó que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, “entonces nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo, nunca voy a dar la orden de masacrar al pueblo, de torturar a la gente, de violar derechos humanos”.
Además, resaltó que sus políticas sociales han ayudado “porque en programas como Sembrando Vida hay reencuentros de quienes estaban confrontados, participan todos. Porque se produjo mucha división abajo. Entonces, poco a poco se ha ido logrado la unidad y lo vamos a seguir haciendo, respetando a todos, pero pues también informando y aclarando las cosas”.
Las colectividades que han expresado su solidaridad con el movimiento zapatista mostraron su preocupación tras las declaraciones del mandatario mexicano, además, “esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad”.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil también se pusieron en alerta, “manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas”, se expresó desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), ya que consideran que se vulnera su trabajo en medio de este contexto de violencia paramilitar, utilizada según esta organización “para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente”.
Los ataques
Del 19 al 21 de junio el grupo armado nuevamente accionó contra las comunidades zapatistas, casi 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre en tres días, así como la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del EZLN.
El Frayba ha registrado que desde que AMLO llegó al poder hasta la fecha se han perpetrado más 110 ataques armados contra comunidades autónomas zapatistas. “Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba”, remarca esta organización de derechos humanos.
Esta organización, con sede en Chiapas, sostiene con firmeza que quienes han perpetrado estos ataques forman parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo gobernado por el Partido Verde Ecologista de México, que son quienes canalizan los recursos de los programas sociales del gobierno federal, como Sembrando Vida.
Contrario a lo que sostiene el presidente de la República mexicana, estos programas “en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios”.
María de la Luz Noguerón Valdés observa los restos carbonizados de su cerca. En Tecolocuatitla, desde hace al menos dos décadas, esta escena se repite por lo menos una vez al año: las cercas de los terrenos amanecen incendiadas, los animales muertos.
Restos de un animal en Tecolocuatilta.
Hace medio siglo el padre de María de la Luz comenzó a sembrar maíz y frijol en esta parcela de no más de una hectárea. Cuando la edad le impidió continuar, le dijo a su hija: “Toma las riendas del trabajo”. Ha pasado una década. Su padre murió hace cuatro años. Hoy María siembra aquí amaranto, flor de calabaza, frijol, maíz, avena, hortalizas.
Tecolocuatitla también es conocido como Xico: un paraje dentro del ejido de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, oriente de la Ciudad de México. María es sólo una de los ejidatarios y poseedores históricos que denuncian que comisariados ejidales y especuladores inmobiliarios, por medio de un ordenamiento ilegal, intentan despojarlos de sus parcelas.
“Hemos sufrido hostigamientos, también presiones, eso es real”, explica María de la Luz. “Una mañana llegamos a la parcela y pues desafortunadamente machacaron a nuestros animalitos. A todos nos los mataron. De igual manera que a mi compañera: todas sus nopaleras las quemaron. Es como volver a empezar”.
Los campesinos han formado un frente unido para defender sus porciones de ejido. Hace poco, los campesinos encontraron buena parte de sus tierras de Tecolocuatitla a la venta en el sitio de Mercado Libre.
Aspectos de la nopalera quemada en el ejido de Tecolocuatitla.
Cosechar bajo amenazas
En Tecolocuatitla “cuando no hay lluvia, no hay cosecha; este año sí llovió y afortunadamente sembramos amaranto, flor de calabaza y avena”. La ejidataria Juana Mendoza explica que todos estos productos agrícolas se distribuyen entre vecinos y amistades.
Tecolocuatitla parece un lugar seco, semidesértico. Una nube de polvo lo cubre todo en ciertos días. Pero ahora, verano de 2022, las lluvias han hecho crecer una fila de hortalizas verdes que se asoman desde los surcos. A lo lejos, sin embargo, se alzan varias nopaleras de más de dos metros de altura. Están negras: fueron consumidas por el fuego.
A Juana Mendoza no le han incendiado sus parcelas, ni sus nopaleras. Pero más de una vez ha recibido amenazas: sus tierras, más cerca de San Francisco Tlaltenco, son codiciadas.
“Quieren invadir mi parcela”, dice.
Después de esta entrevista las amenazas se cumplieron. El 26 de abril del 2023, Juana hizo pública una denuncia debido a que funcionarios de la Comisión de Recursos Naturales (Corena) citaron a varios ejidatarios para tratar el problema del despojo de tierras por parte de grupos criminales, pero dentro de un terreno ocupado por invasores, quienes agredieron a los presentes y aprovecharon para identificar a los ejidatarios que defienden su tierra.
“Denuncio este hecho, ya que desde hace años hemos estado defendiendo nuestras parcelas conocidas como históricas, las que no tienen nada que ver con el plano que se trazó en un ilegal documento que data apenas del año 2000”, dijo.
“A mí me aventaron al suelo y varios fuimos víctimas de gritos y amenazas de quienes, como sea, viven en las cercanías a nuestros hogares”, denunció.
Aspectos de la cerca quemada en el ejido Tecolocuatitla.
El despojo de tierras se ha agravado en los últimos tres años. De acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), del 1 de diciembre del 2018 a febrero del 2023, se han iniciado 720 carpetas de investigación por el delito de despojo en la alcaldía. En el mismo periodo, se han detenido 36 personas por el mismo delito.
Los conflictos en Tecolocuatitla son antiguos. Fue en el año 2000 que, mediante un reordenamiento, se modificó la delimitación de las parcelas. Sin embargo, la gente que históricamente ha vivido y trabajado allí acusa ilegalidad, insisten en que se trató de un fraude hecho por una empresa privada y por el Comisario de ese tiempo, Gorgonio Méndez.
Esto ocasionó las disputas que hoy se traducen en cercas incendiadas, animales asesinados, cultivos destrozados. Nuevos ejidatarios que, aunque son reconocidos por la asamblea ejidal, no tienen parcelas donde sembrar y campesinos que, aunque han trabajado durante generaciones sus tierras, quedaron en el limbo.
Arcadio Hernández Batalla es uno de los poseedores históricos más antiguos del paraje Tecolocuatitla. “El comisariado Gorgonio Méndez exigió que se le tenía que dar 17 mil pesos para que nos respetaran nuestros terrenos, esto fue hace unos 20 años”, recuerda. “Nos dijo: ‘si no tienes, que tu familia te preste o que te den’”.
Les exigieron hasta 20 mil pesos para otorgarles un título parcelario. En una asamblea, realizada el 24 de septiembre del año 2000, se emitieron los nuevos planos y certificados parcelarios del paraje Tecolocuatitla.
“Así se les asignaron parcelas a estos nuevos ejidatarios”, explica Alejandra Vargas de la Cruz, abogada y antropóloga que asesora tanto a poseedores como ejidatarios afectados. “Contrataron una compañía, pagada de manera muy onerosa. Esta empresa levantó planos que están hechos en gabinete, lo que implicó que se crearan una serie de empalmamientos o encimamientos entre parcelas. En algunos casos desaparecen en el mapa las que existen en el sitio físico”.
Según denuncia, estas mediciones no cumplen los requerimientos exigidos por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede). Isadora Heredia, antropóloga social, detalla que los más afectados por esta situación son un grupo de doce familias que no son reconocidas por la asamblea ejidal. Estas familias, sin embargo, “son quienes históricamente han poseído esas tierras y los que todavía siguen sembrando; han resistido mucho por defender la tierra ejidal que está siendo desaparecida ante la megaurbanización”.
Campesino posa orgulloso en su milpa en el ejido Tecolocuatitla.
Parcelas de papel
Más de un campesino, de los que actualmente trabajan las tierras de Tecolocuatitla, denuncian que existen nuevos ejidatarios que reciben ayuda de programas oficiales, aunque sus parcelas sólo existen en papel.
“Llegan y muestran su documentación que acredita que son dueños, aunque nunca han trabajado la tierra, ni están en posesión”, dice Tito Gabriel, mientras muestra los recibos de pago de servicios y otros documentos que demuestran que ha trabajado su parcela desde la época de sus abuelos. Pese a ello las autoridades agrarias no le han otorgado una constancia que lo acredite como titular de las tierras que labra.
En el año 2020, la abogada Alejandra Vargas tramitó un amparo, a favor de estas familias, contra cualquier desalojo y “contra la inscripción de cualquier documento relacionado con estas parcelas por parte de las autoridades agrarias”.
La abogada señala que el ejido de San Francisco Tlaltenco, donde se ubica Tecolocuatitla, es de propiedad colectiva. Los poseedores históricos y ejidatarios heredaron sus parcelas por usos y costumbres. Sin embargo, “se ha ido gradualmente desincorporando por medio de aplicación ficticia del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede)”. A la fecha, ni ella ni los campesinos conocen el número de hectáreas desincorporadas.
El problema es complejo. Hay quienes han comprado títulos ejidales que les otorgan “dominio pleno” sobre parcelas que no existen en el territorio. “Su certificación es totalmente ilegal, porque las parcelas que existen en el campo en cada paraje su orientación es diferente a la que quedó asentada en el papel”.
“Su certificación es ilegal: hasta la orientación es diferente a la que quedó asentada incluso”, dice Vargas. “Hay parcelas que están atravesadas por cuatro parcelas de papel, o sea las que constan en estos nuevos planos”.
Por ejemplo, la parcela de Tito Gabriel no existe en los planos trazados en algún escritorio. “Hay personas encimadas debido a cómo hicieron el nuevo parcelamiento”, explica él e insiste en que hubo personas que pagaron para realizar este nuevo parcelamiento. El amparo que hoy pelean intenta que estos nuevos ejidatarios no tomen posesión.
Isadora Heredia señala que esta zona de Tecolocuatitla representa uno de los últimos espacios verdes dentro de la Ciudad de México y que esta tierra agrícola ha sido protegida y resguardada, principalmente, por sus ejidatarios originales. “Son ellos quienes trabajan la tierra y defienden su uso agrícola”.
Y es que detrás de la mala gestión del Procede, según denuncian ejidatarios y poseedores históricos, se esconden empresas inmobiliarias y defraudadores que, en alianza con comisariados ejidales, buscan despojarlos de estas tierras para impulsar proyectos de urbanización.
No nos dieron título
“Un día le dije a mi papá: voy a ver al comisariado para que me dé una parcela, yo quiero mi parcela, ya soy casado, me casé en 1959, entonces fui a ver a Miguel de la Peña, quien en ese momento era comisariado de bienes comunales de San Francisco Tlaltenco. Y luego luego me dio mi parcela: no nos pidió dinero, no nos dió un título, solo nos dio más que un papel y a sembrar”.
La anécdota la recuerda Arcadio Hernández.
Arcadio muestra una fotografía de él y su compañera.
Al momento de entregarle la tierra, de la Peña le recordó a Arcadio que: “estas tierras se las damos no para que las tengan sin trabajar, sino para que siembren y para que no se vendan estas tierras”.
“Sembré rábano y amaranto, nunca dejé la parcela. Mis vecinos son testigos: don Beto, don Lino de la Rosa, Beto Ruiz, Héctor Chirinos, también Ricardo Castañedo. Aunque algunos ya se me murieron”.
María Guadalupe Hernández Valdés continúa con el legado de su padre Arcadio. Dice que, como mujer, a veces se ha sentido disminuida, chiquita, ante el duro trabajo de la siembra. Pese a ello, ha logrado sembrar más de 200 árboles de oliva en su parcela.
“Mi idea ahora es sembrar mucha frambuesa porque se da muy bien”, dice entusiasta. “Tenemos lo que es el cereal, el ayocote y la haba, lo que hubo muy poca producción fue la del maíz y el frijol”.
Un brote de tomate se asoma entre la tierra del paraje Tecolocuatitla.
Guadalupe recuerda que en dos ocasiones han llegado personas a agitar papeles en su cara y decirles que esa parcela, que llevan más de medio siglo trabajando, no les pertenece más.
María Guadalupe Hernández Valdés continúa con el legado de su padre Arcadio.Guadalupe señala su terreno, planea plantar más arboles de olivos.
“El comisariado Gorgonio Meza vendió estás tierras a base de mentiras. A muchos los despojó o vendió hasta tres veces una parcela. Fue un fraude total. A mí me han dicho: ‘Oye, Lupita, esa parcela ya pertenece al ejido’. Y pues no: esta parcela la tiene mi papá desde 1960 y se ha trabajado 62 años. Yo sigo trabajándola”.
La figura ejidal es uno de los grandes logros de la Revolución Méxicana. A partir del conflicto armado se otorgaron terrenos a varios grupos de personas para que la sembraran, bajo la premisa zapatista de “La tierra es de quien la trabaja”. Las tierras ejidales nacieron como una propiedad social; es decir, un bien común. Por esta razón, no podían venderse o privatizarse.
Fue en 1992 cuando se modificó el artículo 27 constitucional, que regula la propiedad de las tierras, y se abrió la posibilidad de transmitir el dominio de la tierra ejidal a particulares. Así nacieron los contratos de enajenación de derechos ejidales y, lo que antes era un bien común, comenzó a convertirse en mercancía.
De acuerdo al censo ejidal que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2007, las distintas formas de la propiedad agraria abarcan 198.5 millones de hectáreas; más de la mitad son posesiones sociales. Al corte de 2021, de acuerdo al Centro de Información e Innovación Agraria (CIIA) de la Representación de la Procuraduría Agraria, la Ciudad de México contaba con 50 ejidos y 58 núcleos agrarios.
En la alcaldía Tláhuac, sobreviven siete ejidos: Tláhuac, San Juan Ixtayopan, Santa Catarina, Mixquic, Tetelco, Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco. Estos representan un ecosistema único que aún conserva parte de su carácter lacustre. Aquí crecen especies vegetales nativas como el ahuejote y el tule, se cultivan hortalizas, flores de ornato, maíz y árboles frutales. La fauna nativa comprende especies amenazadas como el ajolote, culebras de agua, sapos. Existen algunas especies de insectos como el axayácatl, un insecto de agua considerado como un manjar desde antes de la conquista. También hay patos canadienses, lechuzas, halcones, gansos, garzas blancas, patos gallareta, urracas, pelícanos.
A la fecha, sólo el 40% de la superficie de Tláhuac ha sido urbanizado. El resto es tierra destinada a la agricultura, además de pastizales y una pequeña porción de bosque en las laderas del volcán extinto Teuhtli.
Ventas de parcelas en redes sociales
“Hay una empresa que está anunciando en páginas de internet, como Mercado Libre o Facebook, la venta de todo un polígono: miles de hectáreas que anuncia como uso de suelo industrial o para la construcción de viviendas”.
Ante estos hechos, la comunidad tramitó un amparo en 2020 con número 1165-2020 en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa. El amparo ha logrado “la suspensión de plano y de oficio: los actos que reclamamos atentan contra la integridad de los derechos agrarios o contra la integridad del territorio ejidal”.
“Hay documentos desde 1969”, explica la abogada Vargas. Además existe un peritaje, donde se emitió un dictamen y se especificó cuál es el uso del suelo del paraje Tecolocuatitla: suelo de conservación ecológica. Allí se determinó la existencia real de cada parcela en su superficie, medidas, orientación y colindancias. Es falso que estas parcelas están en venta”.
A Maria de la Luz le sorprendió ver que sus tierras se ofrecían por medio de un anunció de Facebook, “empezamos a investigar y efectivamente eran nuestros terrenos. Supongo que son personas ajenas a estos lugares, que lo único que quieren es vender y adiós”. Las empresas a las que se refieren son Urbanikah y REMAX quienes anuncian el terreno, como “ideal para invernaderos, constructoras para zonas residenciales, hospitales, y centros comerciales”.
Tito Gabriel se enteró por medio de Whatsapp “un compañero lo encontró y vimos que estaban en venta nuestras tierras por medio de mercado libre”.
“Nosotros somos los verdaderos poseedores por usos y costumbres”, secunda Luz, “realmente ni siquiera lo queremos vender, nosotros lo que queremos es trabajar y conservar nuestras tierras”.
Tito grabriel muestra su nopalera ha sido victima de hostigamiento para despojarlo de su tierra.
Ahora el sol se oculta y abre paso a una brisa que enfría la piel. Guadalupe, su padre Arcadio y su madre levantan los trastes de la comida. Arcadio sigue recordando lo que le dijo don Miguel de la Peña cuando le entregó su parcela y se aferra a esa consigna como un náufrago a un bote salvavidas: “La tierra es de quien la trabaja”.
Lo escuchan Guadalupe, Juanita, Tito Gabriel, Maria de la Luz y un puñado de poseedores que se mantienen atentos a las amenazas. Les preocupa que proyectos anunciados por el gobierno de la Ciudad de México, como el rescate del lago de Chalco, o el nuevo plan de reordenamiento territorial, revivan o fortalezcan los intereses por despojarlos de las tierras que han trabajado sus abuelos, sus madres. Las tierras que quizás alimenten también a sus hijos.
El aumento de la demanda mundial por aluminio, considerado material crítico para la llamada “transición energética”, aumentará los impactos en comunidades tradicionales en la Amazonía brasileña e intensificará la deforestación. La alerta hace parte del estudioTransición energética y la demanda por aluminio en Brasil, realizado por la Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI).
El aluminio es uno de los metales claves en la “transición energética” y podrá, según el estudio, tener un crecimiento mundial de 29% en la demanda hasta 2030. El metal ya es el segundo más utilizado en el mundo, después del hierro, con 67,2 millones de toneladas producidas en 2021.
Brasil es el cuarto mayor productor de bauxita del mundo, materia prima del aluminio, y posee la cuarta mayor reserva internacional del mineral, después de Australia, Guinea y Vietnam.
El estado de Pará, en la Amazonía, posee alrededor de 75% de las reservas nacionales brasileñas de la bauxita. En el municipio de Oriximiná, en el mismo Estado, está la mayor productora de bauxita del país, la Mineração Rio do Norte (MRN).
De acuerdo con el estudio, la MRN a lo largo de los 40 años de operación, ha causado deforestación de 10,8 mil hectáreas para dar lugar a la instalación de minas de bauxita y presas de jales en la reserva Floresta Nacional de Saracá Taquera, en zonas originalmente utilizadas por comunidades tradicionales.
“Las comunidades impactadas por proyectos mineros, como los pueblos tradicionales de Oriximiná, sufrirán más la aceleración de la explotación minera y la apertura de nuevas minas y proyectos en Brasil, y particularmente en la Amazonía”, sostienen los autores del estudio Luiz Jardim Wanderley y Pedro Catanzaro Rocha Leão.
Emisión de carbono
Los autores alertan también para el hecho de que el aumento de la extracción de minerales, demandado para las nuevas tecnologías que requiere la “transición energética”, aumentará las emisiones de carbono. “Las emisiones de carbono relativas a la explotación minera mundial crecieron 50% entre 2005 y 2018. La emisión de carbono por la producción de aluminio casi duplicó en el mismo periodo y ya representa el 2% de las emisiones globales”, señalan los autores.
Inversiones para la “transición”
La “transición energética” cuenta con promesas de robustos paquetes económicos de los grandes Estados Naciones, conocidos como “New Green Deal Global”. “Los analistas del mercado apuestan en un nuevo ciclo de las commodities, en especial de los bienes minerales”. La meta de la Unión Europea y de los Estados Unidos, según el estudio, para cumplir el Acuerdo de París es alcanzar una matriz energética de emisión cero y una emisión líquida de impacto neutral hasta 2050.
Para eso, se estima ser necesario una inversión de 2,5% del PIB mundial por años, es decir, 2 trillones de dólares en inversiones pública y privada. Solo en el sector minero, para aumentar la producción de los cinco principales metales para las tecnologías de la transición, serán necesarios 1 trillón de dólares en 15 años, siendo 335 billones destinados para el aluminio.
Myrna Valencia, profesora y defensora de derechos humanos, integrante del pueblo Mayo-Yoreme de Cohuirimpo, en el sur de Sonora, es firme al declarar que los llamados planes de justicia impulsados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador son perjudiciales para los pueblos indígenas de México.
Como estrategia para impulsar su política dirigida a pueblos originarios, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T, como se le conoce popularmente) coordina trabajos con distintas comunidades, los cuales, de acuerdo al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, “permitirán conocer y dar respuesta a las justas demandas e históricas necesidades de los pueblos”.
Por ello, el gobierno federal mantiene reuniones con integrantes de los pueblos Yaqui, Séri, Wixárika, Náyeri, O’dam, Guarijío y Yoreme-Mayo, con quienes ha anunciado la implementación de estos planes para atender cuestiones diversas. Las prometidas para la tribu Yoreme incluyen la recuperación del río Mayo y el acceso al agua; construcción de infraestructura carretera y hospitalaria; además de solución de conflictos agrarios, entre otras.
Valencia, quien también integra el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), contrapone los dichos del funcionario y asegura que la estrategia del gobierno federal es más de lo mismo: “Los planes de justicia, especialmente ahí con nosotros los Yoreme, son el acoso y el último tiro de gracia”, sentencia a la par que denuncia la cooptación de líderes comunitarios y el uso electoral del asistencialismo gubernamental.
Su testimonio se suma al de las y los habitantes de las comunidades de Bachoco El Alto, Buaysiacobe, Masiakawi y el mismo Pueblo Cohuirimpo, quienes formalizaron la “Alianza Yoreme”, en enero de este año, para denunciar que “nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el gobierno mexicano”.
Mediante pronunciamiento, la Alianza de los pueblos en el norte de México acusa que “la 4T es el instrumento ideal del capitalismo, pues, por medio de los empresarios, partidos políticos, crimen organizado y demás poderes fácticos se mimetizan políticamente para perpetuarse en el poder, dirigiéndonos acciones desidentitarias tales como desecación del Rio Mayo en el territorio de Nuestra Tribu”.
Para Myrna, el componente cultural del pueblo Mayo es fundamental para el trabajo organizativo en sus comunidades. Por ello destaca el abordaje de los pueblos de la Alianza para reclamar al Estado sus acciones que buscan negarles su identidad.
“Porque el gobierno yori, el gobierno blanco dice ‘este pueblo ya no es indígena’. Y se le pega la gana y lo anuncia”, menciona como crítica a la creación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas por parte del INPI, quien argumenta la necesidad de identificar a estos pueblos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la última Asamblea del CNI, realizada en Tehuacán, Puebla. Puedes consultar las entregas pasadas sobre las resistencias en el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo.
A continuación, compartimos el testimonio de Myrna Valencia quien también es miembro del Consejo del Gobierno Indígena de Cohuirimpo Río Mayo, uno de los ocho pueblos de la tribu Yoreme-Mayo, quienes abarcan una región entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.
Avispa Mídia (AM): En las mesas de trabajo has reflexionado sobre los planes de justicia promovidos por el gobierno federal, ¿puedes compartirnos más detalles?
Myrna Valencia (MV): Hemos visto tristemente que es más de lo mismo. En 2019 fueron las primeras avanzadas del presidente. Hicieron un diagnóstico entre autoridades indígenas de los pueblos, de las comunidades y de diferentes liderazgos. Tuvimos la oportunidad de asistir y el diagnóstico fue muy claro. Como no sabíamos bien de qué se trataba, ni de la derrama económica que iba a significar para quienes son cazadores de este tipo de recursos económicos y de puestos políticos; entonces, la gente fue fiel en decir el sentir. ‘Nosotros queremos la tierra, queremos la legalidad de la tierra. Queremos nuestros territorios y queremos el agua’, ese fue el sentir general que entregamos.
AM: ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo del Estado?
MV: Se empezaron a llevar a cabo reuniones. El mismo INPI y otras organizaciones, que se dicen representantes de los pueblos indígenas, empezaron a incursionar, a irrumpir en las comunidades y nombrar autoridades indígenas a su gusto y a su conveniencia, que les favoreciera, claro está. Ha habido mucha ruptura a lo que son los gobiernos indígenas auténticos, no se les ha respetado. Ha habido personajes. Recuerdo ahorita a Juan Pérez Gil, que él dice ser vocero de los 8 gobernadores de los 8 pueblos. Nunca ha sido esto, ni siquiera informado, mucho menos legitimado.
Ellos han gozado como intermediarios de los recursos de la derrama del plan de justicia y eso les permite jugar con la voluntad de la gente, les permite aprovecharse de la necesidad y también ir acarreando voluntades hacia lo que viene, porque ellos nada más saben manejarse en las cuestiones electorales, y ya se están preparando para la siguiente elección, para eso ha servido.
Es una plataforma para las cuestiones electorales y también para los puestos de poder en el gobierno local, municipales, en las mismas instituciones como el INPI, en CEDIS (Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora) que es para la atención de los pueblos indígenas en el estado. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo. Avance en realidad no hay. En mayo del 2022 fue el presidente y anunció: ‘sé lo que quieren; yo no voy a pelear con los que tienen la tierra, voy a indemnizar y voy a cumplir con ustedes’. La gente aplaudía, era una euforia.
Pero tristemente, hemos visto muchas reuniones, talleres, mesas simultáneas de diferentes temas, a lo que nuestro pueblo no está acostumbrado. Nos está afectando bastante porque en las mesas de trabajo, hay gente que no está informada y otra gente que está mal informada. Entonces las mesas de trabajo, los talleres, las reuniones distan mucho de lo que la comunidad indígena, de lo que la población indígena necesita. Ya en tanto ir y venir, hasta se ha perdido. Nosotros hemos tenido esa constancia todavía y esa conciencia porque nos ha tocado estar desde el principio y nos ha tocado estar participando, con mucha vergüenza porque nos damos cuenta cómo se maneja la voluntad.
No se permitía el acceso si no tenían una representación como gobernadores (tradicionales, figura de los pueblos yoreme). Obviamente, quienes están al frente, ostentándose como representantes de la tribu y administradores de ese presupuesto para la puesta en marcha del plan, ellos pues, sí, reconocían a los que les daba la gana, entonces nosotros ya nos declaramos como Alianza y empezamos dentro de las reuniones a replicar, reclamar y a decir, pues esto es una farsa que es más de lo mismo.
AM: Una de las promesas se relaciona con la recuperación del río Mayo, ¿ya comenzaron estos trabajos?
MV: Si tuvieran realmente el deseo, hubieran empezado primeramente por darle la cuota de agua que viene, que es detenida en las presas para beneficiar a los terratenientes. Ya hace años que no se le da la cuota (de agua) necesaria al río y las especies de plantas y animales se están extinguiendo.
Nuestros territorios están secos, ya las personas que vivían en la ribera del río, pues hasta eso, les están afectando porque se les dieron concesiones a los habitantes originarios. Ellos tenían de cierta medida del cauce del río hacia las orillas, pero ahora como el cauce decreció, es apenas un chorrito de agua, pues sus casas quedaron fuera de la concesión y, aun así, pues los gobiernos les están cobrando esas posesiones, esos impuestos.
El río, que es uno de los elementos más identitarios de nuestra tribu está seco (…), seguimos siendo tratados como extranjeros en nuestro propio territorio, conducidos a un pensamiento que atenta contra la diversidad y todo esto.
AM: ¿Cuál crees es la importancia de los trabajos de este evento que les convoca?
MV: Respecto a la organización, pues es la base. Nadie de un gobierno externo va a venir y va a darse cuenta de lo que nos duele, mucho menos va a resolver nuestros problemas. Alguien que viene de fuera y que se dice ser nuestro representante, en este caso como el gobierno blanco, lo único que hace, pues, es aprovechar los recursos que hay de nuestros impuestos.
Pero la organización, en este caso, el Congreso Nacional Indígena que nos congrega en esta ocasión, y que nos anima a la organización, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como pueblos originarios, como personas con una identidad de un pueblo nativo, porque eso nos va a permitir conocer en lo personal, en lo cerca, los dolores que sufrimos como pueblos, que sufrimos como comunidades.
Aquí el rasgo que se fomenta, que se reconoce y que nos hace sentir realmente orgullosos de nuestro origen es la comunalidad. Aquí eso lo vivimos, eso lo expresamos, lo manifestamos y también lo podemos llevar a nuestros lugares, gracias pues a los principios del mandar obedeciendo del CNI y el compromiso tan grande que tenemos como Concejo Indígena de Gobierno de ir formando, implementando y organizando esta forma de autogobernarnos en nuestras tribus.
Protesta de habitantes de Puente Madera contra la imposición de un polo industrial en tierras de uso común de la comunidad zapoteca
El Polo de Desarrollo para el Bienestar de San Blas Atempa tuvo la suspensión decretada por la justicia mientras se resuelve el amparo interpuesto contra el megaproyecto, por la comunidad indígena Binniza de Puente Madera, en el municipio de San Blas Atempa. El polo, que prevé la construcción de un parque industrial en tierras comunales, es uno de los 10 previstos a lo largo del Corredor Interoceánico.
La decisión implica que “no se podrá hacer la licitación del polo de desarrollo”, lo que sería el próximo paso en el proceso de construcción de la megaobra, explica el abogado que asesora a la comunidad, Juan Carlos Flores.
La administración del Corredor Interoceánico se manifestó, luego de la decisión judicial, garantizando que no va a hacer ningún tipo de acción.
La declaratoria de la construcción del polo fue anunciada formalmente el 12 de mayo de 2023. La Asamblea General Comunitaria de Puente Madera se reunió el día 18 de mayo, “para coordinarnos sobre lo que íbamos hacer ante tal anuncio del presidente de la República. La Asamblea acordó que teníamos que anteponer un amparo. Y lo hicimos”, cuenta David Hernández Salazar, agente comunitario de Puente Madera.
“Nosotros como comunidad indígena sabemos lo que representa uno de estos polos de desarrollo en nuestras tierras comunales. Tenemos que defenderlas”, señala, mientras “ellos se están valiendo de toda ilegalidad en contra de las comunidades indígenas para poner a fuerza el parque industrial”.
Antecedentes
La declaratoria del polo de desarrollo se fundamenta en una supuesta consulta indígena y obtención de libre consentimiento de las comunidades. El gobierno garantiza que llevó a cabo la consulta.
Sin embargo, la asamblea comunitaria de Puente Madera sostiene, con pruebas presentadas en los tribunales, que hubo fraude en la asamblea que, supuestamente, decidió por la construcción del polo de desarrollo.
El 14 de marzo de 2021, el entonces presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, “con personas acarreadas y armadas, llevo a cabo una supuesta asamblea de comuneros”, sostiene en un comunicado la asamblea de Puente Madera.
Habitantes de la comunidad asistieron y cuestionaron el proyecto, por lo que fueron agredidos y expulsados de la asamblea.
La aprobación del polo se dio con la falsificación de firmas de más del 80% del padrón de comuneros, así como la firma de personas fallecidas, “pruebas físicas con las que contamos y con las que interpusimos un juicio de nulidad (159/2021) y que, al día de hoy, no ha resuelto nada”, sostiene en un comunicado la asamblea de Puente Madera.
Ese mismo 14 de marzo, hubo manifestaciones en rechazo al parque industrial, “y nos convocamos a reconstituirnos como Asamblea General Comunitaria de Puente Madera, ante el abandono, agresiones y amenazas del estado Mexicano en sus 3 niveles de gobierno, decidimos decir basta de despojo”.
Órdenes de aprehensión
Hernández Salazar y otras 17 personas tienen orden de aprehensión “por delitos que les fabrican para privarlos de su libertad, de su voz”, dice el comunicado.
Este mes de junio se resuelve la audiencia intermedia en el caso de la demanda penal contra el agente comunitario de Puente Madera, promovida por el municipio de San Blas Atempa, el Registro Nacional Agrario y particulares. Hernández Salazar es acusado de ataque a las vías de comunicación y daños a terceros.
También denuncian que el Ejército entró en Puente Madera en la última semana y estableció puestos de control enfrente a la escuela primaria de la comunidad. “Personas que salen de sus casas para ir a la tienda comprar cosas son revisadas. Eso es criminalización, es militarización”, señala Hernández Salazar.
En portada: Migrantes haitianos, procedentes de distintos puntos de Latinoamérica, recorren el sur de México en medio de restricciones a su movilidad implementadas por las autoridades migratorias. Foto: Santiago Navarro F
El pasado martes (6), el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha informado que, del 12 de mayo al 2 de junio de este año, su país ha repatriado a más de 38 mil 400 personas que intentaron ingresar a territorio estadounidense sin ningún documento que acreditara su ciudadanía, aseverando además que, México, por primera vez, acepta repatriados de personas no mexicanas.
Este escenario se presenta tras la finalización del llamado Título 42, implementado por el gobierno de Donald Trump durante la pandemia del Covid-19, que permitía a los funcionarios fronterizos expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresaran a través de Canadá y México.
El Título 42 fue reemplazado por el Título 8, anunciado desde mayo pasado, el cual “prevé consecuencias severas para la migración irregular, que incluyen la prohibición de reingreso por al menos cinco años y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de cruzar en forma ilegal”.
De acuerdo con los informes del DHS, este cambio de programa migratorio ha permitido una disminución del 70% del flujo de personas consideradas ilegales.
De las 38 mil 400 personas expulsadas de EEUU, al menos 1 mil 400 provienen de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes fueron devueltos a México. El DHS remarca que esta es “la primera vez en nuestra historia bilateral que el gobierno de México ha permitido la repatriación de los no nacionales mexicanos en la frontera bajo las autoridades del Título 8”.
"El plan de la Administración está funcionando según lo previsto", según el comunicado de prensa del DHS.
El origen de personas que intentan cruzar diariamente a territorio de EEUU proviene principalmente de México, Honduras y Guatemala. Al día se detienen al menos 1200 mexicanos, 500 hondureños y 360 personas provenientes de Guatemala.
México llega a tope con su capacidad
Mientras tanto, en diversas ocasiones, las instancias migratorias mexicanas se han declarado en crisis y con falta de capacidad para responder diariamente al flujo migratorio que tiene por objetivo llegar a territorio de EEUU en busca de trabajo. El pasado mes de mayo, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) y los albergues de la Ciudad de México habían denunciado que las instancias donde se estaban recibiendo a las personas migrantes habían rebasado su capacidad hasta en un 800%.
En términos generales, el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que, en todo México, cuenta con casi 6 mil lugares en estancias y centros integradores para dar alojamiento y atención a personas que ingresan y transitan por territorio mexicano.
No obstante, el organismo también confirmó el cierre de 33 estancias provisionales, con capacidad para atender a 1 mil 300 migrantes.
Las principales instancias con la mayor capacidad son apenas cuatro: en Tapachula, Chiapas, para 960 personas; Acayucan, Veracruz, para 836; Villahermosa, Tabasco, con capacidad para 532; e Iztapalapa, Ciudad de México, con capacidad para recibir a 502 personas.
La principal estrategia del INM es contener el flujo en la frontera sur con Guatemala, así lo expresó la institución. También ordenó a todas las oficinas de migración en todos los Estados no otorgar formatos múltiples migratorios, ni otro que autorice el tránsito por el país.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, se refirió a los cambios tomados por EEUU como “medidas coercitivas”.
Además, alertó que la migración aumentará y que habrá en México un impacto por la decisión unilateral de Estados Unidos de “prácticamente sellar su frontera”.
“Ninguna solución represiva o de contención ha resultado. Por más muros que han construido los Estados Unidos, la migración sigue y sigue creciendo en su país. La solución no son las medidas coercitivas, sino una visión humanitaria y de integración”, puntualizó el funcionario en una entrevista en el estado de Oaxaca, el mes de mayo.
