La justicia brasileña canceló los registros de dos propiedades de la mayor productora de aceite de palma sostenible de las Américas, la empresa Agropalma, en el estado de Pará, epicentro del monocultivo de palma aceitera en Brasil, por ser tierras usurpadas. En estas tierras se encuentran territorios de comunidades quilombolas. Ellas reclaman a la justicia brasileña el derecho a su territorio, donde aún sobrevive la selva amazónica.
Palma e Conservação: aliadas na expulsão de comunidades na Amazônia brasileira
A justiça brasileira cancelou as matrículas de duas propriedades da maior produtora de óleo de palma sustentável das Américas, a empresa Agropalma, no estado do Pará, epicentro do monocultivo do dendê no Brasil, porque são terras griladas. Territórios de comunidades quilombolas estão nestas terras. Elas demandam na Justiça brasileira o direito a seu território, onde ainda sobrevive a floresta amazônica.
Se agudiza represión para reactivar minería en El Salvador
En portada: Ambientalistas exigieron la libertad inmediata de los cinco líderes de Santa Marta durante el “Encuentro Nacional frente a las nuevas amenazas de la minería metálica en El Salvador”, realizado el pasado 11 de marzo, en la Universidad Centroamericana de El Salvador.
La tarde del miércoles (17), elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Manuel Gómez Morales, hijo de la ambientalista Vidalina Morales, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo del 2022 bajo el pretexto del combate a las pandillas.
Horas antes, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico del Salvador (ADES) de Santa Marta, departamento de Cabañas, denunciaba en medios nacionales las acciones del gobierno salvadoreño que promueven la minería en el país centroamericano, pese a que la industria extractiva está prohibida por ley.
Durante entrevista radiofónica, Vidalina sostuvo que existe la “intención de este gobierno, ahora mas clara que nunca, de revertir la ley que se aprobó en 2017 (…) una ley aprobada por unanimidad en el congreso”, en referencia a la norma que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera.
Al testimonio de Morales, se suma la denuncia de la ADES, la cual días antes precisó que representantes de dos empresas consultoras llegaron a la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a las autoridades territoriales sobre la reanudación de las actividades mineras.
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Tras la noticia de la captura de su hijo, la ambientalista dirigió una carta a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, mediante la cual calificó la detención de una acción arbitraria e injusta. En la misiva denunció que la aprehensión de su hijo “se suma a los diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia” durante el régimen de excepción.
Cabe resaltar que, la supresión de garantías constitucionales decretada por la Asamblea Legislativa, con el pretexto de combatir la violencia criminal, ha permitido detenciones masivas sin orden judicial y elimina la defensa legal de los aprehendidos. Con 15 meses de permanencia, hasta mayo del 2023 se registran más de 68 mil arrestos.
Debido a la presión local e internacional, Manuel Gámez Morales fue liberado después de haber sido detenido arbitrariamente durante más de 24 horas.
Persecución
El arresto de Morales es solo el más reciente caso de persecución contra la organización anti minera del norte de El Salvador.
El 11 de enero de 2023 fueron capturados cinco ambientalistas pertenecientes al poblado de Santa Marta, comunidad que ha destacado por su lucha contra la minería y por la promoción de su prohibición que se concretó mediante la ley de 2017.
La Fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunitarios por un delito ocurrido en 1989, durante el conflicto interno, pero organizaciones como la ADES sostienen que es un pretexto para atacar la organización de las comunidades contra la minería.
Vidalina Morales argumenta que, dadas las acciones del gobierno de Nayib Bukele desde su llegada al poder en 2019, organizaciones sociales se han mantenido en alerta ante la reactivación minera. La lideresa sostiene que fue, durante finales del 2022, al enterarse de la existencia de recursos en el presupuesto general de la nación para “revisar y actualizar la ley de prohibición de minería”, cuando las organizaciones decidieron actuar.
“En ese movimiento estábamos, de querer organizar un evento grande, a nivel nacional, cuando capturan a los compañeros el 11 de enero”, sostuvo la lideresa comunitaria en el mismo día del arresto de su hijo.
Los cinco líderes de Santa Marta, también integrantes de la ADES, aún permanecen detenidos. El pasado 8 de marzo, Naciones Unidas solicitó al gobierno salvadoreño información sobre la base legal de la acusación y la situación humanitaria de los cinco ambientalistas de Santa Marta. En su respuesta, dos meses después, la administración de Bukele afirma que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos y que no se ha vulnerado el debido proceso.
Al contrario, el abogado de los acusados, Dennis Muñoz declaró que “se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”, sostuvo sobre la respuesta del gobierno salvadoreño a la ONU con respecto a la condición de los ambientalistas presos.
A las denuncias de la defensa legal de los detenidos, el mismo miércoles (17), se sumó la exigencia de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien expresó su preocupación al gobierno salvadoreño y pidió la libertad de los activistas ambientales.
Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
Reapertura minera
Por su parte, Alfredo Leiva, directivo de la ADES, recalcó que existen “acciones concretas sobre la posibilidad de reabrir la minería en El Salvador”.
Ante medios nacionales, Leiva ejemplificó el contexto actual, en el que se dio la visita a la comunidad de Santa Marta “de personal de una empresa consultora panameña que realiza un estudio sobre la minería. Otra empresa peruana se está encargando de convencer a alcaldes y otros actores del territorio de reabrir la minería”, sostiene.
Leiva asegura que ambas empresas han sido contratadas por el gobierno y ya tienen listo el estudio para la reanudación de la actividad minera en los territorios del norte de El Salvador, por lo que denunció que la lucha contra la minería que realiza la comunidad está de fondo en la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta.
Albergues para migrantes en Ciudad de México se ven desbordados hasta en un 800%
En portada: Campamento de migrantes en la Plaza Giordano Bruno, alcaldía Cuauhtémoc.
Organizaciones en la Ciudad de México denuncian que albergues para personas migrantes de la sociedad civil se ven desbordados hasta en un 800% de su capacidad. “Están en condiciones de hacinamiento y se sostienen gracias al trabajo en red que se realiza y a la solidaridad recibida”, sostienen las agrupaciones y albergues para migrantes en un documento divulgado el miércoles, 17 de mayo.
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) y los albergues de la Ciudad de México que firman el documento se declaran en emergencia.
Desde octubre del 2022, las organizaciones han documentado el aumento de la afluencia de miles de personas en situación de movilidad, sobre todo de mujeres y familias con niñas, niños y adolescentes.
El aumento está vinculado, según las organizaciones, a los acuerdos migratorios entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y que se hizo visible por grupos de personas con necesidades de protección internacional que se mantuvieron cerca de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la alcaldía Cuauhtémoc. Además, implicó una sobresaturación de los albergues de sociedad civil en la CDMX que desbordó sus capacidades de atención.
Por eso, se solicitó desde hace seis meses al gobierno de la Ciudad de México la apertura de un espacio de recepción de las personas migrantes, “donde se pudiera brindar una atención primaria de acuerdo con los principios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión establecidos en el art. 11 de la Constitución de la Ciudad de México”, dice el informe.
No obstante, fue hasta el 29 de marzo del 2023, posterior a la muerte de 40 personas
migrantes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez,
Chihuahua, y “en medio de un contexto de quejas de vecinos de la Colonia Juárez, y una
disputa política entre la Alcaldesa de Cuauhtémoc y la Jefa de Gobierno de la Ciudad”, que el gobierno de la Ciudad de México habilitó un albergue con una capacidad para
un aproximado de 120 personas en la alcaldía Tláhuac.
Desde su apertura, los albergues de sociedad civil señalaron a las autoridades la insuficiencia de dicho espacio que, a pocos días de estar habilitado, contabilizaba a más de 500 personas. “Los albergues y organizaciones de sociedad civil realizaron diversas visitas y constataron que las capacidades eran insuficientes, no se cumplían con estándares mínimos de atención y seguridad, y no se implementó el protocolo desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para la operación de estos espacios como señalaron las autoridades que lo harían”, denuncian.
Además, las personas comenzaron a pernoctar en los alrededores del albergue, que hacen parte ya del Bosque de Tláhuac, por lo que no tenían acceso a sanitarios, agua potable, espacios adecuados para dormir, ni alimentos.
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El 12 de mayo, luego de la entrada en vigor de los nuevos acuerdos entre los gobiernos de México y Estados Unidos para la contención migratoria, se recibió información, de las mismas autoridades, que confirmaba la decisión de cerrar el albergue.
El sábado 13 de mayo se presenció, sostienen, que las autoridades del gobierno de la ciudad estaban desalojando el espacio, subiendo a las personas migrantes en autobuses proporcionados por el Instituto Nacional de Migración (INM), para ser trasladadas a las distintas oficinas y representaciones de la Comar, ubicadas en los estados de Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, y Morelos.
“Las autoridades presentes en ningún momento dieron información que pudiera resolver estas interrogantes y no dieron ninguna alternativa a las personas en situación de movilidad”, señalan. Tampoco “contaban con intérpretes, pese a que la gran mayoría de personas son de origen haitiano”. De acuerdo con ACNUR, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, algunos albergues ya están recibiendo a personas venezolanas deportadas desde EEUU.
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Los albergues de la sociedad civil en Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, entre otras entidades, también se están saturando, “situación que seguiremos monitoreando y visibilizando”, avisan.
El día martes 16 de mayo representantes de las organizaciones de la sociedad civil acudieron al espacio de Tláhuac para verificarlo y se observó que ya no había ni una persona dentro de las instalaciones y la infraestructura que se había colocado fue desmantelada.
Emergencia
El mismo sábado 12 de mayo, en los espacios de atención en la Ciudad de México,
se comenzó a recibir un creciente número de personas. Los perfiles de las personas que han llegado a los espacios de sociedad civil, señalan, han sido personas en una situación de vulnerabilidad extrema, como mujeres con condiciones de salud delicadas, niñas, niños y adolescentes, lo que ha requerido de una atención específica y especializada.
“Una vez más, los espacios de la sociedad civil están realizando la labor que compete a
las autoridades federales y locales para la atención y protección de las personas
en contexto de movilidad”, sostienen.
Las organizaciones lamentan que “todo esto muestra que los intereses políticos y electorales internacionales, nacionales y locales, mueven las decisiones de las autoridades, y no así, el interés por la vida, seguridad, integridad y los derechos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, aún a pesar de haber ocurrido ya consecuencias tan graves como la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez”.
Y exigen que el gobierno de Ciudad de México brinde “una atención adecuada e integral a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en la Ciudad de México ante la evidente emergencia humanitaria”.
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Firman el documento: Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (CAFEMIN); Casa Fuente; Casa Tochan; Centro Constitución; Programa Casa Refugiados; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Servicio Jesuita a Refugiados México;
Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, A.C.;
Abba A.C.; CCIAPM (Celaya, Guamajuto); Albergue La Sagrada Familia, A.C. (Apizaco,
Tlaxcala); Albergue para migrantes Toribio Romo (Querétaro, Qro); Servicio Jesuita a
Refugiados/Albergue y Dormitorio San José (Frontera Comalapa, Chiapas); Albergue El
Peregrino; Cáritas Mazatlán (Mazatlán, Sinaloa); Casa de Acogida, Formación y
Empoderamiento de las Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (CAFEMIN) (CDMX); Casa de la Caridad Hogar del Migrante (San Luis Potosí, SLP); Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz García (Palenque, Chiapas); Casa del Migrante Casa Nicolás (Monterrey, Nuevo León); Casa del Migrante El Samaritano (Atitalaquia, Hidalgo); Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González (Oluta, Veracruz); Casa del Migrante San Carlos Borromeo (Salamanca, Guanajuato); Casa del Peregrino Migrante (Huichapan, Hidalgo); Casa Tochan (CDMX); Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI) (Querétaro, Qro.); Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C./ Centro de Día para Migrantes Jesús Torres (Torreón, Coahuila); Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca (COMI) (Oaxaca, Oaxaca); Dignidad y Justicia en el Camino A.C. FM4 Paso Libre (Guadalajara, Jalisco); Oasis Providencial A.C. Albergue Decanal Guadalupano (Tierra Blanca, Veracruz); Programa Casa Refugiados A.C. (CDMX); Refugio Casa del Migrante (Tlaquepaque, Jalisco); y Uno de Siete Migrando, A.C. (Chihuahua, Chih.)
Red Jesuita con Migrantes México (RJM-MX); servicio Jesuita a Refugiados México;
Albergue Decanal Guadalupano; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez;
Centro de Día para Migrantes, Jesús Torres; Iniciativa Kino para la Frontera; Fundación San Ignacio de Loyola; Radio Huayacocotla; Centro Gerardi; Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana (CJR); Programa de Asuntos
Migratorios del ITESO, de la IBERO Torreón e IBERO Ciudad de México; Programa de
Estudios sobre Migración de la IBERO León; Área de Vinculación e Incidencia de la IBERO Tijuana; y Persona académica responsable de Asuntos Migratorios en el Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.
En Chiapas, condenan a 25 años de prisión a tzeltales por defender su territorio
En portada: Familiares de los defensores comunitarios se manifestaron ante la fiscalía de Chiapas por la detención arbitraria de los indígenas tzeltales. 4 de junio, 2022.
Este miércoles (17), tras un proceso marcado por irregularidades, el Poder Judicial del Estado de Chiapas declaró culpables a cinco indígenas tzeltales del municipio de San Juan Cancuc, acusados del homicidio de un policía municipal, ocurrido en mayo del 2022.
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Entre ellos se encuentra el presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la parroquia de dicho municipio en los Altos de Chiapas, Manuel Santiz Cruz, además de Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez.
“El gobierno de Chiapas una vez más actúa con toda impunidad”, criticó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), quien asegura que esta sentencia es un caso más de criminalización de los defensores del territorio en Chiapas. Privados arbitrariamente de su libertad, ahora los cinco habitantes de San Juan Cancuc enfrentan una condena de 25 años de prisión, “por un delito que no cometieron”, sostiene la organización.
Manuel Santiz Cruz, miembro del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) ha sido reconocido como crítico de las acciones del alcalde municipal, José López López, quien durante los últimos años ha permitido el ingreso y operación de elementos de la Guardia Nacional en San Juan Cancuc.
El comité de derechos humanos San Juan Evangelista, junto al Modevite, ha participado en movilizaciones para expresar su rechazo a la construcción de la Carretera de las Culturas, un megaproyecto que data del 2009 cuando el gobierno federal impulsó la llamada “súper carretera” para conectar diversos sitios turísticos entre las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Palenque.
Actualmente, la autopista forma parte del Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque, el cual pretende conectar desde la costa pacífico hasta la estación del tramo 1 del Tren Maya, en la zona norte de Chiapas.
Irregularidades
Fue el pasado 3 de mayo cuando los cinco tzeltales rindieron su declaración en el proceso penal. Aquel día reiteraron que tres de ellos fueron detenidos arbitrariamente el 29 de mayo del 2022 en San Juan Cancuc. Ese día, un operativo conjunto con elementos de la policía municipal, la Guardia Nacional y el Ejército aprehendieron a los tres indígenas para “después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados”, detalla el CDH Frayba.
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Este testimonio contrasta con lo establecido en la carpeta de investigación, donde se asegura que los tres tzeltales fueron arrestados por posesión de mariguana el 30 de mayo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Para evidenciar la falsedad de ello, familiares de los presos han impreso y compartido una foto tomada por una cámara de seguridad, la cual muestra la detención de los tres tzeltales en la cabecera de San Juan Cancuc.
Otra de las irregularidades fue la detención arbitraria de otros dos indígenas, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada, el día 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Esto ocurrió cuando realizaban una visita a sus compañeros, lo cual interpretan como represalia por haber sido testigos del operativo y de su privación arbitraria. “Ninguno de estos elementos arbitrarios fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio”, sostiene el CDH Frayba.
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En cambio, denuncia la organización que la jueza le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, “cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte aconteció en la patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc; otro hecho notorio fue que dio valor a un acta de defunción alterada”.
Acorde al centro de derechos humanos, este caso es parte de un modelo de complicidad que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con jueces y fiscalías para generar la fábrica de culpables y mantener a personas inocentes en prisión.
“Tenemos plenamente documentado la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio”, denuncia el CDH Frayba.
EEUU pone el ojo sobre México en la guerra comercial de semiconductores
En portada: Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EEUU (centro).
La aceleración de las nuevas cadenas productivas en el planeta marcha viento en popa y el tablero del teatro de operaciones de la guerra comercial también. Desde la telefonía celular hasta la industria automotriz son fundamentales los semiconductores, también conocidos como circuitos integrados, chips microelectrónicos o chips informáticos, una industria donde EEUU tiene una mínima presencia, pero que ha elevado a escala de su Seguridad Nacional, incluso, invirtiendo más en el sector y buscando relocalizar los complejos productivos a regiones como México.
Según el Servicio de Investigación del Congreso de los EEUU, de 2012 a 2022, las ventas mundiales de semiconductores se duplicaron hasta alcanzar la gigantesca cantidad de 602 mil millones de dólares, aceleradas por el aumento de las redes eléctricas inteligentes, la venta de automóviles eléctricos, la digitalización y la conectividad en casi todos los sectores productivos y de servicios.
Aunque las empresas establecidas en territorio estadounidense lideran solo el diseño de los chips. Como ejemplo, en la producción global de chips lógicos -los más comercializados- EEUU solo representa el 13% de la capacidad productiva global, mientras que Taiwán abarca una producción del 35%, China produce el 23% y el resto es manufacturado por Korea del Sur y Japón.
Tras este escenario, en un informe presentado recientemente por el Servicio de Investigación del Congreso de los EEUU, se han propuesto disputar la capacidad productiva con una inyección de 50 mil millones de dólares. El 9 de agosto de 2022, a través de la Ley CHIPS (División A de P.L. 117-167), asignó 39 mil millones al Departamento de Comercio para llevar a cabo el programa CHIPS para América.
La ley también asignó 11 mil millones de dólares para programas de investigación y desarrollo destinados a mejorar la capacidad nacional de producción de semiconductores de última generación. Aunque empresas estadounidenses y extranjeras ya habían inyectado 200 mil millones de dólares en inversiones privadas, previo a esta ley, entre 2020 y 2022, para ampliar la capacidad de fabricación nacional de semiconductores, equipos y materiales en 16 estados.
La mayor parte de las inversiones fueron a parar a instalaciones de fabricación de chips lógicos y de memoria en Idaho, Ohio, Nueva York, Texas y Arizona, y buscando crear una expansión hacia México.
Sonora
La Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) y el gobierno de México han establecido un acuerdo para impulsar la producción de semiconductores en la franja fronteriza entre ambos países, siguiendo la Ley CHIPS para América. El acuerdo contempla formar mano de obra calificada a través de distintas universidades en conjunto con socios de la industria, esto según ASU, como parte de la “Seguridad Nacional”.
A raíz de este convenio, el pasado mes de abril, Rogelio Ramírez de la O, secretario de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), inauguró la Cátedra SHCP-UNAM 2023, con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, sostuvo que este acuerdo es parte del llamado Plan Sonora, “que incluye parques solares y polos industriales basados en energías limpias y que, por la extensa frontera del Estado con Arizona, será esencial para potenciar la relocalización de empresas, sobre todo en la rama de semiconductores”.
El presidente de la ASU, Michael Crow, quien firmó el memorando de entendimiento con Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EEUU, al sellar el convenio, destacó que no es posible que su país pueda absorber toda la fabricación de semiconductores, por ello, con la nueva ley CHIPS, se destinan 500 millones de dólares para cooperación internacional, donde figura México.
“El acuerdo con la ASU allanará el camino para que una alianza de universidades de Estados Unidos y México, además de fabricantes de microelectrónica, se centren en la formación de trabajadores y la creación de capacidad de producción en los estados fronterizos del noroeste. Este cambio reducirá la dependencia estadounidense de la fabricación asiática”, se anuncia en el portal de la universidad estadounidense.
La importancia de que México entre a la producción de Chips es para dar certeza a la Seguridad Nacional de EEUU, ya que “si se rompe esta cadena de suministro” de tajo, alertan, “se producirá una crisis económica mundial, como la que vivimos durante la pandemia, cuando China cerró casi todas las actividades económicas”, resalta el portal de ASU.
Condiciones favorables
La delegación mexicana estuvo por dos días en la universidad de Arizona donde también conocieron las instalaciones de ASU MacroTechnology Works, el embajador mexicano señaló “que México es un socio clave porque ofrece estabilidad económica, social y política, incentivos fiscales, bajos impuestos, acceso a aeropuertos internacionales y cercanía a clientes y suministros, además de ingenieros calificados y mano de obra disponible”.
Además, Moctezuma recordó que actualmente casi el 40% de las plantas de semiconductores de Estados Unidos están en sitios fronterizos y que Intel y Texas Instruments ya mantienen instalaciones en México.
Por otro lado, la Secretaría de Economía de México ha posicionado la relocalización de la industria de los semiconductores en territorio mexicano como “estratégica” ya que también es una rama de la industria que esta contemplada para ser instalados en el Corredor Interoceánico. Así lo dio a conocer la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, al anunciar las bases para que el sector privado pueda concurrir a la licitación de seis de diez polos de desarrollo en esta región sur de México.
Buenrostro enfatizó que los llamados polos de desarrollo estarán reservados a once vocaciones productivas: Eléctrica y electrónica; Semiconductores; Automotriz (electromovilidad, autopartes y equipo de transporte); Dispositivos médicos; Farmacéutica; Agroindustria; Equipo de generación y distribución de energía eléctrica (energías limpias); Maquinaria y equipo; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Metales y; Petroquímica.
Las facilidades que se ofrecen a los inversionistas giran en torno a los incentivos fiscales, como exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en transacciones al interior de los polos y entre estos durante los primeros cuatro años. Destaca la exención al 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros tres años, con posibilidad de extenderse por tres años adicionales con una reducción de hasta el 90%, en función de variables como número de puestos de trabajo creados.
Los seis polos hacia donde se expandirá la relocalización de la industria de los semiconductores son, del lado de Veracruz, Coatzacoalcos I (257 hectáreas), Coatzacoalcos II (131 ha), Texistepec (462 ha) y San Juan Evangelista (360 ha). Los polos ubicados en Oaxaca que forman parte de esta primera licitación son Salina Cruz (82 ha) y San Blas Atempa (331 ha).